FARC y ELN: ¿Paz por fin?/Enfin la paix?

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Alias Iván Márquez, jefe negociador de las Farc y número dos de esa guerrilla, dice que su organización está lista para dejar las armas e iniciar la transición para convertirse en movimiento político. Ojalá los hechos sigan acompañando sus palabras.

Toda organización guerrillera tomó la decisión de alzarse en armas porque sus miembros quisieron enfrentarse a un gobierno para buscar, eventualmente, la toma del poder. Los movimientos subversivos que surgieron a mediados del siglo pasado alentados por las tesis maoístas, marxistas-leninistas y guevaristas, tenían su razón de ser en el arraigo sobre un pueblo que los apoyara y en cambiar el sistema.

Las Farc, alma y nervio del último conflicto armado del hemisferio occidental, el cual ha estado desangrando a Colombia por más de 50 años, dijeron ayer que están “listas” para “abordar y discutir” los procedimientos para el “tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto”. Es decir, manifiestan querer ser una opción dentro del abanico de posibilidades del espectro político.

Al término de un nuevo ciclo de negociaciones, la guerrilla dijo que sobre ese tema le entregaron al Gobierno “un paquete de propuestas básicas que esperan conclusiones”.

El anuncio es un paso previsible en un proceso de paz que va avanzando a su propio ritmo, que se ha extendido por más tiempo del anunciado inicialmente y que, por momentos, ha desbordado la paciencia de los colombianos. El curso normal de los hechos debería conducir a la dejación de armas, al reintegro de los guerrilleros a la vida civil y a que ejerzan en algún momento sus derechos políticos.

Sin embargo, ningún proceso de paz del mundo avanzó sin tropiezos. No hubo negociación perfecta y cuando más se pensó llegar al final, más escollos aparecieron en el camino. Por esa razón es imperioso que cada planteamiento como este se acompañe de hechos que muestren la voluntad de llegar a buen término.

El anuncio del jefe negociador de las Farc es la ratificación de que esa guerrilla quiere ser parte de las opciones políticas del país en un futuro cercano y hacer propuestas que representen esa visión. Ojalá los hechos sigan acompañando sus palabras, puesto que este grupo ya le ha mentido antes al país, y el actual proceso afronta una crisis de credibilidad que haría inviable un engaño más.

Una condición ineluctable para avanzar hacia ese escenario es resolver una tarea que sigue pendiente en la discusión en La Habana, y es el mecanismo de justicia que será implementado para que no haya impunidad con los crímenes de la guerrilla. Se han mencionado alternativas de reclusión, más allá de la cárcel, pero esa carta no se ha puesto todavía sobre la mesa de cara a la opinión pública.

Es importante, ante el nuevo anuncio de las Farc, que además de discutir el paso de la participación política se ofrezca claridad en dos de los puntos que más preocupación despiertan en la población: la justicia y la reparación a las víctimas.

Ya se vivieron experiencias en Colombia de grupos subversivos que pasaron a ser movimientos políticos, como el M-19, el EPL y la Unión Patriótica, este último como brazo político de las Farc en la década del ochenta.

Las experiencias fueron dolorosas. Grupos paramilitares asesinaron a miles de reinsertados en una época en la que había un Estado débil y penetrado por las mafias del narcotráfico.

Corren otros tiempos

Colombia no resiste otro fracaso en el empeño de buscarle una salida negociada al conflicto, pero la paz no se consigue a cualquier precio.

La cúpula de las Farc debe tener conciencia de que no hay espacio para una guerrilla en la actualidad. Pero el Gobierno tampoco puede olvidar que el surgimiento de la subversión estuvo motivado por injusticias sociales que, hoy en día, cuatro o cinco décadas después, no han sido totalmente superadas.

Fuente: http://www.elheraldo.co/editorial/de-la ... ico-218024

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El segundo jefe de las Farc, alias Iván Márquez, lee el comunicado en La Habana.

Iván Márquez dice desde La Habana que pasaron propuestas a Gobierno y que hay “consensos” sobre cese bilateral y definitivo. Mininterior avala decisión e insiste en que deben renunciar a las armas. Negociaciones se retoman el 28 de este mes.

La guerrilla de las Farc dijo el jueves que está preparada para la incorporación a la vida civil y convertirse en un movimiento político.

“Estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto. Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción”, afirmó la guerrilla en un comunicado.

El grupo rebelde también señaló que hay avances y “consensos” sobre un cese al fuego bilateral y definitivo, y que “se avanza en el análisis del aspecto dejación de las armas”.

Actualmente las partes discuten sobre el punto de reparación a las víctimas mientras que algunas subcomisiones trabajan para llevar a la mesa de negociación medidas para continuar con la reducción del conflicto.

Justicia transicional

Otro de los temas en la mesa de conversaciones es el debate de los mecanismos de justicia transicional para reinsertar a los rebeldes a la sociedad civil. Según las Farc se está “a las puertas de un entendimiento” y apostaron a que si se llega a un acuerdo en este punto e “desataría una dinámica positiva” que impulsaría el “fin del conflicto”.

Al respecto del mismo, el grupo armado pidió a la ONU y la Universidad Nacional convocar un foro para discutir con la sociedad civil el tema final de la agenda denominado fin del conflicto, ya que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”, según el comunicado.

La guerrilla afirmó que ha llegado el momento de retomar discusiones “postergadas” como, por ejemplo, la cantidad de hectáreas que conformarán el fondo de tierras, necesario para la ejecución de la reforma rural.

A pesar de estos avances en las conversaciones, Márquez advirtió de que para un futuro de paz en Colombia es “urgente” esclarecer el fenómeno del paramilitarismo y su desarticulación, “porque con guerra sucia el post-acuerdo constituiría una mentira”.

Sin embargo, después de que Iván Márquez haya dicho que están listos para “abordar y discutir” los procedimientos para el “tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto”, la idea de una paz cercana ha vuelto con fuerza.

Este jueves, después de casi tres años de negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo armado ilegal, terminó el ciclo 41 de los diálogos que continuarán el 28 de septiembre.

Horas antes de que la guerrilla anunciara avances en las negociaciones de paz, el ejército anunció que destruyó dos refinerías ilegales pertenecientes a las Farc en el departamento de Nariño.

En el desarrollo de estas operaciones fueron incautados 10.300 galones de petróleo, 600 metros de mangueras plásticas, dos piscinas y dos equipos completos de maquinaria requerida para el funcionamiento de una refinería ilegal.

Sin armas

Tras conocerse el anuncio de las Farc, el Gobierno de Juan Manuel Santos avaló la decisión de convertirse en partido político y dejar las armas.

“Sí se renuncia a las armas por parte de las Farc y que en Colombia nunca más volvamos a tener esa mezcla explosiva y preserva de armas y votos, si las armas se dejan, es obvio que quienes quieren expresar unas ideas y defenderlas, sin armas, dentro de la democracia colombiana se constituya como partido político”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo en un foro sobre paz en Bogotá.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/farc-l ... ico-218013

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Estrechón de manos para la historia. Tras la lectura del documento por los representantes de los países garantes —Noruega y Cuba—, Juan Manuel Santos estrechó la mano del máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, representante del ala más guerrerista del grupo subversivo.

Por Tomás Betín del Río

El presidente avaló en La Habana el acuerdo sobre justicia con las Farc, que crea una Jurisdicción Especial de Paz para juzgar los crímenes.

Con un apretón de manos, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las Farc, alias Timochenko, sellaron ayer en el centro de convenciones de La Habana el crucial anuncio sobre el desanudado acuerdo en materia de justicia transicional y el plazo de seis meses que se impusieron para la firma de la paz.

Al histórico evento, que sugiere la antesala del fin de más de 50 años de guerra en el país, asistieron varias decenas de invitados, todos vestidos de blanco, incluyendo a la delegación de las Farc, en un gesto que deja notar, por fuera del lenguaje hablado, que van todos en la misma dirección.

Pasadas las 5:30 de la tarde, se sentaron en la misma mesa —también en un hecho inédito—, a la derecha Santos, en la mitad el presidente de Cuba, Raúl Castro, y a la izquierda Timoleón Jiménez, en medio de una disposición cuanto menos acorde con las orillas políticas dialogantes.

Allí inició la lectura del comunicado conjunto el representante del país garante de Cuba, Rodolfo Benítez, quien informó del pacto de crear una jurisdicción especial para la paz y de la amnistía que habrá para delitos políticos y conexos.

El acuerdo

Luego, el representante del garante Noruega, Dag Nylander, habló de que la mínima pena para los delitos graves sería de cinco años y la máxima de ocho, con “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”; de que para quienes admitan su culpabilidad “de manera tardía” habrá también una pena de cinco a ocho años pero en “condiciones ordinarias” y, así mismo, de que habrá 20 años de pena en “condiciones ordinarias” para quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad en los hechos.

Los que quieran acceder a esta pena alternativa, se leyó, deberán trabajar o estudiar. Igualmente, se dejó en claro que esta jurisdicción especial tendrá competencia “respecto a todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”, inclyendo por supuesto a los insurgentes y a los agentes estatales.

Tras la firma del acuerdo por parte de los jefes negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle y de las Farc, alias Iván Márquez, y de la entrega de los mismos por parte de Castro a Santos y Timochenko, se iniciaron los discursos.

El discurso de Santos

El primer mandatario de los colombianos advirtió, de entrada, que la jurisdicción especial para la paz evitará que haya impunidad por parte de las Farc, a quienes, no obstante, reconoció y valoró por “el paso que han dado”.

Mientras las miradas del jefe máximo de las Farc y del presidente Castro lo seguían fijamente, Santos anunció el acuerdo de que a más tardar en seis meses se firmará la paz, y de que luego de 60 días tras esa suscripción se dejarán las armas por parte del grupo ilegal.

“Este proceso se trata de hacer las transformaciones necesarias para que este conflicto nunca más se repita", sentenció Santos, y citando las palabras del papa Francisco de hace un par de semanas en la misma Cuba, donde dijo que las partes no se podían permitir otro fracaso en la búsqueda de la paz, aseguró el jefe de Estado: “no vamos a fracasar”.

