Aborto electivo

[Darloup]

Por Tatiana Dangond Aguancha

La penalización del aborto ha sido la medida más represiva, y menos efectiva para evitar los abortos inducidos, pero además ha llevado a que miles de mujeres colombianas se sometan a tratamientos clandestinos, poniendo su vida en peligro. Las cifras demuestran cómo la penalización del aborto no protege la vida del que está por nacer, sino que deja en total desprotección a la mujer embarazada, que no puede acceder a tratamientos bajo supervisión médica con estándares de calidad, sino que se ve obligada a recurrir al mercado negro en búsqueda de estimulantes que llevan a complicaciones innecesarias. Según la firma Guttmacher, el 44 por ciento de los embarazos no planeados en Colombia terminan en aborto inducido, y con estas cifras alarmantes todavía no hay una política de salud pública encaminada a disminuir esta práctica.

El debate sobre el aborto electivo en Colombia se ha mantenido en el plano de lo mítico, lo religioso y lo que se considera políticamente correcto, y no se ha abordado desde la perspectiva de la salud pública y la protección de los derechos de la mujer. En nuestro país son las ONG y no los órganos estatales los que impulsan medidas para que las mujeres puedan acceder a abortos de manera legal y en casos especiales, y siguen siendo las organizaciones sin ánimo de lucro las que se mantienen en esta lucha. Mientras la Corte Constitucional pugna por nuestros derechos reproductivos, ninguna de las congresistas actuales ha presentado iniciativas legislativas que regulen el aborto de manera seria, y tenemos un Procurador que califica a los anticonceptivos orales de emergencia como medicamentos abortivos.

¿Es justo que tengamos como director del Ministerio Público a quien mitifica el aborto en los casos permitidos por nuestro ordenamiento jurídico?

Mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y que han quedado en embarazo por estos hechos difícilmente pueden acceder al aborto de manera regular, por todos los trámites, negativas y trabas procesales a las que se tienen que someter, aunque nuestro ordenamiento formalmente lo autorice. Lo mismo pasa con aquellas que están en peligro de muerte por su gravidez, y en medio de todo su sufrimiento existen hombres y funcionarios, como el Procurador, que afirman que los médicos pueden negarse a practicar el aborto alegando objeción de conciencia, sin restricciones, e incluso que puede haber objeción institucional, cuando es totalmente falso.

En nuestro país no hay una legislación clara frente al tema, tampoco hay sanciones concretas para quienes no cumplan con lo que la Corte Constitucional ha precisado sobre el aborto y sobre los tres supuestos en el que es permitido, y hasta el momento no hay una sola iniciativa que pretenda hacerlo. El acceso universal a los métodos de planificación sigue siendo un sueño, y las campañas sobre educación sexual son precarias y no cubren todo el territorio nacional. Sin embargo, nuestra legislación sigue acostumbrada a estrategias ineficaces de prohibición, y no pone en práctica mecanismos modernos de prevención y promoción. Yolanda, de Medellín, es uno de los muchos casos de mujeres a las que le han negado los servicios de aborto cuando se está dentro de los tres casos permitidos, en su cuarto embarazo notaron que el feto sufría una malformación llamada anencefalia, que impide el desarrollo del cerebro, acudió al Hospital Meoz de Cúcuta para practicar un aborto, para ello le solicitaron una orden judicial, que cuando llegó a la Corte Constitucional ya tenía 32 semanas. El bebé murió 5 minutos después de haber nacido y a ella la obligaron a vivir un embarazo inviable. La sociedad debe encaminar este debate hacia la necesidad de plantear políticas de salud pública que prevengan embarazos no deseados, y abortos ilegales. Hay mujeres que nunca han tenido acceso a métodos anticonceptivos, y menos a información veraz sobre sus derechos reproductivos, la presencia del Estado nunca ha estado ahí para orientarlas, pero sí quiere estar para sancionarlas.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... tivo-83167