La negociadores de las Farc Iván Márquez y Rodrigo Granda, en uno de sus arribos al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de la negociación con el Gobierno.
Por Óscar Montes
A pesar de publicar los acuerdos de La Habana, los colombianos aún no confían en el proceso. Mientras el Jefe de Estado dice que la paz está cerca, la guerrilla no cesa la violencia.
Incertidumbre. Esa parece ser la palabra que mejor define el pensamiento de los colombianos acerca del futuro de las conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Ese escepticismo es producto de una serie de mensajes y de hechos –buena parte de ellos confusos o contradictorios- que han llevado a amplios sectores de la opinión pública a ser incrédulos sobre la suerte de la negociación, que podría poner fin a la guerra de más de cincuenta años en el país.
En efecto, mientras el presidente Juan Manuel Santos anuncia en la ONU que la paz en Colombia está cerca, frentes de las Farc atacan a civiles, atentan contra la infraestructura y dejan incomunicado al centro del país con la Región Caribe. Mientras Gobierno y Farc rompen el pacto de confidencialidad que acompañaba los diálogos y revelan los acuerdos parciales concertados, ninguna de las partes despejó de forma contundente las dudas que surgieron con la publicación de los textos y que tiene que ver con la propiedad y uso de la tierra, la lucha contra el narcotráfico y la participación en política de los guerrilleros desmovilizados.
La publicación de los documentos no solo no despejó las dudas, sino que radicalizó las posturas de quienes creen en la negociación y las de quienes no creen en la misma. De esa manera la búsqueda de una mayor transparencia –propósito del Gobierno- terminó creando una mayor confusión en la opinión pública. De hecho, un sondeo realizado por La Fm –después de publicados los acuerdos- arrojó un resultado abrumador de casi el 90 por ciento a favor de quienes no creen en los diálogos.
La percepción pesimista de la negociación tiene que ver no solo con los pocos avances alcanzados después de más de dos años de diálogos, sino con el poco compromiso que se percibe de parte de quienes negocian a nombre de las Farc. Hecho que se traduce en un mayor desgaste para el Gobierno, pero –sobre todo- para Santos, que es quien al final deberá rendir cuentas de su decisión de negociar con esa organización subversiva. Todo el desgaste de la negociación recae sobre los hombros del Presidente, quien tampoco se muestra convincente en sus anuncios de paz. De hecho su intervención ante la ONU produjo poco impacto ante la comunidad internacional, que sigue escuchando anuncios de paz, pero ningún hecho concreto que haga pensar que las cosas van por buen camino.
Por los lados de las Farc las cosas son peores. Los documentos revelados evidencian el poco sentido autocrítico de quienes son –sin duda- uno de los grandes responsables del desastre nacional. En los documentos se habla de que la Reforma Rural se hará con tierras de narcotraficantes y “otros grupos ilegales”, sin que ello signifique –porque los acuerdos no lo dicen- que las Farc están dispuestas a entregar las tierras que les han arrebatado a punta de fusil, secuestros y extorsiones a cientos de campesinos y ganaderos del país. Igual sucede con el fenómeno del narcotráfico, al que se refieren como un hecho externo que afecta a comunidades campesinas, sin que las Farc reconozcan su responsabilidad no solo en el cultivo de la hoja de coca, sino en la comercialización de la cocaína, que les genera multimillonarios ingresos, como bien lo saben las agencias internacionales dedicadas a combatir el narcotráfico en el mundo.
De manera que el poco entusiasmo que genera la paz de Santos con las Farc tiene que ver con esa falta de compromiso por parte del grupo guerrillero, que se refleja –además- en la ausencia en los acuerdos revelados de otros asuntos tan delicados como los anteriores, entre ellos la “siembra” de minas antipersonas, el reclutamiento de menores y el reconocimiento de todas sus víctimas.
El panorama se vuelve mucho más desolador al mirar los últimos actos de terror cometidos por ese grupo guerrillero, entre ellos la quema de 11 vehículos en inmediaciones de Tarazá, en la vía que comunica a Antioquia con la Región Caribe, en los que –incluso- una ambulancia que transportaba a una paciente fue atacada con tiros de fusil, produciéndole heridas en su rostro.
Ante esta serie de hechos, la pregunta que surge es: ¿Con cuáles Farc negocia el presidente Santos en La Habana? ¿Cuál es el mando que tienen los negociadores de las Farc sobre los frentes que operan en el país? ¿Qué hacer ante la alianza criminal de Farc y bacrim? ¿Es Santos rehén de la negociación?
¿Con quiénes negocia Santos?
