Colombia - Nicaragua: Lo que sucedió/ce qui est arrivé

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Colombia tiene los cayos; Nicaragua, el mar

Por José Granados Fernández

Un duro revés, que no ocurría desde el 3 de noviembre de 1903 cuando la separación de Panamá, sufrió Colombia ayer al fijar la Corte Internacional de Justicia, CIJ, la nueva frontera marítima con Nicaragua.



En una decisión que es inapelable, el máximo tribunal judicial de las Naciones Unidas confirmó que los cayos de Albuquerque, Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo son de Colombia —en 2007 había tomado una decisión similar sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina— pero al fijar los límites fronterizos en el mar quien ganó, con creces, fue Nicaragua.

Además de lo que ya tenía hasta el Meridiano 82, la CIJ le entregó a los ‘nica’ 531 kilómetros más de mar, que fueron cercenados a Colombia. La decisión dejó a los cayos de Quitasueño y Serrana enclavados en la nueva frontera marítima del país centroamericano.

GOLPE INESPERADO. “El fallo es muy grave y terriblemente desastroso para el futuro social y económico de nuestra Isla y del país en general”, dijo a EL HERALDO el Representante a la Cámara sanandresano, Jack Housni Jaller.

El dirigente liberal lanzó una fuerte crítica contra el excanciller Julio Londoño Paredes, jefe de la delegación negociadora nacional, a quien responsabilizó de “esta debacle” diplomática.

“Durante 11 años, Londoño manejó el proceso por la demanda de Nicaragua como si fuera solo de él. Todo lo hizo a su antojo”, enfatizó.

Housni dijo que lo sucedido obliga al Gobierno Nacional a buscar “fórmulas urgentes” para resarcir las pérdidas que la población sufrirá por la drástica reducción que habrá en materia pesquera.

“Quién sabe qué otros recursos naturales vamos a terminar perdiendo”, indicó el congresista en referencia a la posibilidad de que en el mar que ahora posee Nicaragua haya petróleo.

ALERTAN SOBRE SEGURIDAD. Sobre el hecho cumplido de la pérdida territorial, el presidente de la Asamblea de San Andrés, Arlinton Howard, también cuestionó al Gobierno Nacional. “Son los responsables de todo. Esto nunca debió pasar. Desconocieron a San Andrés y ahora quien va a padecer esos errores será nuestra población”, enfatizó.

En un rápido cálculo, Howard manifestó que se perdió “cerca del 50% del mar territorial. Este es un daño patrimonial incalculable”. La pérdida económica “será enorme” pues solo en el cayo de Quitasueño se producen al año 200 toneladas de langostas, 100 de caracol pala y 2.000 de pescado. “Súmele lo demás y verá que hay un daño grave”, indicó.

El almirante retirado Gabriel Arango Bacci, excomandante en San Andrés, advirtió que la decisión de la CIJ generará problemas de seguridad en esa parte continental marina, donde operan traficantes de drogas, armas, personas y dólares, actividades ilícitos que Colombia estaba combatiendo con rigor. “¿Qué va a pasar ahora, es algo incierto”, opinó.

“No debimos ir a La Haya”

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, reveló que en varias ocasiones le advirtieron al Gobierno cómo afectaría el fallo de la Corte Internacional de Justicia que se conoció ayer. Además, explicó que la posición del Alto Tribunal fue la de advertirle a la comisión negociadora del Gobierno que el fallo de 2007 hacía prever que al poner el tratado Bárcenas ante un tribunal internacional, era reiterar que Colombia ya tenía soberanía sobre los cayos, pero no delimitaba frontera marítima. El Magistrado confesó que le advirtieron al Gobierno que no era necesario acudir a los tribunales internacionales, al tiempo que adelantaron cómo vendría el fallo. Según Gómez, ahora Colombia debe acatar el fallo y le corresponderá al Ejército y las instituciones proteger y ejercer soberanía.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... -mar-90090

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El anuncio de Santos fue transmitido a todo el país.

Ante el fallo adverso de la Corte de La Haya, el presidente Juan Manuel Santos, afirmó que el máximo tribunal de las Naciones Unidas “incurrió en serias equivocaciones” y “graves errores” al trazar la nueva frontera marítima con Nicaragua.

Acompañado por la Comisión de Relaciones Exteriores, entre ellos los expresidente Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana —Álvaro Uribe habló con él por teléfono en vista de la gravedad de lo sucedido— Santos, en una alocución al país, dijo anoche que “equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al Norte y al Sur del archipiélago”.

