El Procurador General de la Nación destituye al alcalde de Bogotá Gustavo Petro / Le Procureur Général de Colombie destitue le maire de Bogotá Gustavo Petro

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Par Michel Taille

Des tas de poubelles et le droit divin ont eu raison de Gustavo Petro. Le maire de Bogotá a été destitué le 9 décembre par le procureur général de Colombie à cause d’improvisations dans la gestion des ordures, à deux ans de la fin de son mandat. Petro, premier ex-guérillero à parvenir à un poste de cette importance, est en outre mis au rebut de la politique : il lui est interdit d’exercer toute charge publique pendant quinze ans. «J’aurai 68 ans, cela veut dire condamnation à perpétuité», a calculé le futur ex-élu. Il ne lui reste qu’un recours devant la même instance et une incertaine bataille juridique pour espérer conserver son mandat après janvier.

Le procureur Alejandro Ordoñez, un homme extrêmement droit qui écrivait dans sa thèse de fin d’études que «Dieu est la source et l’origine de l’autorité politique», l’a puni pour une hérésie majeure : «Restriction à la libre concurrence.» Gustavo Petro a tenté en décembre 2012 d’attribuer le ramassage des ordures à un monopole municipal. Mais ce dernier était mal préparé, et les trottoirs de la ville se sont couverts de tas d’immondices pendant trois jours. Le maire a finalement dû faire appel à la plupart des anciens prestataires privés, en leur imposant une légère ristourne. Trop tard : le procureur, chargé du contrôle des élus et fonctionnaires, s’est emparé de l’affaire. Ce catholique intégriste s’était déjà illustré en tentant de s’opposer aux droits des homosexuels, aux dialogues de paix avec les marxistes de la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et en blanchissant plusieurs sénateurs pourtant convaincus par la justice ordinaire de complicité avec des milices d’extrême droite.

Sa décision contre Petro a été la plus controversée. Les partisans du maire ont réagi en remplissant plusieurs fois cette semaine la place centrale de Bogotá, et les soutiens pleuvent. Un représentant de l’ONU et même le futur ambassadeur des Etats-Unis en Colombie, peu suspect d’hétérodoxie gauchiste, se sont inquiétés de ce qu’un fonctionnaire puisse destituer un élu sans condamnation pénale préalable. Le ministre de la Justice veut désormais limiter les pouvoirs du procureur et le chef des investigateurs judiciaires tonne contre son système «médiéval et inquisiteur».

A Cuba, où elles négocient avec les autorités colombiennes, les Farc sont les plus remontées contre le procureur «Torquemada», digne représentant à leurs yeux de «l’oligarchie» qui domine le pays. «S’ils font ça à Petro, qui a choisi la politique sans les armes il y a vingt ans, qu’est-ce que ça va être avec nous ?» s’est interrogé leur porte-parole, Pablo Catatumbo. Pour l’instant, le maire a ordonné à ses subalternes de gouverner «jusqu’au dernier jour». La messe, jure-t-il, n’est pas encore dite.

Source : http://www.liberation.fr/monde/2013/12/ ... res_967605

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“El presidente respetará las distintas decisiones que se tomen en las instancias judiciales”, afirmó el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez (en la foto), luego de la reunión que sostuvieron el presidente Santos y el alcalde Petro.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, viaja para reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El alcalde de la capital, Gustavo Petro, abordó ayer un avión hacia los Estados Unidos para reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Emilio Álvarez Icaza, organismo que lo invitó a ampliar la denuncia que allí hiciera el burgomaestre días antes por la polémica destitución e inhabilidad por 15 años que le dictó la Procuraduría.

Más temprano, hacia el mediodía, el alcalde se entrevistó con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, encuentro que según él arrojó el acuerdo de analizar cada una de los mecanismos jurídicos que tienen cabida frente a la medida disciplinaria adoptada por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez.

Señaló Petro al respecto que el resultado sería la apertura de un proceso de restructuración jurídica en defensa del voto popular: “los mecanismos que la Alcaldía Mayor tiene, que el Alcalde como ciudadano en concreto tiene, para que sus derechos se respeten y así mismo los de 732 mil votantes que están a punto que se les anulen, son respetados por el Gobierno Nacional”.

Frente a las críticas que no han faltado por invitar a los ciudadanos a manifestarse frente al fallo disciplinario, aseguró que “tenemos derecho a la movilización, a que la ciudadanía se exprese de diversas maneras pacíficamente por lograr que no solamente se respete la Constitución, las leyes y los tratados, sino también que se amplíe la democracia”.

Advirtió Petro que va a luchar para que la decisión de Ordóñez “no se vuelva certeza jurídica en Colombia” y explicó que lo que busca, concretamente, ante la CIDH, es impedir “un daño irreparable, y la medida cautelar permite tal reparación que en unos años ya no se podrá hacer para resarcir el daño causado a 732 mil ciudadanos que decidieron libre y legítimamente votar por un programa de gobierno, entre el cual está Basura Cero”.

Concluyó el alcalde que no le pidió respaldo a Santos sino que “acate las decisiones de la justicia convencional, en caso de que se produzcan”.

Por su parte, Santos, horas antes, en entrevista con la W Radio, afirmó que “el procurador sabe que no voy a tomar partido a favor de él, y el señor alcalde también sabe que no voy a tomar partido a favor de él. Yo tomo partido a favor de las instituciones y de las leyes”.

El presidente anunció además que en este caso el Gobierno Nacional no va a intervenir ante la CIDH, al tiempo que reafirmó que el alcalde tiene todo el derecho de ir directamente a esta instancia a pedir medidas cautelares o a exponer su caso.

Contó, así mismo, que el “procurador o una de sus delegada nos solicitó al Gobierno intervenir ante la CIDH. Le dijimos que nosotros no íbamos a intervenir, que el señor Petro tiene todo el derecho de ir directamente, sin el permiso del Gobierno” y añadió que “si el alcalde me pide que intervenga, le voy a decir lo mismo”.

El presidente Santos sostuvo que su interés es acatar la Constitución, obedecer lo que dicen la Constitución y las leyes y defender la institucionalidad.

Finalmente, Santos advirtió que si se producen medidas cautelares por parte de la CIDH, las acatará porque “estoy obligado a cumplirlas”.

A su vez, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, tras la reunión entre Petro y Santos, dijo que “el presidente respetará las distintas decisiones que se tomen en las instancias judiciales” y añadió que el jefe de Estado “se atiene al ordenamiento jurídico enmarcado por la Constitución, por las leyes y por las decisiones de la Corte Constitucional”.

De otro lado, el cuestionado presidente de la Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, anunció que interpondrá en los próximos días una denuncia contra el fiscal Eduardo Monte alegre por “interferir” en la decisión del procurador. Según Suárez, quien suele coadyuvar la aparente persecución del Ministerio Público a los matrimonios gais en el país, el fiscal estaría “obstruyendo la justicia y abusando de su poder”.

“Hay una coacción al haber intervenido en los despachos de la Procuraduría para obtener copias de los procesos que hacen parte del expediente contra el alcalde”, dijo, refiriéndose a las pesquisas que le sigue el ente de control penal al disciplinario por presuntas irregularidades en la destitución de Petro.

Mientras tanto, frente a las numerosas tutelas que han interpuesto ciudadanos y funcionarios por el fallo del procurador, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia explicó que son los Tribunales los únicos que tienen competencia para decidir sobre las acciones presentadas.

“En este caso le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá, por que por ley la competencia tratándose de entidades nacionales son del Tribunal, si fuera departamental serían jueces de circuito”, señaló el ente.

“Que no se dañen los diálogos”

La decisión del procurador Ordóñez contra el alcalde Petro no debe afectar las negociaciones de paz en La Habana, porque “corresponde a la institucionalidad nacional y es legal”, pero, en el fondo, la destitución de quien fue un guerrillero generará ruidos en la mesa de conversaciones, afirmó ayer el candidato al Senado por el Partido Liberal Horacio Serpa, quien en Barranquilla recibió el apoyo electoral del diputado Sócrates Cartagena (foto). Confió en que las Farc no vean lo sucedido como un “pésimo ejemplo”, al punto de que se afecten las conversaciones de Cuba. Tras recordar que a Petro trataron de sacarlo a sombrerazos con la revocatoria de su mandado, se mostró partidario de revisar las facultades del procurador para destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/santos ... idh-136375

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El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la salida de la sede de la CorteIDH en Washington.

Presidente del organismo internacional anunció que se pronunciará rápidamente sobre la destitución del mandatario bogotano.

Al término de la reunión en Washington entre el alcalde Gustavo Petro y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, donde el burgomaestre solicitó medidas cautelares frente a la destitución que le dictó la Procuraduría, el directivo del organismo interamericano advirtió que esta misma semana podría producirse una decisión al respecto.

Explicó Álvarez que los seis integrantes del ente estudiarán la solicitud y los documentos presentados por el equipo de Petro, y luego votarán si se otorgan o no las medidas. También, podrían exigir más documentación.

El alcalde capitalino de origen cordobés dijo a periodistas que aunque no existen antecedentes de medidas cautelares para proteger derechos políticos, el sistema permite su solicitud.

