Aspecto de la reunión del presidente Duque con los líderes de los promotores de la Consulta Anticorrupción, realizada en el Palacio de Nariño.
Por Óscar Montes
El presidente Iván Duque encontró en la lucha contra la corrupción la bandera que necesitaba para dejar un legado. Altos salarios: realismo vs populismo.
La consulta anticorrupción del pasado domingo, aunque no alcanzó el umbral establecido, terminó convirtiéndose en un extraordinario hecho político, cuyo principal efecto fue el realinderamiento de todos los movimientos y partidos políticos del país en una causa común: la lucha contra la corrupción, cuya bandera quedó ahora en manos del presidente Iván Duque, quien tiene la responsabilidad de sacar adelante las leyes que permitan materializarla.
El presidente Duque leyó de forma correcta el mensaje enviado por los colombianos en contra de los corruptos. El domingo en la noche convocó a una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron las principales promotoras de la consulta, Claudia López y Angélica Lozano, al igual que delegados y representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, entre ellos Rodrigo Londoño, presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), movimiento político que surgió de la desmovilización del extinto grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
De la reunión en la Casa de Nariño surgió el que podría llamarse el “Gran pacto anticorrupción”, que busca materializar la voluntad de 11.673.166 colombianos, que votaron las siete preguntas de la consulta anticorrupción. De esta manera, la lucha contra la corrupción pasó a ser la gran causa del presidente Duque. Así como la paz con las Farc fue la apuesta de Juan Manuel Santos y la derrota militar de dicho grupo guerrillero el propósito de Álvaro Uribe, vencer a los corruptos tendría que ser la misión de Duque. De lograrlo, encontraría -sin duda- un lugar de privilegio en la historia del país.
Pero la misión no será nada fácil. Es posible que las tareas de Santos y Uribe de acabar con las Farc, tanto por la vía política como por la militar, hayan resultado más sencillas que la que asume Duque de erradicar la corrupción. Por eso es tan importante la conformación de un bloque muy sólido en el Congreso, así como el acompañamiento de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General, para hacerle frente a un enemigo tan poderoso. Si la lucha contra la corrupción no se convierte en un propósito nacional, es imposible vencerla.
Pero para cumplir con este mandato es necesario dejar de lado mezquindades y cálculos políticos, que en el caso de Duque -al no existir la reelección presidencial- la tentación desaparece. No ocurriría lo mismo con otros abanderados de esa causa, como Claudia López y Gustavo Petro, quienes podrían valerse del sentimiento nacional anticorrupción para pretender sacar réditos electorales. Deberían entender que es hora de asumir la responsabilidad con sentido histórico, lejos de posturas populistas, que poco o nada contribuyen a erradicar el mal de raíz, pero sobre todo con una alta dosis de realismo y pragmatismo.
Sacar adelante en el Congreso una agenda anticorrupción es una tarea titánica. Los grandes males nacionales, relacionados con corrupción, nacen, crecen y se reproducen en el Congreso.
Al no ponerse los congresistas la “soga anticorrupción” en sus pescuezos, luego de hundir varias iniciativas que buscaban combatir el flagelo, entonces 11.673.166 colombianos se la pusieron el pasado domingo. La lectura de lo ocurrido debe hacerse, sin embargo, sin estridencia ni apasionamientos, para buscar las mejores salidas que permitan la viabilidad de las propuestas.
¿Qué futuro le espera al “gran pacto anticorrupción” en el Congreso? ¿Tiene Iván Duque aliados y talante para asumir la causa anticorrupción? Corruptos hablando de anticorrupción, ¿el diablo haciendo hostias?
Salarios altos: menos populismo y más realismo
La pregunta uno, que obtuvo la friolera de 11.424.573 votos por el SÍ y tan solo 93.153 por el NO, indagaba si el votante quería que a los congresistas les bajaran el salario mensual de 40 a 25 salarios mínimos, fijando un tope de 25 salarios mínimos para todos los funcionarios cubiertos por el artículo 197 de la Constitución. De conformidad con la pregunta, en términos monetarios de hoy, un congresista pasaría de ganar en nómina $31.249.680 a $19.531.050. La propuesta, aunque pone contentos a millones de colombianos, tiene una alta dosis de populismo. ¿La razón? Asociado al salario de los congresistas está toda la estructura salarial de la Rama Judicial y del Ministerio Público. Pero, además, habría que ver cuántos de esos $31 millones recibe efectivamente el parlamentario. He visto comprobantes de nómina donde el solo descuento de retención en la fuente asciende a casi $7.000.000 y de ahí siguen los de salud, pensión y demás. Es decir, a la gente hay que hablarle con la verdad para no generar falsas expectativas o frustraciones. En términos prácticos, omitir la influencia de ese monto en las escalas salariales de las demás ramas del Poder Público, pudo significar la pérdida de un millón de votos en la consulta del domingo, que son los que de forma habitual mueve la Rama Judicial. Ese cálculo es mucho más realista que el de Petro, quien de forma ligera y politiquera señaló a la Región Caribe de ser la responsable de no haber superado el umbral, por sus prácticas “feudalistas y por la compra de votos”. Es un hecho que los sindicatos de la Rama, el Ministerio Público y la Fiscalía llamaron a la abstención. Y era obvio que lo hicieran: si le rebajan el sueldo a los congresistas, de forma automática se lo reducen a los magistrados de las altas cortes y resulta que toda la escala salarial de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría está asociada a estos salarios. Una reducción del 35,5% en el ingreso mensual es algo muy difícil de soportar para la inmensa clase media que compone los servidores de la Rama Judicial. Veamos, cómo funciona: un magistrado de una alta corte debe ganar por mandato legal, lo mismo que un congresista. A su vez, un magistrado de Tribunal Superior debe ganar, por mandato legal, el 80% de lo que gana un magistrado de una alta corte. A ese salario están asociados, a su vez, los de sus pares en Fiscalía y Procuraduría. El artículo 280 de la Constitución manda que los procuradores delegados “deben tener la misma remuneración de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”. A su vez, todo el cuerpo de magistrados auxiliares gana lo mismo que un magistrado de tribunal. Del monto del salario de los magistrados depende, a su vez, el de los jueces del circuito y los jueces municipales. Toda una reacción en cadena que generó un efecto dominó contra la consulta. Estas cuentas también debieron sacarla quienes nos vendieron la idea de que los únicos afectados serían los congresistas. A la postre estos votos también faltaron. Una buena dosis de realismo, en lugar de tanto populismo, hubiera sido muy útil.
