FARC y ELN: ¿Paz por fin?/Enfin la paix?

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El negociador colombiano Frank Pearl (i) estrecha la mano del jefe de la delegación del ELN, Antonio García.

El anuncio de un proceso de paz del Gobierno con el ELN constituye, en sí mismo, una buena noticia. Lo mínimo que puede hacer esa guerrilla en la actual coyuntura es no estirar más la cuerda de la paciencia de los colombianos.

El anuncio hecho ayer desde Caracas por delegados del Gobierno y del ELN sobre la próxima apertura de un proceso de paz constituye, en sí mismo, una excelente noticia. La guerrilla liderada por ‘Gabino’ había permanecido hasta ahora al margen de las conversaciones que desde hace más de dos años desarrollan el Ejecutivo y las Farc en La Habana, y había mucho escepticismo de que ese grupo entrara, en un futuro inmediato, por la senda de la negociación. Sin embargo, el anuncio de ayer evidencia que los contactos exploratorios entre las partes han arrojado frutos.

Sostienen los expertos que el ELN, fundado en 1964, es, por su estructura organizativa y su dogmatismo ideológico –un coctel de marxismo-leninismo extremo, pro-castrismo y Teología de la Liberación–, un grupo muy complicado para llegar a acuerdos.

Tal vez sea así. Pero no es menos cierto que el mundo en el que nació esta guerrilla ha sufrido una transformación profunda. Las rebeliones mesiánicas que pretenden cambiar la sociedad mediante el uso de las armas están totalmente desacreditadas, y a ello hay que añadir, en el caso colombiano, que los golpes militares a la guerrilla han puesto a estas en una situación en extremo difícil.

Es posible que los líderes del ELN hayan comprendido que esta es quizá la última oportunidad que tienen para encontrar una salida a su actividad criminal en unos términos que puedan ser asumidos con relativa facilidad por sus más de 1.500 combatientes.

Resulta inevitable conjeturar que las negociaciones con las Farc –que se encuentran en su fase final, pese a los enormes obstáculos– serán el referente para el proceso con el ELN, por más que pueda haber detalles diferenciadores por la naturaleza particular de cada grupo.

El presidente Santos ha sido objeto de durísimas críticas –incluso desde algunas organizaciones de derechos humanos, no solo desde el uribismo– por ciertas concesiones que se están haciendo a las Farc en el proceso de La Habana, particularmente en materia de justicia transicional. Lo mínimo que puede hacer en la actual coyuntura el ELN es no estirar más la cuerda de la paciencia del Gobierno y de los colombianos.

Es cierto que las negociaciones con las Farc contienen medidas ventajosas para la guerrilla –como también, todo sea dicho, para militares y otros agentes del Estado acusados de crímenes en el marco del conflicto–, pero no se conoce proceso de paz en el que no se hayan tenido que hacer concesiones.

Por supuesto que el alcance de dichas concesiones es un asunto discutible. Y es importante en una democracia que dicho debate se produzca. Pero sin perder nunca de vista que de lo que hablamos es de poner fin a más de medio siglo de violencia y dolor.

Fuente: http://www.elheraldo.co/editorial/la-ot ... ion-251633

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Por Jorge Cantillo Barrios

Con la dejación de armas, las zonas de concentración y el cese al fuego aún por pactar, las delegaciones se reencuentran después del fallido 23 de marzo.

Luego de la pausa en la que entraron las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc desde el pasado 23 de marzo, fecha pactada para lograr un acuerdo final que no pudo materializarse, las delegaciones encabezadas por Humberto De La Calle e ‘Iván Márquez’ se volverán a ver las caras hoy en La Habana.

El presidente Juan Manuel Santos, en alocución del domingo, se refirió al nuevo ciclo de diálogos y señaló que los debates que ocupan en estos momentos a la mesa se refieren al proceso de la dejación de armas y fin del conflicto.

“Este momento de la negociación es complejo, pero debe servir para que estemos todos más unidos que nunca. Debe servir para que no perdamos de vista el objetivo, que está cerca. La paz y sus oportunidades están cerca”, expresó el presidente.

Así mismo, tal cual lo anunció Santos, ayer el equipo negociador del Gobierno se reunió en Bogotá con los abogados de las Farc, Enrique Santiago y Diego Martínez , para, según informaron fuentes cercanas al proceso, discutir el blindaje jurídico del proceso de dejación de armas y de la constitución y funcionamiento de las zonas de concentración de la guerrilla.

Estos dos temas, el proceso de dejación y los detalles de las zonas de concentración,fueron los que impidieron que se llegara a un acuerdo significativo el 23 de marzo.

El Gobierno, tanto en boca de Santos como de De La Calle, ha insistido a las Farc en que no será posible “la combinación de las fuerzas de lucha”, es decir, que estas inicien la actividad política antes de que dejen definitivamente las armas.

Al respecto, el máximo líder de las Farc, ‘Timochenko’, afirmó en una entrevista a la televisión cubana que el compromiso de las Farc era dejar las armas y que pretender relativizar ese compromiso, era una falacia.

“Nos parece una falacia esa matriz que se ha querido imponer en la que supuestamente nosotros estamos poniendo problemas para dejar las armas y que estamos interesados en hacer política con ellas en la mano. Seríamos suicidas, y no tenemos vocación de ello, sería un suicidio político firmar una cuerdo y no cumplirlo”, dijo ‘Timochenko’.

“Lo grueso ya pasó”. Para el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, los temas que faltan por tratar en la mesa, si bien son complejos, no representan e grueso de la negociación, que para su entender ya pasó.

“Las reformas, y los acuerdos generales ya se abordaron, ahora están discutiendo el futuro político de las Farc como grupo y es ahí donde entra el tema práctico procedimental”, afirma.

Entre estos temas se encuentran los procesos para traducir en normas los acuerdos logrados en La Habana, para lo cual el Gobierno le apuesta a la creación de una Comisión Legislativa Especial, por medio del Acto Legislativo para la Paz.

“Esa es una apuesta, pero está la otra tesis que han venido planteando una serie de analistas que es darle a los acuerdos el carácter de un acuerdo especial en el marco de los acuerdo de Ginebra. Esto permitiría incorporar de una todo eso al bloque de constitucionalidad”, señala.

Para Vargas, llevar los acuerdos al Congreso pone al legislativo en la posición de “o ser una especie de notario que le da un golpe a eso y diga: lo apruebo, sin tocarlo; o le mete la mano, empieza a tocarlo y entonces habría que devolverse a la mesa de La Habana”.

Compatibilizar las negociaciones

Para Vargas, el anuncio de una fase formal de diálogos con el ELN es una buena noticia para el proceso con las Farc, ya que “era muy difícil y casi imposible pensar en los temas de cese al fuego bilateral y definitivo sin instalar una mesa con el ELN”. Sin embargo, afirma que los dos procesos son distintos e independientes y que cada uno tendrá sus propios tiempos que hay que saber “compatibilizar”. “Los tres segundos puntos de la agenda del ELN: victimas, fin del conflicto e implementación, se pueden alimentar mucho de lo que se ha acordado o se está acordando en La Habana. Los tres primeros son puntos que tienen su propia dinámica, como la participación de las comunidades y hay que darle esta dinámica”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/delega ... ana-252549

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Por Andrés Quintero Olmos

El Gobierno y las Farc quieren que el acuerdo de La Habana tenga naturaleza de acuerdo especial, bajo el amparo de las Convenciones de Ginebra y, por tanto, del Derecho Internacional Humanitario. El objetivo es que este sea lo más vinculante posible para el ordenamiento interno y que haya la mayor seguridad jurídica. Todo este andamiaje parte del hecho de que el Gobierno reconoció oficialmente a las Farc como un actor beligerante, es decir, como parte genuina de un conflicto. Tratemos de analizar la cuestión.

Un acuerdo especial es un pacto entre partes beligerantes en situación de conflicto internacional o no internacional. Es un acto jurídico subjetivo, esto quiere decir que el irrespeto de alguna de las partes a sus compromisos permite a la otra liberarse de sus obligaciones contractuales. Esto, en contraposición a las Convenciones (acto jurídico objetivo), que consagran derechos generales que se imponen independientemente de que haya o no violación de aquellos. Esto le da a las Farc una seguridad tremenda en el caso futuro de que ellos estimen que el Gobierno no les cumple y, por tanto, poder regresar legítimamente al monte.

El fin de un acuerdo especial es determinar las modalidades de tratamiento de los prisioneros, heridos, etc., o definir las condiciones del cese definitivo de hostilidades en el marco de un conflicto. La ventaja de los acuerdos especiales es que una vez firmados por las partes, son automáticamente efectivos y vigentes, sin necesidad de que exista ratificación alguna, al menos que existan modificaciones institucionales (constitucionales) en ellos, como parece ser en este caso.

Estos puntos tienen contento al Gobierno porque descartaría la idea de la asamblea constituyente de las Farc; quienes tampoco disimulan su alegría porque aparecerán ahora como una entidad reconocida por el derecho internacional, con capacidad de firmar tratados internacionales con el Estado colombiano, de tú a tú.

Sin embargo, está claro que si el Gobierno y las Farc firman un acuerdo especial, este no impedirá que la Corte Penal Internacional actúe ante los crímenes que estime impunes. Igual a como sucedió en el seno del proceso de paz de Ituri, en la República Democrática del Congo: el criminal de guerra Thomas Lubanga fue posteriormente condenado por dicha Corte a 14 años de cárcel, a pesar de haber sido previamente amnistiado por un acuerdo especial.

Los diferentes acuerdos especiales han sido interpretados como concesiones voluntarias dadas a los insurgentes por los gobiernos. Ante la impotencia de estos de rivalizar con las fuerzas armadas y/o la popularidad de los rebeldes, estos gobiernos han recurrido a los acuerdos especiales para balancear y racionalizar su poder ante los insurgentes. Esto claramente contrasta con la situación colombiana en la cual ni las fuerzas estatales se ven arrinconadas militarmente, ni las Farc gozan de gran apoyo popular.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... les-259012

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Por Andrés Quintero Olmos

Retomemos algunos de los puntos claves de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de las afirmaciones que hace el Gobierno con el objetivo de plantear algunas interrogaciones.

1. Cuando los guerrilleros confiesen la totalidad de sus crímenes y digan la verdad, el Tribunal de paz no podrá sancionar con cárcel, pero sí con penas de restricción efectiva de la libertad. Preguntas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que será conformada de mutuo acuerdo por el Gobierno y las Farc, ¿será la entidad que dará el marco aceptable de verdad? ¿Existirá margen de error en su valoración? ¿Confesar la verdad será simplemente aceptar los hechos o implicará también pedir perdón? ¿Podrán los guerrilleros pedir perdón y, al mismo tiempo, justificar los hechos con excusas ideológicas? ¿Cómo se determinará la restricción efectiva de la libertad?

2. No habrá impunidad porque habrá sentencia y pena para los máximos dirigentes de las Farc. Preguntas: si hay sentencia y pena, ¿no hay impunidad? ¿La impunidad no se materializa también cuando no hay proporcionalidad entre el delito y la sanción? Justamente, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, le precisó al Gobierno esto mismo (carta del 26 de julio de 2013): “Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada (…) invalidaría la autenticidad del proceso judicial (…) la decisión de suspender la pena de prisión sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal (…) la condena inicial debe ser proporcional a la gravedad del crimen”.

3. Las Farc y el Gobierno escogerán conjuntamente los criterios y mecanismos de selección y nombramiento de los integrantes de la JEP. Preguntas: al tener las Farc el poder de escoger el mecanismo de elección del tribunal que los juzgará, ¿no se parcializa la justicia? ¿En qué sistema jurídico-penal, que pretende juzgar delitos de lesa humanidad, los criminales tienen posibilidad de escoger las características de la jurisdicción que los sancionará?

4. La responsabilidad de mando no depende del rango, la jerarquía o del ámbito de jurisdicción, pero sí del control efectivo de la respectiva conducta delictiva. Preguntas: ¿no es esta la mejor manera de lavarse las manos? ¿El Secretariado de las Farc nunca podrá entonces ser responsable de los actos de sus frentes si no se comprueba que la orden se originó desde este mismo? ¿No es esto una puerta abierta a la impunidad? ¿La autoría intelectual del delito no debería ser más sancionable que la autoría material, y más a sabiendas de la instrumentalización ideológica y la fuerte jerarquización que ha existido históricamente en las Farc? ¿No debería privilegiarse la responsabilidad de los más altos líderes de la guerrilla?

Evidentemente la paz. Pero esta tiene caminos mínimos de justicia que no sabrá evitar.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... paz-260382

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Por Jorge Luis Cantillo Barrios

El acuerdo anunciado el jueves en La Habana por el Gobierno y las Farc dividió la opinión nacional frente a la legalidad de lo pactado.

El anuncio del jueves sobre el mecanismo para blindar jurídicamente el Acuerdo Final de paz generó una polémica que dividió a la opinión pública del país.



Desde senadores hasta analistas plantearon argumentos a favor y en contra de lo que para algunos es la garantía del cumplimiento por parte del Estado y las Farc del acuerdo de paz, pero para otros es un atentado contra las instituciones y la consitución.