Petro se reunió también con el congresista demócrata, James McGovern, quien dijo a la prensa que “esto es un asunto interno de Colombia, pero naciones e individuos que son amigos de Colombia y que apoyan el proceso de paz están mirando con cuidado este debate para ver como tales acciones pueden afectar la inclusión de nuevas voces y sectores sociales en la vida política y democrática de Colombia”.

El burgomaestre seguirá su travesía por los EEUU hasta el viernes, para entrevistarse con el vicepresidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, Adam Schaeffer; el director para las América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el embajador de Colombia, Luis Carlos Villegas y con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Entre tanto, el presidente de la CorteIDH, Diego Garcia Sayán, dijo al diario español El País que el caso Pero debe estudiarse, ya que “en la jurisprudencia de la Corte está establecido que para el ejercicio de los derechos políticos rigen plenamente las pautas establecidas en la Convención (Americana de Derechos Humanos), incluidas las que atañen a su limitación y suspensión”.

Y confió en que “conociendo el vigor y el dinamismo de la institucionalidad colombiana, estoy seguro de que sabrán encontrar una salida que compatibilice un proceso sancionador efectivo contra autoridades, electas o no, con la garantía de los derechos políticos de las personas que fueron elegidas para un cargo público”.

En Bogotá, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, confirmó el proceso revocatorio del alcalde para dentro de dos meses, a lo que el alcalde capitalino respondió desde la capital estadounidense: “vamos a las urnas”.

Sanchez explicó a periodistas que el proceso se llevaría a cabo a finales de febrero de 2014, bajo un costo de más de 56.000 millones de pesos, y que para que tenga efecto la revocatoria, tendrían que acudir, sin importar que voten por el sí o por el no, un mínimo de un millón doscientos mil ciudadanos.

La única forma en que no se lleve a cabo la votación, explicó el registrador, es que antes de su realización quede en firme el controvertido fallo disciplinario de la Procuraduría que el pasado 9 de diciembre destituyó e inhabilitó por 15 años a Pero por el cambio en el esquema de aseo de la ciudad.

Las revocatoria fue impulsada por el representante del Partido de la U, Miguel Gómez, quien recogió 357.250 firmas de las 289.263 que debía presentar para solicitar la votación, argumentando que “el alcalde no ha cumplido con su programa de gobierno”.

En efecto, Gómez tildó el llamado a las urnas del burgomaestre como “una contradicción más”, ya que “él le puso zancadillas a la revocatoria durante siete meses”.

Añadió el político uribista que “si es real que la gente lo respalda, tienen que salir y demostrarlo; si no, también tendrán que hacerlo”.

Por su parte, el exsecretario de Gobierno de la Alcaldía Guillermo Asprilla dijo que la decisión de la Registraduría es “una evidencia más del deseo de un sector del establecimiento de sacar a Petro” y reiteró que estuvieron recurriendo a mecanismos jurídicos porque “esa revocatoria tiene una base espuria, porque las firmas no reunían los requisitos legales”.

Concluyó Asprilla: “estoy seguro de que el procurador no va a permitir que la gente salga a evitar (...), va a hacer lo posible para que Petro ya no esté en la Alcaldía”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/la-cor ... ado-136468

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El alcalde Petro en Washington.

Si es favorable al alcalde, la decisión del procurador quedaría suspendida.

Aunque se espera un concepto rápido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su decisión de otorgar o no medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para evitar que se violen sus derechos políticos, la experta en derecho internacional consultada por EL HERALDO, Jomary Ortegón, aseguró que la posición de la CIDH puede tardar entre una y dos semanas.

Ortegón explicó que si el concepto del organismo es favorable a Gustavo Petro, el Estado colombiano está obligado a acatarla, lo que en la práctica quiere decir que quedaría suspendida, mas no anulada, la destitución y la inhabilidad decretada la semana pasada por el procurador Alejandro Ordóñez. Esto, mientras la CIDH estudia de fondo el proceso con el fin de determinar si las facultades otorgadas al Ministerio Público en la Constitución Nacional son contrarias a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.

Por el tiempo que puede llevar dicha diligencia, es factible que se lleven a cabo el próximo año las elecciones atípicas para definir la revocatoria del burgomaestre.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/cidh-d ... tro-136612

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Por Tomás Betín del Río

EL HERALDO tuvo acceso exclusivo a la extensa lista de denuncias contra el procurador general por irregularidades en su cargo.

21 días después de que Alejandro Ordóñez fuera nombrado procurador general de la Nación el pasado 11 de diciembre de 2008, se radicó la primera denuncia penal en su contra.

Desde entonces se han presentado 41 quejas contra el jefe del Ministerio Público por haber cometido aparentes irregularidades en su cargo, de las cuales actualmente la Fiscalía investiga 30 denuncias, querellas y compulsas de copias. Las otras 11 se han archivado y ninguna pasó de la etapa de indagación.

EL HERALDO conoció en exclusiva la larga lista de investigaciones -todas en el despacho del vicefiscal Fernando Perdomo- contra el controvertido hombre a cargo de la Procuraduría.

La primera denuncia, en enero de 2009, fue presentada por un prevaricato por omisión (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) que se presentó en la Gobernación de Antioquia. En febrero de su primer año, en la Procuraduría, en un caso que ya fue cerrado, fue denunciado por delitos contra la administración pública y en abril siguiente fue denunciado dos veces por este mismo punible y una de las pesquisas sigue vigente.

En junio de 2009 se registraron, además, dos denuncias por prevaricato (cerrada) y delitos contra la administración. En julio, una por este mismo punible y en septiembre otra por falsedad ideológica en documento público.

En su segundo año como procurador fue denunciado tres veces: una por prevaricato, que está inactiva, y dos por delitos contra la administración, uno de las cuales sigue su curso.

Las denuncias crecieron en 2011, cuando el conservador Ordóñez fue objeto de 10 solicitudes de investigación, incluyendo una por concierto para delinquir agravado por darse para grupos al margen de la ley, que fue archivada y una por peculado por apropiación (quedarse con dineros públicos), que sigue activa.

También fue denunciado en tres oportunidades por prevaricato por omisión, una de las cuales se cerró, y una vez por prevaricato por acción, que sigue en indagación. Tiene de ese año tres denuncias más por fraude a resolución judicial y una por delitos contra la administración, todas vigentes.

En 2012 hubo ocho denuncias y una querella por injuria contra Ordóñez. Por prevaricato por omisión siguen activas tres indagaciones. Por delitos contra la administración pública, dos, incluyendo una compulsa de copias; otras, por fraude a resolución judicial y peculado por apropiación, y una más por tráfico de influencias de servidor público.

La más reciente denuncia fue por prevaricato por acción, el 10 de diciembre pasado, un día después de la destitución e inhabilidad al alcalde de Bogotá, el cordobés Gustavo Petro, por prevaricato por acción. En todo 2013 hubo cinco denuncias por este delito contra el procurador, dos de las cuales están inactivas. Por prevaricato por omisión hubo dos denuncias: una sigue vigente.

Además, tres personas denunciaron este año al jefe del ente de control disciplinario por delitos contra la administración pública y una por abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

A estas pesquisas se suman el proceso que cursa en el Consejo de Estado por las aparentes irregularidades de su segunda elección y la solicitud que, ante este mismo organismo y la Corte Suprema de Justicia, presentó el abogado Jorge Eliécer Molano para que el jefe del Ministerio Público sea suspendido de su cargo por la violación al derecho internacional en la que incurrió al dictar el fallo que destituye a Petro.

Para expertos en derecho internacional, parece evidente que el proceder de Ordóñez en las decisiones contra Petro, la exsenadora Piedad Córdoba y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, así como con la investigación que adelanta contra el representante Iván Cepeda, son violatorias de la Convención Americana de Derechos o Humanos o Pacto de San José, que Colombia acepta en su organización mediante el artículo 93 de la Constitución Nacional.

La abogada Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explica que a Petro se le están conculcando tres derechos establecidos en dicha convención en vista de que no se le garantiza el debido proceso, se restringen sus derechos políticos sin que medie una decisión judicial y no se está ajustando al derecho interno la legislación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si llega a haber méritos en las denuncias en su contra, ¿hay posibilidad de que el procurador sea suspendido por exceder sus funciones?

Hoy parece difícil que contra el procurador prospere cualquier denuncia. Sin embargo, no es un imposible: en junio de 1996, el procurador Orlando Vásquez Velásquez fue suspendido y detenido por tramitar una falsa demanda en contra de Alfonso Valdivieso, el fiscal de ese momento. Fue la primera vez en Colombia y el mundo que un procurador resultaba detenido.

En el caso de Ordóñez, de hallarse méritos en una o varias de las 30 denuncias interpuestas, quien imputaría cargos es el vicefiscal de la Nación, por disposición del Fiscal General. Los cargos serían trasladados al Tribunal Superior de Bogotá y la siguiente instancia sería la Corte Suprema de Justicia. De hallarse méritos de suspensión, la Corte notificaría al procurador su condena o absolución.

Ortegón estima que aunque el procurador tiene funciones de policía judicial, esto no lo legitima para saltarse decisiones ordenadas por un juez o un fiscal, por lo que, entre otras razones, es previsible una sentencia de la CIDH en contra del Estado colombiano.

Lo que nadie sabe es cuánto tiempo puede tardar en dictarse dicha providencia. Y menos, si en la Fiscalía prosperará alguna de las 30 investigaciones abiertas en su contra. Expertos afirman que hay méritos. Y tiempo: en 2017 dejará su cargo.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/las-30 ... tra-136821

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Gustavo Petro, en una de las manifestaciones de apoyo a su gobierno realizadas el mes pasado.