Para Santos, con esta metodología los magistrados se salieron del ámbito cobijado por el citado tratado.

Cuestionó que los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, al tomar su decisión unánime, no tuvieran en cuenta consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.

“Inexplicablemente —después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el archipiélago, y de sostener que este, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva—, la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago. Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago”, sostuvo el mandatario.

Al reconocer las graves consecuencias para el país, pero en especial para los sanandresanos, Santos se comprometió a encontrar mecanismos y estrategias concretas y no descartó negociar los tratados que sean necesarios.

El Presidente durmió en San Andrés y hoy realizará varias actividades para ratificar la soberanía colombiana en ese territorio.
“No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos. El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido, en este tema, en serias equivocaciones”, insistió.

Su anuncio tomó por sorpresa porque, de acuerdo a lo que se ha dicho, los fallos de la CIJ son de estricto cumplimiento e inapelables.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... ntos-90095

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Bogota, 19 nov. 2012 (MAP) - La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a rendu, lundi à la Haye, son arrêt au sujet du différend territorial et maritime opposant depuis 2001 la Colombie et le Nicaragua, réaffirmant la souveraineté de la Colombie sur sept îlots rocheux, mais accordant une grande portion du territoire maritime au Nicaragua.

Lors d'une séance publique, retransmise en direct par la télévision colombienne, Peter Tomka, président de la Cour, composée de 15 magistrats, a donné lecture de l'arrêt de la Cour, en partie en faveur de la Colombie soulignant que ce pays a démontré tous ses droits sur sept îlots que sont Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajonuevo. Selon la décision du juge, la Colombie assume la souveraineté sur ces îlots sans opposition nicaraguayenne.

La Colombie, bien que satisfaite de cette décision, exprime cependant une grande déception face à l'arrêt qui constitue ainsi un échec pour les négociateurs colombiens en ce sens que la Cour a élargi à 200 mille nautiques la zone économique exclusive du Nicaragua, notamment autour des îlots Quitasueño et Serrana, qui restent enclavés dans les 12 miles nautiques de la souveraineté colombienne, privant ainsi la Colombie de richesses naturelles. La frontière maritime passe ainsi du méridien 82 au méridien 80 plus à l'est.

Dans une première réaction à l'arrêt de la CIJ, un membre de l'équipe des négociateurs colombiens s'est contenté de rappeler que la Cour a "ratifié" la souveraineté de son pays sur les sept espaces maritimes ainsi que le traité de 1928 que "le Nicaragua prétendait ignorer". Il a conclu en soulignant que cet arrêt qui constitue une "douche froide" pour les Colombiens, va être soumis aux plus hautes autorités afin de l'analyser et en tirer les conséquences.

A noter que ce conflit maritime et frontalier qui date de 2001 mais qui remonte en fait à 1980 a été déclenché suite à la requête introduite par le gouvernement du Nicaragua auprès de la CIJ afin qu'elle définisse les frontières maritimes entre les deux pays dans cette partie des Caraïbes. Le Nicaragua avait alors estimé que le Traité Esguerra-Bárcenas, signé en Colombie en 1928, était nul. En vertu de ce traité, la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos et sur les îles du Maïs. Ce traité reconnaissait également la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ainsi que sur d'autres formations maritimes appartenant à l'archipel de San Andrés, à l'exception de Roncador, Quitasueño et Serrana, à l'époque objets de litige entre la Colombie et les Etats-Unis.

Conformément à ce traité, les deux pays ont signé un accord établissant le méridien 82 en tant que frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie.

La Cour avait alors relevé que pendant plus de cinquante ans, le Nicaragua a considéré le traité de 1928 comme valide. Elle a jugé que la question de la souveraineté des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina avait été réglée par le traité et a, par conséquent, retenu l'exception d'incompétence soulevée par la Colombie.

Elle avait par contre jugé que le traité de 1928 n'avait pas réglé la question des autres formations maritimes qui font partie de l'archipel de San Andrés, et s'est déclarée compétente pour statuer à cet égard, et également pour régler la question de la souveraineté sur Roncador, Quitasueño et Serrana, qui n'a pas été abordée par le traité.

Au sujet de la délimitation générale des espaces maritimes entre les deux pays, la CIJ avait estimé qu'il lui revient également de statuer, le traité de 1928 et le protocole de 1930 n'ayant pas réglé le différend.