Cierre exitoso

Enseguida tomó la palabra un bien peinado y afeitado Timoleón Jiménez, ataviado con una guayabera -horas antes se filtró una foto donde se le veía en un atuendo deportivo-, para expresar su satisfacción “por el cierre exitoso” del acuerdo sobre justicia.

Explicó incisivo en su intervención el jefe guerrillero que la jurisdicción especial para la paz “ha sido diseñada para combatientes y no combatientes, y no para una sola de las partes”.

Finalmente, dijo Timochenko que se hace necesario ahora multiplicar esfuerzos para lograr el cese bilateral al fuego -actualmente se mantiene el cese unilateral decretado por los rebeldes desde el 20 de julio y medidas de desescalamiento por parte de la fuerza pública como evitar los bombardeos-, la dejación de las armas y la transformación de las Farc en un movimiento político.

La paz, indispensable

Cerrando los discursos, el presidente Castro aseguró: “la paz en Colombia no es solo posible: es indispensable”.

Felicitó el hermano de Fidel, a Santos y a Timochenko, y dijo que “el profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario, y la discreción, continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz”.

Posteriormente, cuando ya Santos se disponía a retirarse de la mesa, lo abrazó Castro con una mano para con la otra rodear a Timochenko, y por último les tendió la mano a ambos para propiciar el apretón que finalmente se dio por iniciativa del jefe rebelde.

Las horas previas

Desde las 3:15 de la tarde llegó a Cuba el avión presidencial, cargado de una selecta comitiva de congresistas, juristas y periodistas, entre quienes se encontraban el ministro de Justicia, Yesid Reyes; el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco; el de la Cámara, el guajiro Alfredo Deluque; los congresistas Iván cepeda, Roy Barreras, Antonio Navarro, Horacio Serpa y Telésforo Pedraza; el exnegociador Álvaro Leyva y los exmagistrados Juan Carlos Henao y José Manuel Cepeda.

Todos fueron recibidos por el embajador colombiano en la isla y exdirector de EL HERALDO, Gustavo Bell Lemus.

En el palacio de convenciones, además, más de 3 mil periodistas de todo el mundo aguardaban el inicio del histórico acto, prólogo del fin de una guerra que arroja, hasta ahora, más de 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados.

Los movimientos en torno a lo ocurrido ayer se empezaron a ver desde el martes, cuando la delegación del Gobierno viajó de manera imprevista a La Habana, y se empezó a filtrar en los medios de comunicación la noticia de un posible nuevo acuerdo en la mesa.

Esta mañana se vieron venir otros anuncios importantes cuando desde su cuenta de Twitter el presidente Santos reportaba de una escala en la isla antes de su viaje a los Estados Unidos a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/en-sei ... tos-219070

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Le président colombien Juan Manuel Santos et la guérilla des FARC ont signé à Cuba un accord sur le sort judiciaire des combattants. C’est une première étape avant la signature des accords de paix dans un délai maximum de six mois. En vertu de cet accord, les crimes contre l'humanité, de génocide, les crimes de guerre, les déplacements forcés et les actes de torture « ne seront pas amnistiés », indique le texte lu par les délégués des pays médiateurs, Cuba et la Norvège. Ce texte ouvre la voie à la fin du plus vieux conflit armé d'Amérique latine.

Source : http://www.rfi.fr/contenu/ticker/negoci ... s-colombie

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Timoléon Jiménez, aussi connu comme Timochenko.

Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC (Les Forces armées révolutionnaires de Colombie) Timoleon Jimenez se sont engagés à signer un accord de paix dans un délai de six mois.

À l’issue de cette réunion, les délégués des pays médiateurs, le Cuba et la Norvège, ont annoncé par communiqué que les délégations avaient conclu un accord sur "une juridiction spéciale pour la paix". Cette juridiction permettra à la Colombie de "mettre fin à l'impunité, d'obtenir la vérité, de contribuer à la réparation aux victimes et de juger" les responsables de crimes graves, a précisé le président colombien.

Les parties ont conclu que ces négociations de paix menées à Cuba depuis près de trois ans devraient aboutir au plus tard dans six mois, soit le 23 mars 2016, a annoncé M. Santos.

Fondée en 1964 dans la foulée d'une insurrection paysanne, la principale rébellion du pays compte encore selon les autorités près de 8.000 combattants, essentiellement repliés dans les régions rurales. Le conflit colombien, le plus ancien d'Amérique latine, a fait officiellement quelque 220.000 morts et plus de six millions de déplacés.

En 2011, un coup dur a été porté aux FARC avec la mort d'Alfonso Cano, alors à la tête de l'organisation. C'est Timoléon Jiménez, aussi connu comme Timochenko, qui lui succède. Le 18 octobre 2012, des délégués des FARC et du gouvernement cubain ont donné une conférence de presse commune à Oslo marquant le début de négociations.

Depuis 2005, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont ajouté les FARC à leurs listes officielles des organisations terroristes.

Source : http://fr.sputniknews.com/international ... 66475.html

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Conozca aquí un paso a paso para entender en qué consiste esta Jurisdicción Especial para la Paz que se aplicará con la guerrilla de las Farc.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, publicó este miércoles un abecé del acuerdo de justicia alcanzado con la guerrilla esta tarde con las Farc en La Habana y el cuál contempla la creación Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) .

Conozca aquí un paso a paso para entender en qué consiste esta JEP que se aplicará con la guerrilla de las Farc. Debido a esa jurisdicción especial, la Fiscalía suspendió esta noche 50 imputaciones contra guerrilleros.

1. Creación y objetivos:

Como producto del Acuerdo Final se creará una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ejerce funciones judiciales y tendrá los siguientes objetivos:

- Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia

-Obtener verdad para la sociedad colombiana

-Contribuir a la reparación de las víctimas

- Contribuir a luchar contra la impunidad

- Otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado

-Contribuir al logro de una paz estable y duradera

2. Competencia de la JEP:

- Competencia personal: La JEP tendrá competencia exclusiva respecto de todos quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, de manera diferenciada, equitativa, equilibrada, simultánea y simétrica, incluyendo a los miembros de las FARC, los agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados, entre otros.

- Competencia material: La JEP tendrá competencia exclusiva por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos.

3. Composición

- La JEP contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz

- La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros.

4. Funciones del Tribunal para la Paz

- Juzgar e imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, particularmente los más graves y representativos como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y los graves crímenes de guerra, entre otros.

-Para quienes reconozcan su responsabilidad: Proferir sentencias fundadas en las conductas reconocidas, una vez contrastadas con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y las sentencias judiciales existentes, además de la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

- Para quienes no reconozcan su responsabilidad: Llevar a cabo un juicio contradictorio y proferir las sentencias correspondientes.

- Fijar y verificar las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción

- Supervisar y certificar el cumplimiento de la sentencia

5. Condiciones

- Cualquier tratamiento especial de justicia, en el caso de las FARC-EP, estará condicionado en primer lugar al cumplimiento de los acuerdos de dejación de armas y reincorporación a la vida civil.

- Sólo podrán acceder al mejor tratamiento especial de justicia, en todos los casos, quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana.

- En todo caso, cualquier tratamiento especial de justicia estará condicionado también a la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición y la participación de las medidas acordadas.

6. Tratamiento especial de justicia

- A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, se otorgará la amnistía o indulto posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.

- Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más graves, el Tribunal para la Paz impondrá sanciones de restricción efectiva de la libertad de a 5 a 8 años, que permita el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras.

- Para quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, siempre que sea antes de la sentencia, la sanción será una pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años, en condiciones ordinarias de ejecución.

- Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, serán condenados a pena privativa de la libertad de hasta 20 años, en condiciones ordinarias de ejecución.

- La JEP también definirá la situación jurídica de quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, no sean ni amnistiados o indultados ni juzgados por el Tribunal para la Paz.


- Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta el nivel de participación determinante en las conductas más graves y representativa.

7. Concentración en los casos más graves y representativos

- La JEP deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y representativos.

- Para tal efecto, la JEP:

-Tendrá amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará.

-Fijará criterios de priorización y selección.

-Graduará las sanciones dependiendo del grado de participación determinante en las conductas más graves y representativas

-Analizará la participación determinante y la responsabilidad de mando con base en el criterio de control efectivo de la respectiva conducta.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/el-abe ... paz-218985

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Con el acuerdo sobre justicia anunciado ayer por el Gobierno y las Farc, Colombia parece hallarse a un paso de la firma de la paz. El documento contiene elementos que generarán polémica e interrogantes que deberán ser despejados.

El acuerdo alcanzado ayer en La Habana entre el Gobierno y las Farc sobre la justicia transicional, que se presentaba como el punto más difícil de las negociaciones, coloca a Colombia ante su posibilidad más clara de alcanzar la paz en más de cinco décadas de conflicto armado.

El presidente Santos, que se trasladó por sorpresa a la capital cubana para avalar el pacto, anunció que el acuerdo definitivo deberá firmarse a más tardar en seis meses, tras los cuales la organización guerrillera tendrá un plazo de 60 días para abandonar las armas. Lo dijo antes de estrechar las manos con el jefe político de las Farc, alias Timochenko, sobre quien pesan gravísimos crímenes de lesa humanidad y que será uno de los beneficiarios de la nueva fórmula judicial.

Tal como lo anticipó la víspera el propio Santos, el acuerdo anunciado seguramente no gustará a muchos. Y es natural que así ocurra en un proceso de enorme carga emocional por la insoportable cantidad de víctimas, familias destrozadas y estragos económicos y sociales que ha dejado la guerra. Al mismo tiempo, serán muchos los que reciban con satisfacción lo pactado, porque entiendan que constituye un paso adelante para acabar la violencia.

El acuerdo, de 10 puntos, contiene algunos elementos que sin duda generarán polémica. Y deja además en el aire algunos interrogantes que deberán ser despejados por el Gobierno.

El primero es la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” que investigará y juzgará los delitos cometidos en el conflicto. El presidente Santos sostiene que esa figura encaja en el orden judicial colombiano. La pregunta es cómo se conformará este cuerpo, que contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz.

El punto 4 establece que el Estado otorgará la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. ¿Estos delitos conexos incluirán finalmente el narcotráfico, en la medida en que la guerrilla se dedicó a este negocio para financiar una actividad “política”? ¿Cómo recibirá la sociedad, o parte de ella, que el narcotráfico escape al castigo?