El exconstitucionalista Álvaro Echeverri Uruburu considera que la Procuraduría no ha establecido las causas por las cuales se debe destituir al alcalde mayor de Bogotá.

En una misiva dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el exconstituyente Álvaro Echeverri Uruburu propone una “solución” a un tema que “afecta gravemente la institucionalidad democrática del país”.

Se refiere el reconocido jurista a la polémica destitución e inhabilidad por 15 años dictada por el procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el cambio en el sistema de aseo de la capital.

Echeverri cita, como lo ha hecho antes el burgomaestre de origen cordobés, el Artículo 323 de la Constitución, que dice que el presidente será quien destituirá al alcalde en casos específicos y el Artículo 44 del Estatuto Orgánico de la capital, que señala que la destitución debe ser solo sugerida por el procurador general.

Estos incisos legales, explica el exconstituyente, “tienen su justificación en el querer de darle al Distrito Capital de Bogotá, su propio régimen de organización y funcionamiento, particular y distinto al que rige para el resto de los municipios y distritos del país”.

Agrega que “en tal virtud, las discutibles atribuciones del procurador (...) para sancionar con destitución a gobernadores y alcaldes elegidos por el voto popular, no operan con respecto al alcalde mayor del Distrito Capital, pues esa competencia (...) el constituyente la radicó de manera exclusiva e inequívoca en cabeza del Presidente (...)” y advierte que “al procurador (...) tan solo le cabe la competencia de formular la solicitud de suspensión o destitución del alcalde mayor de Bogotá ante el primer mandatario (...)”.

Considera Echeverri que en este caso, el procurador debe “declarar la nulidad de su proveído por incompetencia, a fin de subsanar la vía de hecho en la cual incurrió con su ilegal decisión” y explica que, si el jefe del Ministerio Público sigue considerando que hay méritos para la destitución “deberá solicitarla al presidente (...)”.

No obstante, profundiza el jurista, tanto para el procurador como para el presidente surge “un obstáculo jurídico insalvable” que “surge de la inexistencia de una ley que previamente hubiera establecido de manera taxativa cuales son las faltas en las que pudiese incurrir el alcalde mayor para hacerse acreedor a las sanciones de suspensión o destitución según el caso” y niega que dicha ley corresponda al Código Disciplinario Único, pues “este tiene su ámbito de aplicación para todos los funcionarios públicos, pero no para el alcalde mayor de Bogotá, pues el Constituyente buscó circunscribir y limitar las sanciones imponibles al Alcalde Mayor a unas precisas y determinadas conductas (...)”.

Concluye entonces que la destitución de Petro “constituiría ostensible violación a uno de los elementos esenciales del principio del Estado de Derecho, cual es el de la legalidad de los delitos y de las penas. Tal vulneración agravaría todavía más la crisis institucional que en distintos órdenes padece el país y que usted como presidente de la República está obligado a superar”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/expert ... ico-137437

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Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.

Abogado defensor afirma que la destitución es grave y desproporcionada.

La defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, interpuso un recurso de reposición frente a la Procuraduría General de Colombia para que se revise el acto administrativo de ese organismo que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó por 15 años.

En la apelación, el abogado Julio César Ortiz, que representa al alcalde, alega que la destitución de Petro y la inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso el procurador general, Alejandro Ordóñez, es una sanción “grave, desproporcionada e irracional”.

“Nada prueba que el alcalde mayor de Bogotá, haya actuado con la intención de dañar, ni la regulación constitucional ni los derechos de las empresas que venían prestando el servicio como concesionarias”, argumenta la defensa en el recurso de reposición presentado.

Antes de anunciar la presentación de la reposición, Petro elevó ante la Procuraduría una recusación contra Ordóñez porque considera que el funcionario no es imparcial para juzgar el recurso presentado por sus abogados. Petro, que en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, alega que el procurador ha mostrado en sus escritos "sus convicciones religiosas y radicales" que se oponen a sus programas en la Alcaldía.

Por esas razones, pidió además que se nombre un procurador ad hoc “que no sea subalterno del procurador y que garantice un juzgamiento imparcial”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/petro- ... ria-137622

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Francisco Santos, exvicepresidente de la República.

Por César Muñoz Vargas

Declaraciones de Otty Patiño lo vinculan en sabotaje del programa ‘Cero basuras’. La Fiscalía escuchará su versión de los hechos el próximo 15 de enero.

Para el próximo 15 de enero quedó fijada la entrevista en la cual el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo escuchará al exvicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, con el fin de saber la versión de este respecto a su presunta participación en un complot de los operadores privados del servicio de aseo en contra del nuevo modelo de recolección de basuras implementado por el alcalde Gustavo Petro Urrego desde el 18 de diciembre del 2012.

Santos Calderón fue nombrado por Otty Patiño durante una entrevista periodística en la que el exmilitante del M-19 aseguró que el propio Santos le confirmó que tanto él como el expresidente Álvaro Uribe Vélez conocían de antemano la decisión que tomaría el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado de destituir a Petro, y que por lo tanto, el movimiento político del Centro Democrático estaba considerando su nombre como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Patiño por su parte fue citado para el próximo 8 de enero.

Además de la defensa de Petro Urrego, el complot para sabotear el programa Basuras Cero había sido revelado por el excontratista sucreño Emilio Tapia, quien, como testigo, tiene un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo del carrusel de la contratación. Tapia confesó haber sido parte del plan de los empresarios para provocar el caos sanitario por el que la Procuraduría destituyó al alcalde Petro y lo inhabilitó 15 años para ejercer cargos públicos.

Congreso elegiría procurador ad hoc. Si el procurador Alejandro Ordóñez se declara impedido y acepta la recusación interpuesta por los abogados del alcalde Petro, el Congreso de la República podría nombrar un procurador ad hoc para que estudie la reposición que fue presentada el pasado 31 de diciembre.

Según el vicepresidente del Senado, Carlos Emiro Barriga, siendo esa cámara la que elige al procurador, también le corresponde en este caso designar un funcionario alterno aunque, aclaró, ese es un trámite que debe efectuarse durante el periodo de sesiones ordinarias, es decir, el tema únicamente sería estudiado a partir del 16 de marzo, cuando se reanude la agenda legislativa.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/fiscal ... tro-137705

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Así como las numerosas manifestaciones en rechazo de la decisión de la Procuraduría, el alcalde Gustavo Petro espera que en las urnas los bogotanos lo “confirmen” en su cargo.

Para que la revocatoria sea efectiva y se convoque a elecciones se necesita que 1.234.214 personas asistan a las urnas y más de 617.107 voten por el ‘sí’.

La Registraduría Nacional convocó para el próximo 2 de marzo el referendo en que los capitalinos decidirán si revocan o no el mandato del actual alcalde Gustavo Petro.

“Queda de manera definitiva señalada como la fecha para la consulta popular con fines de revocatoria el día 2 de marzo”, dijo el registrador distrital, Fridole Ballen, al presentar ante los medios de comunicación la resolución que formaliza la convocatoria.

La Registraduría tenía un plazo de dos meses para convocar esta consulta después de que el pasado 18 de diciembre declarara como válidas 357.250 firmas ciudadanas de las 641.707 recolectadas por iniciativa del representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez (La U).

Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Jaime Hernando Suárez, explicó los requisitos para que se revoque el mandato del alcalde Petro, quien fue elegido con más de 720 mil votos.

En este sentido, para que prospere la revocatoria deben participar, según la Ley 741 de 2002, por lo menos el 55 % de los votos válidos que hubo en las elecciones locales del 30 de octubre de 2011, que fueron 2.244.025 votos. “Por lo tanto deberían votar como mínimo 1.234.214 personas, que sería el umbral”, detalló Suárez.

Además, deberán votar a favor de la revocatoria de mandato de Petro la mitad más uno de los electores.

“Si no se cumplen estos dos requisitos, que voten al menos 1.234.214 personas o que la mitad más uno de estos voten por el ‘si’ (es decir, más de 617 mil bogotanos), no se daría la revocatoria”, explicó el registrador de Bogotá.

La convocatoria del referendo mantiene viva la polémica sobre la gestión del alcalde que llegó a su máximo nivel en los últimos días de 2013, cuando la Procuraduría General ordenó la destitución e inhabilitación del mandatario por 15 años. Sin embargo este proceso democrático podría colapsar si antes el procurador Alejandro Ordóñez deja en firme la sanción.

“Solo que se produzca una decisión definitiva, de carácter disciplinario, antes del 2 de marzo se abortaría el proceso. En caso contrario vamos a consulta y si esta prospera llamaremos a elecciones ”, puntualizó Ballén frente a la prensa.

“Fecha inconveniente”.

Al conocer la fecha estipulada por la Registraduría para que los bogotanos acudan a las urnas y decidan si revocan o no el mandato del alcalde Gustavo Petro, el representante a la Cámara y promotor de la iniciativa, Miguel Gómez, afirmó que la fecha no es “conveniente”.