Más pragmatismo y menos pasión
Aunque todos queremos ver a nuestros congresistas almorzando “corrientazos” y montando en Transmetro y Transmilenio, lo cierto es que sacar adelante el “gran pacto anticorrupción” requiere mucho más pragmatismo que pasión. Más allá del talante populista de la pregunta uno -a la postre la más votada- ella encierra una peligrosa y distorsionada conceptualización de lo que los promotores de la consulta consideran corrupción. ¿Es corrupción que una persona gane un salario alto como fruto de su trabajo? Al parecer, para los promotores de la consulta, la respuesta es ‘Sí’, lo que no deja de ser peligroso. Si ello es así, entonces mañana podrían llamar a una consulta para reducir las ganancias de las empresas. O las de los presidentes de las compañías. Dirán que no, que solo son las empresas públicas. Entonces habría que reducirle el sueldo al presidente de Ecopetrol, al de EPM y al del Banco Agrario, entre otras, sin que ello se traduzca, necesariamente, en bajar los índices de corrupción. Entonces dirán los defensores de la iniciativa, que eso no es corrupción, sino desigualdad. Peor, porque en un sistema capitalista el mérito se premia, de modo que todo el mundo tiene derecho a ganar mucho dinero, siempre y cuando lo haga de forma legal. Decir esto no significa asumir posturas “procorrupción”, como piensan algunos de forma simplista y torpe, sino llevar el debate al terreno realista, que es donde debe darse para evitar frustraciones o falsas expectativas. Y en ese sentido, proponer, por ejemplo, la congelación de los salarios de congresistas y altos funcionarios resulta mucho más viable que pretender reducirlos. Desde el punto de vista electorero, es más rentable reducirlos que congelarlos.
Mucho salario y poca responsabilidad
Pero el debate de los altos salarios de congresistas, magistrados y otros funcionarios del Estado -asunto que deberá ser abordado y analizado esta semana por quienes conformen la mesa técnica, que se creará para tal fin- también debe servir para reconocer que la escala de salarios del Estado está desbalanceada. Es decir: hay funcionarios que ganan mucho sin tener responsabilidad penal, ni disciplinaria, mientras que hay otros que tienen toda clase de responsabilidades y ganan poco. En este nivel están, por ejemplo, magistrados auxiliares de altas cortes, que tienen salarios del orden de los $25 millones mensuales, pero carecen de responsabilidades penales o disciplinarias. En cambio un Ministro gana $15 millones mensuales, algo parecido al salario de un Coronel del Ejército Nacional. A diferencia de los magistrados auxiliares, tanto el Ministro como el Coronel tienen a las “ías” (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría) respirándoles en las orejas, hasta el punto de que -después de haberse retirado del cargo- siguen desfilando por muchos años por despachos judiciales, gastándose sus ahorros y el patrimonio de su familia. Es decir, el problema salarial en Colombia, asociado con la corrupción, no está en bajarle los sueldos a los que ganan mucho, sino en subírselos a los ganan poco. Pensar solo en bajárselos a los primeros se llama envidia y eso no tiene nada que ver con corrupción. Es un asunto de “salud pública”, puesto que, según “Cochise”, en Colombia se muere la gente más de envidia que de infarto.
¡Tienen que bajar del bus anticorrupción a los colados...!
El “gran pacto contra la corrupción”, promovido por Duque, después del hecho político que produjo la consulta del pasado domingo, debe servir para que el debate se desarrolle poniendo sobre la mesa todos los elementos que permitan enfrentar este flagelo con eficacia. La lucha contra la corrupción requiere de una verdadera unidad nacional, ajena -esa sí- a repartos burocráticos y mermelada. Para ello es necesario que el Gobierno y quienes con sinceridad y transparencia tienen puesta la camiseta anticorrupción empiecen a bajar del bus a los colados de ocasión, que son los mismos que la podrían llevar al fracaso. No todo el que dice que lucha contra la corrupción, lo hace. Ahora que Duque encontró una enorme bandera que arropa a la inmensa mayoría de los colombianos, sería una lástima que quienes siempre la han fomentado, se monten en ese bus con el único propósito de hacer que se estrelle, como hasta ahora siempre ha ocurrido.
Fuente: https://www.elheraldo.co/politica/la-le ... ion-537166