Fachada del sitio que fue allanado recientemente por el CTI de la Fiscalía.
Por Tomás Betin del Río
Se reveló ayer que uniformados castrenses habrían espiado a negociadores del Gobierno en La Habana, así como a izquierdistas, periodistas y funcionarios del Estado.
Por el nuevo escándalo de las chuzadas de militares a negociadores del Gobierno en Cuba, la Policía, la Fiscalía y opositores, entre otros, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el relevo del jefe de Inteligencia del Ejército, general Ricardo Zúñiga, y el director del Citec, general Óscar Zuluaga.
El ministro aclaró que los procedimientos militares de inteligencia se hacen de manera legal y resaltó la labor de los trabajadores de esta área, gracias a los cuales se han propinado duros golpes a la guerrilla y el narcotráfico.
Pinzón anunció, además, tres medidas: la apertura de una investigación disciplinaria que tendría resultados la próxima Semana, una pesquisa de la justicia penal militar y colaborar con la Fiscalía en la investigación penal que establecerá si hubo extralimitación en las funciones de los uniformados.
El caso. La decisión del Ministro se toma tras conocerse del restaurante fachada en que militares estarían ‘chuzando’ a negociadores del Gobierno en el proceso de paz con las Farc en La Habana, se reveló que en realidad esta sede hacía parte de toda una nueva red de espionaje ilegal que al parecer le ha sobrevivido al oscuro y supuestamente extinto DAS.
La revista Semana, luego de una investigación de 15 meses, informó de un local de comidas corrientes en cuyo segundo piso se ofrecían los servicios de una sala de videojuegos, donde funcionaría de manera clandestina una central de interceptaciones del Ejército desde el 12 de septiembre de 2012.
Sobre esta fecha, recuerda la publicación que el expresidente Álvaro Uribe reveló las intenciones de los diálogos con la guerrilla pocos días antes, lo que hizo que el presidente Juan Manuel Santos confirmara el 4 de septiembre los acercamientos que eventualmente se constituirían en la mesa de paz el 18 de octubre de 2012.
El nombre secreto de la central era Andrómeda y estaba a cargo de un capitán que pertenecería al batallón de Inteligencia Técnica del Ejército, que hace parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, Citec, a su vez adscrita a la Dirección de Inteligencia Militar, Dinte. Allí, aparentemente, trabajaban militares activos y hackers civiles reclutados en los campus parties o ferias de tecnología, chuzando a los negociadores Sergio Jaramillo, Alejandro Éder y Humberto de la Calle, además de líderes políticos de izquierda, que ya habían sido espiados junto a magistrados, periodistas y activistas durante la época del nefasto DAS.
También se supo que hackearon los sistemas de información reservada de la Fiscalía y la Policía y que la mayor parte de la información, según el ente acusador, era reportada directamente a la Citec.
Aviso que permanece en el sitio descubierto por las autoridades.
El literal ‘chuzo’. Una calavera -que es el mouse de un computador pintado- le da la entrada al lugar. En la sola terraza, que no mide más de 10 por 5 metros, hay dos cámaras de vigilancia y un letrero que advierte que todo bolso o paquete será revisado “por su seguridad”. Es el acomodado sector de Galerías, al nororiente de la capital, lleno de establecimientos de comercio. En el restaurante, que no tiene un nombre visible, permanecen dos vigilantes privados tras las rejas.
Marcial López, quien tiene una oficina de contadores justo al lado del literal ‘chuzo’, y quien además almorzaba ahí de vez en cuando, les dijo a los periodistas que “hace ocho días hicieron un espectacular allanamiento. No teníamos idea de lo que pasaba hasta hoy en la mañana que vimos el noticiero. Casi me da un infarto, llegaron como 20 uniformados de negro, abrieron la puerta y ¡todo el mundo quieto!, y me preguntaron si desde aquí se podía pasar hasta el restaurante, pero se dieron cuenta de que esta era una oficina independiente y normal”.
El allanamiento del que habla el vecino fue ordenado el 23 de enero pasado por el fiscal 56 del CTI y, de hecho, dejó 26 computadores incautados en poder del CTI. Los agentes encontraron en el restaurante una puerta falsa que conducía a la sala de videojuegos, donde se encontraban cinco personas, una de las cuales se habría identificado como José Mejía, un supuesto sargento que trabaja con inteligencia militar. Todos fueron entrevistados y liberados horas después. Al parecer, altos mandos castrenses se reunieron para ordenar la investigación del lugar hace más de una semana.
Al parecer, tras el operativo los militares desmontaron la fachada y escondieron a los personajes cerca de Bogotá por unos días, hasta que pensaron que era seguro salir, pero la Fiscalía conoció unos correos reportándose a sus superiores.
El local, además, tenía dos cuentas de Facebook y una de Twitter. El perfil de @bugglyhack ya fue borrado pero la página de Facebook aparece aún como ‘Buggly Ethical Hacking Comunity’. El negocio aparece registrado como un hackspace internacional, donde se reúnen hackers a desarrollar proyectos aparentemente legales.