Según Gómez, el 2 de marzo es un día que genera doble gasto ya que el 9 del mismo mes se harán las elecciones legislativas. La Registraduría indicó que por mandatos legales y por tiempos la jornada de revocatoria no podía coincidir con las elecciones legislativas, pues debe realizarse en los dos meses siguientes a la decisión.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/bogota ... tro-137799

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Gustavo Petro Urrego.

Por César Muñoz Vargas


Revocatoria depende de si el fallo del procurador queda o no ratificado.

De acuerdo con la Ley 134 de 1994 que establece y regula los mecanismos de participación ciudadana, el alcalde Gustavo Petro Urrego puede hacer campaña para no ser revocado en las elecciones atípicas que quedaron fijadas para el domingo 2 de marzo. Así lo establece el registrador delegado para asuntos electorales Alfonso Portela, quien sin embargo considera que la última palabra al respecto la tiene el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Portela indicó que, al igual que Petro Urrego, también los promotores de la revocatoria tienen el derecho de adelantar una campaña publicitaria para hacerla efectiva, siempre y cuando el CNE defina las reglas de juego que deben cumplirse durante los dos meses que faltan para dicha jornada electoral, la cual podría no hacerse si el procurador Alejandro Ordóñez deja en firme su decisión de destituir e inhabilitar al mandatario de los bogotanos.

La ratificación del fallo del procurador depende también del trámite que se adelante frente a la reposición interpuesta el 31 de diciembre pasado por el abogado Julio César Ortiz que representa al burgomaestre y había solicitado el nombramiento de un procurador ad hoc, en vista de que al ser el mismo Ordóñez quien resuelva el recurso, no se le garantiza a Petro el debido proceso.

Además la destitución o no del alcalde, nacido en el municipio cordobés de Ciénaga de Oro, también está pendiente de si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronuncia a favor de otorgarle a Petro Urrego las medidas cautelares que impidan que se le violen sus derechos políticos. Si la CIDH se pronuncia contraria al concepto del procurador la destitución del alcalde mayor de Bogotá debe suspenderse.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/campan ... cne-137974

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Gustavo Petro, alcalde Mayor de Bogotá, destituido por el cambio de modelo de basuras.

Por primera vez se remuneró el trabajo de los recicladores. Se prepara nueva marcha para el viernes 10 de enero con delegaciones regionales.

El alcalde capitalino Gustavo Petro reportó a través de su cuenta de Twitter que con el cambio en el esquema de aseo –por el que fue destituido en diciembre por una polémica decisión del procurador Alejandro Ordóñez–, los ciudadanos se ahorraron en 2013 unos 40.000 millones de pesos.

El burgomaestre izquierdista, de origen cordobés, informó que “durante el 2013 se facturó a los usuarios del aseo 340.956 millones de pesos, de los cuales se recaudó efectivamente 324.720 millones de pesos”, con lo que, explicó, “si comparamos con las cifras del 2012, que tuvo una facturación de 373.000, la primera conclusión a la que llegamos, es que el nuevo paradigma del aseo en Bogotá redujo las tarifas a los usuarios en un 8.6% nominal y en un 11% real”.

Así mismo, afirmó en su balance que “comparado con los ingresos por facturación y recaudo, el nuevo modelo arroja un superávit contable de 16.258 millones de pesos”.

Destacó Petro que por primera vez en la historia de Bogotá se remuneró el trabajo de los recicladores con 4.826 millones de pesos y se les trató como operadores de aseo, como ordena el auto 275 de la Corte Constitucional.

Agregó que se entregaron al relleno sanitario 2'333.080 toneladas de residuos y allí se aprovecharon con fines de reciclaje 60.000 toneladas. “Los recicladores lograron, gracias a la separación en la fuente de los residentes, pesar 54.086 toneladas, con lo cual el modelo de aseo ya utiliza con fines potenciales de reciclaje 114.086 toneladas, el 5% del total de residuos de la ciudad”.

Subrayó el alcalde además la evolución en la cantidad de reciclaje pesada a través de los meses, y reportó que en marzo fueron unas 4 mil toneladas, en agosto unas 8 mil y en diciembre 21 mil.

En cuanto a partidas de gastos y costos del aseo, presentó las siguientes cifras: el pago a operadores privados y públicos en la modalidad de recolección, barrido y limpieza, fue de 260.400 millones de pesos, de los cuales correspondió al operador público de aseo 126.000 millones. El pago al operador del relleno sanitario fue de 42.000 millones de pesos. La interventoría costó 4.296 millones y los costos de comercialización y facturación fueron de 13.176 millones.

“Demostramos que la propuesta de ‘Bogotá Humana”: el programa ‘Basuras Cero’ aprobado por el voto popular y traducido a norma por el Concejo Distrital en el Plan de Desarrollo y por el decreto 564 de mi Alcaldía, ha sido mucho más eficaz, eficiente y social que el viejo modelo del oligopolio privado del aseo”, concluyó Petro.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/bogota ... tro-138078

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La Guardia Indígena se hizo presente en la Plaza de Bolívar cuando estalló la crisis por la destitución de Petro.

Por Tomás Betín del Río

Organizaciones lo consideran una amenaza para la democracia. Financiación de la campaña por revocatoria genera polémica.

Un juicio indígena contra el procurador Alejandro Ordóñez “por encarnar una amenaza para la democracia y la paz de Colombia” se prepara entre varias organizaciones aborígenes y sociales, dijo ayer a EL HERALDO la representante capitalina por el Partido Verde, Ángela Robledo.

“La idea es darle continuidad a una audiencia pública que convocamos el año pasado, a la que llamamos la audiencia de la silla vacía, ya que el procurador no asistió, y unirla con esta tarea de 2014, de salir a defender la democracia y la paz, y preparar para la primera semana de febrero, con una participación muy amplia de los pueblos indígenas, pero también de comunidades afro, de mujeres, de la comunidad LGBTI, un juicio al procurador”, explicó.

El procurador, aseguran las comunidades autóctonas del país, será juzgado por “las muchas quejas de los pueblos indígenas, las minorías y de los movimientos LGBTI sobre los desacatos de Ordóñez a la Constitución, por uno de los cuales resultó afectado el alcalde (Gustavo) Petro”.

Por ahora, la parlamentaria, quien además anunció que la consulta de los pueblos indígenas para el juicio ya se inició, prepara “la marcha a favor de Petro para este 10 de enero, para que no solo sea en Bogotá sino en distintas ciudades, y ojalá podamos hacer esta marcha en el marco del ritual de la justicia indígena”.

Finalmente, frente al anuncio que hiciera en diciembre desde el balcón del Palacio de Liévano el líder de la Guardia Indígena, Lucho Acosta, de la necesidad de “juetiar” al procurador Ordóñez, Robledo precisó que quizá la autoridad indígena se refería “a decirlo, a hablarlo, porque lo importante es la sanción cultural de este ritual”.

En diciembre pasado unos 300 miembros de la Guardia Indígena, provenientes en su mayoría del suroccidente del país, custodiaron simbólicamente la Alcaldía de Bogotá frente a la polémica decisión del procurador de destituir e inhabilitar por 15 años al burgomaestre de origen cordobés.

La campaña por el ‘No’. Entre tanto, el registrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, dijo que en un concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral, CNE, el 10 de septiembre de 2013, consta que no existe en la legislación un medio que restrinja la publicidad por el Sí, el No o la abstención en las elecciones de revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro, programadas para el próximo 2 de marzo.

Portela advirtió que el político izquierdista podrá defender su opción desde el 3 de enero hasta el sábado anterior a la votación.

“Los promotores de cada una de las opciones tienen derecho a acceder a cualquiera de los medios de comunicación que consideren necesarios con el fin de conseguir apoyo a través de su voto, indicó.

Financiación de la marcha

La movilización del próximo viernes que, según sus organizadores, espera albergar a aproximadamente 150 mil personas de todo el país, ha generado dudas por el origen de los recursos que la financiarán. Los promotores aseguran que la totalidad de la logística, que incluye el transporte de las personas en buses hasta Bogotá, se está haciendo mediante colectas. Sin embargo opositores al alcalde Gustavo Petro aseguran que la financiación se podría estar dando con dineros públicos. La concejal liberal María Victoria Vargas aseguró que si bien el alcalde y sus seguidores tienen derecho a organizar la marcha, sería muy grave que la financiación viniera de dineros públicos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/prepar ... nez-138226

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Otty Patiño ratifica que Pacho Santos sabía del fallo un mes antes.

La secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Elizabeth Abi Mershed, en una comunicación dirigida a la Cancillería, fechada el 7 de enero, pide que se le entregue información sobre la situación actual del proceso disciplinario contra el alcalde Gustavo Petro.

En la misiva se lee que “de conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a Su Excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaria en un plazo de 3 días, contados a partir de la fecha de transmisión de la comunicación, las observaciones que considere pertinentes”.

Las observaciones deberán ser “en particular, sobre 1) la situación actual de los procesos señalados por los solicitantes; ii) los recursos judiciales disponibles al respecto; y iii) su posición sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas”.

El alcalde, de origen cordobés, solicitó las medidas ante el Sistema Interamericano para tratar de suspender el fallo que dictó el 9 de diciembre el procurador Alejandro Ordóñez, en el que destituye e inhabilita por 15 años al mandatario distrital por el cambio en el esquema de aseo de la ciudad.