L'archipel constitué des îles de San Andrés, Providencia y Santa Catalina est situé dans la mer des Caraïbes à environ 700 km de la côté nord-ouest de la Colombie. Il abrite environ 70 000 habitants sur une superficie de 52,5 km². Il fut conquis par les Espagnols dans la deuxième moitié du 17è siècle et commença à dépendre du gouvernement central de Bogota en 1868. En 1903, sa population a refusé la proposition des Etats-Unis de se séparer de la Colombie, et en 1991 cette dernière en a fait un de ses départements selon sa constitution.

En plus de certains mouvements d'indépendance qui se sont développés au sein de l'archipel, un problème majeur a commencé à se poser depuis la fin du 19ème siècle, date à laquelle le Nicaragua a commencé à remettre en cause cette possession colombienne se situant dans la zone maritime commune des deux pays, qui n'a jamais réellement été délimitée. Malgré le traité Esguerra-Bárcenas signé en 1928 par les deux nations et dans lequel le Nicaragua reconnaît la souveraineté de la Colombie au sein de cet archipel, ce dernier a porté en 2001 une réclamation devant la Cour Internationale de Justice, pour obtenir la souveraineté de ces îles ainsi qu'une redéfinition des frontières maritimes entre les deux pays. En 2007, face aux premières objections de la Colombie, les juges avaient reconnu les droits de celle-ci sur l'archipel.

Source : http://www.menara.ma/fr/2012/11/19/3682 ... a-cij.html

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La Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu lundi la souveraineté colombienne sur des îles situées dans le sud-ouest des Caraïbes, tout en étendant vers l'est le territoire maritime du Nicaragua, qui contestait l'appartenance de ces îles à la Colombie.

La CIJ, saisie dans le cadre du différend territorial maritime qui opposait les deux pays dans cette région riche en pétrole et autres minéraux, a reconnu la souveraineté colombienne sur l'ensemble des îles et îlots au centre du différend.

La Cour a par ailleurs accordé au Nicaragua plus de la moitié du territoire maritime disputé.

Le président colombien Juan Manuel Santos a rejeté la partie de l'arrêt concernant la délimitation de la frontière en estimant que la cour avait commis de "graves erreurs" dans son jugement au détriment de son pays, qui voit une partie de son territoire maritime passer au Nicaragua.
Il n'a cependant pas précisé quelle action il comptait entreprendre, les décisions de la CIJ n'étant pas susceptibles d'appel.

Son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega, a lui qualifié de "victoire nationale" la restitution de zones maritimes où "les Colombiens s'étaient imposés par la force durant des années".
"La Cour conclut que la Colombie, et non le Nicaragua, est souveraine sur les îles d’Alburquerque, de Bajo Nuevo, cayes de l'Est-Sud-Est, Quitasueno, Roncador, Serrana et Serranilla", a déclaré le président de la CIJ, le Slovaque Peter Tomka, au cours d'une audience publique à La Haye, où siège la CIJ.

Le juge Tomka a notamment relevé que le Nicaragua n'avait jamais revendiqué ces territoires avant les années 1970 et que "la Colombie, pendant de nombreuses décennies, avait agi à titre de souverain sur les zones maritimes contestées".

Mais la Cour a défini une nouvelle frontière dans cette partie de la mer des Caraïbes, accordant au Nicaragua approximativement la partie du territoire maritime contesté qui ne se trouve pas à proximité des îles et îlots attribués à la Colombie, évoquant une "disparité importante" en faveur de la Colombie entre les eaux nationales des deux pays à cet endroit.

Le Nicaragua avait saisi le 6 décembre 2001 le plus haut organe judiciaire des Nations unies, lui demandant de conclure qu'il exerce en particulier sa souveraineté sur les îles de Providencia et de San Andres, ainsi que sur les îlots de Roncador, Serrana et Quitasueno, dans la mer des Caraïbes.

Managua demandait en outre à la CIJ de déterminer le tracé d'une frontière maritime unique entre le Nicaragua et la Colombie, dans une zone où la pêche est importante.

Selon le Nicaragua, la Colombie, en revendiquant la souveraineté sur ces îles et îlots d'une superficie terrestre totale de 44 kilomètres carrés et d'une longueur de côtes inférieure à 20 kilomètres, entend s'approprier plus de 50.000 kilomètres carrés d'espaces maritimes appartenant au Nicaragua.

Dans le cadre d'un traité signé en 1928, le Nicaragua reconnaît la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andres et Providencia.