Entre los puntos polémicos del llamado “blindaje jurídico” se encuentran el rango constitucional que se le daría a lo pactado en La Habana, el anexo al Acto Legislativo de un artículo cuando solo restan dos debates y el corto tiempo con el que cuenta el Congreso para aprobarlo.

Garantía para el cumplimiento de lo pactado. El presidente Juan Manuel Santos valoró el anuncio hecho por las partes en La Habana calificándolo de un paso histórico por parte de las Farc, que por primera vez reconocían el orden constitucional y al Congreso de la República.

“Al haber aceptado estos procedimientos, también las Farc reconocen por primera vez nuestra Constitución, nuestras leyes y los poderes que emanan de nuestra Constitución”, manifestó Santos en una declaración que dio en Londres.

No obstante, para analistas como Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Conflicto de la Universidad Nacional, también significa un fuerte compromiso del Estado.

“Significa fundamentalmente que el Estado colombiano se compromete a cumplir esos acuerdos, y no es este Gobierno sino el que viene y los que vendrán, es de obligatoriedad. Pero también las Farc asumen el compromiso ante la comunidad internacional de que tienen que cumplir esos acuerdos, es una garantía”.

Sin embargo, para el exconstituyente Carlos Holmes Trujillo, lo que se pactó es un atentado contra las insituciones ya que sustituye el Congreso y lo convierte “en un despacho notarial” con la única capacidad de decir sí o no a lo pactado. Para Holmes lo acordado en La Habana es un “golpe de Estado para la democracia”.

Acuerdo de Paz con rango constitucional. El objetivo de lo pactado es elevar el Acuerdo Final de paz a la categoría de “acuerdo especial”, esto lo colocaría al mismo rango de la constitución al quedar incluido dentro del bloque de constitucionalidad.

Al respecto, Vargas afirma que esto se enmarca dentro del Derecho Internacional Humanitario y que al presidente como jefe de Estado solo le bastaría depositar el acuerdo ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Gobierno Suizo como guardianes de los acuerdos de Ginebra y por otro lado ante la ONU para que lo pactado con las Farc entre automáticamente en el bloque de constitucionalidad. “En teoría todo lo interno se pudiera obviar”, sostiene.

De acuerdo con Jaime Amín, senador del Centro Democrático, el artículo 3 común de la convención de Ginebra, que sustenta el blindaje jurídico propuesto, “es un tema extraño dentro de la esencia misma del DIH”. Además es “bastante cínico” que las Farc invoquen un “normatividad que en 50 años de guerra no respetaron un solo día”.

Modificar el Acto Legislativo. El proyecto mediante el cual se busca establecer un mecanismo más expedito para tramitar las leyes necesarias para implementar la paz está pendiente de su séptimo debate en la comisión primera de la Cámara, es decir, solo le restan dos.

Esto hace imposible para algunos congresistas que se incluya el artículo pactado con las Farc que elevaría el Acuerdo Final a rango constitucional. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que este artículo “tiene consecutividad” porque “la idea se discutió en todos los debates”.

Cristo cita dos propociones presentadas por el senador de La U Roosevelt Rodríguez en las que se plantean la inclusión de artículos transitorios en el Acto Legislativo para elevar el Acuerdo Final, o parte de este, a la calidad de acuerdo especial.

Los tiempos son cortos. El Gobierno se comprometió a introducir las modificaciones al Acto Legislativo antes del 18 de mayo, dándole el tiempo justo al Congreso para sortear los dos debates que restan al proyecto.

El primero será en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y el segundo en la plenaria de esta corporación. Ambos debates deben completarse antes de que finalice la legislatura, es decir, antes del 20 de junio.

De no lograrse este cometido el proyecto podría ser archivado.

¿Es necesaria la refrendación? En su discurso, Humberto De la Calle manifestó que la refrendación del acuerdo de paz seguirá siendo una condición y que esa decisión que tomen los colombianos “será la que desencadenará los desarrollos jurídicos antes mencionados”.

Así, el plebiscito que impulsa el Gobierno y que hace curso en la Corte Constitucional continúa siendo un compromiso de Santos. Así lo manifestó también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la convención nacional del Partido Liberal, al invitar a la colectividad roja a iniciar campaña activa por este mecanismo.

Para Vargas, el futuro del plebiscito está completamente en manos de la Corte, ya que, como sostienen consitucionalistas como Rodrigo Uprimy, el acto tribunal podría incluso determinar que la refrendación no se debería hacer por esta vía, sino por medio de una “consulta refrendataria”.

No obstante señala que, después de blindados los acuerdos, las Farc estarían de acuerdo con el mecanismo que determine el Gobierno.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que “la necesidad” de garantizar la participación democrática de los ciudadanos para la refrendación e implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

En este sentido, la Defensoría afirmó que ese acuerdo supone que las FARC pasen del reconocimiento del Gobierno como interlocutor en las negociaciones a “aceptar la participación de las instituciones del Estado en este proceso y que por esa vía las partes busquen fórmulas legales de legitimación para el logro de una paz estable y duradera”.

“Usted fue elegido para cumplir la Constitución”

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que el Gobierno y las Farc no están revestidos de poderes constituyentes por el ordenamiento jurídico o el pueblo colombiano para “blindar” lo pactado en los diálogos de paz en la Constitución. Según lo planteado por Ordóñez, si lo pactado en La Habana queda como un Acuerdo Especial, con la firma de este, cualquier mecanismo de refrendación popular sería irrelevante frente a los acuerdos y esto constituiría un “fraude a la voluntad popular”. Ya que Santos se comprometió a que “la última palabra la tendrán los colombianos”.

“Usted, señor presidente, y ‘Timochenko’, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso ni ahora, ni en el futuro”, sentenció Ordóñez.

“Las Farc y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el acuerdo final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad”. Con eso, asegura, se pretende que la totalidad de los acuerdos negociados y por negociar, sean integrados como norma a la Constitución, y que lo que plantean se sitúe al mismo nivel de las normas.

El acuerdo de paz es inminente y debe ser refrendado

'Iván Márquez' jefe negociador de las Farc afirmó que ante la “inminente” firma del acuerdo final, este pasará a integrar el bloque de constitucionalidad del país, y que a pesar de tener la condición de “acuerdo especial”, será sometido a un mecanismo de refrendación.

"Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Márquez reiteró el compromiso de las Farc con la firma de la paz y con cumplir con lo pactado en La Habana. "Ya nos rige lo acordado", sostuvo, al tiempo que resaltó que "nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las futuras generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la patria".Aunque no precisó cómo se someterán los acuerdos a consulta con los colombianos, la guerrilla subrayó las palabras de Humberto De La Calle sobre que "habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado".

La guerrilla le abre así la puerta al plebiscito por la paz.

Mininterior insta a votar por el “sí” en el plebiscito

En el marco del Foro Programático Nacional, organizado por el Partido Liberal, Juan Fernando Cristo reiteró que los colombianos tendrán la última palabra con respecto a lo acordado entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, luego de las nuevas determinaciones en torno al blindaje jurídico de las partes en la mesa de conversaciones.

“Que quede claro que todos esos mecanismos jurídicos, las facultades, la elevación a acuerdos especiales, ninguno de esos mecanismos entrará a funcionar si los colombianos no han salido a las urnas a votar sí a los acuerdos de paz de La Habana”, aseguró Cristo.

“Por esta razón las facultades extraordinarias que se le dan al Presidente, en el acto legislativo para la paz, están pensadas solamente para hacer lo que se tiene que hacer al siguiente día de firmados los acuerdos en las zonas donde hay presencia armada. Que haya inmediatamente presencia institucional y otros actores ilegales no ocupen esos territorios”, agregó el Ministro.

Previo al Congreso, Juan Fernando Cristo invitó a la colectividad “a que se ponga la camiseta” por la descentralización de los territorios y la paz.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/cinco- ... paz-260611

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Por Thierry Ways

El proceso de paz con las Farc ha generado tantas contradicciones que su inventario bien serviría para poblar el Museo de la Incongruencia. Y la exhibición principal tendría que reservarse para la peregrina idea, presentada esta semana, de insertar los acuerdos con la guerrilla en el llamado ‘bloque de constitucionalidad’ del país. Por esa vía, culpables de despreciables crímenes, además de ser indultados, tendrán privilegios que a ningún otro miembro de la sociedad cobijan.

En nuestro país, el ciudadano común y corriente tiene pocas garantías frente a la justicia. Su suerte puede terminar fácilmente en manos de falsos testigos, fiscales corruptos o jueces politizados, amén de la consabida ineficiencia del sistema judicial. A un terrateniente legítimo cualquier día lo expropian con un documento adulterado o una reclamación trucada. Los funcionarios públicos, hasta los más honrados, suelen terminar enmarañados en penosas investigaciones. Y a los empresarios e inversionistas no les va mejor. Se arriesgan a cambios en las reglas de juego, a reformas tributarias cada dos o tres años y a revocatorias de licencias previamente aprobadas (por lo que después demandan al Estado y pagamos todos). En otras palabras, ninguna persona, natural o jurídica, goza de verdaderas garantías judiciales.

Con una excepción. Pues gracias al blindaje constitucional que se le piensa dar a las Farc, sus entre 5 y 10 mil combatientes (no se sabe a ciencia cierta cuántos), en virtud de haberse embarcado en el catamarán de la paz, disfrutarán de la seguridad jurídica que habitualmente se le viola al resto de los 48 millones de habitantes de la nación. Como correctamente dijo una cuenta de Twitter afín a la guerrilla, “ni una coma” del acuerdo podrá ser modificada, jamás. El Congreso tendrá que aprobarlo tal y como venga de La Habana, sin objeciones.

Desde que se conoció la estratagema, el jueves, importantes legisladores y constitucionalistas, incluyendo a varios que apoyan el proceso de paz, han expresado su desacuerdo, cuando no su desconcierto. Y a sus preocupaciones jurídicas hay que añadir otra, de índole financiera.

El llamado ‘posconflicto’, bien lo sabemos, costará dinero. Cuánto, nadie lo sabe, pero como mínimo varias decenas de billones de pesos que, hoy, Colombia no tiene. Saldrán de nuestros salarios futuros y de los bolsillos de nuestros hijos y nietos. Por estar dentro del bloque de constitucionalidad, esos gastos serán prioritarios, tenga o no tenga el país la capacidad de asumirlos. No importa que hagan falta recursos para la salud, la educación, la infraestructura o las pensiones. Las garantías prometidas a un puñado de exguerrilleros quedarán por encima de las demás necesidades de la nación.

Dirán algunos que tales peripecias jurídicas son necesarias para lograr la paz. Pero no deja de ser insólito que, mientras que los ciudadanos de bien y las empresas legales —quienes, a diferencia de la guerrilla parasitaria, generan empleo legítimo y prosperidad— deben subsistir en la permanente zozobra de la inseguridad jurídica del país, a la tripulación del catamarán sí podamos garantizarle —a nivel constitucional, nada menos— un viaje tranquilo y sin obstáculos a la navegación.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... oma-260564

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Los negociadores del Gobierno y las Farc leyeron el acuerdo sobre la desmovilización de los menores de edad acompañados por los delegados de los países garantes de los diálogos en Cuba.

Por César Muñoz Vargas

En dos semanas debe estar listo un protocolo para este proceso. Guerrilla se compromete a sacar a los restantes combatientes menores de 18 años.

La guerrilla de las Farc desvinculará de sus filas a los menores de 15 años, en una primera etapa. Humberto de la Calle Lombana informó que lo pactado incluye la desmovilización gradual de los menores de 18 años y la implementación de programas que estarán acompañados por la Unicef y Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Al hacer el anuncio oficial, De la Calle, jefe negociador del Gobierno nacional, dijo que el reto de ponerle punto final al conflicto es mucho mayor cuando las nuevas generaciones han formado parte en él. “Los jóvenes y los niños son los llamados a apoderarse de la paz de Colombia, quienes deben liderar la transformación de nuestro país”, indicó.

El comunicado de las partes, leído en presencia de los países garantes de las negociaciones en Cuba, no señala cuántos niños y adolescentes involucra este acuerdo, aunque el jefe negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, afirmó que son 21 los menores de 15 años que están en sus campamentos y que en los últimos dos años sacaron a otros de sus filas.

RUTA PARA DESMOVILIZACIÓN. De la Calle agradeció a Leyla Zerrougui, representante de la ONU en Colombia para el asunto de niños y conflicto; explicó que las Farc se comprometieron a entregar la información que permita la ubicación de los menores y a colaborar con su salida de los campamentos rebeldes, y anunció que el Gobierno creará una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia.

Para la salida de los pequeños reclutas, dicha mesa elaborará una hoja de ruta que será presentada en Cuba. De la Calle, quien confesó que su primer recuerdo está ligado a la violencia, porque a los seis años de edad su familia tuvo que salir de su terruño, reservó una parte de su intervención para elogiar la labor de Elena Ambrosi en el equipo gubernamental.