Se conoció, entre tanto, que la Procuraduría prepara la información que pidió la CIDH sin que esta diligencia intervenga en el proceso de recusación y reposición que interpuso el alcalde, cuya decisión se conocería la próxima semana, cuando Ordóñez vuelva a su cargo.

Entrevista en la Fiscalía. El director del Observatorio de Cultura de Bogotá, Otty Patiño, rindió entrevista ayer en la Fiscalía por las supuestas irregularidades que se habrían presentado en el fallo de la Procuraduría en relación con posibles intereses políticos detrás de las decisión.

“Francisco Santos me dijo que ya conocía de antemano el fallo que iba a haber contra el alcalde Gustavo. Es una información privilegiada que Pacho Santos conocía y él tenía desde luego el interés de sustituir a Petro en la Alcaldía”, dijo Patiño.

Precisó el exmilitante del M-19 que la charla con el exvicepresidente la tuvo “el 14 de noviembre, cuando hubo una cita con un amigo mío que se llama Rodrigo Rojas, y Pacho Santos quería pedir el favor de que le consiguiera el aval de la ASI (Alianza Social Indígena) porque no quería que fuese el partido de (Álvaro) Uribe (Centro Democrático) el que le diera el aval, aunque Pacho me decía que Uribe estaba plenamente apoyándolo, pero con las dificultades que había tenido con la designación como candidato presidencial de ese partido, los tropeles que hubo allá adentro, no quería que le dieran el aval”.

Concluyó Patiño que “Pacho me contó que cuatro o cinco personas sabían de esa información, una información secreta con un interés político” y, a la salida de la entrevista, advirtió que ahora solo espera “que Pacho Santos diga la verdad”.

3.500 policías para marcha

La marcha en respaldo a Petro, que se cumplirá este viernes 10 de enero, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, será custodiada por 3.500 policías, reportó el subcomandante de la Policía Metropolitana, Camilo Cabana.

Las autoridades capitalinas, así mismo, trazan planes de movilidad por las 150 mil personas que se esperan, entre las que se encontrarían delegaciones de Barranquilla, Sincelejo, Pereira y Villavicencio, entre otras regiones.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/cidh-p ... tro-138389

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La Plaza de Bolívar nuevamente se colmó de manifestantes.

Dice que Ordóñez va ratificar su decisión de destituirlo del cargo. En Barranquilla y Cartagena también manifestaron su apoyo.

Ante varias decenas de miles de ciudadanos que atiborraban la Plaza de Bolívar, por cuarta vez desde la destitución, el alcalde de la capital, Gustavo Petro -quien dijo estar seguro de que el procurador Ordóñez confirmaría la sanción-, le pidió al presidente Juan Manuel Santos “que cuando le llegue a su escritorio la destitución, proveniente de un concierto para delinquir, la analice y espere la decisión de la CIDH”.

El burgomaestre de origen cordobés inició su discurso agradeciendo la presencia de los ciudadanos y pidiendo un minuto de silencio por el asesinato de Gersson Martínez, promotor de la marcha, activista y artista musical, quien al parecer fue víctima de un crimen político: “creían que asustándonos no íbamos a ser capaces de llenar la plaza”, advirtió.

Alertó el alcalde en su intervención que “el procurador, además, no hace caso a sentencias de jueces, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, porque los operadores privados de aseo no cumplieron con la ley de reversión en los contratos de concesión de los camiones recolectores (en los días del denominado “caos de las basuras”, desde el 18 de diciembre de 2012). Y a través de esos contratos se ha entregado el petróleo, el oro, el carbón, el agua potable, el aseo, casi toda la riqueza del país. Si no frenamos esto, los empresarios no solo se quedarán con unos camiones compactadores sino con el patrimonio de todos”.

Vaticinó Petro la ratificación de su destitución por parte del jefe del Ministerio Público: “el lunes o martes, o un día después, el procurador firmará desde su oscuro escritorio lo que él cree es la ley de Dios, pero es la ley de las mafias, porque los denunciantes en la Procuraduría son una asociación para delinquir, son amigos de los operadores privados de aseo y del carrusel de la contratación, que yo denuncié. Los corruptos, desde las cárceles, brindarán”.

Entonces, el mandatario distrital pidió al jefe de Estado analizar con tranquilidad lo que hará: “el documento de destitución del procurador pasará a la Casa de Nariño, y al presidente le tocará decidir, y quisiera que él se diera cuenta de que ese fallo es el producto de una asociación para delinquir, y es mi deber decirle al presidente que espere la decisión de la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estudia dictar medidas cautelares sobre la decisión del procurador) CIDH. Miles de firmas le han llegado a la CIDH, más de 30 mil, y el presidente debe impedir que se viole el voto popular, que se viole la democracia”.

Concluyó el alcalde con la convocatoria a una nueva marcha, “el día que el procurador decida, vamos a salir a las calles, a llenarlas como nunca”.


En Barranquilla, la marcha se concentró en la Plaza de la Paz.

En Barranquilla. Cientos de barranquilleros se dieron cita ayer en la Plaza de la Paz, en apoyo a Petro.

Con música folclórica, bailes y discursos políticos los asistentes al evento mostraron su inconformidad, por lo que algunos llamaron “una persecución política, un ataque contra la izquierda colombiana y un atentado al proceso de paz en La Habana”.

En la tarima que se montó en un extremo de la plaza, tomaron la palabra académicos y representantes de gremios, como el de los chanceros del Atlántico.

Plantón en Cartagena. Partidarios del alcalde Bogotá, realizaron ayer un plantón en su favor, en el parque Bolívar, del centro amurallado.

Representantes de la Unión Patriótica, el Partido Verde, dirigente sindicales y cívicos, exalcaldes y antiguos integrantes del M-19, entre otros, participaron en la manifestación en la que se gritaron consignas por la continuación de Petro en su cargo de Alcalde de la capital del país.

“Petro se queda, abajo el Procurador”, vociferaron los participantes del plantón.

Los seguidores, a través de una pantalla gigante, escucharon el discurso que dio el Alcalde Bogotá en la manifestación realizada en la capital, donde presidió un nutrido mitin de apoyo.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/petro- ... aun-138654

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Por Tatiana Dangond

La Guerra Fría ha sido declarada en cabeza del procurador general y del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Colombia se somete nuevamente a la tradicional polarización entre la extrema derecha y la izquierda, con discursos heroicos en las plazas y algunas alusiones al odio en redes sociales. Un día nos despertamos con la noticia que el procurador ha ratificado la destitución de Petro, y al día siguiente la justicia da la estocada y suspende el fallo que inhabilita por 15 años al mandatario. Lo más peligroso en todo esto no es la guerra verbal y las acusaciones que se hacen unos a otros como niños malcriados, sino la utilización de nuestras máximas instituciones administrativas como armas letales contra el enemigo político. Cuando el procurador ratificó la decisión de destituir e inhabilitar a Petro, parecía más un acto de orgullo ante la opinión pública, que repudió su actuación, y ante la izquierda, que una decisión que debería representar la ecuanimidad del Ministerio Público.

Pero en esta guerra Petro se está llevando el papel de héroe protagonista, y el procurador, el del típico villano con exceso de poder. Las palabras de Petro cuando le fue notificada la suspensión provisional de su sanción parecían las de un demócrata que se encontraba desahuciado en una dictadura militar del cono sur, inspiraban aires de justicia y de democracia, a pesar que sus acciones sí ameritaban una sanción, el héroe de esta contienda ha ganado una de las tantas batallas que ahora le vienen.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solo es una suspensión provisional, por lo que habrá que esperar el fallo de fondo para saber si Petro seguirá como alcalde o tendrá que seguir en la lucha jurídica por la protección de sus derechos políticos. Habiéndose agotado la acción de tutela, Petro todavía tiene que agotar la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho si quiere salir airoso del informe de la CIDH, pues argumentar que por ser de izquierda y estar bajo una supuesta persecución política para decir que en Colombia no hay recursos jurídicos que lo protejan, es dar un debate jurídico duro y difícil de probar.

Esta guerra todavía dará mucho de qué hablar, pero una polarización política como la que estamos viviendo por la disputa entre Ordóñez y Petro es lo menos saludable que le puede pasar a una democracia que está en vísperas de sus elecciones más importantes. Como atinadamente escribió un tuitero hace poco “nuestra izquierda da lástima y nuestra derecha da miedo”. Este episodio de nuestra política nacional me recuerda a los años donde el uribismo gobernaba, cuando quienes no estaban con él eran tildados de “izquierdosos” y donde el discurso de odio se pregonaba abiertamente por las entidades de la Nación.

Por ahora el procurador se quedó, como dice mi mamá, con los crespos hechos, y Petro, con una actitud triunfante, alentadora para sus seguidores y sumando adeptos como nunca antes en su vida política.

Postdata: Drummond está mostrando sus cartas-chantaje y cree que el Gobierno va a terminar cediendo por las regalías y por los desempleados que dejaría una fuerte sanción. Frente a los empleados, sus derechos se protegen exista sanción o no, y frente a las regalías, seguramente habrá una multinacional que a diferencia de Drummond respete el medio ambiente.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... ria-139115

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Los petristas celebraron ayer la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que beneficia al mandatario.

Por Tomás Betín del Río

La medida es provisional, mientras en 10 días se da una decisión de fondo sobre la tutela interpuesta por un abogado del alcalde. Defensa de Petro dice que CIDH se pronunciaría hoy.