La CIJ avait en 2007 reconnu la souveraineté de la Colombie sur les îles Providencia et San Andres en vertu de ce traité, mais avait également indiqué qu'elle se prononcerait ultérieurement sur le tracé d'une frontière maritime et définirait la souveraineté sur les autres îles et îlots.

Source : http://nautisme.lefigaro.fr/breves-naut ... a-6916.php

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En la biografía de los presidentes colombianos siempre ha habido un referente que alcanza a distinguirlos. El de Juan Manuel Santos podría ser –a menos que logre la hazaña de la paz con la guerrilla– la pérdida de 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial con Nicaragua, algo similar a la mutilación de Panamá en los tiempos de José Manuel Marroquín Ricaurte, célebre por esta antológica frase: “¿Y qué más quieren? Me entregan una república y yo les entregó dos”.

Pero aquí no se trata tanto de buscar chivos expiatorios individuales sino de reflexionar un poco acerca de la conducta que ha singularizado a este país despreciativo del mar, de sus litorales, merced a la prevalencia de un imaginario de ejercicio del poder anclado en la frialdad de los Andes. Por eso, resuenan tardías las palabras presidenciales prometiéndoles a los isleños, despojados de su riqueza pesquera, el maná que nunca les ha caído desde las alturas indolentes del centralismo.

Este es un país mandado desde Bogotá, que ejerce como una monarquía disfrazada de democracia, donde el poder se hereda y se ejerce en detrimento de las provincias.

Por eso, el archipiélago de San Andrés y Providencia para los andinos no ha dejado de ser otra cosa que un lugar remoto de nuestro Mar Caribe, adonde concurren las élites paramunas en plan vacacional para dorar sus traslúcidas pieles y de paso adquirir mercancías finas a precios bajos merced a las flexibilidades tributarias de la zona. Por eso, el Caribe en general no ha sido prioridad en las agendas interioranas. Como tampoco el Pacífico, a juzgar por los deprimentes cuadros de pobreza de Tumaco, Buenaventura y todo el Chocó.

Los andinos han tenido por característica su falta de visión hacia el desarrollo costero, y a nuestras ciudades solo vienen de visita para sus ratos de esparcimiento en los reinados de belleza y en los carnavales. O para pescar votos en los carnavales electorales.

Es verdad que en estos momentos se impone la unidad nacional, ¿pero se han preocupado realmente por defenderla las roscas andinas que controlan el poder en este país? Es claro que si Colombia hubiese ejercido una soberanía auténticamente vigorosa en nuestro Mar Caribe eso quizá habría actuado como un factor disuasivo frente a las pretensiones de Nicaragua. La más contundente prueba de que Colombia en esa zona no ejercía controles estrictos es la facilidad con que se han venido moviendo las redes del narcotráfico.

Sobre los hechos cumplidos ya no hay lágrimas que valgan. El fallo de La Haya es inapelable aunque el presidente Santos haya anunciado recursos para supuestamente restablecer los derechos marítimos de Colombia. Si no denunciamos en su momento, como lo recomendaron algunos tratadistas en derecho internacional público, el Pacto de Bogotá de 1948, que nos obligaba a aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, y si no diseñamos una mejor estrategia para enfrentar el anuncio de esta de definir una nueva línea limítrofe, a estas alturas no nos queda otra alternativa sino aceptar el veredicto emitido. Perdió Colombia una porción considerable del Mar Caribe. Otra mutilación para la historia.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/editori ... oria-90180

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Paren la persecución a los raizales comerciantes y detengan el envío de droga a nuestro territorio, decía uno de los mensajes de los isleños.

Por Lupe Mouthón

¿A quién estaban sepultando ayer cerca de 7 mil personas en la isla? ¿Qué hacían cientos de mujeres con faldones negros, blusas blancas y estolas más propias de los sepelios que de un viernes en una isla turística y alegre? ¿Cómo fue posible unir católicos, bautistas y hasta musulmanes en una sola oración a orillas del mar Caribe?

Los raizales y no raizales, comerciantes, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, pastores, pescadores a pie y en bicicletas y hasta los turistas, se volcaron al parque de la iglesia bautista central a atender la cita para rechazar la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que el lunes los despojó de, al menos, 100 mil kilómetros cuadrados del mar territorial sanandresano, en el pleito que Colombia perdió con Nicaragua.

Arengas como “No acatamos el fallo”, “No queremos límites ni raya proclamados por La Haya, “Detengan la persecución a los comerciantes raizales” o “Detengan a su gente para que no envíen más droga a nuestro territorio”, salían de lo más profundo del corazón de miles de personas que enarbolaban banderas de la isla, que llevaban cintas negras.

