El neoparamilitarismo

[Darloup]

Por Tatiana Dangond

El terror paramilitar recobró vida en Santa Rosa de Osos, con una masacre que dejó sin vida a 10 inocentes agricultores, y que sembró en el pueblo el miedo y la intimidación. Colombia vuelve a vivir episodios protagonizados por el paramilitarismo, masacres que tienen como fin mantener el control territorial a través del temor de los campesinos y por medio de extorsiones que, de no ser pagadas, terminan en muertes anunciadas.

Las bandas criminales, como han sido rebautizadas, operan bajo la misma estructura paramilitar, tienen el control sobre muchos pueblos de Colombia, sobre los pequeños agricultores y los comerciantes. Actuando bajo la misma estructura paramilitar, burlan las políticas de seguridad con sus estrategias de intimidación, y aquel valiente que denuncie el cobro de alguna ‘vacuna’ pone en riesgo su vida y la de su familia, pues el Estado todavía no tiene plan para combatir estas actividades criminales y tampoco para proteger la vida de los extorsionados.

Infortunadamente, el Gobierno tuvo que esperar a que ocurriera un hecho tan doloroso como el del asesinato de agricultores en Santa Rosa de Osos, para darse cuenta de que sus políticas de seguridad son inoperantes a la hora de prevenir este tipo de hechos, y combatir y acabar con las extorsiones son el principal instrumento de control de estas bandas. Uno de los campesinos que perdió su vida en esta masacre había denunciado ante el Gaula en Medellín, en mayo de este año, las extorsiones a las que estaba sometida su familia y el peligro bajo el cual se encontraba la vida de su familia; a pesar de ello no hubo protección oportuna ni investigación de estos hechos, no hubo medidas preventivas, solo hasta después de una masacre procederán a hacer una investigación.

El Gobierno quiere alcanzar la paz, y en La Habana se está negociando el futuro del país, pero es imposible llegar a ella si cada día el nuevo paramilitarismo está tomando el control sobre territorios importantes del país, acabando con la vida de muchos inocentes, y cobrando un impuesto para financiar su actividad criminal. Es necesario que se reconozca que el paramilitarismo no ha dejado de existir, que su desmovilización fue un completo fracaso y un gran error, y que las bacrim están conformadas por los mismos milicianos y por la misma estructura de narcotráfico y minería ilegal heredada de sus fundadores.

Denunciar las extorsiones no basta, pues estas advertencias no llevan, según el ordenamiento penal colombiano, a investigaciones de fondo, por lo que la estrategia de cobro de ‘vacunas’ termina siendo muy eficaz para tener el control territorial, y bastante rentable por cuanto las operaciones policiales y las políticas de seguridad no están diseñadas para estas tácticas criminales tan particulares.

Mientras se aplica la Ley de Restitución de Tierras, muchos campesinos se están desplazando de sus fincas y parcelas como consecuencia del terror que están difundiendo las bandas criminales, con el agravante de que estos no serán valorados como víctimas, pues estas bandas son consideradas como delincuencia común. El Gobierno tiene la obligación de diseñar un plan de seguridad efectivo, que combata la extorsión y la criminalidad, porque el Estado tiene el deber de proteger la vida de los colombianos, la propiedad y la integridad de la familia.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... ismo-89266