Aunque las penas contempladas para los delitos graves son iguales a los que en su día el Gobierno de Uribe fijó para la desmovilización paramilitar, la flexibilidad que se prevé para su cumplimiento en el caso de la guerrilla será otro asunto de debate.

Uno de los puntos llamativos del acuerdo es la definición del objetivo de la Jurisdicción Especial para la Paz: investigar y juzgar a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado, incluyendo a las Farc y los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto (...)”. Este punto tiene dos lecturas, según el cristal con que se mire: por una parte, cobija bajo la generosa justicia transicional a militares o policías que hayan cometido delitos de lesa humanidad; por otra, pone a los agentes del Estado en el mismo nivel que a los subversivos que desafiaron al Estado, algo que ayer resaltó con visible satisfacción Timochenko.

Estos y otros asuntos deberán despejarse antes del momento de la refrendación de los acuerdos. Una refrendación, por cierto, cuya modalidad también tendrá que aclararse.

Fuente: http://www.elheraldo.co/editorial/un-pa ... paz-219068

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Corte Suprema de Justicia.

Por Tomás Betín del Río

La Corte Suprema sentencia que el tráfico de drogas es “conexo a la rebelión” en un caso de financiación de la guerrilla. Tribunal Penal Internacional dice que analizará lo acordado entre Gobierno y Farc.

Un día después de que se anunciara en La Habana, a manos del presidente Juan Manuel Santos y del máximo jefe de las Farc, alias Timochenko, el acuerdo en materia de justicia transicional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la conexidad del delito de narcotráfico con el de rebelión.

El alto tribunal precisó que el asunto se circunscribe a “cuando esa actividad ilegal -la del tráfico de estupefacientes- ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes”.

Este pronunciamiento se da cuando, tras los anuncios en materia de la jurisdicción especial para la paz, una de las discusiones era la de si el narcotráfico que perpetraron las Farc podía considerarse o no como un delito conexo a delitos políticos como los de rebelión.

Advirtió así mismo la sala que esta circunstancia no es un obstáculo para la extradición de integrantes de los grupos alzados en armas bajo el actual ordenamiento jurídico colombiano.

Concretamente, la Corte Suprema se pronuncia al respecto al emitir concepto favorable a la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, quien presuntamente actuó como director financiero del Frente 10 de las Farc.

“No hay impedimento”

Para el máximo tribunal de la justicia ordinaria, “no existe impedimento constitucional ni legal para la extradición solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos” debido a que, según la acusación de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, los actos que habría cometido el sindicado traspasaron las fronteras nacionales y lo podrían comprometer con delitos de tráfico de estupefacientes desde el 2003 al 2011 y concierto para delinquir desde 2009.

Y agregó la corporación que “teniendo en cuenta que Carvajal Isidro al parecer recolectó en nombre de las Farc pagos conocidos como ‘impuestos’ de productores de cocaína que operaban en áreas controladas por dicho grupo insurgente, lo que ello evidencia es la conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión”.

“La mejor noticia”

El presidente Santos, en un mensaje enviado al 52 Congreso Anual de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, en Cartagena, dijo que “acabar con el conflicto es la mejor noticia para Colombia, y eso incluye al comercio y los empresarios”.

Al manifestar su gratitud a Confecámaras por “el decidido respaldo a la paz”, recordó el mandatario que “ahora la paz tiene plazo cierto, y la justicia -que era tal vez el principal escollo para lograr un acuerdo final- tiene unas bases para garantizar la no impunidad, tal como lo habíamos ofrecido”.

Por último, anunció que “sin ese lastre que hemos llevado por 50 años”, el país podrá desarrollar al máximo su potencial de crecimiento, turismo, inversión y generación de empleo, y en ese sentido, “será muy valioso el papel de las cámaras de comercio como impulsoras del desarrollo regional y promotores de una justicia más ágil y amigable, como la que se logra a través del arbitraje y, sobre todo, la conciliación”.

Es un golpe de Estado

El expresidente y senador Álvaro Uribe puso de presente desde la capital bolivarense que en los acuerdos en materia de justicia que presentaron el Gobierno y las Farc en La Habana, “nada se habla de exigirle a las Farc, el tercer grupo terrorista más rico del mundo: la entrega de su dinero”.

El líder opositor del Centro Democrático rechazó el hecho de que los integrantes de ese grupo armado ilegal "van a hacer parte del Congreso, a pesar de ser responsables de atrocidades".

Reiteró, igualmente, que los militares “no tienen un tratamiento digno como corresponde a las fuerzas de la democracia, se les pone en igualdad de condiciones con las Farc, se les somete al mismo mecanismo espurio de justicia”.

Sentenció el parlamentario que “el Gobierno quiere imponer todo esto con un golpe de Estado, simplemente aprovechándose de una mayoría parlamentaria inconsultamente con el pueblo para violar la Constitución”.

Finalmente, el exmandatario criticó las manifestaciones de apoyo del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, para la mesa de Cuba.

“Deploramos que aplauda un acuerdo que da impunidad al grupo terrorista de las Farc, impunidad que Estados Unidos nunca le daría a Al Qaeda. Y los colombianos hemos sufrido a las Farc tanto más como los norteamericanos han sufrido a Al Qaeda”, dijo.

Entre tanto, el senador del CD Jaime Amín calificó como un Caballo de Troya cargado de buenas intenciones el acuerdo.

“El marco de impunidad que se asoma es evidente: habrá indulto y amnistía para el narcotráfico como delito conexo, y lo más grave de ellos es que los operadores judiciales en Colombia ya están validando ese Frankestein”, afirmó.

Acuerdo será analizado

La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas entre el Gobierno y las Farc para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

Bensouda señaló en un comunicado que Bogotá y las Farc tomaron un “paso significativo hacia el fin del conflicto armado” con el acuerdo sobre justicia transicional rubricado el miércoles en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko.

“Cualquier factor a la justicia como un pilar fundamental para una paz es bienvenido por la Fiscalía", indicó.

Lo que viene

Restan en el proceso, durante los seis meses que quedan, definir detalles referentes a los temas del cese bilateral, la dejación de las armas y la refrendación popular de los acuerdos.

En La Habana, se sabe, trabajan dos subcomisiones técnicas que abordan, cada una, los temas del fin del conflicto -al que está adscrito el cese- y el de justicia transicional, del que quedaría afinar detalles, por los avances presentados esta semana.

El cese bilateral ha sido, junto con el de justicia, otro de los temas más polémicos en la negociación por la poca credibilidad que tienen las Farc.

Frente al desarme, se habló ya de que se dará 60 días después de la firma del acuerdo final, y deberán esclarecerse las condiciones en que se daría la denominada dejación de las armas, sobre la que los negociadores oficiales han afirmado que se trataría de un acto de entrega a un país o ente multilateral.

A la guerrilla le preocupa tras este requisito la historia sangrienta de los más de 3 mil asesinatos que sufrieron partidos de izquierda y reinsertados de grupos guerrilleros en décadas pasadas, a manos de grupos paramilitares y de narcotráfico, amangualados con fuerzas estatales y políticas.

Sobre este tema, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo ayer: "el método, la manera de lograr esa dejación de armas se discute, pertenece al Punto 3, en parte estamos iniciando a entrar en esa discusión, no ha terminado, hay distintos sistemas en el mundo, pero en todo caso sobre la base de la garantía, de la transparencia, que implica que no habrá armas en poder de las Farc, y que no habrá combinación de formas de lucha, y que no se podrá hacer política en Colombia con el uso de la violencia y de las armas".

Finalmente, se deberá pactar el asunto de la refrendación popular de los acuerdos, es decir, el mecanismo a través del cual los colombianos dirán si están de acuerdo o no con lo acordado.

En las palabras de De la Calle ayer desde Cuba: "lo que falta básicamente corresponde más a decisiones que a textos. No es tanto la construcción de una palabra tras otra, sino la toma de decisiones que ya empezaron a tomarse ayer. Primero, unas bases acordadas en materia de un sistema de justicia, ya existen esas bases. Segundo, la finalización del conflicto, el llamado punto tres de la agenda. La dejación de armas, que ya ayer obtuvo una fecha determinada a partir de la firma del acuerdo. Por último, un compromiso que nunca hemos eludido desde el Estado y es brindar garantías para los que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Realmente esa es la radiografía de las decisiones que hay que tomar y nosotros creemos que realmente es posible, aparte de que ayer recibimos instrucciones, ambas delegaciones, como usted lo dice de pisar el acelerador y vamos a continuar trabajando arduamente, sin descanso para que ese plazo sea realidad".

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/corte- ... cos-219169

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Por Andrés Qintero Olmos

Aunque he sido un crítico implacable de este Gobierno y del proceso de La Habana, tengo que reconocer que el acuerdo alcanzado sobre justicia es el punto pactado que más me ha gustado desde el inicio de estos diálogos. Principalmente, porque, a pesar de que el vestido haya sido confeccionado a su medida, por primera vez vi a las Farc responsabilizándose de algo y aceptando algún nivel de institucionalidad. Esto, indudablemente, es un avance histórico que me tiene algo esperanzado, y más si Santos logra detener de forma definitiva su terrorismo.

Está claro que para sentar a las Farc a negociar y para que aceptaran “dejar” las armas, el Gobierno Santos optó por un diálogo de tú a tú, a sabiendas de que tenía que sacrificar un ideal de justicia y mucha legitimidad del Estado. Esta posición fue para algunos, una decisión pragmática y un mal menor para lograr la “paz”, a pesar de estar en contravía con la filosofía kantiana en la que el fin nunca justica los medios.

Ahora, en términos absolutos parece difícil aceptar que delincuentes del mismo calibre, como lo son los paramilitares y las Farc, tengan una aplicación diferente de la justicia transicional. Los jefes de unos, desmovilizados y en la cárcel, y los otros, sancionados en condiciones especiales y legitimados como futuro partido político. De esta constatación se deriva el pensamiento de que las Farc son moralmente superiores frente a los paramilitares, debido, supuestamente, a que su lucha fue ideologizada, en pro del pueblo y en reacción a ‘la violencia’ y la exclusión. A partir de esta diferenciación es que parte la peligrosa tesis de Carlos Gaviria que enuncia que “una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa es matar para que la gente viva mejor”. Este pensamiento me es inaceptable, ya que no concibo jerarquización entre criminales de lesa humanidad.

