“Cada 48 horas fue asesinado un líder social el año pasado”: defensor del Pueblo

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“Cada 48 horas fue asesinado un líder social el año pasado”: defensor del Pueblo

Post: #9201 Darloup
12 Jan 2019, 02:12

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Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo.


Por Tomás Betín

Carlos Negret reportó este jueves que en 2018 se perpetraron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, informó este jueves que cada 48 horas, en 2018, fue asesinado un líder social o un defensor de los derechos humanos.

Así lo reflejan las cifras entregadas por el ente del Ministerio Público: en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.

Por ello, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una audiencia defensorial, "en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas".

Criticó en este sentido el defensor que "los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD.HH.: eso es lo que ha sucedido".

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, el mayor número de crímenes ocurrieron en los departamentos de Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

La Defensoría estableció además que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, "en su mayoría vinculados a juntas de acción comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes".

Este año, según el organismo del Ministerio Público, se han registrado siete homicidios de líderes sociales en Cauca (2), Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.

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Fuente: https://www.elheraldo.co/colombia/cada-48-horas-fue-asesinado-un-lider-social-el-ano-pasado-defensor-del-pueblo-586885
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Asesinato de líderes, ¿fracaso del Estado?

Post: #9203 Darloup
14 Jan 2019, 02:43

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Por Tomás Betín

Expertos analizan en EL HERALDO el recrudecimiento de los crímenes de defensores de derechos humanos en el país y dicen que faltan por caer los autores intelectuales. El Gobierno anuncia campañas de prevención y presencia en los lugares críticos.

Este 2019 empezó casi que con el conteo fatal de una muerte de un líder social o defensor de derechos humanos por cada día arrancado del calendario.

En los primeros siete días del año fueron asesinados siete líderes sociales o defensores de DD.HH. en Colombia: Gilberto Valencia, en Suárez, Cauca, el 1 de enero; Wílmer Miranda, en Cajibío, Cauca, el 1 de enero; Wilson Pérez, en Ocaña, Norte de Santander, el 4 de enero; José Solano, en Caucasia, Antioquia, el 4 de enero; Maritza Quiroz, en Santa Marta, el 5 de enero; Alan Mostacilla, en Cúcuta, el 7 de enero y Miguel Gutiérrez, en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 7 de enero.

EL HERALDO conversó al respecto con el abogado Alirio Uribe, defensor de derechos humanos; con el constitucionalista José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y con el analista de seguridad, coronel (r) Carlos Velásquez, para tratar de entender este baño de sangre que padece el país desde 2016 y que se ha recrudecido.

Los expertos coinciden en elementos aparentemente comunes de esta tragedia: caen los autores materiales pero no los intelectuales, que son los que planean y financian; no se han activado los bloques de Policía y Fiscalía contra grupos paramilitares consignados en el Acuerdo de Paz; no hay una política social para que autoridades y sectores no menosprecien a las comunidades y, por supuesto, a sus líderes; y la fuerza pública debe combatir estos homicidios también con la inteligencia militar y policial.

Recrudecimiento de los crímenes

La matanza ha arreciado con la entrada de este 2019, cuando ya se cuentan siete víctimas mortales. Según José Gregorio Hernández estamos ante “una incomprensible situación de crimen y violación de los derechos humanos, que amenaza con convertirse en un genocidio, descrito en el Tratado de Roma. Y el Estado, más allá de declaraciones del pasado y las del actual Gobierno, no ha hecho nada para cumplir con su obligación de proteger a todas las personas residentes en Colombia”.

Entre tanto, Alirio Uribe advierte que esto obedece “a una estrategia donde hay actores armados que son financiados o apoyados por sectores poderosos, económicos, financieros, terratenientes, industriales, políticos, etcétera, que ven en los líderes sociales enemigos, porque se oponen a grandes megaproyectos y piden la restitución de las tierras, y efectivamente hay una política de asesinarlos porque fastidian”.

