Preservar los derechos de las víctimas debe ser el principal objetivo en cualquier acuerdo.
Mientras el Gobierno afirmaba ayer que la decisión de la Corte Constitucional que aprobó el Marco Jurídico para la Paz es histórica (ver El fallo...), y el Congreso respaldaba esa decisión, persistían los cuestionamientos sobre beneficios para la guerrilla y el desconocimiento de las víctimas.
Por lo que hasta ayer conocía de la decisión, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América, dijo que parece que no se corrigieron las “serias fallas” de dicha reforma constitucional.
Insistió, en correo electrónico enviado a la AP, en que esta ley permite al Congreso excluir de las investigaciones penales casos de atrocidades si se determina que estas no fueron parte de un “ataque sistemático”; también, reprochó Vivanco, el Parlamento podrá suspender totalmente las penas de prisión a los guerrilleros, paramilitares y militares considerados los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad,“con la consecuencia de que no tengan que pasar un solo día en la cárcel”.
Indicó que le preocupa que la Corte habría confirmado que se puede negar el acceso a la justicia a víctimas de crímenes de guerra tales como violación sexual o tortura, si esos delitos no fueron parte de un ataque sistemático.
El comunicado de prensa de la Corte, dijo Vivanco, “indica que cualquier suspensión de una sentencia debe estar orientada a garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. No vemos cómo la total suspensión de la pena de prisión a comandantes guerrilleros o militares que sean máximos responsables de los peores crímenes, podría, bajo cualquier circunstancia, estar orientada a satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia”.
“Es posible que el fallo de la Corte haya establecido importantes límites a la capacidad del Congreso de suspender las penas de prisión a los responsables de atrocidades. Afortunadamente, en el caso de que tales límites no sean aplicados en la futura legislación, las víctimas aún cuentan con la Corte Penal Internacional, que ya ha advertido al gobierno colombiano que la suspensión total de las penas podría llevar a ese tribunal internacional a abrir una investigación”.
José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, indicó, a la misma agencia AP, que los integrantes del alto tribunal “pusieron una vela a Dios y otra al diablo”: por un lado, dijeron que los beneficios de la norma están condicionados a que los delitos de lesa humanidad, sean investigados y sancionados y, por otro, aceptan la reforma que contempla la suspensión de penas.
"Crímenes sistemáticos”, el debate que se aproxima
Al declarar exequible el Marco Jurídico para la Paz, la Corte Constitucional fijó unos parámetros que el Congreso deberá tener en cuenta al expedir la ley estatutaria para desarrollar dicha norma.
Además de establecer que para aplicarlo es “necesario exigir la terminación del conflicto armado” de parte del grupo que se desmovilice colectivamente; la entrega de armas y la no comisión de nuevos delitos, el máximo tribunal constitucional ordena que:
“Se deberá investigar y juzgar toda grave violación a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Estatuto de Roma, que sean constitutivas de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, e imputarlas a sus máximos responsables”.
Ayer, cuando apenas comenzaban a estudiar la decisión, abogados consultados por EL HERALDO manifestaron que el debate que se plantea tiene que ver con “¿qué se entienden o cómo se interpreta lo de crímenes cometidos de manera sistemática?”
Además, opinaron que mientras los máximos jefes de las Farc pregonan que no pagarán un día de cárcel, la decisión de la Corte, a primera vista, obliga a que haya condenas y a que el Estado cumpla con esa obligación.
El Fallo de la corte es histórico: Gobierno
Como una decisión histórica de la Corte Constitucional calificó el Gobierno Nacional la aprobación del Marco Jurídico para la Paz, porque permite “una sana ponderación entre el deber del Estado de investigar y juzgar, la obligación de satisfacer los derechos de las víctimas, y el derecho de todos los colombianos de lograr la paz”.
“El éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende, en gran medida, de la decisión que ha tomado la Corte. Este es un mensaje para las Farc y para todo el país: el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”, dijo el Gobierno en un comunicado.
Señaló que como el mismo Marco Jurídico para la Paz lo advierte, su aplicación depende, entre otros, de la dejación de las armas por parte de los grupos armados; el reconocimiento de responsabilidad; la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas; la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores reclutados.
En su pronunciamiento, el Gobierno reafirmó que “no hay un asunto más urgente para Colombia que la paz”, y reconoció, como su propósito, que conlleve “a una mayor satisfacción de los derechos de las víctimas”.
Fuente: http://www.elheraldo.com.co/noticias/po ... paz-122644