No se dejen tapar los ojos por mis aplausos. Este acuerdo sigue dándome la sensación de que en este país el crimen paga y que la paz está en espejismo a la hora de analizar lo siguiente: ¿Qué pasará con el delito político y su conexidad con el narcotráfico? ¿Qué pasará con el patrimonio de las Farc? ¿Cuáles serán exactamente las condiciones especiales de “restricción” de la libertad para los crímenes atroces? ¿Cuál será el alcance del resarcimiento y la verdad frente a las víctimas de las Farc? ¿Las Farc serán consideradas simultáneamente como víctimas y victimarios? ¿No es esto un incompatible? Que las Farc “dejen” las armas y no las entreguen, ¿es suficiente para una paz duradera? ¿Es justo que, en el marco de la justicia transicional, se iguale a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil con las Farc? ¿Todos somos culpables para que nadie sea culpable? ¿En qué medida Timochenko y sus amigos participarán en política? ¿Cuál será el número de curules que ocuparán las Farc, según el acuerdo de participación política? Y, obviamente, ¿cómo se desarrollará la refrendación popular? ¿Seguirá siendo válida la compra de voto?

La estrechada de mano entre Santos y Timochenko sigue dándome escalofríos, pero no todo debería botarse a la basura.

Última palabra: ¿No se podía hacer este anuncio después de las elecciones?

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Por Jorge Muñoz Cepeda

La paz no es firmar un acuerdo entre dos facciones enemigas, a nombre de una sociedad o de una parte de ella. La paz no es cesar un conflicto expresado en disparos, bombas, muertos, heridos, secuestrados y desaparecidos. La paz no es confesar crímenes, pedir perdón por ellos, indemnizar a sus víctimas con dinero o con tierras. La paz no es pagar con 5 o con 8 o con 20 años de cárcel los delitos cometidos, o lograr librarse de los mecanismos –regulares o extraordinarios– de la justicia. La paz no es poder salir a la calle del pueblo o de la vereda sin temor a que los uniformados (con barbas o sin ellas) amenacen o intimiden o disparen. La paz no es librarse de las consecuencias violentas de escribir un artículo o una columna o un panfleto contra la persona o el grupo que sea. La paz no es votar sin un fusil en la esquina o en la nuca. La paz no es recuperar un pedazo de territorio y poder visitarlo, de noche o de día, en carro o en bus o en burro. La paz no es pronunciar discursos ante asambleas casi vacias de organismos internacionales. La paz no es dormir tranquilos porque hicimos la paz. La paz no es corroborar que los guerrilleros son ahora ciudadanos comunes que padecen el tráfico de la mañana y de la tarde. La paz no es disecar una paloma blanca y ponerla en el centro de la sala. La paz no es enseñar a los niños que antes nos matábamos pero que ahora ya no. La paz no es asumir la quietud de quienes ya lo consiguieron todo. La paz no es aprender a esquivar las otras balas. La paz no es erradicar minas y cultivos para que no mueran los de aquí y los de allá, y para recibir las gracias de los aquí y las felicitaciones de los de allá. La paz no son cifras de muertos disminuidas y cifras de inversiones aumentadas. La paz no es que un presidente pase a la historia ni que un ex presidente se quede solo, vociferando al viento. La paz no es tomar una foto en colores en la que los enemigos se estrechan las manos, mientras cada uno de ellos piensa que es el ganador de una triste contienda. La paz no es una bandera izada, ni una himno entonado con lágrimas de patria en las mejillas. La paz no son miles de cuartillas publicadas en periódicos, libros, informes, portales, redes sociales o servilletas sucias. La paz no es redistribuir el presupuesto nacional en desmedro de la defensa y en favor de la educación. La paz no es tener más tiempo para hablar de fútbol en los cocteles. La paz no es interrumpir la expedición de salvoconductos de armas para civiles. La paz no es abolir los esquemas de seguridad, con sus camionetas y sus motos y sus escoltas. La paz no es dedicarse a perseguir rateros en lugar de matar en combate a guerrilleros. La paz no es cambiar la selva y la montaña por los despachos y los capitolios. La paz no es acostumbrarse a que no hay guerra. La paz no es olvidar que hubo guerra. La paz no es pensar que no habrá más guerra. La paz no es creer que Colombia ya no es el infierno y que ahora es un retazo del Paraíso, despojado de intolerantes, de asesinos, de indolentes, de corruptos, de abusadores, de idiotas útiles e inútiles, de victimarios, de inmorales, de amorales, de ignorantes, de lagartos, de hampones, de quejumbrosos, de vendedores de humo, de mediocres, de malos imitadores, de acomplejados, de menesterosos, de humillados y de millones de amantes de la guerra.

La paz no es solo la paz.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... paz-219176

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Esta foto registra el histórico apretón de manos entre el presidente Santos y alias Timochenko, en presencia del presidente cubano Raúl Castro

Por Óscar Montes

El histórico acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre justicia transicional volvió irreversibles los diálogos y deja al grupo guerrillero a las puertas de su desmovilización, después de 50 años de guerra contra el Estado.

Después del estrechón de manos entre Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el pasado 23 de septiembre en La Habana, ahora sí puede decirse que la negociación con las Farc es irreversible. Se trata de un suceso trascendental en la historia reciente del país. El más importante –sin duda– en los últimos cincuenta años. Los diálogos con las Farc –organización guerrillera que pretendió tomarse el poder por la vía armada y que se valió de todo tipo de herramientas y acciones de terror para cumplir ese propósito, entre ellas el secuestro y el narcotráfico– tienen fecha de caducidad: 23 de marzo de 2016, día en el que se espera que el grupo subversivo abandone para siempre las armas y se reintegre a la vida civil.

Y aunque quedan algunos “pendientes” que deberán resolverse antes de marzo, es evidente que luego de superar el capítulo relacionado con la justicia transicional, que se aplicará a quienes tuvieron participación activa en el conflicto –incluidos los jefes y combatientes de las Farc, así como oficiales e integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, e incluso representantes de la sociedad civil– los colombianos dejaremos de asistir al triste, lamentable y macabro espectáculo de pueblos tomados, oleoductos volados, menores reclutados, soldados mutilados, comerciantes y ganaderos secuestrados, entre otras atrocidades cometidas por las Farc. Esa pesadilla deberá llegar a su fin. Esa es la razón de ser de los diálogos del Gobierno con ese grupo guerrillero. La buena noticia es que la negociación acabará con la barbarie de la guerra con las Farc. Punto.

Como lo anticipó el presidente Santos, horas antes de viajar a La Habana, “no todos van a quedar contentos con lo acordado”. Los más inconformes son el ex presidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien sostiene que el acuerdo permite la impunidad de los jefes guerrilleros e iguala a la Fuerza Pública con las Farc. También cuestionó duramente la conexidad establecida entre el narcotráfico y los delitos políticos, la participación en política de los jefes guerrilleros y lo que él llama la “castrochavización” de Colombia.

“Todos los de las Farc, incluidos los cabecillas responsables de atrocidades –declaró Uribe– vendrán al Congreso. Los militares no tienen un tratamiento digno, como corresponde a las fuerzas de la democracia. Se les pone en iguales condiciones a las Farc, los someten al mismo espurio de justicia y un militar, un policía, para evitar que lo metan a la cárcel, tendrá que reconocer delitos que no ha cometido”.

Otro crítico del acuerdo es el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien considera que fomenta la impunidad. Curiosamente, José María Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, duro crítico de Uribe, terminó en la misma orilla del exmandatario y el Procurador, pues sostuvo que el acuerdo permitirá que “los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso de la Corte Constitucional o de la Corte Penal Internacional”.

No obstante, también hubo voces generosas con los acuerdos, entre ellas la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien sostuvo que “noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de Lesa Humanidad y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad para los crímenes más graves”.

La nuez de la negociación ha sido desde el comienzo la supuesta impunidad que cobijaría a los jefes de las Farc. Es decir, el tamaño del sapo que tendríamos que tragarnos los colombianos a cambio de que ese grupo guerrillero deje de cometer atrocidades y sus miembros se reintegren a la sociedad civil. Para muchos colombianos –más del 80 por ciento, según las encuestas– el sapo de ver a los guerrilleros salir del monte directo para el Congreso de la República, sin pagar un día de cárcel, es intragable e indigerible.

A juzgar por lo que ha trascendido de los acuerdos sobre la justicia transicional que se aplicaría, el asunto lo resolvieron las partes de la manera más sencilla para ellos, pero más difícil de asimilar por parte de la mayoría de los colombianos: para que no haya impunidad no es necesario que los guerrilleros sean recluidos en cárceles con barrotes y vestidos a rayas. Para que los jefes guerrilleros sean castigados no hay que internarlos en cárceles de máxima seguridad, permitiéndoles tan solo un día de sol al mes, que es exactamente el castigo que piden millones de colombianos para quienes sembraron desolación y odio a lo largo y ancho del país.

Los negociadores de La Habana –tanto del Gobierno como de las Farc– consideran que hay fórmulas que permiten adaptar las penas a los tratados internacionales, sin que ello signifique que los actos de terror de las Farc y de agentes del Estado que sean vinculados a la justicia transicional queden en la impunidad, puesto que el acuerdo establece que los crímenes de guerra o de Lesa Humanidad sí serán sancionados. La propia fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, lo dijo: “El acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra”.

Pese a las críticas que ha recibido el acuerdo, hay un hecho que merece ser destacado. Se trata de que por primera vez los jefes de las Farc aceptan someterse a procesos judiciales, así como a reconocer la institucionalidad de un Estado al que combatieron por más de 50 años. ¿O es que después de lo acordado van a desconocer las leyes que surjan del Congreso o los fallos judiciales de distintos tribunales, nacionales e internacionales, entre ellos el llamado Tribunal para la Paz?

Toda negociación con una organización guerrillera que no fue derrotada por la vía militar y por consiguiente no fue sometida a rendición, como es el caso de las Farc, tiene un costo político, que debe ser asumido por el Estado y la sociedad con una alta dosis de pragmatismo y un profundo sentido histórico. Cuando se gana la guerra se ponen las condiciones, cuando la guerra no se gana dichas condiciones se negocian. Así de simple. ¿Cuáles son los efectos del acuerdo de La Habana? ¿Qué tan grande es el sapo de la impunidad? ¿Qué les espera a los enemigos de la negociación con las Farc? ¿Qué pasará con los militares?