Dijo que ella se ha sacrificado, durante largas temporadas “para que ninguna madre en Colombia, nunca más, pierda un niño en la guerra, y para que en adelante todos crezcan en paz”.

JÓVENES FUERA DE LA GUERRA. De la Calle Lombana abogó para que los infantes no sean más instrumentos de la guerra y a cambio vayan a las escuelas, estén con sus familias y tengan una niñez y una juventud plenas. Sostuvo que los niños “no deben estar” entre fusiles y señaló que cada niño que sale de un campamento debe ser un “portavoz simbólico”, a fin de que miles de sus congéneres en campos y ciudades, agobiados por las noticias trágicas del conflicto, “alcancen una vida plena sin la amenaza permanente”.

En el colofón de su discurso, el vocero del Gobierno en Cuba, expresó: “Estamos aquí para acabar esta larga y dolorosa guerra, para que ningún niño tenga que vivir lo que vivimos nosotros. Nuestros nietos merecen una vida mejor”.

NO LOS JUDICIALIZARÁN: FARC. En nombre de las Farc, Márquez dijo que esperan que los menores que se desmovilicen sean “acogidos de forma segura” por sus comunidades de origen, en el marco de un programa de protección, que evite que estos muchachos “vuelvan a sentirse desamparados”.

Insistió el guerrillero que esos menores no podrán ser judicializados y que, antes de su salida, deberán ser informados de qué acusaciones pesan sobre ellos y de que serán indultadas, ya que si se les pretendiera hacer “comparecer ante fiscales o jueces, dándoles tratamiento de delincuentes, no saldrían de los campamentos hasta que una ley de amnistía les cobije”.

En nombre de la ONU, Zerrougui, destacó el “liderazgo, paciencia y perseverancia” de los miembros de la mesa de conversaciones por haber ”priorizado a niños, niñas y adolescentes de Colombia que son su futuro y su presente”.

“Las partes están reconociendo que el pueblo de Colombia considera que sus niños y adolescentes están en el centro de la conciencia colectiva y merecen toda nuestra protección y atención”, indicó Zerrougui.



"UN ACUERDO HISTÓRICO": Luego del anuncio desde Cuba, el presidente Juan Manuel Santos, expresó en Twitter su satisfacción: “Logramos histórico acuerdo en La Habana para sacar a los niños de la guerra”, y señaló que los menores guerrilleros que se desmovilizarán “son el futuro de un país en paz”. Igualmente, manifestó que los niños reclutados por el grupo guerrillero serán “devueltos a sus familias”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/menore ... arc-260814

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El presidente Juan Manuel Santos estrecha la mano de alias Timochenko hoy, en La Habana.

Por Tomás Bettín del Río

Hoy se pactó en La Habana el cese el fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno y las Farc, lo que le pone punto final a una guerra interna de más de 50 años.

Una bala que mata 50 años de guerra y que dibuja la paz de Colombia: un balígrafo, le entregó el presidente Juan Manuel Santos al comandante de las Farc, alias Timochenko, al término de la suscripción del acuerdo sobre el fin del conflicto, cuando inaudible para los micrófonos le dijo, además: "las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro".

En los bolsillos de Santos y de Timochenko estuvo el último día de la guerra. En el bolsillo del presidente, una paloma, como símbolo del sueño de un país con 220 mil muertos en el conflicto; y en el bolsillo del guerrillero, un lapicero, para dejar la palabra suscrita de lo acordado con un Estado contra el que se rebelaron porque no le creían, y en el que derramaron sangre, suyas y de vidas que no les pertenecían.

Como dijo el presidente, hoy se firmó el final de las Farc como grupo armado. Y se hizo a través de los acuerdos sobre cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de Armas, sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales y sobre refrendación.

Con la lectura del garante de Cuba, ante, además, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el presidente de Cuba, Raúl Castro; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Chile, Michele Bachelette y de México, Enrique Peña Nieto, entre otros, se conoció del compromiso de elaborar una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de armas.

En cuanto a monitoreo y verificación, mientras Timochenko descansaba la barbilla en su mano derecha y Santos observó serio pero tranquilo, se habló de un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las Farc-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Frente a la Adaptación de los dispositivos en el terreno, se acordó un cronograma para el desplazamiento de las estructuras de las Farc-EP a las Zonas de Ubicación, se habló de 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 campamentos, que serán temporales y que no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político, y a los que tampoco puede entrar población civil.

Se mencionó que habrá un grupo de 60 hombres de las Farc que, de civil y sin armas, "pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz", y de 10 hombres que por cada zona, puedan movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Finalmente, se advirtió que en caso de presentarse dentro de una zona algún hecho violento, se comunicará primero al Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

También se dispuso una zona de seguridad, donde no podrá haber fuerza pública ni guerrilleros, siendo de un ancho de un kilómetro alrededor.

El Gobierno, así mismo, deberá concertar con las Farc protocolos que impidan que ni personas ni bienes sean afectados en medio de este proceso.

Las armas que entregue la subversión serán empleadas en la construcción de tres monumentos, y esa dejación se hará en dos tiempos: control de armamento y dejación. Las armas serán llevadas a las zonas, recolectadas y destruidas en tres fases con sus cronogramas. Las Farc deben, como se había establecido con anterioridad, descontaminar los territorios de minas antipersona.

Por ello, solicitaron a Ban Ki-Moon -quien asintió con la cabeza una vez la traducción en los audífonos le hizo alusión- poner en marcha los preparativos de la Misión Política Especial.
En el punto de garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, se acordó garantizar, básicamente, el hecho de que las Farc pudieran hacer política libremente, a través además del fortalecimiento de la justicia. Incluye este asunto un pacto político nacional para que "nunca más se utilicen las armas en la política" y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que será presidida por el jefe de Estado, para el desmantelamiento de las bacrim.

Y en el acuerdo sobre refrendación, ambas partes aceptaron acoger la decisión que profiera la Corte Constitucional -que revisa el plebiscito- y "el mecanismo de participación popular que ese alto tribunal indique".

Los discursos

A su turno, el presidente anfitrión, Raúl Castro, tras las firmas de los acuerdos, los entregó a Santos y Timochenko y fue una vez más el artífice de otro apretón de manos entre ambos: el presidente sonriente y el subversivo riendo a carcajadas.

Celebró Castro que "el proceso de paz no tiene vuelta atrás", y vaticinó: "la paz será la victoria de toda Colombia pero también de nuestra América".

Y concluyó el hermano de Fidel que "la paz es un derecho fundamental de todo ser humano".

Ban Ki-Moon a su momento destacó primero en un español introductorio y luego en inglés, que "el proceso da vida a la esperanza de los que piensan en la búsqueda paciente de la solución conciliatoria".

Timochenko inició adelantando que "este acuerdo nos permitirá regresar a la vía política legal".

E hizo alusión a los inicios de las Farc hace 52 años en el Tolima: "los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron en miles de hombres y mujeres en pie de lucha pero que siempre intentaron la paz".

Criticó el rebelde que "le hacen daño a Colombia quienes niegan la importancia de los acuerdos".

Y sentenció al final: "claro que las Farc haremos política: si esa es nuestra razón de ser. Pero por vías legales", ante lo que la mesa respondió con un aplauso.

Y el presidente Santos aseguró: "después de más de cincuenta años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC".

Añadió que lo acordado ayer "significa -ni más ni menos- el fin de las Farc como grupo armado".

¡Nos llegó la hora de vivir sin guerra!, exclamó, y aseveró: "el acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida".

Anunció sobre lo que resta que: "todavía faltan temas importantes por acordar, y hemos convenido con las Farc que vamos a evacuarlos lo más pronto posible", revelando que el Acuerdo Final se firmará en Colombia.

Por último, recordó que siempre combatió a las Farc, pero dijo que hoy, tras el Acuerdo, "de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como Jefe de Estado y como colombiano, defenderé -con igual determinación- su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo".

Por estas palabras la mesa le tributó un aplauso, que al mismo tiempo fue un aplauso a la paz: la de las palomas en el cielo y la del bolígrafo en el papel, que desde hoy puede empezar a escribirse en Colombia ya no con balas sino con balas que escriben, inútiles para la guerra, nuevas para el futuro.


Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/el-ult ... rra-268011

[Darloup]

Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las Farc, saluda durante la firma del acuerdo sobre el fin del conflicto.

Por Jorge Luis Cantillo Barrios

En 180 días, seis meses a partir de la firma del Acuerdo Final, ni una sola pistola quedará en poder las Farc. ONU recibirá el armamento y construirá con él tres monumentos en EEUU, Cuba y Colombia.

Pasados 180 días después de la anhelada firma del Acuerdo Final de Paz, las Farc deberán haber entregado hasta el último fusil y pistola en su poder. Ese fue el compromiso suscrito este jueves en La Habana, que estuvo enmarcado por un segundo apretón de manos entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, bajo la mirada de una amplia comitiva internacional encabezada por Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU.

En el “Acuerdo Sobre el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”, se estableció un cronograma, específico y delimitado que constituye una hoja de ruta para el desarme de las Farc y su transición de la insurgencia a convertirse en un movimiento político legal.

En el papel, el cese el fuego bilateral “inicia el día D a la Hora H”, es decir, en el momento justo en que se firme el acuerdo final de Paz. Sin embargo, desde hoy, con la firma de este acuerdo, tanto los frentes de las Farc –que ya están en cese de hostilidades–, como el Ejército, tienen “instrucciones precisas” para que “se ejecuten las acciones necesarias que inician Cese el Fuego Bilateral y la Dejación de Armas”.



¿Cómo será el proceso?

El desarme definitivo de las Farc tendrá dos momentos denominados “Control de Armamento” y “Dejación de Armas”, todos contados a partir de la rúbrica al acuerdo final de paz.

El control de armamento iniciará cinco días después de la firma del Acuerdo Final cuando las Farc le entreguen al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) la información sobre el armamento que tienen es su poder y se haga el primer traslado del mismo a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), dispuestas para concentrar a los frentes guerrilleros durante su tránsito a la vida civil.

La dejación arranca a los 90 días de firmado el acuerdo, previa localización de las Farc en las Zonas, y del registro, identificación y monitoreo del armamento individual. Este momento tendrá tres fases para la recolección de los fusiles, siendo la primera a los 90 días, la segunda a los 120 días y la tercera a los 150 días. (ver cronograma).

Dichas Zonas Veredales serán 23 en todo el país, de carácter temporal, territoriales y transitorias, contarán con acceso por vía carreteable o fluvial. Una vez ubicados en estas zonas, el Gobierno suspenderá las órdenes de captura a todos los guerrilleros de las Farc previa entrega de un listado, por parte de ellos mismos, de sus integrantes presentes en cada ZVTN.

Durante los 180 días (seis meses) que dure el proceso de desarme y cese el fuego, las Farc designará una comisión de 60 miembros que podrán desplazarse por el territorio nacional para cumplir “tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz”. Del mismo modo, en cada Zona se designará a un grupo de 10 insurgentes que podrán movilizarse por el municipio y departamento con el mismo fin.

Ningún guerrillero podrá salir de las ZVTN portando armas ni con uniforme. Su desplazamiento tendrá que ser vestido de civil y estará monitoreado por el Mecanismo de Verificación.

Mientras se cumple con las etapas de la dejación, las armas serán depositadas en contenedores ubicados en los campamentos al interior de las Zonas.

Previo al desplazamiento de los miembros de las Farc a las Zonas, se establecerán ocho campamentos transitorios que servirán como puntos para la llegada de los frentes que se encuentran en zonas remotas.

Cada momento de este proceso estará acompañado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) que será integrado por delegados del Gobierno (Fuerza Pública), las Farc y el misión de verificación de la ONU, que tendrá la función de dirimir cualquier conflicto que se presente en la implementación del acuerdo. “La ONU recibe la totalidad del armamento de las Farc para destinarlo a la construcción de tres monumentos”.

Zonas Veredales y verificación

Las 23 Zonas Veredales Transitorias de normalización tienen como objetivo “garantizar el acuerdo de Cese el Fuego y Dejación de Armas, e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las Farc-EP en lo económico, lo político y social de acuerdo con sus intereses”.

Tendrán la extensión de la vereda donde se ubican, pero su tamaño puede ser ampliado o reducido por mutuo acuerdo. En estos territorios no habrá “ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas”, lo cual se refiere a los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos en que queden ubicadas las Zonas. Dichos mandatarios podrán entrar y salir de las ZVTN sin ningún tipo de restricción –excepto en las áreas de los campamentos donde estén ubicadas las estructuras de las Farc– aunque como cualquier miembro de la población civil, no podrán portar armas en su interior.

Alrededor de estas Zonas se establecerá un área de seguridad de un kilómetro en la que no puede haber unidades ni de la Fuerza Pública ni de las Farc. También estarán restringidos los vuelos militares a 5.000 pies sobre el espacio aéreo de las ZVTN.

En su interior, se podrán realizar actividades de capacitación a los integrantes de las Farc, así como nivelación de educación básica primaria, secundaria y técnica, o cualquier medio que facilite su reintegración a la vida civil.

Cada zona contará con la presencia de una comisión de mecanismo, monitoreo y verificación que estará en cabeza de la ONU como componente internacional, que a su vez será integrado por verificadores de los países de la Celac.

