La política criminal del Estado

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Darloup
 
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La política criminal del Estado

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Por Francisco Cuello

En Colombia, la política criminal del Estado la manejan los medios de comunicación a través de los presentadores de televisión, las revistas y los periódicos de circulación nacional, sin tener en cuenta que el delito, a decir del penalista Nódier Agudelo, “es un hecho ante todo antropológico y telúrico. Es un hecho condicionado por causas endógenas y causas exógenas”. Así las cosas, el manejo de la conducta criminal no puede ser un espectáculo de circo, dejando a un lado la participación de la academia, el trabajo de los investigadores científicos sobre el tema y el concurso de los gremios especializados.

Cuando ocurre un secuestro, un homicidio o un robo y la noticia sale por televisión, de inmediato se convierte en la tarea prioritaria de las entidades de investigación, para complacer la presión mediática. En cambio, si no sale por ningún medio de importancia nacional, el delito duerme profundamente en los escritorios de la Fiscalía.

En Colombia, si un hombre le toca las nalgas a una mujer, sin su consentimiento, el juez le puede aplicar una condena entre 3 y 6 años, como un acto sexual violento, según el artículo 206 del Código Penal. Pero, si por desgracia la mata con su vehículo, incurriría en prisión entre 3 y 5 años. Es decir, sale más barata matarla que tocarla.

Pero si este mismo hombre se le da por envenenar el agua del acueducto de su pueblo, apenas le pondrían entre 1 y 5 años de cárcel.

Sin embargo, si a este mismo loco le da hambre y entra desesperado a un supermercado famoso y se bebe una gaseosa litro con un paquete de galletas viejas, podría ser condenado entre 1 y 2 años, previo paseo debidamente esposado y con las cámaras de televisión detrás como en cualquier circo romano.

Ahora bien, si el hambre ya no es de estómago sino de plata, y esta misma persona abre una oficina de Interbolsa, para manipular fradulentamente las acciones, el juez le podría aplicar una condena entre 2 y 6 años, mucho más barato que tocarle las nalgas a una chica o matarla.

Durante las recientes Ferias de las Flores en Medellín, se disparó la extorsión en todos sus niveles hasta llegar a los palcos a precios módicos por parte de los delincuentes paisas.

De inmediato los canales de televisión bogotanos, respaldados por el periódico El Tiempo, conceptuaron que para el delito de extorsión había que aumentar sus penas, sin ningún estudio sobre sus causas y consecuencias, como la impunidad, la construcción de cárceles y las condenas contra el Estado por privación ilegal de libertad.

Un estudio realizado por Luis Hernando Barreto Nieto y Sneider Rivera, titulado “Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia”, señala que “después de 1991, ante la limitada facultad de los estados de excepción, se produjo una inflación legislativa para reformar el Código Penal.

Entre 2000 y 2008 se han producido 33 reformas a dicho estatuto, lo que se traduce en un promedio de una reforma cada tres meses.

Estas reformas han aumentado las penas mínimas hasta en un 400 % para delitos como inducción a la prostitución, y en un 300 % para una docena de delitos entre los que se encuentran la violencia intrafamiliar, el soborno y las amenazas”.

El problema no es de cárceles con hacinamiento. Lo que está enferma es la familia y con ella toda la sociedad.

No se pueden seguir aumentando los recursos para castigar sino para educar y ofrecerle mejores oportunidades al ser humano.

Fuente: http://www.elheraldo.com.cowww.elherald ... ado-120582
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