Santos, en manos de la historia

Juan Manuel Santos está de un ‘cacho’ para pasar a la historia como el presidente que logró la paz con las Farc. ¿Cómo lo hizo? Para muchos colombianos, encabezados por los uribistas, lo hizo entregando el país a las Farc y haciendo todo tipo de concesiones, aún aquellas que atentan contra la viabilidad del Estado, como por ejemplo la suerte de las Fuerzas Militares. Pero para los amigos de la negociación, Santos tuvo el arrojo y la valentía suficiente para entender el momento histórico del país y la urgencia de poner fin al conflicto, aun sabiendo que las concesiones a las Farc podrían significarle tener que pagar un alto costo por esa decisión. Pretender vestir a Timochenko de Everfit para llevarlo al Congreso, sin que pague un día de cárcel, implica someterse a todo tipo de señalamientos, empezando por el de la propia cobardía y falta de carácter que le endilgan a Santos sus enemigos políticos. Punto. Desde los tiempos de Belisario Betancur todos los presidentes –incluido el propio Uribe– tuvieron acercamientos o negociaciones con las Farc con el fin de lograr que abandonen las armas y se reintegren a la sociedad. Hasta ahora todos fracasaron, menos Santos. La historia –cuyo juicio suele ser implacable– nos dirá si el precio que pagó Santos al negociar con las Farc resultó demasiado alto.

Tribunal para la Paz: ¿Y eso con qué se come?

El gran misterio que surgió del acuerdo sobre justicia transicional de La Habana tiene que ver con el llamado Tribunal para la Paz, que quedó convertido en la última instancia en lo que tiene que ver el desarrollo de los acuerdos con las Farc. ¿Cuántos magistrados lo integrarán? ¿Veinte, treinta…? ¿Quiénes los elegirán y con qué criterios? ¿Cuáles serán sus verdaderos alcances? ¿Qué pasará con los otros tribunales de la justicia ordinaria? ¿Qué queda por dentro y qué queda por fuera de la órbita de dicho tribunal? ¿Quiénes podrán ser juzgados y quiénes no por dicho tribunal? ¿Los civiles también podrán ser juzgados por ese tribunal o sólo miembros de las Fuerzas Militares y guerrilleros? Como puede verse, son muchas las preguntas y pocas las respuestas relacionadas con el organismo que tendrá la enorme responsabilidad de materializar –en lo que tiene que ver con la aplicación de la Justicia– todos los acuerdos de La Habana. Tantas preguntas sin respuestas lo que genera es más confusión, más caos y más incertidumbre. Haría muy bien el Gobierno en empezar a responder todas y cada uno de estos interrogantes.

Un gesto inamistoso y grosero con Vargas Lleras

Llama la atención que en medio del fervor por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc, algunos funcionarios se dejaron llevar por la emoción y mostraron una mezquindad preocupante. Es el caso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien con una mano le dio la bienvenida a la paz con las Farc y con la otra le propinó una fuerte bofetada a Cambio Radical. O mejor dicho, al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. La excusa de Cristo –según la cual el ajetreo del viaje hizo que olvidara llevar a La Habana a alguien de Cambio Radical– resultó peor que la grosería de no haber invitado a ese partido político. En el avión presidencial hubo cupo para todo el mundo: desde voceros del conservatismo, como Telésforo Pedraza, hasta radicales opositores del Gobierno, como Iván Cepeda. Cambio Radical no solo hace parte de la Unidad Nacional, sino que su jefe natural es hoy por hoy la figura más representativa del Gobierno y el que más y mejores resultados muestra en las tareas asignadas por Santos. ‘Ningunear’ a Vargas Lleras –así después el ministro Cristo haya ofrecido excusas– es un gesto inamistoso y grosero para con alguien comprometido a fondo con el Gobierno, aunque tenga –como es de público conocimiento– sus reservas acerca del verdadero compromiso de los jefes de las Farc con la paz. ¿O es que piensan graduar a Vargas Lleras de enemigo de la paz?

Mucho cuidado con la nueva doctrina militar

El anuncio del comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, en el sentido de que personalmente realizará –entendiendo el momento histórico del país– “la primera revisión formal y total de la doctrina militar”, fue recibido con reserva por miembros de las Fuerzas Armadas y por conocedores de los asuntos de la seguridad nacional. En otras palabras: la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Militares sí serán modificadas por cuenta de los diálogos de La Habana, algo que siempre fue negado por el Gobierno. Pero es apenas natural que ello ocurra: una cosa es diseñar una estrategia de seguridad nacional con ocho mil guerrilleros de las Farc en armas y otra sin ellos haciendo presencia en todo el país. Pero lo que no puede ocurrir es el debilitamiento de las Fuerzas Militares, que deben seguir empeñados en derrotar al ELN –que dejó pasar el tren de La Habana– y a las bacrim. Punto. Desmantelar a las Fuerzas Armadas es dejar a merced de las organizaciones criminales a los colombianos. ¿Cuáles serán las nuevas funciones y las prioridades estratégicas en materia de seguridad tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía? ¿Qué pasará con los miles de desmovilizados de las Farc? ¿Está el Gobierno dispuesto a integrarlos a las fuerzas existentes o creará nuevas fuerzas? Esas son preguntas que el Gobierno debe responder con claridad para evitar confusiones o malos entendidos en el futuro inmediato.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/analis ... ras-219530

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Por Javier Ortiz Cassiani

Las Farc eligieron a los últimos tres presidentes. A Andrés Pastrana, porque decidió negociar con ellos y lograr la anhelada paz; a Álvaro Uribe, en dos ocasiones, porque ante la humillación y la vergüenza nacional por la imagen de un mandatario mirando descorazonado una silla vacía, prometió acabarlos militarmente; y a Juan Manuel Santos, en la primera ocasión porque había acompañado a Uribe a ‘darles en la jeta’ como ministro de Defensa, y en la segunda –en medio de una fuerte oposición de su antiguo mentor, que estuvo a pocos votos de aguarle la reelección– porque decidió jugársela con las mesas de diálogo. Algo queda claro aquí, y es que desde varios años, la agenda política nacional la definen las Farc.

Aunque algunos de los paramilitares desmovilizados en realidad eran solo una manga de mafiosos narcotraficantes que aprovecharon la coyuntura para disfrazarse de anticomunistas, el máximo sustento del paramilitarismo ha sido el discurso y la acción antisubversiva. Para eso tuvieron el apoyo del mismo Estado, de políticos, de empresarios y comerciantes, y hasta de gente del común, que les facilitaron el camino para perpetuar las masacres de cuyas secuelas las víctimas no terminan de reponerse.

La lucha contra las Farc ha servido para todo. Para reducir al pertinente debate político e ideológico que merece toda nación civilizada, a una pobreza extrema que raya en la caricatura. Para decirle guerrillero en la cotidianidad de las conversaciones callejeras y virtuales a todo aquel que medianamente piense por fuera del orden, y lo más doloroso, para justificar el asesinato sistemático de personas inocentes, hacerlas pasar como guerrilleros, mostrar ‘avances’ en la lucha antinsurgente, y de paso, para que unos cuantos militares disfrutaran de ‘merecidos’ ascensos, permisos y vacaciones remuneradas.

Debido a la guerra con las Farc, Colombia fue el segundo país suramericano, después de Brasil, que más dinero invirtió en la compra de armas entre los años 2006 y 2010. También por causa de la guerra con las Farc, del gasto de funcionamiento general de la nación vigente para el presente año, el sector defensa y seguridad se lleva el 21,4%, mientras que salud funciona apenas con el 7,08%, justicia con el 6,35%, transporte con el 0,5%, agricultura con el 0,3%, cultura con el 0,17% y deporte y recreación con el 0,02%.

Ha sido debido a la guerra con las Farc que las imágenes religiosas que conservan muchas madres pobres en sus escaparates, ya no sirvan para pedir milagros, sino para ser usadas en los velorios de los hijos que se fueron a la guerra, y regresaron a sus casas envueltos en bolsas plásticas y en un trapo tricolor que los guerreristas del país ondean desde la comodidad de las oficinas.

Con los últimos acuerdos de La Habana se ha dado un paso importante para que las Farc dejen de ser quienes definan la agenda del país, y para que algunos abandonen la redomada costumbre de usar el discurso antisubversivo como comodín para su reprochable accionar político. Si las Farc cumplen con lo pactado, y si nos sacudimos de la tradición de ser un país que asesina a los guerrilleros desmovilizados, es el momento de cambiar la agenda nacional. Solo así podremos concentrarnos en los compromisos aplazados después de 60 años de guerra.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... nda-219532

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Por Abelardo de la Esdpriella

El Gobierno nacional ha anunciado su interés de explorar alternativas jurídicas que impidan que los desmovilizados, en el marco de un proceso de paz, puedan ser extraditados. Evidentemente, se trata de una exigencia de las Farc en la mesa de La Habana. No son tontos: saben que no pueden dejar ese ‘demonio’ gravitando sobre ellos, cual espada de Damocles. Y tienen razón. ¿De qué sirve acogerse a la ley en Colombia, si al poco tiempo los montan en un avión de la DEA con rumbo a una prisión federal en el país del norte?

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de producir una interesante jurisprudencia, en la que los magistrados de esa corporación ratifican que el delito de narcotráfico es conexo con el de rebelión, cuando esa actividad ilegal ha sido cometida para financiar organizaciones insurgentes. Dicha postura jurídica podría ayudar a aclarar el panorama, pero no es suficiente, debido a que el máximo tribunal de la justicia ordinaria precisó que el hecho de pertenecer a la guerrilla y haber participado en actividades de narcotráfico no es obstáculo para la extradición de integrantes de grupos armados.

En otras palabras: sí pero no. La Corte reconoce la relación o conexidad entre los delitos de narcotráfico y rebelión, al tiempo que indica que, a pesar de ello, la extradición puede tramitarse. A continuación, apartes del pronunciamiento de esa corporación: “De ninguna manera puede considerarse como un factor impediente de una solicitud de extradición, no sólo (sic) porque el legislador, no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter”.