Un día después de la confirmación de la sanción al alcalde Gustavo Petro, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al admitir una de las 350 tutelas presentadas, suspendió los efectos jurídicos del fallo disciplinario del 9 de diciembre y la confirmación del 13 de enero y le ordenó al presidente Santos que se abstuviera de darle cumplimiento a la destitución e inhabilidad.

El fallo de la Sección Segunda, con ponencia del magistrado José María Armenta, admite la tutela de José Gotardo Pérez, “agente oficioso de Petro”, que solicita que “se protejan los derechos fundamentales constitucionales de elegir y ser elegido”, que “se anule la decisión de fecha 9 de diciembre de 2013”, en la que el procurador Alejandro Ordóñez, en primera instancia, destituye e inhabilita al alcalde por 15 años y pide que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos de esa sanción.

El tribunal, entonces, entra a considerar que “de no proceder la tutela y medida provisional impetrada (...), se mantendría incólume la afectación y vulneración de los derechos acusados”.

En el documento, que aclara que la decisión de fondo de la tutela debe darse en 10 días, se anota que “no puede tener el Ministerio Público competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos popularmente” y advierte que “solo ese delegante (pueblo) puede desinvestirlos empleando el mismo procedimiento (...), elecciones populares (referendo revocatorio)”.

De no darse un referendo, precisa la corte “solo operará en cumplimiento de una decisión penal condenatoria”, según la Convención Interamericana de Derechos, “o sentencia proferida por el juez contencioso administrativo”, según la Constitución.

Explica al respecto el magistrado que siendo prevalentes los tratados internacionales suscritos, como la Convención Interamericana, “la decisión del procurador de destituir e inhabilitar a un servidor público elegido por voto popular, es abiertamente contrario a la Convención, en la medida en que aniquila los derechos políticos de las personas, sin fórmula de juicio y sin competencia”.

En otro aparte, justifica la Sección Segunda que “el alcalde, en cumplimiento de su plan de gobierno, tendrá que adoptar decisiones administrativas, acertadas o no, pero ello, per se, no implicará la comisión de presuntas conductas penales o disciplinarias”, refiriéndose a la implementación del nuevo esquema de aseo de la administración de Petro, que fue la razón de la sanción disciplinaria.

Es un triunfo democrático: Petro. El burgomaestre de origen cordobés, al enterarse de la suspensión de la destitución, manifestó ante periodistas que “es una noticia que muestra que si la justicia y la multitud van de la mano, se puede detener la tiranía y la arbitrariedad; se puede construir realmente una Colombia democrática y pacífica, que son los objetivos que nos hemos propuesto”.

Sobre el apoyo popular que recibió desde que se conoció el fallo del Ministerio Público, dijo que “esta es una página escrita por una ciudadanía que activamente se ha tomado la Plaza de Bolívar, que es la protagonista real de uno de los mejores triunfos democráticos de la historia contemporánea de América Latina”.

Finalmente, escribió en Twitter que “es importante que registrador aclare que consulta popular para el 2 de marzo se mantiene. Vamos a las urnas por el No a la revocatoria”.

Por su parte, Rafael Barrios, abogado del mandatario distrital, advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estaría dictando hoy las medidas cautelares solicitadas por Petro en diciembre pasado durante su visita a Washington.

Esposa trabaja en el Acueducto. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente de la suspensión del fallo disciplinario contra Petro, José María Armenta, admitió que su esposa, Cecilia Calderón, trabaja en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital.

En diálogo con la emisora capitalina Caracol Radio, Armenta advirtió que “eso no es ningún delito”, y añadió que la vinculación de su esposa como jefa de activos fijos del Acueducto “no tiene ninguna relación con la alcaldía de Gustavo Petro”.

De otro lado, según el diario ‘El Tiempo’, el ciudadano que interpuso la tutela, José Gotardo Pérez, un coronel retirado de la Policía, ha sido asesor de seguridad de la Alcaldía y desde 2011 hasta 2013 ha suscrito cuatro contratos por 180 millones de pesos.

Sobre este caso, la secretaria de Gobierno, Susana Muhamad, aseguró que no tiene conocimiento al respecto, pero señaló: “creo que los jueces actúan con total independencia, y más los del Tribunal de Cundinamarca, y no creemos que pueda haber una influencia indebida”.

Acatan decisión. La Procuraduría General de la Nación, a través de un boletín, informa que fue “comunicada” de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspende la sanción contra el alcalde Petro.

Advierte el Ministerio Público, no obstante, que “sin perjuicio de que el magistrado Armenta Fuentes no conoció el contenido de los fallos disciplinarios que suspendió provisionalmente en su auto, la Procuraduría General de la Nación se permite informar a la opinión pública que este órgano de control es respetuoso de la institucionalidad y, por tanto, de las decisiones de los jueces de la República”.

Concluye el comunicado que presentará ante el tribunal “los argumentos que dan claridad a los aspectos objeto de la medida provisional así como de la acción de tutela que deberá resolver el fondo del asunto”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/destit ... nal-139084

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Los petristas se congregaron en la Plaza de Bolívar para rechazar la decisión del procurador de destituir a Gustavo Petro.

Por César Muñoz Vargas

El procurador Alejandro Ordóñez le pidió al presidente no dilatar el proceso. Defensa espera que la CIDH solicite medidas cautelares rápidamente.

En una decisión simultánea, y luego de regresar de vacaciones, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado negó la recusación y el recurso de reposición que habían interpuesto ante su despacho los abogados del alcalde Gustavo Petro Urrego, y ratificó la decisión que había tomado el pasado 9 de enero cuando lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

Ahora, la capital cae en una suerte de limbo administrativo mientras se conoce si el presidente Juan Manuel Santos firma o no el decreto de destitución, o si se conoce antes un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que Petro solicitó con el fin de que no le sean vulnerados sus derechos políticos.

En sus argumentos para ratificar el fallo y negar la recusación, Ordóñez Maldonado negó intereses políticos o ideológicos y sostuvo que, al cambiar el esquema de recolección de basuras en diciembre del año 2012, el alcalde incurrió en las faltas gravísimas de violar los principios de libre empresa y de protección al medio ambiente.

Es necesario recordar que el burgomaestre tomó la decisión de desprivatizar el servicio de aseo atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba, entre otros asuntos, vincular a los recicladores. Petro denunció también los sobrecostos que durante varios años los bogotanos pagaron a los operadores privados encabezados por los empresarios William Vélez y Alberto Ríos.

Varios expertos consultados por EL HERALDO explicaron los recursos jurídicos con los que ahora cuenta Petro para mantenerse en el cargo y ejercer su derecho a la defensa. Luis Fontalvo, que hasta hace poco hizo parte del equipo de abogados de Petro, explicó que además del trámite que cursa en la CIDH, en este momento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay una acción de tutela mediante la que se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales del alcalde Petro.

Dicho recurso _agrega Fontalvo_ sólo puede ser fallado ahora que se conoce la ratificación del fallo proferido por Ordóñez, el cual no sólo viola los derechos del mandatario sino los de la ciudadanía que lo eligió. Para Fontalvo, lo más prudente que puede hacer el presidente Santos es esperar que el pueblo decida si revoca o no el mandato de Petro acudiendo el próximo 2 de marzo a las urnas, que es un escenario natural de la democracia.

Considera el experto que de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Nacional, la soberanía reside en el pueblo y que por tanto el del procurador es un poder derivado del pueblo, es decir, a este no se le puede imponer una decisión proferida por un poder derivado más, en este caso, que no hay una sentencia proferida por un juez que condene al alcalde por la comisión de un delito.

Por su parte el abogado Rafael Barrios, representante de los intereses de Petro ante la CIDH, aseguró que una vez conocida la ratificación de la Procuraduría, dicha comisión podría pronunciarse en breve tiempo si otorga o no medidas cautelares para que no se violen sus derechos políticos.

Barrios recordó que el caso Petro lo conoce la CIDH desde el 27 de octubre del año pasado, de tal manera que dicha instancia tiene suficientes insumos para tomar una decisión a favor de las medidas cautelares, más cuando hay antecedentes de funcionarios públicos de México y Venezuela que fueron cobijados con tal derecho.

De otro lado, el abogado y representante a la Cámara Germán Navas Talero reafirmó que Colombia acogió en su Carta Magna el Pacto de San José, por lo tanto, son vinculantes las decisiones que adopte la CIDH. Aclara, tal como hace el exmagistrado José Gregorio Hernández, que a l presidente Santos lo asiste una figura llamada excepción de inconstitucionalidad en la que se puede soportar si considera que el fallo de Ordóñez Maldonado viola la Constitución.

Santos tiene un plazo de diez días para firmar el decreto de destitución, si eso llegase a pasar tendría que escoger de una terna un alcalde interino, mientras en los siguientes dos meses convoca a unas elecciones atípicas.

Y de nuevo en la plaza de Bolívar, el alcalde Petro convocó una multitudinaria, pacífica y voluntaria marcha en la que miles de personas le escucharon decir, entre otras cosas que “si de aquí al miércoles la justicia actúa, nos reuniremos de nuevo y en grande a festejar el triunfo popular”.