Ante el componente internacional, se hará la dejación de armas y será éste el encargado de la destrucción de las mismas, para construir tres monumentos: uno que estará en la sede de Naciones Unidas, otro estará en La Habana y otro en Colombia, en un lugar escogido por las Farc.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) acompañará cada una de las faces del cronograma del cese el fuego y la dejación de armas y tendrá acceso ilimitado a las ZVTN. Es el encargado del registro, identificación, monitoreo, verificación de la tenencia, recolección, inutilización, extracción y disposición final. de las armas.

La Corte definirá la refrendación

Un anuncio sorpresivo se dio durante la lectura del comunicado conjunto que daba cuenta del pacto logrado en materia de cese el fuego, el acuerdo sobre el mecanismo de refrendación.

Este punto, uno de los más polémicos desde el inicio de los diálogos, aún no había sido tratado en la mesa, ya que hace parte del sexto acuerdo de la agenda, ‘Mecanismo de Refrendación e Implementación del Acuerdo Final’. Sin embargo, las partes lograron una convergencia y dejaron en manos de la Corte Constitucional determinar cuál es la mejor manera de legitimar los acuerdos por vía popular.

“El Gobierno de Colombia y las Farc-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy (ayer), en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale”, leyó Rodolfo Benítez, delegado del Gobierno cubano en la mesa de diálogos, ante el efusivo aplauso de los presentes en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El proyecto referido y que está en estudio por el máximo tribunal constitucional del país, no es otro que el plebiscito por la paz, mecanismo que hasta ayer era considerado por las Farc como una imposición unilateral del Gobierno, descartándolo de plano por no haber surgido de la mesa.

Con esta decisión quedó atrás ese antagonismo y será la Corte la encargada de darle el visto bueno al plebiscito o determinar por medio de qué otro mecanismo se puede refrendar de manera más idónea el Acuerdo Final de Paz.

Ese fallo de la Corte es, quizá, el más esperado desde que fue creada por la Constitución de 1991, ya que amarrada a la refrendación popular está toda la implementación de lo pactado en La Habana, como lo determinó el artículo cinco del Acto Legislativo para la Paz que expidió el Congreso.

Fuente: http://www.elheraldo.co/nacional/cronog ... mas-268101

[Darloup]

Por Jorge Muñoz Cepeda

Mientras escribo estas líneas, el presidente de Colombia y el comandante de las Farc firman el punto más importante de los acuerdos de La Habana: el cese bilateral del fuego y las hostilidades, es decir, el fin del conflicto. En la práctica se trata de que la guerra entre el Estado y la organización guerrillera más antigua del mundo ha terminado.

Para la gran mayoría de los colombianos, quienes no hemos conocido nunca lo que es vivir en paz, este acto entraña un enorme valor histórico; es la oportunidad de comenzar a percibir nuestra realidad y nuestro destino, por primera vez, sin barajar las innumerables cartas de la guerra.

El miedo, la sangre, el desarraigo y el odio han sido nuestras herramientas, nuestras sombras, nuestros argumentos para negociar el lugar que nos corresponde en este país contradictorio, para empecinar los pies en el pasado, y para decidir, sin asomos de arrepentimiento, el futuro de nuestros descendientes inermes. No ha sido justo lo que hemos hecho de nosotros.

Medio siglo de víctimas –siete millones de personas muertas, heridas, desplazadas, secuestradas, torturadas, perseguidas– parece haber sido el límite de nuestra perversa tolerancia a la violencia, en contra de los pronósticos más optimistas y de las voces oscuras que se empeñan en defender los métodos indefendibles de los fusiles.

Escribo hoy con el televisor encendido –el mismo que por décadas me ofreció las estadísticas de la ferocidad– para ser testigo de las palabras que se pronuncian ahora mismo en mi nombre, las frases que resumen mi hartazgo, mi necesidad de sosiego, mi derecho a exigir que la muerte no provenga de la certeza de una bala.

He creído –confío en que con razón– que la guerra es la más humana de las costumbres, la más inevitable; pero a la vez asumo la obligación de resistirme a ella, como una expresión de la civilización, aunque esa rebeldía suponga renunciar a la porción de humanidad que fuere necesaria, aunque sea verdad que volveremos a matarnos algún día, aunque nuestro abrazo dure apenas una porción de historia.

Sé que el presidente Santos comparte esa convicción y que, siéndole fiel hasta en las peores circunstancias, se ha empeñado en llevar este proceso hasta el final. Le agradezco esa perseverancia, como ciudadano, como padre y como comentarista de prensa. (Luego vendrán los juicios sobre el conjunto de sus acciones como gobernante.)

No pienso ahora en el esfuerzo gigantesco que nos supondrá a todos consolidar la nación nueva que debe desprenderse de los fusiles acallados; no en este minuto; quizás más tarde, cuando sea tiempo de tomar aire y asumir la responsabilidad de lo que se nos viene.

Ahora, mientras la televisión reproduce las palabras de la paz, dichas en mi nombre, solo deseo cerrar los ojos y disfrutar del primer día del resto de mi vida.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... dia-268087

[Darloup]

Por Tomás Bettín del Río

Mantuvo el umbral del 13% aprobado por el Congreso.

Tras más de nueve horas de debate y dos de votación, la Corte Constitucional le dio vía libre al Plebiscito por la Paz como mecanismo de refrendación de lo acordado con las Farc en la mesa de paz de La Habana.

Los magistrados avalaron el umbral del 13 por ciento del censo electoral, advirtieron que no se podrán incorporar contenidos que promuevan partidos o candidatos en medio de la campaña por el 'Sí' o por el 'No' y que la decisión solo es vinculante para el presidente de la República, en tanto que es una decisión política la convocatoria al Plebiscito.

En medio de una deliberación a puerta cerrada, en sala plena extraordinaria convocada expresamente para este mecanismo de refrendación, y mientras en los alrededores del Palacio de Justicia llovía, los nueve togados del alto tribunal guardián de la Carta Política analizaban los seis puntos del proyecto de ley estatutaria aprobado por el Congreso en diciembre y aceptado por las Farc en mayo.

Aunque desde las 6:45 de la tarde comenzaron a filtrarse a los medios las decisiones que iba adoptando la alta corte sobre el Plebiscito, e incluso se sabía de las votaciones de siete a dos sobre el tema del umbral y de seis a tres sobre el carácter vinculante de la iniciativa, no fue sino hasta las 8:10 de la noche cuando la presidenta de la Corte, María Victoria Calle y el autor de la ponencia positiva, Luis Ernesto Vargas, llegaron a la sala de audiencias de la corporación, donde una treintena de medios nacionales y extranjeros aguardaban desde las 5 de la tarde, para disponerse a dar lectura al comunicado sobre lo decidido.

"La corporación declaró inicialmente que se respetó el procedimiento legislativo en el Plebiscito por la Paz", indicó la togada sobre los aspectos de forma del proyecto.

"Frente al contenido material del proyecto, declaró ajustado a la Constitución el título, con la condición de que se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude el proyecto de ley, no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución ni en el ordenamiento jurídico", precisó acto seguido Calle.

Sobre el artículo primero, referente a la naturaleza del mecanismo de consulta, es decir el Plebiscito, se declaró acorde a la Carta Magna. Y en el artículo segundo, sobre las reglas especiales de este Plebiscito "como el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral exigido o el deber de someterlo a aprobación del Congreso, se encontraron ajustados a la Constitución, precisamente porque la Constitución no prevé un umbral para el Plebiscito y porque además resulta razonable en términos del principio democrático".

No obstante, en ese artículo segundo se condicionó el numeral cuarto, que establece reglas para las campañas al Plebiscito: "la Corte consideró que en dicha campaña no se pueden incorporar contenidos que promuevan un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos o que se relacionen con la promoción de candidaturas a cargos de elección popular",

En el artículo tercero, sobre el carácter vinculante de la decisión popular, "la Corte decidió que solo puede tener ese carácter respecto del presidente de la República".

En este sentido, agregó la magistrada, sin ofrecer más detalles, que "la vinculación al presidente quiere decir que no vincula a los otros poderes porque no es posible, dado que lo que se va a someter a consideración del pueblo es una decisión política del presidente".

Frente al artículo cuarto, "atinente a la revisión normativa a otras leyes como las referidas a mecanismos de participación, también se encontró acorde con la Constitución".

Para el quinto artículo, relativo a la divulgación del acuerdo final de paz con las Farc, se declaró constitucional "con la condición de que se entienda que esa publicación se realizará simultáneamente con la presentación del informe del presidente al Congreso acerca de su intención de convocar a un Plebiscito, con el fin de que el Congreso y el pueblo puedan conocer oportunamente el contenido de lo acordado".

Añadió Calle que respecto de ese mismo artículo se dispuso que la publicación del acuerdo final debe hacerse de manera que llegue también a las personas en condición de discapacidad y a todas las comunidades que no se comunican en castellano.

Finalmente, el sexto, que solo preveía la entrada en vigencia de la ley, fue declarado constitucional.

Explicó además la presidenta del alto tribunal que tras esta decisión la Corte debe enviar la sentencia a los presidentes de Senado y Cámara, para que estos remitan al presidente el proyecto de ley, con el fin de que lo sancione. Una vez sancionada la ley, el presidente debe decidir si convoca al pueblo al Plebiscito para que resuelva sobre la decisión política de la implementación posterior del acuerdo final con las Farc.

Y confirmó la misma magistrada Calle que las votaciones quedaron algunas veces siete a dos, seis a tres o nueve a cero. Sobre todo, porque según la composición política de la corporación, seis togados son de pensamiento liberal (Calle, Vargas, Alejandro Linares, Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos) y tres conservadores (Luis Guillermo Guerrero, el barranquillero Gabriel Mendoza y el cordobés Jorge Pretelt).

Mientras la Corte se encontraba en sesión permanente desde las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, comentaba a medios de comunicación que el Gobierno confiaba en la vía libre "a que los colombianos se puedan pronunciar a favor o en contra de los contenidos de los acuerdos de paz en La Habana".

Agregó el jefe de la cartera política, frente a las inquietudes que se han suscitado por una posible plataforma política durante la contienda entre el 'Sí' y el 'No', que "la campaña del Plebiscito por la Paz no tendrá una bandera política fija, ni tampoco un sólo líder. Acá no hay un jefe de nadie en la campaña: hay muchísimas campañas, multicolores, multiétnicas y multiculturales alrededor de la paz en Colombia".

Y sobre el liderazgo de la campaña por el 'Sí' del expresidente César Gaviria, señaló que "obviamente es una figura muy importante del país, que ha venido acompañado a la paz y al presidente Santos. Gaviria ayudará a coordinar estos sectores, pero cada sector será un agente de paz en Colombia y habrá muchas campañas distintas alrededor de la paz en Colombia".

Una vez tomada esta decisión en la corporación, el próximo miércoles 20 de julio el presidente instalará una nueva legislatura con la certidumbre del mecanismo de refrendación.

La ponencia positiva de Vargas fue presentada ante sus colegas el pasado 17 de junio, y en ella se estimaba que era adecuado que mínimo el 13 por ciento del censo electoral, es decir, unos cuatro millones de colombianos, participaran del mecanismo de refrendación.

Una vez con el aval al Plebiscito, deberá enseguida darse la sanción presidencial en Palacio para que luego se informe al Legislativo sobre la intención de convocar la votación, que no podrá cumplirse antes de un mes ni después de cuatro meses desde que Santos informe al Congreso.

También, 30 días antes de que se convoque a las urnas, proceso electoral que costaría unos 350 mil millones de pesos, el Gobierno deberá divulgar la totalidad de lo acordado con las Farc. Y según lo que se ha dicho desde el Ejecutivo, el Plebiscito por Paz sería realizado entre agosto y septiembre próximos.

Igualmente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, deberá reglamentar algunos asuntos sobre el mecanismo y las condiciones de las campañas, las cuales además no recibirán recursos públicos. Aunque, los funcionarios podrán hacer campaña por el 'Sí' o por el 'No'.

El pasado 8 de julio se conoció que el expresidente liberal César Gaviria lideraría la campaña por el "Sí", luego de aceptar tal dignidad en una reunión privada con el presidente Juan Manuel Santos.

Se supo además que la propuesta de que fuera Gaviria el encargado de conseguir la mayor cantidad de votos a favor de lo pactado en el proceso de paz paz fue barajada durante el acto de conmemoración de los 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991 -mientras Gaviria era presidente-, que se cumplió el 4 de julio.

De hecho, durante ese evento, Santos hizo un llamado a la Corte Constitucional en torno a la discusión sobre el mecanismo de refrendación: sin "sugerir el sentido en que deben tomar las importantes decisiones", manifestó a los togados que "el voto de confianza realizado por la mesa de negociaciones de La Habana es un signo de apreciación de su valor institucional, que engalana y estimula a la Corte", y celebró: "qué bueno saber que estamos otra vez en la historia de Colombia en manos de las sabias decisiones que ustedes han tomado y habrán de tomar".

