Los más de $24 millones mensuales y otros beneficios para senadores y representantes a la Cámara causan indignación.
Por José Granados Fernández
La nueva prima especial de servicio por $7.898.445 mensuales que el presidente Juan Manuel Santos le concedió a los congresistas, dejó al Gobierno Nacional y al Congreso enfrentados a una nueva indignación colectiva.
Desde el lunes, las redes sociales critican esta decisión, que es calificada como “vergonzosa” o un “nuevo acto de corrupción”. La principal queja tiene que ver con la inequidad que Santos impulsa a pesar de afirmar que en su mandato quiere acabar con la desigualdad social que existe en el país.
Mientras el salario de senadores y representantes a la Cámara es de $24.054.349 al mes –$19.037.00 con descuentos–, el pago promedio en el país no alcanza el $1.300.000 y unos 11.400.000 colombianos ganan un salario mínimo –$660.000, incluyendo el auxilio de transporte– o menos. Esta diferencia es mayor porque los congresistas también reciben $29.450.000 mensuales para contratar asesores, les pagan el servicio de celular y les dan una prima de Navidad, equivalente a un mes de sueldo, y otra para comprar carro.
Por su salario los parlamentarios colombianos se sitúan en el cuarto puesto del ranking continental. Los superan los de Chile, Brasil y Estados Unidos.
Lío político. Aunque el Gobierno defendió la creación de la nueva prima señalando que no obedecía a ningún chantaje de los congresistas ante los dos fallos del Consejo de Estado que tumbaron las primas de salud y de localización y vivienda –demandadas por el periodista Felipe Zuleta– que gozaron por 21 años, la sensación entre la opinión pública es que Santos sí cedió al ‘paro parlamentario’ que le armaron, pues una vez expidió el Decreto se normalizó el trámite de la ley ordinaria para reformar la salud.
Es decir, para muchos terminó probándose lo que el senador Armando Benedetti denunció a EL HERALDO: “El ausentismo (para la reforma a la salud) es un chantaje (del Senado) por el asunto salarial”, pues perdían $1.615.571 para salud y $6.282.853 para localización y vivienda quedaban limitados a que cada congresista demostrara que no vive en Bogotá.
En marzo pasado, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro le pidió al entonces ministro del Interior, Fernando Carrillo, que el Gobierno presentara una reforma a la Ley 4 de 1992 por considerar que estableció un régimen pensional, salarial y prestacional para los congresistas “con prerrogativas desproporcionadas e inequitativas con relación a la mayoría de los servidores públicos y empleados del país”.
Mientras de parte del Gobierno esa solicitud quedó en estudio, el congresista insiste en que mantener tales privilegios suscita una “justa indignación”, sobre todo cuando los colombianos observan la “ineficiencia del Congreso” y conocen de “múltiples situaciones de corrupción y escandalosos episodios”.
Cepeda, quien decidió seguir donando la millonaria prima –al igual que lo anunciaron los congresistas Juan Lozano, Camilo Romero y Ángela Robledo– dice que el Gobierno, así como lo hace con los congresistas, “debería ser igual de generoso” con los trabajadores colombianos cuando, en cada diciembre, llega la negociación del salario mínimo.
De acuerdo con un análisis del comportamiento salarial del Congreso, decisiones de 1992 generaron el disparo de estas remuneraciones. En la presidencia de César Gaviria se crearon las dos primas –que tumbó el Consejo de Estado– y el salario se les incrementó en ese entonces en 274,9%, al pasar de $714.667 a $2.680.000.
De haberse mantenido el incremento salarial parlamentario con base en los aumentos del salario mínimo, hoy estos ganarían unos $10.000.000, suma que tampoco es despreciable como sueldo en un país donde el 68% de los colombianos –23 millones– vive de la informalidad.
Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/politi ... ica-128219
