37 defensores de DD. HH, asesinados en primeros seis meses de 2013

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Por Tatiana Dangond

La protección de Derechos Humanos en Colombia ha recibido la peor calificación a nivel internacional por la forma sistemática en como se vulneran estos derechos por actores estatales y no estatales, y por la negación del Estado colombiano a reconocer la naturaleza paramilitar de las bacrim. Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, se reportaron alrededor de 32 masacres en el 2011, entre el 2008 y el 2011 hubo alrededor de 1.206.439 personas desplazadas de manera forzada. Estas cifras alarmantes han tenido por principales ejecutores a las bacrim, en particular a Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Los Paisas y Erpac, por lo que resulta sumamente preocupante que el Gobierno, a pesar de los llamados internacionales, le siga dando un tratamiento simple a la forma en como deben ser combatidos grupos que tienen toda la capacidad por cometer crímenes a larga escala.

En febrero de 2012 fueron amenazadas 12 mujeres por Las Águilas Negras, en su mayoría defensoras de Derechos Humanos, entre ellas la Defensora del Pueblo delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres, a través de un panfleto se les advirtió que “dejaran de joder con el tema de las tierras” y que tenían 30 días para dejar la ciudad o serían asesinadas. Colombia está llena de episodios que causan terror en la sociedad y cuyos protagonistas han sido los falsamente desmovilizados paramilitares, como el caso de Daniel y Harrison García, quienes el 12 de septiembre de 2011 fueron torturados y asesinados en Cumbitara, Nariño, por Los Rastrojos. Ese día 13 personas fueron secuestradas por este grupo y alrededor de 70 personas se vieron obligadas a desplazarse del municipio.

Estos hechos que se dan de manera repetitiva alrededor del país y que la mayoría de la sociedad desconoce, se ven agravados por los altos índices de impunidad y por la incapacidad del Estado colombiano de impartir justicia ante tales atrocidades. Así fue el caso de Fredys Darío Pineda, quien se dedicaba al estudio de la situación de los derechos humanos de los LGTBI para Colombia Diversa, y cuyo asesinato quedó en la impunidad toda vez que la Justicia encontró que en razón a su orientación sexual este se había puesto en “circunstancias peligrosas”. Bajo la mal llamada Ley de Justicia y Paz solo se ha proferido sentencia condenatoria contra 13 personas, que representan el 0,4% del total de paramilitares desmovilizados.

Las mujeres somos el target de los criminales, y los niños y niñas son utilizados como uno de sus principales instrumentos de operación. Es el momento para que el Gobierno implemente medidas efectivas de protección a los sectores de la población que han sido mayoritariamente afectados por los grupos al margen de la Ley, y que genere una estrategia que comprenda la verdadera naturaleza de grupos armados como las bacrim, que operan en 406 municipios del país y que conservan los métodos de acción de los paramilitares.

Si no se toman las medidas necesarias perderemos la cuenta de las masacres, las amenazas, los secuestros y los desplazamientos forzados de los cuales han sido víctima la población civil en Colombia. No más impunidad, la justicia es un derecho universal.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... dad-108690

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En varios países del mundo se han realizado protestas por la desaparición o muerte de activistas de derechos humanos en Colombia.

La ONG Somos Defensores reveló que al menos 37 colombianos que trabajaban por la defensa de los derechos humanos fueron asesinados en el país durante el primer semestre del año corriente, produciéndose un incremento del 27 por ciento con respecto al mismo periodo del 2012, cuando se presentaron 29 homicidios.

Diana Sánchez, vocera de dicha organización dijo también que, contrariamente, las agresiones contra activistas tuvieron una leve reducción del 5,6 por ciento, ya que mientras en los primeros seis meses del 2013 fueron 154 los casos registrados, el año anterior la cifra presentada había sido de 163. Estas agresiones tienen que ver, además de crímenes, con amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, robo de información y uso indebido del sistema penal.

La lista de víctimas para este periodo es de 32 hombres y cinco mujeres, que en su mayoría eran líderes campesinos, maestros y sindicalistas que fueron ultimados por grupos paramilitares, el Ejército y las Farc.

Así mismo, el informe señala que el departamento donde más crímenes se registraron fue Cauca con siete casos, seguido por el Valle del Cauca y Antioquia con seis cada uno, Risaralda con cuatro, Córdoba con tres, Bogotá y Nariño con dos y otras siete regiones en las que se presentó de a un homicidio.

Los datos muestran que en promedio cada día transcurrido entre enero y junio fue agredido un defensor, y cada cuatro, asesinado uno de ellos. Sánchez aseguró que aunque no se registran en este periodo desapariciones forzadas, sí se ha podido establecer que en el caso de los crímenes sí hubo una desaparición previa, lo que refleja el trabajo de planeación y seguimiento que desarrollan los asesinos.

Sobre los autores de los delitos se conoció que los ahora llamados grupos neoparamilitares son los responsables del 45 por ciento con 70 casos, el 44 por ciento (67 casos) lo cometieron grupos desconocidos, el 8 por ciento (12 casos) es endilgado a la fuerza pública, mientras que los grupos guerrilleros cometieron cinco delitos, lo que representa un 3 por ciento del total.

Independientemente de que las cifras disminuyan o aumenten, la organización Somos Defensores dijo que los crímenes deben llamar la atención del Estado para que se brinde protección a los líderes que defienden sus causas y de esta manera aumenten las estadísticas de prevención.

El colectivo destacó que la ONU en su informe anual sobre derechos humanos en Colombia ha expuesto su preocupación porque los ataques contra los defensores son causados principalmente por antiguos miembros de grupos paramilitares.

Sánchez urgió a las autoridades a agilizar la identificación de esos “desconocidos” que hoy tienen “estructuras físicas ambiguas” y que derivan en su mayoría de la fallida desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que permanecieron en el territorio con control sobre rutas de la droga.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... 013-119739

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Le nombre de défenseurs des droits de l'homme assassinés en Colombie a augmenté de 27 % au premier semestre 2013.

Le nombre de défenseurs des droits de l'homme assassinés en Colombie a augmenté de 27 % au premier semestre 2013, soit un total de 37 tués contre 29 pendant la même période en 2012, a annoncé dimanche 4 août l'ONG Programa Somos Defensore. Les victimes sont pour la plupart des dirigeants paysans ou ayant pris la tête de mouvements sociaux, ainsi que des enseignants et des syndicalistes. Cinq sont des femmes.
Les assassinats ont été commis par des inconnus, des paramilitaires, des guérilleros des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et des membres de l'armé. "La majorité des crimes ont été précédés par la disparition du dirigeant, qui a ensuite été assassiné. Les corps ont quasiment tous montré des signes de torture", précise le rapport, qui en déduit que la plupart de ces morts étaient préméditées.

La Colombie est en proie depuis le milieu des années 1960 à un conflit armé entre des guérilleros de gauche, des groupes paramilitaires et des agents de l'Etat qui a fait plus de 600 000 morts et quatre millions de déplacés. Le gouvernement colombien a lancé en novembre 2012 des pourparlers avec le principal mouvement de guérilla, les FARC, pour tenter de mettre un terme à ces violences.

Source : http://www.lemonde.fr/ameriques/article ... _3222.html