Se refería el primer mandatario al anuncio que se dio el 23 de junio sobre el acuerdo en La Habana frente al fin del conflicto, en que ambas partes aceptaron acoger la decisión que profiera la Corte y "el mecanismo de participación popular que ese alto tribunal indique".

De otro lado, el 26 de mayo, durante la audiencia que se cumplió en la Corte dentro del estudio del Plebiscito, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, pidió declarar inexequible este mecanismo: "reduce la participación del Congreso y su silencio se toma a favor del Plebiscito, el cambio de umbral es regresivo para las prácticas democráticas, una porción pequeña de colombianos son los que dan legitimidad, se desestima el derecho de los abstencionistas y el término de 30 días antes del Plebiscito para la publicación del Acuerdo Final es insuficiente".

El Plebiscito por la Paz pasó a revisión a la Corte Constitucional luego de que cumpliera su trámite en el Congreso, de donde salió el 15 de diciembre de 2015, cuando ambas cámaras aprobaron la conciliación, no obstante a las fuertes críticas que recibió de la oposición del Centro Democrático.

Entonces, por ejemplo, el senador barranquillero del uribismo, Jaime Amín, calificó como "tramposo" el Plebiscito, al tiempo que reclamó a los ponentes del proyecto el hecho de no haber invitado a la conciliación a algún miembro del Centro Democrático, mientras que su copartidario, Ernesto Macías, advertía que "el Gobierno tiene miedo de que los colombianos no aprueben los acuerdos de La Habana", por la negativa de las mayorías oficialistas del Congreso respecto a la propuesta de situar el umbral en el 25 por ciento y no en el 13, como quedó finalmente aprobado.

Entre tanto, el barranquillero de La U, Armando Benedetti, explicaba que el 13 por ciento no favorecía el abstencionismo sino que era un llamado para que los votantes salieran a las urnas.

Fuente:http://www.elheraldo.co/nacional/corte- ... paz-272680

[Darloup]

Por Abelardo de la Espriella

El conocido adagio popular “hecha la ley, hecha la trampa” se materializó esta semana en Colombia como nunca antes, con la aprobación del plebiscito por la paz, que avaló la Corte Constitucional. Bajar el umbral de ese mecanismo participativo a un lánguido 13% quedará inscrito, en los anales de la historia, como una monstruosidad jurídica nunca antes vista. La jugada es tan grotesca que incluso para aquellos que hemos apoyado el proceso desde su génesis resulta impresentable el esguince infligido a la Constitución y la ley.

La decisión de la Corte Constitucional es un tiro de gracia para una democracia débil, que ha sido ultrajada y vejada, como la que más. Resulta paradójico que la institución que funge como guardiana de la Constitución haya sido la autora del artero ataque (a veces las heridas vienen de donde menos lo esperamos). Como si no bastara con semejante despropósito, en la decisión se señala, además, que los servidores públicos, en tratándose del plebiscito, podrán hacer política por una única vez. Mejor dicho, el pronunciamiento es una camisa hecha a la medida de las necesidades del Gobierno (“coincidencialmente” el 13 % es el mismo número que representa la aprobación de la gestión del presidente Santos).

No había necesidad de semejante parapeto: Santos podía, por vía de reformas constitucionales a través del Congreso, en el que tiene mayorías, estructurar la salida jurídica apropiada que garantizara el éxito de los diálogos en La Habana. El Gobierno prefirió armar un circo con el plebiscito, para posar de demócrata, e involucró en el reparto a otras entidades y representantes del establecimiento, que se han convertido, a lo mejor sin querer, en cómplices de una tramoya jurídica que los deja muy mal parados a todos.

Esos que hoy celebran la decisión de la Corte Constitucional son los mismos que en el pasado se rasgaron las vestiduras, por la aprobación de la reelección presidencial. Ha hecho carrera en Colombia que las únicas decisiones judiciales respetables son las que benefician los intereses personalísimos de cada quien. Lo que le falta a nuestra política es coherencia y consecuencia. Por ello, no creo en dirigentes de derecha, ni de izquierda: al final todos son iguales y defienden sus propios feudos, la mayoría de las veces contrariando la razón y la lógica.

He sido un defensor convencido y desinteresado de la paz, pero está claro para mí que no voy a refrendar con mi voto un método viciado y contaminado, vaya uno a saber por qué presiones e intereses. Por lo pronto, me abstengo. No hay derecho a que envenenen de esa forma un proceso que puede eventualmente ser de mucho beneficio para el país. A mi juicio, el plebiscito está deslegitimado por completo, por cuenta de esta jugada. ¡No había necesidad de una trampa tan descarada!

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... mpa-273759

[Darloup]

Por Jorge Luis Cantillo Barrios

La firma del Acuerdo Final pone a correr tres procesos que se entrecruzan: seis meses para la dejación de armas, dos (según el Gobierno) para votar el plebiscito y de triunfar el ‘sí’, un año para implementar lo pactado.

A finales de septiembre o principios de octubre será votado el plebiscito por la paz, por medio del cual los colombianos refrendarán el Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc para acabar con más de 50 años de conflicto armado.

Este cálculo de dos o tres meses contados desde hoy, surge del optimismo del Gobierno en que la rúbrica final de la paz se estampe en agosto recién, para lo cual quedan aún varios temas por ser saldados.

El primer paso hacia la refrendación es entonces agotar la agenda de diálogos, en la que aspectos tan delicados como la escogencia de los magistrados que integren el Tribunal Especial de Paz o el número de curules que tendrán las Farc en el Congreso (si las llegan a tener), todavía no han sido discutidos.

El número de zonas de reservas campesinas, la extensión de las mismas, el número de hectáreas que tendría el Fondo Nacional de Tierras, el presupuesto de la implementación y el tránsito de las Farc a constituirse como movimiento político aguardan por ser firmados.

Terminado el Acuerdo Final de paz, comenzarán a corres los tiempos de tres procesos que se entrecruzan, la dejación de armas, la refrendación y el Acto Legislativo por la paz.

El tema del umbral

El plebiscito por la paz será una elección atípica en Colombia, no solo porque se votará en una jornada única, lejos de cualquier elección tradicional en el país, sino porque representa la primera y única vez en que se le consulte al pueblo por un mecanismo con sus características especiales.

Es decir, las reglas que operan para este plebiscito solo lo harán para refrendar lo pactado en La Habana.

Una de estas reglas y quizá la más polémica, es la que establece el umbral de aprobación del plebiscito en un 13% del censo electoral (entre 4,4 millones y 4,7 millones de votos) a favor del ‘Sí’. Este umbral, diseñado por el Congreso y aprobado por la Corte Constitucional, se sustenta en un mínimo de representatividad y participación que deben tener otros mecanismos de consulta regulados por la Constitución, como el referendo.

“El plebiscito no tiene previsto en la Constitución ningún umbral, no tiene ni previsto umbral de participación mínima para que tenga validez, ni umbral de decisión poniendo un mínimo de entre quienes voten. Es decir que en ese punto, cuando se van a regular los mecanismos de participación, el legislativo tiene plena autonomía para adoptar la decisión que más le parezca conveniente”, explica el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra.

De acuerdo con Beltrán, haciendo un comparativo con el referendo, cuyos umbrales de participación (25% del censo electoral) y de aprobación (la mitad más uno del total de votos, mínimo un 12,5% del censo electoral) si están definidos en la Constitución, este “plebiscito especial” queda con un umbral (13%) “inclusive mayor que el del referendo para que sea probado”.

Sin plan B

“Yo estoy absolutamente convencido de que vamos a pasar el umbral; yo no tengo plan B porque no creo que se presente esa situación. Si el país no aprueba los acuerdos, continuaremos como estábamos hace cinco años, con conflicto armado”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos en entrevista con el diario El Tiempo.

Así también lo reconoció el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, en conversación con EL HERALDO. “Que no tenemos un plan B es cierto. Votar el plebiscito por la paz es ponerle fin a 50 años de guerra. Votar por el ‘no’ es dejar que la guerra continúe. No hay otro camino.”



Para Lizcano, “lo importante es que el pueblo tome la última decisión”, que además, según lo dicho por la Corte, “es vinculante para el Gobierno y es vinculante para todos nosotros y no hay ningún plan B. O acabamos con la guerra o continuamos con ella, depende de cómo cada colombiano vote el plebiscito por la paz”.

Si bien la Corte Constitucional ha dicho que la decisión tomada por los colombianos solo será vinculante para el presidente y no para otros organismos como las cortes o el Congreso, también ha señalado que lo que emane de las urnas es de obligatorio cumplimiento para todos los Gobiernos que vengan después de que Santos finalice su período en 2018.

De acuerdo con la magistrada María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, solo otro plebiscito que se convoque y se vote preguntando a los colombianos por la aplicación de los acuerdos puede revertir la decisión del pueblo en el plebiscito por la paz.

Además de la confianza del Gobierno, no hay una garantía real de que la refrendación triunfe. De acuerdo con la última encuesta Polimétrica publicada por Cifras y Conceptos en junio, 65% de los encuestados manifestaron su voluntad de acudir a las urnas para votar el plebiscito. De esta cifra, 74% lo haría por el ‘sí’, 19% lo haría por el ‘no’, mientras que un 7% se mantiene indeciso.

Hay tres caminos por los cuales la refrendación podría fracasar: primero, que el ‘sí’ gane pero no alcance el umbral; segundo, que el ‘sí’ pierda y no alcance el umbral, o, tercero, que gane el ‘no’ a pesar de que el ‘sí’ llegara a su umbral de aprobación.

Tiempos del Congreso

Según Lizcano, presidente del Congreso, el legislativo solo usaría un día de los 30 que legalmente tiene para responder a la convocatoria del presidente Santos para votar el plebiscito por la paz.

Asegura Lizcano que todos los partidos en el Congreso, a excepción del Centro Democrático, están respaldando la refrendación de los acuerdos.

“Cuando el presidente convoque nos demoramos un día o de pronto menos. Él nos manda una comunicación y nosotros le contestamos al otro día o ese mismo día”, afirma el senador.

Lizcano resalta que la victoria del ‘sí’ en el plebiscito significará la entrada en vigencia del Acto Legislativo para la paz y la aplicación del procedimiento “fast track”, para expedir las leyes y reformas necesarias para la implementación.

“Después del plebiscito por la paz, inmediatamente el Congreso entra a analizar con el procedimiento ‘fast track’ todos esos acuerdos para implementarlos. Se presentarán todos los proyectos de ley para la implementación y el blindaje jurídico de los acuerdos de paz, pero hay algunos que es posible que se presenten antes”, afirma Lizcano.

El senador de La U también es optimista sobre el resultado del plebiscito y sobre los tiempos propuestos por el Gobierno, frente a los que, resalta, dependen de la firma del Acuerdo Final.

“Todos sabemos que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Estamos a la espera de que a principios de agosto se pueda firmar la paz y una vez se firme la paz, inmediatamente convoquen al plebiscito. Tendremos una fecha prudente para que a finales de septiembre, máximo a principios de octubre estemos votando el plebiscito por la paz y tengamos octubre, noviembre y diciembre para la aprobación de los proyectos en ‘fast track’”, aseguró.

La Ley de amnistía

Dentro del desarrollo legislativo de paz que debe adelantar el Congreso, hay un punto esencial para la implementación del Acuerdo Final que deberá ser tramitado antes de la votación del plebiscito y de la entra den vigencia del Acto Legislativo para la paz: la ley de amnistía.

Al respecto, Lizcano destaca que según los acuerdos de paz “esa ley de amnistía se presentará inmediatamente se firmen los acuerdos de paz, imagino que con un condicionante que dependa de la aprobación del plebiscito”.

En la ley de amnistía se debe establecer, por ejemplo, cuáles son los delitos conexos al delito político de la rebelión que serán objeto del indulto del Estado. También, debe establecer el procedimiento por el cual serán liberados los guerrilleros presos por crímenes que no sean de lesa humanidad, y cómo se podrán vincular a las zonas de concentración para hacer el tránsito a la vida civil junto con las Farc.

Aunque el acuerdo estipula que esta ley debe ser presentada “inmediatamente” después de la firma de la paz, Lizcano reconoce que estos son tiempos que dependen del Gobierno y que “al Congreso no le han informado si esa ley se va a presentar un días después, dos días después o 15 días después. Esa fecha no está clara todavía”.

Cabe destacar que la firma de la paz también pone a correr el cronograma de la dejación de armas, lo cual implica que el plebiscito sería votado con las Farc concentradas en las zonas veredales (ver anexo).

Si gana el ‘no’ en el plebiscito, la ley de amnistía no funcionaría y se tendría que crear un mecanismo para que ellos salieran de esas zonas, señala Arien Ávila, subdirector de Paz y Reconciliación. “El acuerdo dice que la ley de amnistía tiene que darse antes de que comiencen las zonas de concentración y cayéndose la ley de amnistía las Farc que volver a la guerra. No hay otra solución”, sentencia.

Acto Legislativo: un procedimiento especial para implementar el acuerdo de paz

De llegarse a aprobar el plebiscito por la paz, uno de sus principales efectos sería habilitar la entrada en vigor del Acto Legislativo por la paz, una reforma constitucional que permite un procedimiento legislativo especial para tramitar leyes en el Congreso.