Aquí surge un problema muy delicado, del que estoy seguro las Farc y sus asesores no se han percatado, pero no demoran en pillarlo: el alcance de los delitos por investigar. Más allá de la conexidad, lo que se debe hacer es investigar, en los procesos de justicia transicional, los temas relacionados con la financiación de las organizaciones armadas al margen de la ley, incluyendo el flagelo del narcotráfico, a fin de no saldarlos vía extradición. De lo contrario, la suerte de los desmovilizados estará sujeta al arbitrio de los jueces, y estoy seguro de que dicha situación de inseguridad jurídica daría al traste con el acuerdo de paz. Por lo tanto, es mejor tocar este tema ahora y subsanarlo, antes de que sea demasiado tarde.

Otro asunto no menos importante para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos es el control previo de constitucionalidad de las medidas adoptadas en desarrollo del acto legislativo del marco jurídico que habrá de implementarse, toda vez que ello evitará, por una parte, la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, y, por otra, la proliferación de diversidad de criterios interpretativos y de jurisprudencias variables en las diversas instancias de la Rama Judicial.

Para evitar tales fenómenos adversos al cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, también es imprescindible que la ley estatutaria que materialice las medidas adoptadas en desarrollo del mencionado acto legislativo contenga un artículo que establezca la obligación de acatar por completo lo allí contenido, en cuanto hace tránsito a cosa juzgada.

Históricamente, la guerrilla le ha quedado muy mal a Colombia, pero el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, quedarle mal a los insurgentes: hay que darles seguridad jurídica, con las respectivas garantías constitucionales y legales.

Ahora las Farc son nuestros enemigos, pero, una vez se desmovilicen, entreguen las armas y reparen a sus víctimas serán nuestros aliados en la construcción de un mejor país, y, como tales, deben ser tratados.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... ada-220794

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El presidente Santos insistió en que no habrá Asamblea Constituyente.

El anuncio lo hizo en Buenaventura el presidente Juan Manuel Santos, quien pidió a las víctimas que apoyen esta iniciativa e insistió en que no habrá Asamblea Constituyente.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que espera que se celebre en mayo o junio el plebiscito en el que los colombianos decidirán si aprueban o no los eventuales acuerdos de paz con las Farc.

“En mayo o junio del año entrante se hará un plebiscito por la paz”, dijo Santos en la emisora Voces del Pacífico durante una visita a la ciudad de Buenaventura.

El presidente, que reconoció que no todos quedarán contentos con la medida, aprovechó para pedir a las víctimas que apoyen la iniciativa del plebiscito.

Necesito su ayuda. “Necesito que ustedes respalden esta iniciativa del plebiscito, de todo lo que Colombia puede hacer con esta paz”, indicó el mandatario.

Santos aseguró que si se logra una participación masiva en esa consulta “el país va a cambiar”, puesto que se aprobaría la entrada en vigor de unos acuerdos que terminarán con más de 50 años de conflicto armado.

Por eso, dijo a las víctimas, a las que durante las negociaciones de paz de La Habana se ha “puesto en el nivel que se merecen sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición” que tengan un respaldo activo. “Les pido que por favor nos ayuden. Porque esta paz no es mía, esta paz no es de Juan Manuel Santos, ni de mi Gobierno. Esta paz es de ustedes, de todas las víctimas, de todos los colombianos”, concluyó.

El pasado 23 de septiembre Santos anunció en Cuba, tras darse un histórico apretón de manos con el máximo líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que la paz de Colombia se firmará a más tarde el próximo 23 de marzo.

No a la Constituyente. Juan Manuel Santos, sin embargo, advirtió a las Farc que no habrá una Asamblea Constituyente como quiere ese grupo guerrillero para refrendar los acuerdos de paz que se firmen en La Habana, sino que se hará por otro mecanismo de participación popular, posiblemente un plebiscito.

“Ellos (las Farc) siguen insistiendo en su Asamblea Constituyente y les hemos dicho de todas las formas posibles: bájense de esa nube, Asamblea Constituyente no va a haber”, manifestó Santos en un Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz, realizado en la Universidad Libre de Bogotá.

El mandatario explicó que aunque no está obligado legalmente, va a diseñar algún mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.

El jefe de Estado dijo que el referendo del que se venía hablando tiene toda clase de complicaciones, mientras que el plebiscito “es el mecanismo más idóneo para refrendar los acuerdos”, dijo.

“El plebiscito es una pregunta al pueblo colombiano y eso lo haríamos después de que firmemos los acuerdos, porque hay que hacer una gran pedagogía sobre qué fue lo que firmamos, qué fue lo que se negoció como un paquete y el pueblo colombiano va a tener la oportunidad de salir a votar y decir: me gusta o no me gusta. Sí o no”, afirmó Santos.

El mandatario agregó que esta fórmula será una refrendación “totalmente democrática y transparente”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/en-may ... tos-228166

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Por Fernando Arteta

Qué buena costumbre es llamar a las cosas por su nombre. Por eso celebro el nacimiento o redescubrimiento de términos que indican situaciones y describen adecuadamente lo que quieren decir. Oímos hablar de la justicia transicional o del desescalamiento y entendemos que la una es la justicia que se aplicará durante y para la transición que abocará el país durante las negociaciones en busca del cese de hostilidades. La otra debe ser algo así como lo que va pasando cuando bajamos por una escalera luego de estar en una gran altura –se desescala en la medida que perdemos altura – y perder altura es en este caso bajarle la intensidad al enfrentamiento. Podría haber sido bajamiento, descendimiento, aplacamiento o hasta aculillamiento, pero no, escogieron un adecuado gerundio al que ya nos acostumbramos.

Algo parecido sucede con “postconflicto”, término acuñado para referirse a todo lo que suceda después del conflicto. No tengo claro si es pos o post pero no hay duda alguna en que ambos prefijos indican posterioridad. El término es claro y no requiere explicaciones, así como posguerra es después de la guerra, en este caso no podría haberse utilizado este término como sinónimo del postconflicto. Allí empiezan a presentarse grandes diferencias en ambos términos y las consecuencias que conllevan cada uno de ellos. Guerras entre naciones o guerras internas implican enfrentamientos generalizados entre las partes en donde además de matarse, se destruyen ciudades y su infraestructura con el afán de ganar como sea y mientras no haya victoria, el desastre de parte y parte continua de la forma más cruda posible.

En Colombia, a pesar de la existencia de grupos guerrilleros, subversivos, terroristas o lo que sea, nunca ha habido realmente una guerra. Secuestros, chantajes, boleteos, actos terrorista, sí, pero batallas como tácticas de guerra, no las conocimos. Las guerrillas, como su nombre lo indica, son diminutivos de guerra, acosan y molestan al enemigo y nunca lo enfrentan en serio porque pierden y lo saben. De hecho quizá la única acción de guerra que pudiese considerarse fue la toma del Palacio de Justicia donde los guerrilleros fueron aplastados en 28 horas por el ejército regular.

Varios errores ha cometido el Estado durante los 50 y mas años de existencia de los grupos armados insurgentes. Pusilánime y permisivo en muchos casos, humanitario y liberal en otros pero lo más delicado fue haber permitido que el conflicto se hubiera convertido en una seudo guerra que les dio ese estatus a los insurrectos y que les permite estar donde están. Si fuera una guerra pues los perdedores firmarían con sangre la derrota y sufrirían todas las consecuencias.

Pero como ya estamos en lo que estamos y vamos para donde vamos, no sigamos embarrándola con la apoteosis del después, aquí no hay ciudades arrasadas, refinerías quemadas ni puentes destrozados. Hubo ataques a pequeños centros urbanos, oleoductos reventados e inmediatamente reparados y uno que otro puentecillo dinamitado y, eso sí, muchos secuestrados y numerosos asesinados que no pueden restituirse. Entonces debemos tener claro que el postconflicto se limita, por los acuerdos a los que llegaremos, a poner a vivir a los desmovilizados, en pagarles mesada y construirles centros rurales de vivienda donde medio paguen las atrocidades cometidas. Nada más. Ojalá el nuevo min-postconflicto, de manera ordenada, juiciosa y seria, tal como es él, desescale al post y culmine la transición efectivamente sin necesidad de obras faraónicas ni actuaciones excesivas, no es necesario y Pardo más que nadie lo sabe.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... bre-228336

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Juan Manuel Santos cuando proponía que los negociadores entren en un cónclave.

El mandatario envió a La Habana a su hermano Enrique, como emisario, para que se reúna con Timocheno • Defensoría dice que no se ha cumplido el cese al fuego.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que envió a La Habana a su hermano Enrique como emisario para proponerle al jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', que los negociadores de paz entren en un cónclave para acelerar los acuerdos.

Santos explicó que la propuesta es que "los negociadores entren en una especie de cónclave y no salgan de ahí hasta que no tengan todos los puntos resueltos".

El Jefe de Estado realizó las declaraciones durante la firma de un acuerdo de cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (Usaid), en la Casa de Nariño.

“Todo esto es para acelerar el proceso. Es más, en el día de hoy está en La Habana reunido mi hermano Enrique –lo envié como mi mensajero personal– con ‘Timochenko’. Y entre los puntos que están tratando, uno de ellos es una propuesta para que los negociadores entren en una especie de cónclave y no salgan de ahí hasta que tengan todos los puntos resueltos”, expresó el Mandatario.

El periodista Enrique Santos fue en 2011 uno de los encargados de hacer los primeros acercamientos entre el hoy presidente y las Farc para iniciar el actual proceso de paz.

"Queremos, y esa es la intención del Gobierno colombiano, acelerar las negociaciones porque entre más rápido lleguemos al fin del conflicto, menos víctimas vamos a tener", argumentó el mandatario, que el pasado 23 de septiembre acordó con "Timochenko" en Cuba un plazo máximo de seis meses para firmar la paz.

El gobernante indicó que estas gestiones las hace pensando "en que el proceso de paz llegue a feliz término y lo más pronto posible para acabar con este conflicto".

En la reunión que mantuvo en Cuba con "Timochenko", Santos acordó fijar el 23 de marzo de 2016 como fecha máxima para la firma de un acuerdo de paz.

