Una nueva masacre

[Darloup]

Por Javier Ortíz Cassiani

La resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dice en el artículo 15, que el agricultor puede reservar producto de su propia cosecha, usarla como semilla y sembrarla en sus tierras. Como requisito adicional tienen que ser semillas certificadas. En ese sentido la norma aparentemente genera las condiciones para cumplir con estándares de calidad internacional, pero implica la monopolización de las semillas por parte de las grandes productoras del negocio.

El asunto está así: con un pretexto de garantizar el acceso a mercados internacionales, los campesinos son obligados a usar semillas certificadas en la primera cosecha y no podrán hacer ninguna selección para un siguiente cultivo. La certificación, además, se podría traducir en semillas producidas por empresas especializadas, genéticamente manipuladas, que reaccionan positivamente con la aplicación de una serie de insumos producidos por estas mismas compañías con lo cual el cultivador queda atado.

Ahora, los campesinos que guarden las semillas, como quizá lo hicieron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, tendrán el mismo trato de reproductores ilegales de música y videos. Harán parte de la senda de la piratería y serán objeto de políticas restrictivas y punitivas.

Como en la mayoría de vericuetos que se joden a los pequeños productores y favorecen a las grandes industrias, la justificación suena altruista, pragmática, realista y ajustada a la altura de los tiempos; y las quejas que tienen los campesinos frente a la medida se interpretan como lloriqueos de ignorantes que no comprenden las lógicas de los mercados internacionales. Perverso, sin duda.

La política quizá favorece a las posicionadas agroindustrias que sí tienen juego en los mercados internacionales, como también favorece a las transnacionales expertas en producirlas y mantener sus monopolios. Pero estrangula al pequeño productor sometiéndolo a acceder a semillas mucho más costosas, que en términos reales no será ninguna garantía para que sus productos realmente sean siquiera vendidos en los supermercados colombianos.
El pequeño productor tiene que conformarse con vender sus mangos y sus toronjas en la orilla de la carretera, si es que logran bajarlos de los montes donde viven porque no tienen vías, y las pocas que existían se las llevó el despojo del conflicto armado.

Lo más sorprendente es que la medida es contradictoria con la misma Ley de Víctimas, caballito de batalla del gobierno nacional. Después de reconocer el conflicto armado, el presidente Santos ha emprendido una cruzada por atender y reparar integralmente a las víctimas. Se supone que la reparación integral ofrezca alternativas de generación de ingresos, hasta ahora un fracaso en la misma implementación de la ley.

Los pequeños cultivadores tradicionalmente solo contaban con la tenencia de la tierra y la mayoría de los proyectos, para su financiación, exigen que el beneficiario tenga la titularidad de la tierra. Un requisito que operaría perfectamente en un mundo ideal, pero en Colombia el campo no es de los campesinos, al menos no con la legitimidad de un documento que legalice la titularidad.

Garantizar los retornos voluntarios requiere generar condiciones para que le gente vuelva a sus tierras ancestrales. No son solo retornos a los predios, son retornos a sus tradicionales formas de vida; a los ritmos de la cosecha, del sol, de las lluvias, del ordeñe, de la relación con la tierra y con las semillas, de la relación con los otros a través del intercambio y el trueque.

Las víctimas del conflicto van a regresar a sus tierras con una nueva condición. Ahora guardar una semilla te convierte en pirata. Las lógicas de los mercados internacionales se permean en las lógicas campesinas, y sin embargo, tampoco tienen ninguna garantía para que realmente hagan parte de esos mercados. Están sentenciados a ser devorados. Se gesta una nueva masacre.

Fuente: http://www.elheraldo.com.co/opinion/col ... cre-122112