Además, otorga facultades especiales al Presidente de la República por 180 días (6 meses) a partir de su entrada en vigor para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para implementar los acuerdos de paz, aunque restringe su uso para aprobar reformas constitucionales o leyes estatutarias.

El acto legislativo es de suma importancia, porque de él depende el desarrollo legislativo del Acuerdo Final. También es vital porque en su articulado se encuentra incluido el blindaje jurídico a lo pactado en La Habana. Dicho blindaje jurídico se refiere a la inclusión del texto completo del Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad colombiano, es decir, darle el mismo rango que a la constitución o que a un tratado internacional de paz bajo los parámetros definidos en el artículo 3, común de los convenios de Ginebra.



De acuerdo con el Gobierno, por lo menos serán 50 los proyectos, entre reformas constitucionales, leyes y decretos que necesitan ser aprobados para implementar la totalidad de los acuerdos.

El procedimiento legislativo especial y los poderes extraordinarios del presidente tendrán una duración de seis meses.

En el Congreso quedarán establecidos dos procesos legislativos, uno para leyes ordinarias y estatutarias, que reduce los debates: el primer debate se hará en comisiones conjuntas de Senado y Cámara dependiendo al tema, el segundo será en las plenarias. Para las reformas constitucionales se redujo de 8 a 4 debates, dos en Senado y dos en Cámara.

Tanto las leyes como las reformas son de iniciativa exclusiva del Gobierno y para ser modificadas deben contar con su visto bueno. Del Acto Legislativo también depende gran parte de la financiación para el posconflicto, ya que su artículo 3 incluye un l plan plurianual de inversiones para la paz, que deberá ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y tiene un especial énfasis en los territorios más afectados por la guerra.

Antecedente: el plebiscito de 1957 que terminó con la guerra partidista

La única experiencia plebiscitaria que ha tenido Colombia en sus más de 200 años de vida republicana data de 1957, un año en que el país era dirigido por una junta militar transitoria que el general Gustavo Rojas Pinilla instauró antes de dejar el poder. La violencia partidista había llegado a sus instancias más altas y fue entonces cuando las élites liberales y conservadoras decidieron poner un alto a la matanza y llegar a un acuerdo de paridad política.

Alberto Lleras Camargo (liberal) y Laureano Gómez (conservador) firmaron a nombre de sus partidos un texto que sería sometido a refrendación popular y que entre sus múltiples reformas al orden constitucional establecía una alternancia en la presidencia entre liberales y conservadores. Es decir, cuatro años de Gobierno para un partido, cuatro años para el otro, y la garantía de que todos los cargos públicos debían repartirse en igualdad para ambos.

Este pacto político, que puso fin a los enfrentamientos entre los partidarios de uno y otro bando fue sometido a refrendación popular el 1 de diciembre de 1957, en una de las votaciones más concurridas de la historia electoral del país.

El plebiscito de 1957 fue votado por 4.397.090 de las 5’365.191 personas aptas para votar, es decir, tuvo un porcentaje de participación de 82% y una abstención de tan solo 18%. De esos votos, 4.169.294 (95%) fueron a favor y 206.894 en contra.

En esa histórica elección también fue la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho al voto, lo que para muchos historiadores fue uno de los elementos determinantes para disparar la participación.

El Frente nacional funcionó entre 1958 y 1974, en este periodo se crearon las Farc y el ELN.

Análisis: Reflexiones sobre el plebiscito *

Con el plebiscito se busca dotar de legitimidad popular lo acordado por el Gobierno y las Farc y, en últimas, contar con los apoyos necesarios para las posteriores reformas institucionales para la implementación de estos acuerdos. Como ciudadanos debemos estar informados desde ahora del estado actual de las negociaciones, qué se ha acordado y qué está aún en discusión, así, una vez se presente el contenido completo del Acuerdo Final, contaremos con los elementos de juicio necesarios, para manifestar nuestro apoyo o rechazo dentro de tres o cuatro meses cuando tendrían lugar las votaciones.

Cabe recordar que de ganar el ‘sí’, estos resultados solo tienen fuerza vinculante para el Presidente, quien deberá presentar los proyectos normativos necesarios para la implementación de los acuerdos ante el Congreso, para que éste los apruebe y posteriormente la Corte Constitucional, los evalúe.

Pero para llegar a este punto, antes se necesita que 13% del actual censo electoral; es decir, que 4.387.118 de ciudadanos, voten por el ‘sí’. Aunque para ciertos sectores es una cifra extremamente baja, no hay que perder de vista que la abstención en Colombia ronda 50%, y de no pasar la iniciativa, estaríamos abocados a buscar nuevas formas para refrendar los acuerdos que pondrán fin al conflicto armando con las Farc.

* Ángel Tuirán - Doctor en Derecho Público

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/el-cam ... paz-274013

[Darloup]

Por José Félix Lafaurie R.

Desde que el Gobierno sentó a las Farc en una mesa, mas no a negociar las condiciones para su reinserción sino las modificaciones al Estado de Derecho que exigían para reincorporarse; el proceso cayó en una ilegitimidad insubsanable, un verdadero caballo de Troya para minar desde adentro nuestras instituciones.

Bajo la presión extorsiva de las armas, la justicia, el régimen electoral, el desarrollo rural, la política antidrogas y la participación ciudadana sufrieron modificaciones sustanciales, que las Farc exigían refrendar en una Asamblea Constituyente, para luego plegarse a la decisión de la Corte sobre el mecanismo de refrendación. ¿Qué pasó? Que en La Habana optaron por una estrategia para entrarle a la Constitución por la puerta de atrás, abierta por la propia Corte.

Por eso aceptó modificar “por una sola vez” el umbral de aprobación –del 50% al 13%– para garantizar el éxito. Con esa ventaja y con la confusión engañosa de la paz como promesa, también aceptó someter un extenso, confuso e inmodificable Acuerdo a la votación del SÍ o el NO, del todo o nada. Es como obligar a un comensal a elegir un menú con caldo de culebra y exquisito ajiaco, con la obligación de comérselo todo o aguantar hambre. Es una opción inaceptable que elimina el voto en blanco como legítima expresión de desaprobación.

Se le abona a la Corte haber desarmado el plebiscito vinculante, limitando cualquier obligación a lo estrictamente político para el Presidente. Como consecuencia, el plebiscito no permitirá la “…adición o modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución”, lo cual solo será posible en la implementación y con “las condiciones que para la producción normativa fija la Carta”, en especial el debate previo, libre y democrático.

Pero esas condiciones también caerán en el Acto Legislativo para la Paz, que las Farc rechazaban hasta que logaron introducirle el mico que incorpora el Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad, una vez refrendado en plebiscito. Un verdadero Caballo de Troya a la Constitución.

El Acto, además, cercena las facultades del Congreso y la Corte Constitucional, constreñidos también al SÍ o al NO, en procesos sumarios de aprobación y revisión, al tiempo que impide las demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué dirá la Corte en su examen?

Por ahora, obligó a votar por una caja negra: pueden conocer su contenido pero no cambiarlo, como no pudo el Congreso ni la Corte. Les tiene que gustar todo el acuerdo, o si no: a comer caldo de culebra para poder degustar ajiaco.

Qué hará usted si le gusta la participación comunitaria pero rechaza la impunidad disfrazada; o un ganadero que ve amenazada la propiedad de su tierra y hasta su libertad por una justicia sesgada. Yo quiero la paz, pero no acepto esa trampa a la democracia; por ello me siento moralmente obligado a votar NO.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... oya-273932

[Darloup]

Por Alonso Sánchez Baute

Hace unas semanas dije aquí que no estaba de acuerdo con el plebiscito por miedo a que se politice y al final los colombianos, en lugar de votar si están de acuerdo o no con el proceso de paz, terminen votando por el senador Uribe o por el presidente Santos. La llegada inicial de Gaviria a la dirección de la campaña por el sí, no hizo más que ahondar este temor. Por fortuna, Santos entendió que por ahí no era la cosa y el jueves informó que “Las diferentes colectividades políticas que respaldan los diálogos de paz de La Habana harán cada una su propia campaña para impulsar el sí”.

Mejoró el asunto pero el problema de la politización continúa. Sigue en pie porque este proceso de paz no debería ser un tema de campaña de partidos políticos, sino un asunto en el que el país nacional participe activamente de acuerdo a su propia convicción, sin sesgos de odio ni excusas de dolor. La paz es una urgencia luego de 52 años de desangre. Cualquier argumento en contra, por poderoso que sea, no tiene más fuerza que la necesidad de dejar atrás, de una vez y para siempre, un conflicto que nos ha anclado en el subdesarrollo dejando a su paso, como un tsunami, un reguero de víctimas; víctimas, bien sean civiles, de la guerrilla o de nuestras FFAA que, en últimas no son más que colombianos, como usted y como yo; víctimas que tienen padres, hermanos, hijos que todavía no soportan el dolor de su partida.

Algunos ingresaron a las Farc por convicción, pero la mayoría lo hizo por pura y física hambre; porque para ellos fue la única opción de sobrevivir en una país que desde siempre ha negado oportunidades. Lo peor de nuestra guerra es esto: saber que no estamos luchando contra otro país; que nos estamos matando entre nosotros.

El mundo avanza mientras aquí la mayor preocupación sigue siendo la guerra. Aunque ni siquiera es la guerra, sino la lucha de dos o tres por el poder. La política ha acabado desde siempre este país y, al seguir a uno o a otro, seguimos dándoles cuerda a los políticos para que lo sigan destruyendo. Así como algunos colombianos están empeñados en continuarla, unos cuantos guerrilleros pretenden también seguir en guerra. En uno y otro caso hay que impedirlo. Esta guerra nos ha costado millones de billones de dólares que bien pudieron haber sido destinados a la salud, a la educación, a la infraestructura. Sólo nos ha dejado odio y la enseñanza de la zancadilla al otro –por envidia, por inquina, por ansías de poder- aun sabiendo que, al perder uno, perdemos todos–.

Esta no es la paz de Santos; es la paz de Colombia. Votar por el no, no es votar contra Santos: es votar contra el país. Por fortuna la firma ya no es una esperanza lejana. Cada día se palpa más cerca porque la negatividad y el escepticismo han venido perdiendo argumentos. El plebiscito es nuestra oportunidad de limpiar la bandera negra de nuestros corazones y jugárnosla por nuestra Nación. Colombia lo merece.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... ito-273936

[Darloup]

Las delegaciones del Gobierno y de las Farc firmaron ayer en La Habana los protocolos del acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de las armas.

Negociadores del Gobierno y del grupo guerrillero anunciaron ayer desde La Habana los protocolos para el cese al fuego bilateral y la dejación de arma.

Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron ayer desde La Habana los protocolos del desarme y la desmovilización de la guerrilla en el marco del cese al fuego bilateral y definitivo.

De acuerdo con lo acordado, la guerrilla de las Farc comenzará a entregar sus armas de manera secuencial y en tres fases.

La primera etapa contempla una entrega de 30% del armamento 90 días después de la firma de la paz entre el Gobierno y el grupo gerrillero.

A los 120 días de la firma y entrada en vigor del cese al fuego, se llevaría a cabo la segunda fase en la que se entregará otro 30% de sus reservas de armamento; y a los 150 días, el 40% restante, que sería la tercera etapa de la dejación de las armas.

Entrega de información

El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, indicó que a los ocho días del acuerdo final las Farc entregarán al mecanismo internacional de verificación del cese al fuego toda la información sobre el número de sus integrantes; y dos días después, las “coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra el armamento inestable”.

“Eso incluye todas las armas y explosivos de fabricación artesanal, los insumos para fabricarlas y todo el armamento que tenga abolladuras u oxidación, cuyo transporte pueda resultar peligroso” indicó el jefe negociador.

Rodolfo Benítez, representante del gobierno de Cuba, reiteró que el mecanismo técnico y tripartito de monitoreo y verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las Farc y un componente internacional que consiste en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Este tendrá presencia en las 23 zonas veredales y en los ocho puntos transitorios de normalización “las 24 horas del día, los siete días de la semana” para monitorear el avance el cumplimiento de las reglas acordadas para el cese al fuego.

Según el documento de los protocolos para el ‘Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas’, a más tardar a los 150 días todas las armas de las Farc, incluidas las individuales, “deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas”, y a más tardar a los 180 días, el organismo “extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización”.

De acuerdo con lo anunciado, a partir de la próxima semana las Farc inciarán una visita de reconocimiento de carácter técnico para ubicar y delimitar las zonas veredales de transición, puntos de normalización y sus zonas de seguridad para que sean definidas por la mesa de negociaciones.

Zonas de concentración

Por su parte, el jefe de la delegación de las Farc, alias Iván Márquez, aclaró que solo se movilizarán en las zonas de concentración una vez se refreden los acuerdos de paz. Es decir, una vez se vote por el plebiscito.

“Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización, y la dejación de armas, están supeditados a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá en consecuencia estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final” dijo Márquez.