Y el coronel (r) Carlos Velásquez dice que “al menos el 50% de los crímenes, no solo de ahora sino de tiempo atrás, son básicamente producidos por conflictos entre las personas que reclaman tierras y que promueven la sustitución de cultivos ilícitos, y son conflictos entre las víctimas y las personas que no quieren que se restituyan las tierras y que no marche bien ese proceso de sustitución”.

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La responsabilidad del Estado

Hernández cree que hace falta un elemento de política social en el plan estatal al respecto: “Falta una política seria y coherente, que atienda a quienes piden y merecen protección, y que busque y neutralice a los autores materiales e intelectuales de esta criminal acción; que el Gobierno salga del campo de las promesas y las declaraciones, y que fije y ejecute una política realista, con participación de Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldes y gobernadores. Una política no solo militar y policial sino también social. Y que oiga y no menosprecie a las comunidades”.

Uribe ve que el elemento común desde los entes gubernamentales pareciera ser negar lo que está ocurriendo: “El presidente Duque no condena esta práctica y la actitud es de negar, de decir que son casos aislados o líos de faldas, cuando realmente es sistemática: los asesinan sicarios casi en un 90% frente a sus casas y lugares de trabajos. Y en el marco de los Acuerdos de Paz se requiere que se activen el bloque de búsqueda de la Policía para desmontar grupos paramilitares y la unidad de investigación y sanción de la Fiscalía para estos grupos paramilitares”.

Velásquez opina que el Estado “tiene que ganar la batalla de la inteligencia, que la gente en las regiones confíe en la fuerza pública, que le cuente las cosas, y eso solamente se logra con la permanencia de esas tropas del Ejército o la Policía o en sectores críticos, el hecho de que estén poco tiempo y sean relevados dificulta las cosas, porque la gente confía en quien conoce”.

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¿El Eln, detrás?

Señala el coronel (r) Velásquez que “el Gobierno y la Fiscalía reconocieron que detrás de eso hay gente del Eln, del Clan del Gol y de Los Caparrapos. Y aunque no es fácil especificar el interés del Eln en estos homicidios, una de las posibilidades es que estén queriendo mantener su hegemonía e influencia en algunos sectores y puedan haber otros líderes sociales desarmados que están llevando la delantera”.

¿Por qué las cifras de muertes difieren?

Frente al hecho de que son distintas las estadísticas que tienen entes estatales, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales acerca de estas muertes violentas, Alirio Uribe explica que hay diferentes criterios para definir qué es un líder social o defensor de DD.HH., “y eso hace que a veces las cifras de la ONU no coincidan con las cifras de la Defensoría o con las de una ONG, pero para mí las más confiables son las de la Defensoría, porque hace presencia en todos los departamentos”.

Los números de los crímenes

En 2018, según la Policía, las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para la Defensoría del Pueblo fueron 172 (158 hombres y 14 mujeres), y para organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a 252.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría, el mayor número de crímenes ocurrieron en los departamentos de Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).

Entre tanto, los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dan cuenta de 454 casos (163 verificados por la Misión de la ONU en Colombia) entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018.

Por su parte, la Defensoría estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales.

La Fiscalía, citando a la Oficina de Naciones Unidas, indicó que entre 2016 y agosto de 2018 se cometieron 196 homicidios contra defensores de derechos humanos, y afirma que ha avanzado en 90 de los casos: “Esto equivale a una tasa de esclarecimiento de 45,9% para agosto de 218. Los avances en los casos incluyen 17 sentencias condenatorias, 60 imputaciones y 13 órdenes de captura”.

El Estado responde

El fiscal Néstor Humberto Martínez, además, reconoció el pasado viernes que existe sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en el territorio nacional: “En un 65 % de los casos, los homicidios se deben a organizaciones criminales, entonces, en ese ejercicio que hace permanentemente el Estado por descubrir sistematicidad, tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo el pasado 8 de enero que la Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene el registro de medidas de protección sobre 7.179 personas en el territorio nacional, de las cuales 4.487 son líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y en lo corrido del 2019, la Unidad ha recibido 1.263 solicitudes de protección.

