El hacinamiento carcelario

[Darloup]

Por Álvaro De la Espriella Arango

Posiblemente una de las facetas más críticas del país, al mismo tiempo un tanto olvidada porque no tiene el impacto mediato de las bombas, los secuestros y los crímenes diarios, es la congestión que existe en las cárceles de todas las categorías a lo largo de nuestro territorio. Se habla de una población de detenidos que sobrepasan las ciento veinte mil personas entre procesados sin sentencia aún y condenados con prisión de largo plazo. Este hacinamiento que ha mostrado algún noticiero de televisión recientemente causa estupor, no solamente por los peligros de una convivencia comunitaria expuesta a toda clase de abusos y ultrajes sino por el temor de epidemias que puedan surgir en estas condiciones higiénicas tan lamentables.

Hemos observado que en dos ciudades importantes se han terminado de construir recientemente dos cárceles grandes que no se pudieron utilizar, están vacías, porque desde el principio se les descubrió fallas en sus estructuras e instalaciones que podrían en peligro a los confinados. Nos preguntamos los ciudadanos si esto no obedece quizás a la feria de contratos sin la interventoría adecuada, a lo cual nos tiene acostumbrado el régimen de la contratación oficial, o, por el contrario, romántica suposición, a algún motivo de selección de personal destinado a estos nuevos lugares.

Entonces hemos escuchado con no menos asombro las palabras de la Señora Ministra de Justicia que casi infantilmente ha manifestado la necesidad urgente de desocupar las actuales cárceles sacando a los delincuentes detenidos por los delitos menores, para de esta manera resolver parcialmente el amontonamiento. Es decir, el remedio más mortal que la enfermedad. Insólito porque si algo necesita Colombia es mano dura contra la criminalidad, castigos ejemplares, una justicia más rápida y más contundente, para ver si por fin empezamos a construir una patria mejor sin tanto delincuente. Echar a la calle a una cantidad de detenidos calificando sus delitos como menos atroces, en un subjetivo concepto de difícil aplicación penal, es lo mismo que decirle al país por sus propias autoridades que aumentarán las infracciones, las violaciones al Código Penal, la delincuencia en general. Y los mismos bandidos se sentirán en su reino cuando se den cuenta de que si son apresados tendrán que soltarlos por falta de cupo carcelario. Es decir, Ripley se queda corto ante tanta ceguera oficial.

Desde luego no se necesita ser adivino para darnos cuenta de que la solución es construir más cárceles, mejor acondicionadas, mejor dotadas, para un país cuyos índices de criminalidad es de los más altos del mundo. Pero un descuido de los gobiernos anteriores o indiferencia ante la problemática existente no permitió avanzar en este aspecto pendiente como estaba de combatir guerrillas y paramilitares nada más, como si no hubiese otros objetivos y logros por conseguir. El esperpento administrativo de fusionar los ministerios de Justicia y Gobierno fue tanto el daño que nos hizo que los ministros de turno ni atendían lo uno ni lo otro, y el presupuesto para cárceles se diluyó en otros menesteres. Hoy estamos abocados a la urgencia de construir bien dotadas por lo menos media docena de cárceles con amplia capacidad de presos. No podemos seguir poniendo pañitos de agua tibia a un problema que ya creció tanto que se convirtió en una de las situaciones más angustiantes que tiene el país.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... ario-80604