"No podemos correr riesgo que nuestro anhelo de paz se trunque por no tener la previsión suficiente y por no adelantarnos y no ganar tiempo y por eso nuestra intención es esa, acelerar al máximo el fin del conflicto", apuntó.

El proceso de paz entre el Gobierno de Santos y las Farc, la guerrilla más antigua del continente, completó ayer tres años en La Habana y ha entrado en su recta final con el reto de consensuar complejos asuntos como los términos del alto el fuego bilateral y definitivo, el modelo de justicia que se aplicará a los actores armados o el mecanismo de refrendación del acuerdo final.

El modelo de justicia hace parte del punto de víctimas, que incluye además los componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición.

El otro punto pendiente es el de fin del conflicto, que abarca el cese el fuego, la dejación de armas y desmovilización de las Farc.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/santos ... paz-229506

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Con el apretón de manos de Juan Manuel Santos y Timochenko el 23 de septiembre se dio a conocer el acuerdo parcial sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy, con el cierre del quinto punto, víctimas, será revelado en su totalidad.

Por Jorge Cantillo Barrios

Iván Márquez anunció que cerraron “satisfactoriamente la Jurisdicción Especial para la Paz”, uno de los puntos más complicados del proceso.

Hoy es un día decisivo para el proceso de paz: el Gobierno y las Farc anunciaron la divulgación del punto cinco del marco general de los diálogos, las víctimas, eje central de las negociaciones sobre el cual se venía discutiendo hace ya año y medio en La Habana.

El anuncio se dio a través de las cuentas de Twitter de Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las Farc y la de la delegación de paz del Gobierno. “Hemos cerrado satisfactoriamente la Jurisdicción Especial para la Paz y el acuerdo parcial sobre el punto cinco víctimas”, trinó el líder guerrillero. Por su parte el Gobierno manifestó: “Mañana (hoy) colombianos conocerán acuerdo real y definitivo sobre punto “Víctimas”. Un paso más hacia fin del conflicto”.

Así las cosas, la atención está puesta en la capital cubana y en el comunicado conjunto que el Gobierno y la insurgencia emitan a partir de las 10 de la mañana, en el que se darán a conocer, además de las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición que se les darán a las víctimas en el posconflicto, el acuerdo final sobre justicia transicional, que fue presentado el pasado 23 de septiembre por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko.

Ese 23 de septiembre, junto con el histórico apretón de manos entre el presidente y el jefe guerrillero, Santos le envió al país un claro mensaje: “la paz está cerca”, y más allá de que se logre cumplir el plazo anunciado ese día –23 de marzo de 2016–, lo cierto es que con la firma del punto de victimas y el acuerdo de justicia, el camino hacia la paz es cada vez más corto.

De lo que se sabe del acuerdo sobre la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que se dará a conocer en su totalidad hoy, es que el modelo de justicia que se imperará en el posconflicto será la justicia restaurativa, que contempla penas privativas de la libertad que no necesariamente significan cárcel. Así mismo, serán objeto de esta jurisdicción especial no solo los guerrilleros, sino todos los actores del conflicto, como lo son las Fuerzas Armadas, y los civiles que participaron de una u otra manera en la guerra.

Fin del conflicto

Una vez firmado el punto de víctimas a las delegaciones les queda acordar los detalles técnicos sobre el punto tres del acuerdo general, el fin del conflicto. Esto incluye la desmovilización de la guerrilla, su concentración y desarme, así como el cese al fuego bilateral y definitivo.

Sobre este punto ya hay avances y una subcomisión técnica militar viene trabajando en paralelo la mesa de diálogos desde febrero de este año.

El sábado pasado las Farc manifestaron que ahora su atención está en fin del conflicto, sobre el cual han lanzado propuestas tan polémicas como los llamados “territorios especiales para la construcción de la paz o terrepaz”, en los cuales no podría hacer presencia el Ejército, propuesta que fue rechazada por el Gobierno.

También queda pendiente el tema de la refrendación, en el que hay desencuentros. Por un lado, el Gobierno impulsa el plebiscito por la paz. Por el otro, las Farc consideran que este mecanismo no da garantías jurídicas a los acuerdos y proponen una Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien no son menores los retos que faltan por sortear, también acertado recordar las palabras del presidente: “La paz está cerca”.

Es el paso más importante

El coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, afirmó que “el tema de víctimas y de justicia es el más complejo, que más ha desatado diferentes puntos de vista en Colombia y ha generado polarización, por eso cerrarlo con un acuerdo sería algo muy grande y sería la señal determinante de que hemos llegado a la última etapa de las conversaciones".

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/dia-de ... mas-233645

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Senado de la República votó ayer el informe de conciliación del plebiscito para la paz.

Por César Muñoz Vargaz

El proyecto, que le permitirá a los colombianos refrendar sobre los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las Farc en La Habana, pasará a revisión de la Corte Constitucional.

Una vez explicada la conciliación y escuchadas las constancias, la plenaria del Senado aprobó, con un resultado de 56 votos a favor, la conciliación del Plebiscito por la Paz, el mecanismo que permitirá que los colombianos refrenden en las urnas los acuerdos de La Habana ante la eventual firma del proceso de paz que Gobierno y Farc iniciaron formalmente en esa capital el 19 de noviembre de 2012.

La decisión se dio a pesar de la oposición al proyecto que siempre mostró la bancada del partido Centro Democrático, cuya mayoría se inclinó por abstenerse de votar con el argumento de que el referido proyecto de ley estatutaria no es conveniente para el país. En la exposición de su constancia, el senador barranquillero del uribismo, Jaime Amín, calificó como “tramposo” el plebiscito, al tiempo que reclamó a los ponentes del proyecto el hecho de no haber invitado a la conciliación a algún miembro del Centro Democrático.

En los mismos términos, el senador José Obdulio Gaviria habló de “un remedo del plebiscito” al criticar el sistema de preguntas del recurso refrendador, mientras que el también uribista Ernesto Macías, antes de pedir permiso a su jefe para ausentarse durante la votación, dijo que “el Gobierno tiene miedo de que los colombianos no aprueben los acuerdos de La Habana”. Macías sustentó su afirmación en la negativa del Congreso respecto a la propuesta de situar el umbral en el 25 por ciento y no en el 13 como quedó finalmente aprobado.

Dicho umbral tienen que ver con que, del censo electoral, aproximadamente 4,5 millones de ciudadanos deben votar por el sí para que se apruebe el proceso de paz. El senador huilense criticó el hecho de que algunos servidores públicos estén haciendo campaña por el sí, a pesar de que el proyecto de ley establece la prohibición.

“Al ministro del Interior, que no sé si esté se le llena la boca diciendo que los amigos de la guerra tienen todas las garantías”, expresó Macías, mientras Juan Fernando Cristo Bustos lo escuchaba sentado en la parte anterior del atril del recinto legislativo.

El Gobierno brindará todas las garantías. Al dar un balance de la conciliación, el senador ponente Armando Benedetti informó que no hubo cambios sustanciales y que lo único claro es que el presidente Juan Manuel Santos podrá convocar un referendo para que se acabe el conflicto y exista la paz en Colombia. Enfatizó en que las reglas del proyecto son claras, especialmente las que tienen que ver con la divulgación, la equidad y la proporcionalidad de la divulgación en los medios de comunicación.

Añadió que, tal como que quedó consignado, el Estado no financiará campañas ni por el sí ni por el no del plebiscito, pero es compromiso del Gobierno informar ampliamente el contenido de los acuerdos que se firmen con las Farc con el fin de que los colombianos puedan votar a conciencia; lo anterior, como respuesta a los que dicen que el plebiscito “solo les pregunta a los ciudadanos si quieren la paz o no”.

Sobre el tema del umbral, Benedetti explicó que el 13 por ciento no favorece el abstencionismo sino que es un llamado para que los votantes salgan a las urnas. “Es una iniciativa que no salió de este Congreso sino del jurista Rodrigo Uprimmy”, advirtió el senador antes de revelar los cálculos de la Unidad Nacional respecto a los resultados en las urnas: “el sí obtendrá ocho millones de votos y el no, cuatro; lo que representa más del 40 por ciento del censo electoral”.

Respecto a la posición de las Farc, en el sentido de que el plebiscito no es vinculante, Benedetti expresó que antes cuestionaban «porque se estaba haciendo todo para complacer a las Farc». Y agregó la pregunta: “¿Qué van a decir cuando las Farc digan que sí les gusta el plebiscito?”. De acuerdo con el ponente, en seis meses ya habrá firma de paz, dejación de paz y refrendación de los acuerdos.

“A partir de hoy los enemigos de la paz son aquellos que no pudieron proponer ni liderar ni hacer la paz propia; esos son los únicos enemigos que tiene la paz. Gústele al que no le guste, aquí todo el problema es de envidia”, sentenció el parlamentario barranquillero. El llamado Plebiscito por la Paz pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional antes de que sea sancionado por el presidente Santos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/senado ... paz-233673

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Por Jorge Luis Cantillo Barrios

El acuerdo sobre víctimas y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz supone el cierre del punto más difícil y dilatado de toda la negociación, un avance histórico hacia el fin definitivo del conflicto.

“Hoy (ayer) desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo”. Con estas palabras, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de La Calle, enmarcaba la firma del acuerdo sobre el quinto punto de la agenda de diálogos con la guerrilla de las Farc, las víctimas, el más complejo y dilatado de los puntos pactados y que encausa las negociaciones hacia el fin del conflicto.

Un año y medio duró la discusión sobre el punto de víctimas, que tuvo su avance más significativo el pasado 23 de septiembre, cuando se dio a conocer el acuerdo parcial sobre justicia transicional y, con el histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, se le puso plazo a la firma de la paz, 23 de marzo de 2016.

Con el cierre del punto de víctimas, solo resta un punto de la agenda, el fin del conflicto, sobre el cual De la Calle reconoció que ya hay avances.

“Un cese bilateral debe constituir un cese bilateral del fuego y hostilidades definitivo, verificable y serio. Eso está siendo discutido por la subcomisión del fin del conflicto y esperamos que en enero podamos impulsar ese cese al fuego”, manifestó.

Su mensaje fue claro: “Hemos logrado de un acuerdo que logra cumplirles a las víctimas. Les hemos cumplido a las víctimas”, afirmó.