Jorge Luis Cabeza, quien trabaja cuidando carros desde hace cuatros años en la cuadra, le dijo a EL HERALDO que él “hacía los mandados y llevaba los domicilios del restaurante, me daban 15 mil pesos diarios. A mí me contrató el cocinero, un tal Hernando o Kike, que también era como el administrador. Trabajaban tres en la cocina y dos atendiendo mesas, y arriba trabajaban como dos personas pero eso permanecía casi siempre solo”.
Interior del restaurante, en la planta baja del lugar.
Santos ordena investigación
El presidente Santos, tras una reunión con el ministro de Defensa y los altos mandos, ordenó “investigar a fondo” las supuestas ‘chuzadas’, que atribuyó a “fuerzas oscuras que están tratando de sabotear” el proceso de paz, y se preguntó: “¿tienen contactos internos?, ¿qué buscan?, (…) ¿hay ruedas sueltas en el Ejército?, ¿a quién le están informando?, ¿quién filtró la información?”.
Así mismo, el jefe de Estado advirtió que “el uso ilegal mina el uso legal de la inteligencia (militar) y el uso legal de la inteligencia es absolutamente necesario para cualquier Estado al defenderse de sus enemigos”.
Finalmente, el mandatario vinculó las aparentes ‘chuzadas’ con las persecuciones contra líderes de la izquierda y le ordenó al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, investigar “hasta el fondo” las denuncias de los partidos izquierdistas Unión Patriótica y Marcha Patriótica, de amenazas que han recibido supuestamente de la banda criminal los Rastrojos a través de panfletos y de mensajes por internet.
En respuesta a los señalamientos de la investigación, el expresidente Uribe calificó como “una infamia” el hecho de que lo vinculen con las ‘chuzadas’ –escándalo que se develó durante su Gobierno y que tiene en juicio a altos funcionarios de su confianza– y dijo que “este Gobierno, especializado en la corrupción de ocultar, tiene que decirle la verdad al país sobre esa agencia (de espionaje)”.
Horas antes, el congresista de izquierda Iván Cepeda, uno de los ‘chuzados’, había dicho que existía la posibilidad de que Uribe, opositor de los diálogos de paz con las Farc, pueda haber “dirigido” a los oficiales de inteligencia del Ejército para este espionaje. El parlamentario, además, pidió la renuncia “por omisión” del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Se recuerda, así mismo, que en abril pasado Uribe asumió la responsabilidad de la publicación de unas coordenadas de la operación en la que se trasladó a un nuevo grupo de negociadores de las Farc a La Habana, una información que sólo conocían los militares implicados.
El Departamento Administrativo de Seguridad y la Sala Gris
La emisora Caracol Radio señala, de otro lado, que hay un DAS -en supresión desde 2011- que aún tiene una nómina de empleados y contratistas, con sede y equipos, que estaría ‘chuzando’ unas 1.500 líneas telefónicas de altos funcionarios, oficiales de la fuerza pública, periodistas y políticos, entre otros. Este DAS, de hecho, habría pasado de las interceptaciones telefónicas a otros mecanismos más avanzados, de tecnologías rusas, como antenas de gran alcance para escuchar conversaciones y escáneres para ubicar personas.
Así mismo, se habla del caso de la Sala Gris, que el Ejército manejaba en una de sus sedes con recursos y dirección de la CIA, y que podía intervenir unas 440 líneas de teléfono, hasta que el pasado 1 de agosto, la Fiscalía ordenó el cierre de esta sala -que hacía parte de las varias salas que posee el ente de control penal para investigaciones legales- y así mismo dispuso trasladar los equipos al búnker, al parecer por, precisamente, perpetrar ‘chuzadas’.
La Sala Gris fue sede de grandes pesquisas, como las que dieron con el paradero de los abatidos líderes de las Farc Alfonso Cano y El Mono Jojoy, así como contra grandes capos del narcotráfico y altos militares implicados en los ‘falsos positivos’.
El traslado de esta sala a la Fiscalía, como ocurrió con otras dos salas que funcionaban en la sede del antiguo DAS, habría sido motivo de queja del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien no obstante acató la decisión. Lo raro del caso es que una semana después del paso de la Sala Gris al búnker, el presidente Juan Manuel Santos cambió toda la cúpula militar, cuando se suponía que debía cambiarla varios meses después.
De otro lado, la cadena radial menciona al coronel Juan Carlos Nieto, uno de los oficiales con que se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en reemplazo del DAS, y quien fue vinculado en 2012 a las escuchas ilegales a periodistas de esa emisora que indagaban sobre el montaje de la Armada al almirante (r) barranquillero, Gabriel Arango Bacci. Sobre Nieto dice el informe que se habría convertido en “una rueda de suelta en la DNI, donde tenía un grupo de 80 hombres bajo su mando”.
Otra de las modalidades, de la que harían parte oficiales y suboficiales de inteligencia en servicio o en retiro, es la de contratar hackers civiles que venden información que consiguen de correos electrónicos, chats y mensajes de texto de celulares, y sobre los cuales es fácil negar una relación por parte de los entes de la fuerza pública. Estas oficinas funcionan en lugares fachada, tal y como el que reveló la revista Semana.
Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/releva ... das-141802