‘Iván Márquez’ afirmó que una vez se firme la paz “la clave está en la implementación”. “Se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no quede como letra muerta que desemboque en el desengaño. De lo que se trata es de dejar sentada las bases para darle paso al constituyente primario, que es el pueblo”, sostuvo el líder guerrillero.

Presidente Santos celebra el anuncio

El presidente, Juan Manuel Santos, celebró el anuncio hecho ayer en La Habana, y la catalogó como una “noticia muy importante” porque ya no se está hablando de que las Farc se van a desarmar, sino de cómo es el grupo van a entregar hasta su última “pistola”.

Según Santos, en las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización se aplicarán “protocolos que se han venido estudiando por parte de las Fuerzas Armadas desde hace tres años", con lo cual habrá control total del Estado en esas áreas.

“Ya están los protocolos establecidos, cada paso que se va a tomar para poder entregar esas armas y poder tomar ese paso, donde desaparecen las FARC como grupo armado”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/farc-s ... paz-276521

[Darloup]

El guerrillero ‘Iván Márquez’ y delegado del gobierno Humberto De la Calle estrechan sus manos luego de firmar en La Habana, el viernes, el protocolo para dejación de armas y cese al fuego.

Por Óscar Montes

Mientras el Gobierno anuncia el comienzo del fin de la guerra, el grupo subversivo afirma que si no hay Ley de Amnistía y Plebiscito no habrá desplazamiento a las zonas veredales transitorias para hacer dejación de sus armas.

Como ha sucedido desde que se iniciaron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, cada buena noticia que surge de la mesa de diálogos en La Habana viene acompañada de un enorme signo de interrogación. Acaba de ocurrir este viernes, cuando las partes anunciaron su compromiso de facilitar el cese bilateral y definitivo del fuego, así como la dejación de las armas por parte del grupo guerrillero. Se trata –ni más más ni menos– del comienzo del fin de la guerra de las Farc contra el Estado colombiano.

En La Habana las partes acordaron los protocolos y los anexos que permitirían el funcionamiento, entre otros, de las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los ocho campamentos en los que se concentrarían los guerrilleros, así como el comportamiento de las Fuerzas Militares en dichas zonas y los mecanismos de verificación por parte de las Naciones Unidas, que lleven a la dejación de las armas por parte de las Farc.

El trascendental avance llevó al jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, a afirmar que “el fin del conflicto está cada día más cerca, estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia”.

El presidente, Juan Manuel Santos, se sumó al regocijo y afirmó que el anuncio es un paso trascendental en la “desaparición de las Farc como grupo armado”.

Pero esta vez el enorme signo de interrogación lo puso el jefe de la delegación de las Farc en La Habana, alias Iván Márquez, quien sostuvo que “los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización, y la dejación de armas, están supeditados a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá en consecuencia estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final”.

La declaración de Márquez dejó las cosas en su sitio y llevó a De la Calle a desmontarse del caballo al que ya se había subido –junto con los delegados de la ONU– con el fin de verificar “las condiciones logísticas y de seguridad de las zonas de concentración de los guerrilleros”.

“La semana entrante –dijo en tono muy optimista De la Calle– iremos a campo (Gobierno, ONU y Farc) para verificar los lugares, condiciones de estas zonas y establecer los puntos donde estarán los campamentos y los contenedores de las armas”.

Pese al buen ánimo del Gobierno –que celebró con alborozo el anuncio– la verdad monda y lironda es que los guerrilleros de las Farc no se desplazarán desde sus campamentos hasta las zonas de concentración si no tienen en su poder –aprobada por el Congreso de la República– una ley de amnistía, que les brinde –ahí sí– su seguridad jurídica. Sin amnistía no saldrán de sus campamentos y, claro, tampoco harán inventario y mucho menos dejación de sus armas. Los caballos ensillados pueden esperar.

Pero hay más. Las Farc –lo dijo Márquez en La Habana– tampoco saldrán de sus campamentos si no tienen garantizada su seguridad política. Y ello también tiene nombre propio: aprobación del Plebiscito por la Paz. “Deberá en consecuencia estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final”, sostuvo.

Para decirlo en plata blanca: para las Farc si no hay Ley de Amnistía y Plebiscito, no habrá movilización o desplazamiento de sus combatientes a las zonas veredales transitorias de normalización, y por consiguiente no habrá acuerdo final de paz, sin importar si De la Calle y los delegados de la ONU hayan ensillado las bestias.

Así las cosas, la pregunta que debe resolver el Gobierno es si está en capacidad de garantizarles a las Farc su seguridad jurídica con una Ley de Amnistía y si puede garantizarles también el triunfo del SÍ en el Plebiscito de la Paz. Todo ello en menos de tres meses, que es cuando –según cálculos del Gobierno– se convocaría la refrendación de los acuerdos.

Si el Gobierno tenía dudas con las palabras de Márquez, otro de los delegados de las Farc en La Habana, Carlos Antonio Lozada, se encargó de despejarlas cuando afirmó vía Twitter: “Sin amnistía no hay acuerdo final y sin acuerdo final no hay traslado a las zonas de verificación”.

A los signos de interrogación de las Farc en La Habana se suma la puesta en marcha del Plebiscito por la Paz en Colombia, sin saber exactamente qué vamos a votar los colombianos y cuándo lo vamos a votar. El Gobierno en su afán por firmar rápido el acuerdo final con las Farc dio inicio a la campaña por el SÍ, mientras que el uribismo –con Álvaro Uribe a la cabeza– decidió apostarle al NO.

Ello terminará por crear un escenario radicalizado en el que predominarán los gritos y los abucheos de los intolerantes, más que los argumentos de quienes defienden las dos opciones, como lo acaban de padecer los senadores Uribe, en la Universidad del Norte de Barranquilla, y Claudia López, en Medellín. El bochinche terminará por imponerse.

¿Amnistía a las Farc sin haberse desarmado?

Pese a los avances muy importantes de la negociación entre el Gobierno y las Farc –que ya alcanzaron el punto de no retorno– lo cierto es que el asunto fundamental para la Farc tiene que ver con el destino final de sus armas. Y para sus jefes –lo acaba de decir Márquez en La Habana– dicho destino depende de una amnistía a sus combatientes, incluyendo sus comandantes. Para Márquez y compañía, lo único que les garantiza la “seguridad jurídica” es la amnistía, es decir el perdón a sus acciones criminales y a sus actos de terror. El Gobierno también lo sabe, pero es consciente del enorme costo político que deberá pagar por levantar esa bandera. Los amigos del Gobierno le apuestan a un “trámite exprés” en el Congreso que facilite las cosas y no retarde los tiempos. “Sin amnistía no hay desarme. Eso está claro”, me dijo un senador de La U, partidario de “darse la pela” y sacar adelante la iniciativa. Pero el gran obstáculo para el Gobierno es que –como quedaron las cosas después del pronunciamiento de Márquez en La Habana– los colombianos votaremos el Plebiscito con unas Farc armadas, algo que es rechazado por la inmensa mayoría de los colombianos. La amnistía que pretenden las Farc para desplazarse a las zonas veredales transitorias de normalización podría alargar los tiempos de la negociación, pues sin amnistía no habrá concentración de guerrilleros y tampoco firma del acuerdo final.

¿Plebiscito sin firma del Acuerdo Final?

Después de conocer el pronunciamiento de alias Iván Márquez, sobre la obligación de la Ley de Amnistía para la concentración de las tropas de las Farc y para la dejación de las armas, lo que dejaría en suspenso la firma del acuerdo final, llama mucho más la atención la sorpresiva y sorprendente declaración del presidente Santos, según la cual se puede celebrar el Plebiscito sin haber firmado el acuerdo final con las Farc. Votar el Plebiscito de la Paz sin conocer los términos de lo pactado y sin que estos tengan las rúbricas de las partes, es tanto como firmar un cheque en blanco. Punto. La premura del Gobierno –casi que su desespero por firmar la paz– tendría un costo político enorme para quienes promueven el SÍ desde los despachos oficiales y desde los partidos y movimientos de la Unidad Nacional. Al Gobierno le resultará muy difícil vender un Plebiscito de Paz con las Farc armadas y sin un acuerdo final firmado.

¿Y si gana el NO?

Un eventual triunfo del NO en el Plebiscito de la Paz ha llevado a algunos senadores de la Unidad Nacional a crear escenarios fatalistas como el “regreso de la guerra por cien años”, algo que hasta los propios jefes guerrilleros han descartado. ¿Cuál es –entonces– el verdadero alcance de las palabras de alias Iván Márquez, al afirmar que para que los combatientes se desplacen a las zonas y puntos veredales transitorios de normalización para la dejación de las armas, se requiere de normas que garanticen su seguridad jurídica, social y política? Lo que quiere decir es que así como la amnistía les garantizaría su seguridad jurídica, el Plebiscito les brindaría su seguridad política. Pero ello sólo ocurriría si gana el SÍ. Si gana el NO todo ese escenario favorable cambiaría de forma dramática, pues significaría que en La Habana habría que barajar de nuevo para hacer una negociación que deje satisfechos a la gran mayoría de los colombianos. Y ello es así porque todo está supeditado a la refrendación de los acuerdos. Habría entonces una nueva negociación con procedimientos y reglas claras, que pueda ser refrendada en el futuro inmediato. Ello nada tiene que ver con el escenario fatalista creado, según el cual el triunfo del NO significaría prolongar la guerra por “cien años”. El triunfo del SÍ –por el contrario– daría carta blanca a la negociación y las Farc tendrían un ambiente mucho más favorable para que sacar adelante leyes impopulares, como la de amnistía, que las blindaría de futuras acciones legales en su contra por cuenta de su pasado criminal.

Los dilemas de Santos

Las Farc dicen que para concentrarse en las zonas transitorias de normalización deben tener la seguridad jurídica que les brindaría una Ley de Amnistía y la seguridad política que saldría del triunfo del SI en el Plebiscito de la Paz. Del cumplimiento de esos dos requisitos –ahí sí– procederían a la firma del acuerdo final. En el campo del Gobierno el asunto es mucho más complicado, puesto que tiene muy mala presentación firmar un acuerdo final con las Farc armadas, al igual que convocar al Plebiscito de Paz sin haber firmado el acuerdo final, como lo anunció Santos. Hoy el Gobierno pierde con cara y con sello. A ello se suma que el tiempo corre en contra de Santos. Las Farc no tienen afán, pues si no negocian la paz con Santos lo harán con el siguiente Gobierno. Así ha sido por más de 50 años. Es evidente, además, que después del camino recorrido ha quedado demostrado que la negociación es la única salida. Ningún candidato presidencial piensa lo contrario.

Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/analis ... arc-276768

[Darloup]

Las últimas noticias desde la mesa de negociaciones en La Habana parecen reforzar la idea de que el acuerdo con las Farc es inminente. El gran desafío del Gobierno es acentuar su esfuerzo pedagógico, sobre todo en las regiones.

Dos mensajes recientes de la mesa de conversaciones de La Habana parecen reforzar la idea de que la desmovilización y sometimiento a la justicia de las Farc para convertirse en movimiento legal va en serio.

Uno fue la visita de verificación que realizaron delegados de las partes junto a funcionarios de la ONU a los 31 sitios establecidos para la concentración y entrega de armas.

El otro se refiere al anuncio sobre procedimientos, delegaciones y criterios para la selección de los magistrados que investigarán y juzgarán a los autores de crímenes atroces en el conflicto. Las credenciales de los responsables de diseñar el esquema para la selección de los 74 magistrados principales y suplentes –si aceptan el encargo– son presentadas por el Gobierno como la mejor garantía de imparcialidad y honestidad: el Papa; el secretario general de la ONU; la Corte Suprema de Justicia; las universidades públicas y el Centro Internacional de Justicia Transicional.

Quedan pendientes en la mesa dos temas potencialmente polémicos: los beneficios políticos inmediatos a las Farc, con la posible concesión de curules directas al Congreso, y los alcances de la amnistía a unos 15.000 combatientes y auxiliares. Subsisten además varios puntos, importantes y menores, que han sido aplazados desde 2012, pero la historia de las negociaciones muestra que, al cierre de un tema crucial, fluyen acuerdos sobre los pendientes.

El presidente Santos ya cuenta con el texto firmado de la sentencia de la Corte Constitucional que dio vía libre al plebiscito para su convocatoria, y espera el acuerdo final. Mientras el Congreso tramite la consulta popular y, eventualmente, la amnistía, debe celebrarse la X Conferencia de las Farc, en la que se prevé que aprueben la liquidación del grupo ilegal armado.

No hay fecha definida para la firma del acuerdo final, ese Día D en que empezarán a correr los 180 días para la concentración y entrega de armas. Algunos expertos esperan nuevos gestos de paz de las Farc para generar confianza –por ejemplo, la entrega de los menores de 15 años aún en sus filas–, en un momento de incertidumbre sobre el resultado del plebiscito.

El viernes, Santos y los negociadores contaron ante la asamblea de la Andi en Cartagena los avances del proceso, y el apoyo de los industriales fue abrumador.