Convocan movilización

Luego de que la Procuraduría anunciara la confirmación del fallo de destitución e inhabilitación por quince años contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sus simpatizantes se dieron cita en la Plaza de Bolívar para rechazar la decisión del Ministerio Público. Durante la manifestación, el mandatario de los bogotanos le pidió al presidente Juan Manuel Santos que no se desespere en firmar el decreto para darle cumplimiento a la orden de la Procuraduría General. Mientras los petristas gritaban “Petro amigo, el pueblo está contigo”

Urgen medidas a la CIDH

El abogado Rafael Barrios, que representa al alcalde Gustavo Petro ante la CIDH, urgió a ese organismo a que tome las medidas cautelares pedidas porque si lo hace después de que Santos firme la destitución de Petro no servirán de nada.

“Si las medidas de la CIDH llegan después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero tardaría unos cuatro años que le devolvieran los derechos políticos a Petro”, manifestó el letrado.

Referendo no va

El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, anunció que tan pronto se conozca la posible destitución oficial del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se suspenderá el referendo que cuestionará la revocatoria de su mandato, convocado para el próximo 2 de marzo. (Leer Registraduría suspenderá referendo si Petro es destituido oficialmente).

El registrador dejó entrever que espera el pronunciamiento del presidente, Juan Manuel Santos, quien será quien firme o no la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde Petro.

Sánchez dijo además que los recursos que estaban destinados para el referendo, calculados en 30.000 millones de pesos, también serían suspendidos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/contin ... tos-138953

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El alcalde Gustavo Petro, en el discurso pronunciado el pasado 13 de enero en la Plaza de Bolívar. Sus seguidores buscan revocar con tutelas la decisión del procurador.

Consejo Superior de la Judicatura dice que “respeta autonomía” del magistrado Armenta, quien admitió ayer una segunda tutela.

El próximo lunes se reunirán los 24 magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para estudiar las 36 tutelas que fueron interpuestas ante esa corte a favor del alcalde Gustavo Petro y en contra del fallo del procurador Alejandro Ordóñez.

Los togados estudiarán casi todas las acciones constitucionales, debido a que, según se ha conocido, algunas no pueden ser resueltas de manera unificada porque no fueron instauradas en las mismas condiciones ni el mismo día.

En la sala plena citada se estudiará, además, la solicitud presentada por la Procuraduría General, que propone que las acciones de tutela sean analizadas como si fueran una sola.

Según el diario El Espectador, en una de las tutelas admitidas se pide la práctica del testimonio del contratista sahagunense Emilio Tapia, implicado y testigo del ‘carrusel’ de contratos, quien habló de un complot de los operadores privados de aseo contra la implementación del nuevo esquema de aseo de Petro.

Mientras tanto, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, dijo que la medida cautelar que dictó el magistrado del Tribunal Administrativo, el guajiro José María Armenta, para detener provisionalmente la destitución del burgomaestre, “hace parte de la autonomía judicial” y, por lo tanto, no se abrió investigación contra el togado.

Ruiz, en rueda de prensa en la mañana de ayer, añadió que solo se entraría a revisar si abre una indagación contra Armenta “cuando se presente una queja formal”.

Más tarde, los medios de comunicación capitalinos informaron que otra magistrada de ese Tribunal, Carmen Rengifo, también tiene un familiar trabajando en el Acueducto de Bogotá. Se trata de su hermana, María Rengifo, quien se desempeña como secretaria desde junio de 2012.

Frente al tema, se conoció que el director de la polémica Fundación Marido y Mujer, Javier Suárez, interpuso una queja en la alta corte contra los magistrados Armenta y Rengifo por considerar que “deberían declararse impedidos para fallar las tutelas que se han interpuesto a favor de Petro”.

El exnovicio de la Compañía de Jesús, quien se ha venido oponiendo juzgado por juzgado a los matrimonios gais junto a la Procuraduría, añadió que en la actuación de los togados “hay conflictos de interés y además se está coaccionando al presidente Juan Manuel Santos al no dejarlo suscribir la destitución”.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Petro se refirió a la polémica: “la esposa del magistrado Armenta, a quien no conozco, entró a trabajar al Distrito en el año 2007. ¿Por qué la estigmatizan?”.

Y acerca de José Gotardo Pérez, quien interpuso la primera tutela admitida y trabaja con la Administración, señaló: “la Constitución permite que cualquier ciudadano pueda usar la tutela sin discriminación. ¿Por qué estigmatizan?”.

De otro lado, ayer el mismo Tribunal, a través de Armenta, admitió una segunda acción de tutela en contra de la sanción disciplinaria al alcalde de origen orense. Se trata de una acción interpuesta el pasado 19 de diciembre por Isaac Ferreira, que pide, entre otros asuntos, que el procurador acate la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su inciso sobre derechos políticos y que se deje sin efecto la destitución e inhabilidad por 15 años contra Petro.

Entre tanto, el exvicepresidente Francisco Santos rindió ayer entrevista en la Fiscalía General por las denuncias que hiciera el director del Observatorio de las Culturas de Bogotá, Otty Patiño, acerca de que él sabía del fallo disciplinario un mes antes y que se habría fraguado un plan para que él fuera el candidato a suceder a Petro en el Palacio de Liévano.

“No caigo en el juego de las especulaciones y no caigo en el juego del M-19 de querer montar un complot donde no lo hay, para deslegitimar las decisiones judiciales”, dijo Santos a periodistas en el búnker.

Negó además el exvicepresidente que hubiera tenido conocimiento con anterioridad del fallo del Ministerio Público y adelantó que le entregaría al ente de control los detalles de la reunión del 20 de noviembre pasado, en la que participó Patiño y se comentó de la sanción, “pero yo conocía exactamente lo que los periodistas conocían y era que se iba a dar una decisión pronto”.

De otra parte, el abogado del alcalde, Carlos Rodríguez, le dijo a la agencia Efe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es la instancia que más garantías ofrece al burgomaestre para mantener sus derechos políticos, seguir en el cargo y hasta ser candidato presidencial en 2018.

Sobre si se han agotado todas las instancias nacionales antes de acudir a la CIDH, Rodríguez Mejía dejó claro que en Colombia Petro tiene en su contra una sentencia de 2006 de la Corte Constitucional que dio el visto bueno a la potestad del procurador de destituir e inhabilitar a cargos electos.

También aclaró que si la CIDH responde positivamente “en los próximos días”, será el presidente Santos el que debe ejecutar, ya que se trata de una decisión vinculante, es decir, de obligado cumplimiento.

Respetará los fallos

El presidente Juan Manuel Santos reaccionó a la inesperada tutela que suspendió provisionalmente la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al reiterar que su única opción es “respetar los fallos judiciales” y “defender la institucionalidad”. “Yo he mantenido una posición muy institucional, ese es un caso donde el presidente de la República tiene que ceñirse a la Constitución, a las leyes, a las instituciones”, dijo el mandatario. Santos rompió así su silencio sobre el entramado jurídico de la destitución e inhabilitación por quince años del alcalde bogotano.

Fuente: http://nuevositio.elheraldo.co/nacional ... tro-139226

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Los seguidores del alcalde Petro han respondido a los plantones en la Plaza de Bolívar.

Por Tomás Betín del Río

Al contrastar los argumentos tanto del procurador como del alcalde de Bogotá sobre el esquema de aseo en la capital la pregunta inevitable es ¿hubo improvisación o complot?

Se sabe que son opuestas las miradas del procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde Gustavo Petro sobre la implementación del nuevo esquema de aseo en la capital.

Mientras para el jefe del ente de control el cambio mereció la destitución del burgomaestre por improvisar, no hacer caso a advertencias y atentar contra la libre empresa, para el mandatario cordobés el modelo le ha ahorrado plata a los ciudadanos, ha incluido a los recicladores y le ha arrebatado a los operadores privados un negocio al parecer irregular.

En su fallo del 9 de diciembre de 2013, en el que Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años, el Ministerio Público halló “probados” cinco asuntos. El primero, que el burgomaestre “ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia”; ocasionando una “grave emergencia los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”, la “improvisación en la adquisición de compactadores con detrimentos al patrimonio” y que “volvió a contratar a los privados”.

Ante el tema de la experiencia, Petro ha advertido que “el Acueducto tiene un siglo de existencia, calificación triple A por las internacionales de riesgo, utilidades de $230 mil millones, (…) ha hecho comercialización y facturación del servicio casa por casa y tiene la filial, Aguas de Bogotá, que manejó el relleno Doña Juana. Es decir, tiene todas las condiciones financieras y tecnológicas para asumir el aseo”. (Ver infografía)

Incluso, ha señalado que “los operadores privados tampoco tenían experiencia cuando contratamos con ellos” y ha asegurado que “en Bogotá hay más de mil puntos a los que los operadores no habían llegado, y el Distrito llega al 100%”.

Sobre la adquisición de camiones, con presuntos daños al patrimonio, la Contraloría Distrital estaría de acuerdo, pues entre septiembre y octubre pasado abrió dos procesos de vigilancia fiscal al considerar que la administración ocasionaría un “detrimento de $29.223 millones por contratar 4.000 personas, y de $33.343 millones por adquirir 218 vehículos de aseo”.

En respuesta, el burgomaestre afirmó que “es totalmente permitida la importación de maquinaria usada, siempre y cuando se devuelva en la medida en que entre la flota nueva. (…) Esto lo han realizado, incluso, la mayoría de las petroleras colombianas”.