Lo pactado

Las víctimas son el eje central de todo el modelo justicia transicional que será aplicado en el posconflicto.

El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que pretende garantizar estos principios como la columna vertebral de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un modelo innovador colombiano que combina la sanción restaurativa –penas alternativas condicionadas a reparar el daño causado– con las sanciones restrictivas a la libertad.

También supone la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos.

En este sentido, serán objeto de la JEP todos los actores del conflicto, tanto combatientes como no combatientes, la fuerza pública y la guerrilla, así como los civiles y organizaciones políticas o sociales que han participado directa o indirectamente en la guerra, así sea financiando a los actores armados ilegales.

De esta forma se reconoce las responsabilidades conjuntas tanto de los actores del Estado como de la insurgencia en el origen y desarrollo del conflicto armado.

“Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una Jurisdicción Especial para La Paz”, manifestó Iván Márquez, jefe de la delegación de paz des Farc.

El componente de justicia del acuerdo, que instaura la JEP, pone como condición para acceder al tratamiento especial “aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”

“Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades”, señala el punto 13 del acuerdo.

Dentro de las “acciones concretas de contribución a la reparación” que deberán emprender las Farc incluyen obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios afectados por el conflicto, participar en los programas de desminado, sustitución de los cultivos ilícitos y la contribución en la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas, entre otros.

El acceso de las Farc a las penas alternativas también está condicionado a su desarme previo.

Sistema de Penas

Se manejarán dos enfoques para tratar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

El primero será las amnistías, que está dirigido exclusivamente a los condenados, acusados o investigados por delitos políticos, es decir por rebelión y sus delitos conexos. Sobre este punto se dará “la amnistía más amplia posible”, de acuerdo con los establecido por el Derecho Internacional Humanitario sobre justicia transicional.

El acuerdo define como delitos conexos “aquellos que están relacionados con la rebelión, como la aprehensión de combatientes en operaciones militares; aquellos en los que el sujeto pasivo es el Estado, y las conductas que faciliten, apoyen, financien u oculten el desarrollo de la rebelión”.

No serán objeto de amnistía o indulto “los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”, dice el acuerdo.

En todo caso, según lo expresado por De la Calle, será una “Ley de indultos” la que determine en que casos estos pueden ser aplicables, además de delimitar cuales son los delitos conexos.

Para aquellos delitos no indultables, los más graves y violatorios de los Derechos Humanos y el DIH, la JEP plantea un sistema de penas con tres grados de carga punitiva.

El primero, el más duro, se aplicará para aquellos actores del conflicto que no accedan a entregar verdad y a reparar a las víctimas. Ellos recibirán penas de 15 a 20 años de cárcel tradicional.

El segundo, se refiere a quienes reconozcan la verdad y accedan a la reparación tardíamente, pero en todo caso antes de proferida la sentencia. Enfrentarían penas privativas de la libertad de 5 a 8 años, que pueden contemplar la cárcel para los casos más graves. Quienes no hayan tenido participación determinante en los casos más graves, enfrentarán sanciones alternativas de 2 a 5 años.

Por último, para aquellos que acepten desde un primer momento acogerse a la JEP, entreguen verdad y reparen –posterior a su desmovilización– tendrán sanciones para los casos más graves de mínimo 5 años y máximo de 8 años. Para los responsables menores, las sanciones irán de 2 a 5 años.

Estas “sanciones propias” como las denomina el acuerdo, “comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”, pero no pagarán cárcel.

Dicha restricción efectiva supone la existencia de un monitoreo y supervisión para garantizar su cumplimiento, así mismo se creará un órgano nacional o internacional que verificará el cumplimiento de las sanciones.

Estas serán impuestas por el Tribunal para la Paz, máximo órgano de la JEP, cuyas decisiones serán inmutables, garantizando así la seguridad jurídica de quienes se acojan al proceso.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/solo-u ... paz-233844

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El presidente Santos en su alocución anoche al país.

Por Tomás Betín del Río

Santos afirma que con pacto de víctimas se superó el punto más complicado de la negociación con las Farc, y se perfila acuerdo definitivo. Texto establece penas de hasta 8 años de privación de libertad.

Con un tono en el que se avizora una mayor confianza en una suscripción del acuerdo final con las Farc, y haciendo al mismo tiempo un llamado a los colombianos para la eventual votación del Plebiscito por la Paz, el presidente Juan Manuel Santos explicó anoche, en una alocución, las líneas gruesas del cuarto de cinco puntos de la agenda de negociación con la guerrilla en La Habana.

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado reconoció que el acuerdo sobre víctimas, en el que se incluye el polémico tema de la justicia y que se llevó casi un año y medio de discusiones –el triple de lo que duraron los otros tres puntos de la agenda de Cuba en estos tres años–, fue uno de los más difíciles: “Hemos llegado a un acuerdo sobre quizás el punto más complejo de la agenda” y celebró que “lo nos muestra que es posible terminar el conflicto, como lo pactamos, a más tardar el 23 de marzo del próximo año”.

Negó una vez más algunas de las críticas que suelen plantear frente al proceso los opositores y aseguró que “no hemos negociado nuestra democracia, nuestro sistema político, nuestro modelo económico, el futuro de nuestras fuerzas armadas, ni los derechos de los colombianos a la propiedad privada y mucho menos a la libertad”.

Santos aseguró que este proceso, que no se ha hecho en ningún otro proceso en el mundo, “pone a las víctimas en el centro de la solución” y destacó que la razón esencial de esta negociación “es que no haya más víctimas”.

VERDAD Y JUSTICIA. Explicó el presidente que en lo acordado se definieron los mecanismos “para satisfacer de la mejor manera posible” los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
En cuanto a la verdad, dijo, se pactó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, “para que todos sepamos, sobre todo las víctimas, qué ocurrió en el conflicto armado”. Y agregó que habrá una Unidad Especial para las acciones de búsqueda e identificación de los desaparecidos.

Sobre la justicia recordó la creación de una Jurisdicción Especial de Paz “que garantice la no impunidad frente a los delitos más graves”, precisando que la idea es “lograr el máximo de justicia que nos permita la paz”. Indicó que aunque al final de un conflicto se suelen conceder amnistías, “hay crímenes tan graves que ni la ley ni nuestra conciencia nos permiten amnistiar”, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y las violaciones a los DD.HH. y el DIH. Por ello, serán castigados con “una restricción efectiva de la libertad” de entre 5 y 8 años, “complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas”.

CASO DE LOS MILITARES. Frente a los juzgamientos contra los uniformados, aseguró Santos que recibirán “un tratamiento diferenciado pero no más severo” y advirtió que “los agentes del Estado no pueden ser equiparados a la guerrilla”, concluyendo que “no se volverá a cometer la injusticia de ver a los guerrilleros libres y a los militares presos”.
Para el caso de los civiles que se han visto involucrados en delitos en el contexto del conflicto, por su relación con algunas de las organizaciones armadas ilegales, “hay que aclarar que esta participación solo constituye un delito si no ha sido el resultado de coacción”.

En cuanto a la reparación, anunció el presidente que se trata de un conjunto de medidas para fortalecer la política de reparación de la Ley de Víctimas, y que “todos los que tienen responsabilidad por las víctimas del conflicto y causaron daño deben cumplir con su obligación de reparar”. Resaltó aquí que “las Farc se comprometieron por primera vez en su historia a contribuir a la reparación material de las víctimas”.
Y en materia de no repetición, anotó que “la principal garantía de que no se repitan las atrocidades que se han cometido en nuestro país es que terminemos el conflicto”, poniendo de presente que “mientras algunas personas solo exigen venganza, las víctimas son las más dispuestas a perdonar”.

NADA EN CONTRA DEL PAÍS. Explicó Santos que en el último punto de la agenda de Cuba, el del fin del conflicto, que contempla la dejación de armas y el cese bilateral del fuego, varios de sus homólogos de los estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le han expresado su apoyo para la verificación del cese al fuego.

Insistió el jefe del estado en que serán los colombianos los que decidirán si aprueban o no el acuerdo final, y reiteró que “aquí no se ha pactado nada en contra del país, ni a espaldas de ustedes, solo lo necesario para terminar, de una vez por todas, con la guerra”.

Hizo un llamado “a los amigos de la paz y a sus detractores (…) a darle una oportunidad a la paz”, porque, afirmó finalmente, “el 2016 será el año en que Colombia vea un nuevo amanecer: el amanecer de un país sin guerra, sin conflicto”.

"EL ACUERDO ES INTEGRAL”: VARGAS

Para Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Conflicto de la Universidad Nacional, el acuerdo firmado por el gobierno y las Farc debe verse como un todo, porque cada una de sus partes conforman la integralidad del punto de víctimas, “que se cierra bajo los principios de verdad, justicia y garantías de no repetición”. Vargas considera que algo fundamental es el reconocimiento de las múltiples responsabilidades dentro del marco del conflicto armado.

“Por ejemplo en el acto de perdón en Bojayá, el Alto Comisionado para la paz fue claro en decir que las Farc fueron responsables pero también lo fue el Estado, por omisión, porque había unas alertas tempranas y no se tomó ninguna medida, y también lo fueron los paramilitares por refugiarse con la población civil. Entonces es un poco eso, que ante hechos que configuren distintos tipos de responsabilidades todos asuman las parte que les corresponda”, afirmó Vargas.

“CULTURA DE VIDA Y PERDÓN”: GÁLVEZ

“El acuerdo alcanzado entre los grupos negociadores del Gobierno y las Farc es altamente positivo en lo relativo a la víctimas, pues sigue los lineamientos desarrollos por más de 30 países que han apelado a denominada justicia transicional con el propósito de que las comisiones sobre verdad, reparación y no repetición se conviertan en una forma que sirva para aliviar y atemperar el dolor de las víctimas y se inicie en ellas la creación de la confianza y convivencia, elementos fundamentales para la construcción de la reconciliación de la sociedad civil, que durante muchos años de conflicto llegó a un sufrimiento profundo y necesariamente requiere de un tránsito a una sociedad que se fortalezca con la cultura de la vida y el perdón, sin necesariamente apelar a la impunidad que sería mal sano para su gradual recuperación”, opinó el analista Arturo Gálvez, director del Programa de Ciencia Política de la Universidad Autónoma del Caribe.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/2016-s ... tos-233863