Desde los tiempos de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, las Farc se han caracterizado por tener una unidad de mando reconocida por todos sus combatientes. Se sabía –por ejemplo– que la línea política la trazaba Jacobo y Marulanda se ocupaba de la estrategia militar. “Jacobo y Manuel son dos cabezas, que piensan como una sola”, decía Alfonso Cano. La desaparición de los jefes naturales de las Farc, así como los golpes propinados al grupo guerrillero, entre ellos la muerte de Raúl Reyes, Mono Jojoy y el propio Cano, dejó en cabeza de Timochenko la responsabilidad de negociar con el gobierno de Santos. Y aunque en la mesa de diálogo están sus delegados, también es cierto que muchos de ellos carecen de mando sobre los combatientes, lo que no deja de ser una debilidad, pues las Farc se comportan como un “ejército irregular”.
Frentes poderosos –como la Teófilo Forero, que se financia del narcotráfico– prefieren mantenerse al margen de los diálogos de La Habana. Otros, como el 18 y el 38, que operan entre Antioquia y la Región Caribe, también actúan de forma autónoma. Algo similar ocurre en Cauca, Huila y Caquetá. Ante esta situación, la pregunta es: ¿Los delegados de las Farc en La Habana son los indicados para negociar con el Gobierno? ¿Tienen ellos el mando suficiente para ser voceros de todos los combatientes?
¿No hay unidad de mando en las Farc?
La gran debilidad de todo ejército es carecer de unidad de mando. Punto. Y es evidente que en el caso de las Farc ahí radica buena parte de las dificultades por las que atraviesan sus negociadores en La Habana. Voceros como Andrés París y Marcos Calarcá –quienes han permanecido buena parte del tiempo por fuera de Colombia– no son reconocidos como “verdaderos combatientes” por parte del grueso de la organización guerrillera. Todo lo contrario: son vistos como privilegiados que han contado con la suerte de garantizar su seguridad y su vida residiendo en el exterior, mientras que en el país decenas de guerrilleros son dados de baja o caen a manos del Ejército.
En un ejército, así sea irregular como las Farc, los reconocimientos se ganan en la campo de batalla. De hecho, Cano, Márquez y Catatumbo, fueron enviados a combatir, luego de regresar de Tlaxcala, donde hicieron parte del equipo negociador de las Farc, durante el gobierno de César Gaviria. El Mono Jojoy era particularmente crítico de quienes “echan mucha carreta” y por cuenta de ello siempre vio con recelo a Cano, quien era visto más como ideólogo que como combatiente. Timochenko tiene el reto de unificar el mando de las Farc y ejercer control sobre buena parte de los frentes, algo que hoy sucede de forma esporádica, como ocurrió con las treguas unilaterales decretadas en tiempos electorales.
¿Nacen las Farc-crim?
De acuerdo con testimonios de guerrilleros desmovilizados, las Farc estarían “negociando” varios de sus frentes con jefes de bandas criminales (bacrim), quienes buscarían fortalecerse militar y políticamente. Aunque los voceros de las Farc en La Habana han negado esa alianza, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército y el director de la Policía, reconocieron la asociación existente. De hecho, el ministro Pinzón declaró que recientemente que “Farc y bacrim son la misma cosa”. E
l asunto es muy delicado. Si la alianza existe, como dicen el Ministro de Defensa y los comandantes de Ejército y Policía, ¿qué sentido tiene la negociación con las Farc en La Habana, si ellas están aliadas con las bandas criminales? ¿Está el Gobierno negociando con bandas criminales? En tiempos de San José de Ralito –cuando el gobierno de Álvaro Uribe negoció con los grupos paramilitares– trascendió que grupos de narcotraficantes estaban interesados en “comprar” frentes paramilitares con el fin de ser aceptados en la mesa de negociación. Ello produjo una ruptura en la cúpula de los paramilitares, hasta el punto de que Carlos Castaño –que se opuso a la alianza– terminó asesinado por quienes sí eran partidarios de ella, entre ellos su hermano Vicente, según relatos de exparamilitares.
Ataque en Tarazá, más grave de lo que se cree
La quema de 11 vehículos por parte de guerrilleros del frente 18 de las Farc, en la vía que de Antioquia conduce a la Región Caribe, es un golpe demoledor al “clima de paz” que el Gobierno pretende crear alrededor de los diálogos de La Habana. No solo se trata de una de las más importantes vías que comunican al centro del país con la Costa Atlántica, sino que comprometió la integridad de civiles, entre ellos, a una mujer que era trasladada en una ambulancia, violando con ello normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Más que “una acción desesperada”, como la calificó el presidente Santos, se trató de un acto terrorista que puso en riesgo la vida de civiles, ajenos al conflicto, cuya vida e integridad deben ser garantizadas por el Estado, en cabeza del presidente de la República. La percepción de seguridad se pierde cuando las personas no pueden transitar libremente por las carreteras del país. Al realizar actos de terror en las vías nacionales, las Farc están golpeando donde más les duele a los colombianos: en su seguridad. Y el presidente Santos debe saberlo.
Fuente: http://www.elheraldo.co/politica/la-ley ... tos-167946