¿Complot? No obstante, según las denuncias de Petro, lo que pareciera haber obligado a la adquisición de los camiones y el personal, que a la postre dictaminaría el supuesto detrimento, es el aparente complot de los operadores privados que perdieron el manejo del negocio con el operador público.

En este sentido, según el empresario sahagunense Emilio Tapia, a quien el propio Petro, siendo congresista, denunció como uno de los cerebros del ‘carrusel’ de la contratación, le dijo a El Espectador que el alcalde había sido víctima de un complot de los operadores, quienes sentenciaron: “el alcalde no aguanta tres días de basura”.

Los dueños de las empresas privadas de aseo son: William Vélez, de Atesa, quien según el portal Las 2 Orillas recibía unos $4 mil millones mensuales en Bogotá. Maneja las basuras en Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha y una decena de ciudades más. Ha ganado cuentos de miles de millones de pesos en concesiones viales. Montó el 70% de la red eléctrica del país. Y ha sido salpicado por presuntos nexos con paramilitares.

También figura Alberto Ríos, de Aseo Capital, quien recibía más de $5 mil millones, pero vendió la empresa a los Patiño Ocampo antes de la era Petro. Lime, de argentinos, quienes recibían $6 mil millones. Y Ciudad Limpia, de los Herrera Barona y Losada Salcedo, con $4.500 millones.

Denuncias de Petro. Desde antes, el alcalde ya había denunciado las posibles irregularidades: “Los operadores privados dejaron de recoger 7.800 toneladas de basuras cinco días antes de la crisis”, y según la Uaesp, entre el 13 y el 17 de diciembre de 2011 llegaron a Doña Juana 36.946 toneladas, mientras que en 2012, solo llegaron 29.053 toneladas.

Al respecto, Javier Velasco, Fernando Pineda, Cristian Muñoz y Víctor Caro, exconductores de vehículos recolectores en Lime y Aseo Capital, afirmaron que habían recibido órdenes para fomentar el caos. “Ya para el 18 llevábamos dos días sin recoger”, dijo Pineda, mientras que Muñoz aseveró: “un día antes, un supervisor me dijo que no hiciera la ruta completa”.

A esto se suma que los operadores privados, en palabras del mandatario, “nunca le entregaron a la Alcaldía los camiones que habían obtenido con los dineros públicos durante los últimos 20 años de concesiones. (…) Esos camiones pertenecen a la ciudad porque los usuarios los cancelaron”. Y en palabras del abogado del alcalde, Julio César Ortiz, “la propia Procuraduría sabía de los traumatismos que se iban a presentar porque los operadores privados no devolverían al Distrito los equipos”.

De hecho, la propia contralora Sandra Morelli respondió esta semana a EL HERALDO sobre las investigaciones que se le siguen a los operadores privados:
“encontramos que no operó la reversión de los camiones y se hizo una prórroga y dos adiciones al contrato, y llevan más del doble del tiempo sin renovar el parque automotor y sin inversiones adicionales”.

Entre tanto, reclama también en su fallo la Procuraduría que la Alcaldía volvió a contratar a los operadores privados luego de haberse desatado el caos.

No obstante, el burgomaestre había dicho antes del 18 de diciembre que no se oponía a que los operadores privados hicieran parte de la prestación del servicio. Pero aclaró que “yo juré cumplir la Constitución, y esta establece que los servicios públicos pueden ser prestados, en primer lugar, por el Estado; segundo, por comunidades organizadas, y tercero, por particulares”.

Nueva contratación. La contratación de nuevo de Lime y Aseo Capital se dio el 19 de diciembre, un día después de iniciada la crisis. El alcalde explicó entonces que los contratos no eran de concesión sino de operación y que tenían como condición la disminución de los ingresos para poder pagarles a los recicladores. El servicio se repartió por zonas y, de todas maneras, el operador distrital quedó con el control del 52% de la ciudad.

Libres empresas. El segundo tema que señala Ordóñez es que el Decreto 564 de 2012, sobre el nuevo modelo de aseo, “vulneró los principios constitucionales de libre empresa, pues impuso restricciones (…) para que otras empresas no prestaran el servicio”.

Pero el alcalde opina que “el hecho de saltar de cuatro operadores privados a miles de recicladores, que empezaron a ser remunerados y reconocidos como operadores de aseo, significa una democratización del servicio”.

Además, Petro denunció los presuntos sobrecostos de los operadores: “se dejaron de transferir recursos de los bolsillos de los usuarios a estos empresarios por una cuantía que en 10 años alcanzó los $500 mil millones de exceso. Es decir, cada empresario se echaba al bolsillo $10 mil millones anuales de más”.

Estas afirmaciones parecieran corroborarlas las pesquisas de la Contraloría, pues Morelli le dijo a este diario que “encontramos dos aspectos que afectan a todos los operadores y que tienen que ver con el no respeto de los términos contractuales, porque a pesar de que se había previsto una reducción en la tarifa, se siguió pagando lo mismo. Y nos dimos cuenta de que el usuario estaba pagando de más, porque son contratos que incluyen en la tarifa la limpieza de las zonas públicas y parques, y eso lo estábamos pagando aparte. Con esa plata se creó una bolsa especial que se alimentaba con 200 o 300 mil millones de pesos, y con esa bolsa se hacía de todo menos bolsas de basura, y ese es un recurso público que se debe restituir al usuario eventualmente, en caso de que se pueda probar en el proceso”.

Las advertencias. El tercer hecho que halla el Ministerio Público es que el mandatario había sido advertido de que sus decisiones “eran irregulares” por parte de la Superintendencia de Servicios, CRA, Contraloría, Ministerio de Ambiente y la misma Procuraduría.

Por ejemplo, el superintendente de Servicios, César González, dijo antes del 18 de diciembre al portal La Silla Vacía que el Decreto 564 de 2012, “es abiertamente ilegal”, porque “se está saltando el tema de la libre competencia, la libertad de empresa, la exigencia ahora de permisos previos para prestar el servicio aún en emergencia manifiesta, la facturación, el acceso a Doña Juana”.

Así mismo, la Procuraduría advierte que la crisis de las basuras “suscitó la recepción de más de un centenar de quejas de ciudadanos y funcionarios, entre ellos, concejales, congresistas y el defensor del Pueblo”.

A este tema se refirió el burgomaestre en uno de sus más recientes discursos en la Plaza de Bolívar: “¿por qué creen que los denunciantes ante la Procuraduría se llaman Armando Otálora (defensor), amigo de William Vélez; se llaman el personero, elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación y se llaman Orlando Parada, concejal, confeso integrante del cartel? Asociación para delinquir. Escuchada por el procurador, aceptada por él, y convertida en destitución del alcalde que denunció el cartel”.

La Corte y los recicladores. Como cuarto asunto, el ente de control dijo haber establecido en el proceso que “lo dispuesto por la Corte Constitucional -Sentencia T-724 de 2003 y autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012- no condicionó la adopción de un determinado modelo de aseo, ni era indispensable que se asignara la prestación del servicio de aseo únicamente al Distrito”.

Petro, por su parte, ha dicho que se incluyó a los 14.415 recicladores porque “desde la Constitución del 91 se establece que los servicios públicos pueden ser prestados por particulares, comunidades organizadas y el Estado”.

El mandatario, además, ha asegurado que “la Corte, en su auto T-275 de 2011, artículo séptimo, permite que el alcalde de Bogotá escoja el esquema que sea pertinente para incluir a la población recicladora en condiciones de igualdad material”.
Explicó al respecto que “el modelo que se escogió no es de libre competencia; es de urgencia manifiesta (...). Si yo hubiera permitido el régimen de la libre competencia, ¿quién garantizaba la inclusión de los recicladores? En una competencia, el pez grande se come al chico, y el pez chico del aseo son las 14 mil familias recicladoras que viven en la extrema pobreza”.

Las volquetas. El quinto y último reproche que hace el procurador es que el alcalde cometió “una falta (…) cuando autorizó la incorrecta prestación del servicio de aseo con volquetas hasta el mes de julio de 2013, (…) una de las causas por las que se dejaron de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basuras”. Sin embargo, el abogado Ortiz ha afirmado que “la utilización excepcional de volquetas para la recolección de basuras, está permitida por la ley”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/las-ci ... tro-139696

[Darloup]

Plaza de Bolívar, anoche.

El alcalde volvió a hablar frente al pueblo. Instauran 326 tutelas más a su favor.

Ante miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar llena por quinta vez, el alcalde Gustavo Petro advirtió que “solo nos queda una semana para detener, con justicia y multitud, la arbitrariedad”, refiriéndose al fallo de la Procuraduría que lo destituyó por 15 años.

El mandatario capitalino inició su discurso y, en medio de este, advirtió que “ahora me quieren confabular con Emilio Tapia -quien habló ante la Fiscalía del supuesto complot contra la administración distrital-, a quien yo denuncié. Y lo quieren callar, como callaron a los Nule, porque la estrategia al principio era echarle toda el agua sucia a los Nule para que las mafias y el poder no cayeran”.

Al tiempo se conoció ayer que 326 ciudadanos instauraron igual número de tutelas ante el Consejo Seccional de la Judicatura de la capital, invocando los derechos a elegir y ser elegido. Las acciones constitucionales son similares a las 36 que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde diciembre pasado.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/la-pro ... tro-140135