Santos no tiene EPS
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Santos no tiene EPS
Por Javier Darío Restrepo
Porque si la tuviera, habría motivos para preocuparnos. Un cáncer tratado en una EPS significa un riesgo, y Colombia no está para correr el peligro de quedarse sin presidente.
Déjeme explicarle. Entre el momento en que un paciente llega con sus síntomas y su susto al consultorio del médico general y el comienzo del tratamiento, transcurren en promedio seis meses.
En el más benigno de los casos ese paciente tiene un tumor del tamaño de una arveja, que es lo que verá el especialista en alguno de los exámenes que recibirá de manos del paciente.
Mientras tanto el tiempo no se habrá detenido: las autorizaciones para esos exámenes gastan tiempo, las salas de espera en los laboratorios, la nueva cita con el especialista que, al tener la evidencia, ahora sí remite al oncólogo. Los meses han corrido y el tumor habrá crecido; así lo encontrará el nuevo médico (van tres: el médico general, el especialista y el oncólogo). Este especialista, después de estudiar los exámenes y de escuchar al paciente, determinará si procede una cirugía, o una tanda de quimioterapias, o una de radioterapias, o una combinación de las dos.
Mientras tanto, el tumor habrá crecido y crecido, o el cáncer se habrá extendido a otros órganos. Lo usual es que el nombre del paciente entre en una lista que parsimoniosamente considera una junta de la EPS, que a veces recibe el pomposo nombre de Comité Científico. Mientras se prolonga la espera, el comité examina la historia clínica del paciente, escucha el informe económico del caso, delibera y, finalmente produce una autorización, seis meses después de la primera alerta en el organismo del paciente.
El pequeño tumor del tamaño de una arveja ha tenido tiempo de crecer hasta ser del tamaño de una nuez, o de un limón o de una naranja. Esa tardanza, ¿a cuántos pacientes les ha costado la vida?, ¿cuántas vidas se habrían salvado con un procedimiento rápido como el que se aplicó al presidente Santos?
Decía desde el centro de Bioética de la Universidad de Georgetown de Washington el especialista Eduard Pellegrino que “las consideraciones éticas debe preceder a las económicas, si es que la medicina ha de permanecer como una empresa moral”.
En efecto, las dilaciones, las discusiones, los cálculos de los administradores tienen un solo motivo: las consideraciones económicas. La EPS entra en un estado de confusión porque son los condicionamientos económicos los que indican qué es lo bueno y lo correcto para la EPS, no para el paciente. Estas empresas parecen requerir una ética de bajo costo.
Lo que antes fue la lucha para preservar la vida, a pesar del atraso científico y tecnológico, hoy es la batalla para impedir que el derecho primario a la vida no quede subordinado a derechos secundarios como la economía. Para los médicos el problema se plantea en términos dramáticos: hoy tienen que defender la vida contra los cálculos y las escaseces que están destruyendo el derecho a vivir.
La operación del Señor Presidente puso de manifiesto, además, el derecho de la población a saber lo que pasa con la salud de sus funcionarios. Al contrario de lo ocurrido con el presidente Chávez, o con el alcalde de Cartagena o con el mismo vicepresidente Garzón (¿por qué esas gestiones del Senado para que el funcionario cumpliera un deber elemental?), Santos entendió el deber de todo hombre público: sacrificar esa parte de su intimidad, necesaria para que la ciudadanía conozca el estado de su salud.
Es pues de celebrar que el Presidente no tenga EPS. No estoy escribiendo que el ciudadano de a pie deba ser tratado como un presidente, pero sí hay que afirmar que algo anda mal cuando el derecho a la vida está subordinado a la lógica económica de las EPS, y que correría peligro el país si el tumor presidencial fuera a ser tratado dentro del sistema de las EPS.
Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... -eps-84693
Porque si la tuviera, habría motivos para preocuparnos. Un cáncer tratado en una EPS significa un riesgo, y Colombia no está para correr el peligro de quedarse sin presidente.
Déjeme explicarle. Entre el momento en que un paciente llega con sus síntomas y su susto al consultorio del médico general y el comienzo del tratamiento, transcurren en promedio seis meses.
En el más benigno de los casos ese paciente tiene un tumor del tamaño de una arveja, que es lo que verá el especialista en alguno de los exámenes que recibirá de manos del paciente.
Mientras tanto el tiempo no se habrá detenido: las autorizaciones para esos exámenes gastan tiempo, las salas de espera en los laboratorios, la nueva cita con el especialista que, al tener la evidencia, ahora sí remite al oncólogo. Los meses han corrido y el tumor habrá crecido; así lo encontrará el nuevo médico (van tres: el médico general, el especialista y el oncólogo). Este especialista, después de estudiar los exámenes y de escuchar al paciente, determinará si procede una cirugía, o una tanda de quimioterapias, o una de radioterapias, o una combinación de las dos.
Mientras tanto, el tumor habrá crecido y crecido, o el cáncer se habrá extendido a otros órganos. Lo usual es que el nombre del paciente entre en una lista que parsimoniosamente considera una junta de la EPS, que a veces recibe el pomposo nombre de Comité Científico. Mientras se prolonga la espera, el comité examina la historia clínica del paciente, escucha el informe económico del caso, delibera y, finalmente produce una autorización, seis meses después de la primera alerta en el organismo del paciente.
El pequeño tumor del tamaño de una arveja ha tenido tiempo de crecer hasta ser del tamaño de una nuez, o de un limón o de una naranja. Esa tardanza, ¿a cuántos pacientes les ha costado la vida?, ¿cuántas vidas se habrían salvado con un procedimiento rápido como el que se aplicó al presidente Santos?
Decía desde el centro de Bioética de la Universidad de Georgetown de Washington el especialista Eduard Pellegrino que “las consideraciones éticas debe preceder a las económicas, si es que la medicina ha de permanecer como una empresa moral”.
En efecto, las dilaciones, las discusiones, los cálculos de los administradores tienen un solo motivo: las consideraciones económicas. La EPS entra en un estado de confusión porque son los condicionamientos económicos los que indican qué es lo bueno y lo correcto para la EPS, no para el paciente. Estas empresas parecen requerir una ética de bajo costo.
Lo que antes fue la lucha para preservar la vida, a pesar del atraso científico y tecnológico, hoy es la batalla para impedir que el derecho primario a la vida no quede subordinado a derechos secundarios como la economía. Para los médicos el problema se plantea en términos dramáticos: hoy tienen que defender la vida contra los cálculos y las escaseces que están destruyendo el derecho a vivir.
La operación del Señor Presidente puso de manifiesto, además, el derecho de la población a saber lo que pasa con la salud de sus funcionarios. Al contrario de lo ocurrido con el presidente Chávez, o con el alcalde de Cartagena o con el mismo vicepresidente Garzón (¿por qué esas gestiones del Senado para que el funcionario cumpliera un deber elemental?), Santos entendió el deber de todo hombre público: sacrificar esa parte de su intimidad, necesaria para que la ciudadanía conozca el estado de su salud.
Es pues de celebrar que el Presidente no tenga EPS. No estoy escribiendo que el ciudadano de a pie deba ser tratado como un presidente, pero sí hay que afirmar que algo anda mal cuando el derecho a la vida está subordinado a la lógica económica de las EPS, y que correría peligro el país si el tumor presidencial fuera a ser tratado dentro del sistema de las EPS.
Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... -eps-84693
¡El riesgo es que te quieras quedar! ¡Lo sé, porque me quedé!
Le risque est d'y vouloir rester ! Je le sais, parce que j'y suis resté !
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