El gran desafío del Gobierno ahora es acentuar su esfuerzo pedagógico, particularmente en las regiones, sobre las virtudes del acuerdo con la guerrilla. Y debe hacerlo con premura. Los partidarios declarados del ‘no’, con el expresidente Uribe a la cabeza, están muy activos, y sus argumentos, por falaces que puedan parecer a sus contrincantes, encuentran eco en amplias capas de la población.

Fuente: http://www.elheraldo.co/editorial/el-pu ... ito-278620

[Darloup]

Plantón en la Plaza de la Paz en Barranquilla en contra de la ministra de Educación, Gina Parody.

Por Óscar Montes

La polarización política, la mala imagen del Presidente y el mal manejo de la economía, la salud y el desempleo, entre otros, podrían pasarle factura a la hora de que los colombianos voten el Plebiscito por la Paz para refrendar los acuerdos con las Farc.

El Gobierno sigue sin encontrar la fórmula que le permita venderles a la mayoría de los colombianos las bondades de la negociación de paz con las Farc. Nada de lo que hace o dice causa impacto o emociona. Ninguna noticia de las que llegan de La Habana despierta mayor interés, ni siquiera las más recientes que hablan de la conformación del Tribunal Especial de Paz, con la ONU y el papa Francisco incluidos.

Es un hecho evidente que la desconfianza y el pesimismo se tomaron los diálogos con las Farc y en esas condiciones el triunfo del SI en el Plebiscito de la Paz -que servirá para refrendar los acuerdos con las Farc- no está garantizado. Hoy por hoy la mayoría de los colombianos no le creen al Gobierno ni a las Farc. Pero tampoco piensan que las cosas van bien o pueden mejorar. Es –sin duda- un pésimo escenario para el Gobierno a pocas semanas de jugarse su suerte en las urnas.

La más reciente encuesta de Ipsos para Semana, RCN Radio y Televisión y La Fm, da como ganador al NO sobre el SI con un 50 por ciento sobre un 39 por ciento. En Junio pasado el SI la ganó al NO con un 56 por ciento contra un 39 por ciento. Curiosamente, la franja de indecisos subió en la medición de Agosto, pues pasó del 5 por ciento en Junio al 11 por ciento.

La desaprobación a la gestión de Santos se trepó a un 76 por ciento, mientras que apenas un 25 por ciento se declara satisfecho con su desempeño como Presidente. La precariedad del respaldo a Santos es otra de las razones que llena de incertidumbre el resultado del Plebiscito, pues una cosa es venderlo con un Presidente popular y otra muy distinta hacerlo con uno impopular.

A ello se suma la creciente inconformidad de los colombianos con el manejo que Santos le ha dado a otros asuntos distintos a la negociación con las Farc en La Habana, como el desempleo –desaprobado por el 86 por ciento de los encuestados-, la salud –desaprobado por el 85%-, seguridad en las ciudades –desaprobado por el 84%-, y la economía –desaprobado por el 82%-, entre otros. Los dos asuntos que salen mejor calificados son: Vivienda y Relaciones Internacionales con el 51%.

El haber metido todos los huevitos en la canasta de la negociación con las Farc alejó al Gobierno de otros temas fundamentales para la inmensa mayoría de los colombianos. En estos seis años de mandato, Santos ha sido reiterativo y monotemático en los diálogos de La Habana.

Un caso reciente es el que acaba de ocurrir durante la Asamblea de la Andi en Cartagena, al que desplazó a todo el equipo negociador del Gobierno para que les explicaran a los industriales las bondades de los acuerdos con las Farc. Mientras ello ocurría, millones de habitantes de la Región Caribe siguen a la espera de un pronunciamiento presidencial contundente sobre la crisis que atraviesa la Costa por cuenta del mal servicio que presta Electricaribe. “Santos solo quiere hablar y que le hablen de paz. De nada más”, me dijo un gobernador al que le pregunté por qué el Presidente no habló del tema en Cartagena.

El talante del Presidente –muy dado a delegar funciones en sus ministros- tampoco contribuye a mejorar su imagen y la del Gobierno. Hay asuntos que no sólo no se pueden delegar, sino que necesitan que el Jefe del Estado se ponga la camiseta y salga a las plazas públicas a impulsarlos.

Acaba de ocurrir con la llamada “ideología de género”, impulsada por la ministra de Educación, Gina Parody, quien terminó colgada de la brocha por el mismísimo Santos, quien en vivo y en directo la desautorizó y desaprobó las cartillas sobre convivencia y no discriminación que ya estaban circulando en algunos colegios y escuelas del país.

Las marchas de millones de colombianos, convocados por la Iglesia Católica y las cristianas, así como por rectores de escuelas y colegios, que llenaron las plazas del país para rechazar la supuesta “ideología de género”, obligaron a Santos a desautorizar a Parody.

Contrario a lo que hizo Santos, que se escudó en su ministra de Educación, en Ecuador, el presidente Rafael Correa, salió a las calles en persona a desautorizar la llamada “ideología de género”, que compromete la formación de millones de niños en escuelas y colegios. “Me llamarán conservador y cavernícola –dijo Correa en una manifestación en Quito- pero este Gobierno no promueve la llamada ideología de género, aunque respeta a quienes la respaldan”. Lección del episodio: un Presidente no puede delegar lo indelegable.

¿Por qué el NO le está ganando al SI en las encuestas? ¿Qué debe hacer el Gobierno para convencer a los colombianos sobre las bondades de la negociación con las Farc? ¿Cuáles son los principales errores de los promotores del SÍ y los aciertos de quienes respaldan el NO?

Una cosa es la paz y otra los problemas del país

En su afán por vender la negociación con las Farc, Santos y sus ministros terminaron por perderle el pulso al país. La Asamblea de la Andi que se realizó esta semana en Cartagena es un buen ejemplo de ello. Mientras más de siete millones de habitantes de la Región Caribe padecen todos los días las inclemencias del mal servicio de Electricaribe y desean escuchar del Presidente y del ministro de Minas, Germán Arce, una respuesta a la grave situación, el primero de ellos asistió a la Asamblea de la Andi con todo el equipo negociador del Gobierno en La Habana para hablarles a los industriales solo de la negociación en La Habana y el segundo canceló su encuentro con los gobernadores de la Región Caribe, donde se buscarían salidas a la crisis de Electricaribe. La lectura que hacen los costeños es que al Presidente y a su Ministro poco les importa su suerte. La Región Caribe tiene asuntos fundamentales que deben ser atendidos con prontitud por el Gobierno Nacional, como las grandes obras de infraestructura que siguen sin poder definirse, así como la muerte por física hambre de decenas niños Wayuu en La Guajira, entre otros. Igual sucede con otras regiones, cada una con sus problemas que requieren especial atención.

Santos, un presidente sin credibilidad

La altísima desaprobación a la gestión de Juan Manuel Santos (76%) está relacionada directamente con la poca confianza que genera en los colombianos. Y si se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. Punto. Uno de los botones de muestra más reciente es el paro camionero, que dejó miles de millones de pesos en pérdidas. El 88 por ciento de los consultados –de acuerdo con la encuesta de Ipsos- cree que Santos no manejó de forma adecuada la crisis que se desató. Igual sucede con el asunto de las relaciones con Venezuela cuyas decisiones vienen acompañadas de grandes signos de interrogación. Es apenas natural que al no confiar los colombianos en Santos, tampoco confíen en la negociación que él encabeza con las Farc. El Presidente no puede pretender que los colombianos confíen en una negociación que lo tiene a él como protagonista principal. Y si a ello se suma que los colombianos confían muchísimo menos en las Farc, entonces el resultado acerca del respaldo al SI en el Plebiscito no puede ser distinto al que –hoy por hoy- arrojan las encuestas. La incertidumbre acerca del futuro de la negociación con las Farc –pese a lo avanzado de los diálogos- se refleja en el pobre respaldo que tiene el ‘SÍ’.

¿Toche contra guayaba madura?

Los amigos del SÍ confían en que con el umbral del 13 por ciento -que les permitiría ganar con algo más de 4 millones de votos- la negociación de La Habana recibirá carta blanca por parte de los colombianos. Hay –si se quiere- un aire triunfalista en sus promotores, quienes además confían en los “milagros” que hace la mermelada en época electoral. El exceso de confianza se podría convertir en un serio problema para quienes promueven el SÍ, pues muchos de ellos consideran que el respaldo será masivo y que prácticamente no habrá necesidad de hacer campaña. Pero las multitudinarias marchas en contra de la llamada “ideología de género”, que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, dieron un campanazo de alerta. Y ello es así porque si el rechazo a la ministra Gina Parody se convierte en respaldo a quienes promueven el NO, entonces su triunfo sería contundente.

Álvaro Uribe, el peor enemigo de Santos

Aunque lejos del respaldo abrumador que tuvo como Presidente, de todos los personajes nacionales, el de mejor imagen en la encuesta de Ipsos es Álvaro Uribe (54%), quien anunció que liderará el NO en el Plebiscito por la Paz. Y eso no es un asunto menor. Uribe sabe capitalizar el inconformismo contra Santos, como acaba de suceder con las marchas contra la llamada “ideología de género”, que le permitieron pescar en las aguas que Gina Parody revolvió. Nadie en Colombia encarna mejor el inconformismo contra las Farc que Uribe, quien representa a ese 88 por ciento de colombianos que se oponen a que los jefes de ese grupo guerrillero no vayan a la cárcel, como muestra la reciente encuesta de Ipsos para Semana, RCN Radio y Televisión y La fm. A diferencia de los promotores del SÍ cuyas jefaturas son cuestionadas, la de Uribe como jefe del NO, nadie la discute. Y a la hora de una campaña intensa y corta como la que se viene por el Plebiscito esa es una gran ventaja.

Designación de Gaviria como jefe del ‘sí’, un error

La designación del expresidente César Gaviria como jefe de los promotores del SI fue un error por parte del presidente, Juan Manuel Santos. Aunque Gaviria cuenta con respaldo nacional y dentro del liberalismo, entre otras razones por ser el abanderado de la Constitución del 91, su jefatura tiene serios reparos dentro de la Unidad Nacional. De hecho, ningún partido –distinto al liberalismo- lo reconoce hoy como su vocero. Tanto es así que La U, Cambio Radical, Partido Conservador y los Verdes decidieron que cada uno hará campaña independiente por el SI. El asunto con Cambio Radical –partido del vicepresidente, Germán Vargas Lleras- es mucho más delicado, pues sus relaciones personales y políticas –que siempre han sido malas- hoy atraviesan su peor momento. Esa es una de las razones por las cuales la campaña del SI –que se pensaba que produciría fervor en todo el país- todavía no ha prendido motores. Haber “liberalizado” el posconflicto y el Plebiscito –ponerle la camiseta del Partido Liberal- es otro error que produjo grietas en la Unidad Nacional, pues partidos como La U –que se jugaron por el proceso desde el comienzo- se sintieron maltratados por el Gobierno. Igual sucede con los que llegaron después, como el Partido Verde, que también cuestiona el protagonismo al liberalismo dado por el Gobierno.

Fuente:http://www.elheraldo.co/politica/analis ... -si-278208

[Darloup]

La imagen muestra una de las sesiones de la Corte Constitucional.

El tribunal sentenció que para convocar a las urnas debe haber concluido negociación de La Habana. El camino está definido: Santos.

La sentencia de la Corte Constitucional que dio el visto bueno al plebiscito por la paz como mecanismo de refrendación advirtió este sábado que para convocar a las urnas es requisito fundamental que las Farc “haya renunciado de manera integral y definitiva a la actividad armada, así como a la amenaza del uso de la fuerza”.

En el texto defintivo de 337 páginas que se conoció, señala que “la suscripción de dicho Acuerdo, que tiene por objeto la terminación del conflicto armado (…) supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular”.

Señala además que: “Es deber del Estado garantizar que ninguna amenaza, en particular aquella del carácter armado, limite el ejercicio de dicha libertad. Esto supone, como es apenas natural, que el grupo armado ilegal con quien se negoció el contenido del Acuerdo deponga el uso de las armas y de la violencia como paso previo y obligatorio a la refrendación popular”.

El alto tribunal manifiesta que las Farc debe haber concretado la firma del acuerdo de dejación de armas, en el que se establezcan los mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo pactado.

La respuesta de Santos

En respuesta al fallo, el Presidente Santos respondió vía Twitter: “Los acuerdos nos garantizan una paz sólida. El camino para que las Farc dejen las armas está claramente definido”.

En uno de los apartes de la sentencia, la Corte señala además que el Estado debe garantizar las condiciones de seguridad para los ciudadanos, no solo de quienes participen en el plebiscito sino para aquellos que se abstendrán de votar en la convocatoria.

Advierte que el Gobierno Nacional debe publicar y divulgar el contenido íntegro del Acuerdo Final de La Habana de manera permanente con mínimo treinta (30) días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito.

Lo anterior, mediante una estrategia de comunicación con el objetivo de generar un debate amplio y suficiente, utilizando para ello medios de comunicación masivos y canales digitales y redes sociales de las entidades públicas de la rama ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, entre otros.

Fuente:http://www.elheraldo.co/politica/farc-d ... rte-278176