Agregó el sábado la jefa de la cartera política que desde la próxima semana el Gobierno irá a los territorios más afectados con el fenómeno. Se priorizarán subregiones como el Bajo Cauca antioqueño, Montes de María, Catatumbo y Bajo Atrato.

Y el presidente Iván Duque dijo el pasado sábado desde Yopal que combatirán las organizaciones criminales detrás de los crímenes: “Vamos a enfrentar esas organizaciones criminales y las vamos a someter a la justicia en nuestro país” y a añadió que la Fiscalía ha hecho un reporte “en donde un poco más del 50 por ciento de los asesinatos tienen esclarecimientos; son cerca de 126 casos esclarecidos. Y es espeluznante ver que en la gran mayoría esos asesinatos los han cometido grupos armados ilegales”.

Finalmente, afirmó que el Gobierno está trabajando en campañas de prevención “que van desde la no estigmatización, hasta poder actuar de manera cada vez más ágil ante las alertas tempranas”.

Fuente: https://www.elheraldo.co/colombia/asesinato-de-lideres-fracaso-del-estado-587803
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“Sistematicidad”

Post: #9204 Darloup
14 Jan 2019, 02:47

En lo que va de año han asesinado a siete líderes sociales. El fiscal general ha hablado por primera vez de un acción criminal sistemática, lo que debe obligar a un giro radical en el enfoque institucional del problema.

Gilberto Valencia. Jesús Adier Perafán. José Solano. Wilmer Antonio Miranda. Wilson Pérez. Maritza Quiroz. Miguel Antono Gutérrez... A muchos no les dirá nada especial esta secuencia de nombres, que, en circunstancias normales, podría corresponder a la lista de pasajeros de un vuelo o al repaso de asistencia de alumnos en una escuela.

Desafortunadamente nuestro país no vive en circunstancias de normalidad plena, y la lista recoge a los primeros líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los 10 primeros días del año.

Se trata de ciudadanos que, más allá de si tuvieran o no inclinaciones ideológicas, trabajaban por el bien de su comunidad. Un trabajo en muchos casos heroico: no solo por las terribles condiciones en que sobreviven numerosos asentamientos humanos en la geografía nacional, sino, sobre todo, por las condiciones de altísimo riesgo personal en que desarrollan su tarea de liderazgo.

El viernes, tras un encuentro entre representantes del Gobierno y de organizaciones sociales, el fiscal general, Néstor H. Martínez, hizo una afirmación de suma trascendencia que, curiosamente, no tuvo el impacto mediático que merecía. Dijo que tras los asesinatos de líderes sociales existe una “sistematicidad”, lo cual sugiere que obedecen a actos planificados de exterminio, que atribuyó al Eln y a organizaciones criminales.

No es el primer responsable institucional que hace tal afirmación. El procurador, el defensor del Pueblo o el director de la Unidad de Protección ya se han pronunciado en el mismo sentido. Lo importante es que quien ahora se suma al discurso es el encargado de enfrentar a la criminalidad.

La principal consecuencia que debería tener este diagnóstico es un giro radical en el enfoque institucional del problema.

El escenario no es el mismo del de hace algunos años, en la peor época de la violencia. De acuerdo con las autoridades, ya no se aprecia participación de agentes del Estado en la planificación de los crímenes. Y desde círculos del poder ya no se transmiten –al menos abiertamente– mensajes que arrojan dudas sobre la actividad de los líderes sociales para así justificar sus muertes.

En ese sentido, el discurso del presidente Duque, de inequívoca condena a los asesinatos, es altamente positivo. Pero ha llegado el momento de dar un paso más adelante en la forma de abordar este intolerable fenómeno en que unas organizaciones intentan imponer la ley del terror a amplias capas de colombianos.

El Estado debe asumir cuanto antes la tesis de que estamos ante algo mucho más complejo y tenebroso que una sucesión de casos aislados, y actuar. No hay tiempo que perder ante tamaño desafío.

Fuente: https://www.elheraldo.co/editoriales/sistematicidad-587793
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