Más allá de la parálisis, en la convocatoria lo que más impactó fue el sentimiento de los isleños. Gente trabajadora y noble que decidió no quedarse paralizada frente a lo que está sucediendo y decidió salir a las calles, con la frente en alto, a expresarle al Gobierno Nacional, al que siguen culpando de la pérdida del mar, y al mundo su descontento por la decisión.

Durante la marcha hubo voces de quienes clamaban por una independencia de San Andrés, como territorio autónomo. El reverendo Raymond Howard, de la Primera Iglesia Bautista que es una de las más grandes de San Andrés, dijo a EL HERALDO que “estamos indignados por la manera como el Estado colombiano llevó este proceso a espaldas de los raizales, ignorándolos, sin aceptar ni afirmar la legitimidad de un pueblo ancestral dueño de su territorio”.

Señaló que la Nación ha sido un “pésimo administrador” de su territorio y que a través de los últimos 100 años se ha vivido una cadena sistemática de pérdidas con el Gobierno, la que comenzó desde el Tratado Bárcenas - Esguerra cuando se perdió la costa de la Mosquitia.

Alberto Gordon May, pastor de la iglesia New Life Tabernacle y miembro de la fraternidad de pastores de San Andrés, está de acuerdo con que los raizales no cambian su mar por todo el oro del mundo. “No queremos que nos paguen por esta pérdida porque los problemas nuestros no son de dinero sino de un hábitat y eso no se puede negociar ni mucho menos recibir indemnizaciones por él, porque es algo no renovable”.

No hemos acatado el fallo todavía: Canciller

El Gobierno Nacional, a través de la canciller María Ángela Holguín, dijo ayer que sigue estudiando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, de 180 páginas, para entender y ver las repercusiones que generará sobre la soberanía.

“Nosotros no hemos acatado el fallo”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores, en declaraciones a CNN.

Insistió en que el Gobierno ve que hay aspectos jurídicos que van en contravía del derecho internacional, por lo que el presidentes Santos, en su intervención del lunes, rechazó apartes del fallo.

Holguín le informó al Senado de la República que envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestándole “el inconformismo, los vacíos jurídicos, las omisiones y las incongruencias” que, a juicio de Colombia, contiene la decisión de la CIJ que terminó entregándole a Nicaragua gran parte del mar sanandresano.

Ante el Congreso manifestó que le informó a Ban Ki-moon que, además del daño a la comunidad de la sla, la Corte, en vez de resolver una controversia entre dos países, la amplió a otros porque los tratados que Colombia tenía con Panamá, Costa Rica y Honduras ahora son objeto de revisión por parte de nuestro gobierno.

En concepto de la Canciller, la Corte “contempla que sus fallos, de ninguna manera, pueden perjudicar tratados de terceros y aquí lo hizo”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... nada-90573

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Por Óscar Montes

No habíamos terminado los colombianos de pasar el trago amargo del fallo de la Corte Internacional de La Haya, que nos quitó cerca de 100 mil kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés, cuando tanto la canciller María Ángela Holguín como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otros, prendieron las alarmas sobre la posibilidad que se abre de que Nicaragua reclame ahora ante ese mismo tribunal soberanía sobre el mismísimo San Andrés y Providencia.

En otros tiempos y en otras circunstancias algo así hubiera sonado totalmente descabellado, pero luego de conocer el veredicto de La Haya, que ignoró por igual el ejercicio permanente de soberanía de Colombia en el archipiélago y tratados históricos como el Esguerra-Bárcenas, es evidente que cualquier cosa puede pasar. De hecho, la gravedad del asunto fue la que logró el milagro de poner en la misma orilla al presidente Juan Manuel Santos y a su antecesor Álvaro Uribe, quien lo llamó una vez supo de la decisión tomada en La Haya.

De esta manera Uribe mantuvo la tradición de todos los mandatarios de dejar de lado las diferencias políticas y cerrar filas en torno al Presidente en ejercicio, cuando está de por medio la soberanía nacional. Así ha sido siempre y así ocurrió en esta oportunidad, pese que es por todos conocidas las pésimas relaciones que hay en la actualidad entre Santos y Uribe.

Al fallar en contra de los intereses de Colombia, el Tribunal Internacional de La Haya abrió una Caja de Pandora por la que podrían salir a relucir otros litigios en la región, como los que comprometen territorios de Panamá y Costa Rica, cuyos gobiernos anunciaron que mirarán el veredicto con lupa.

Un fallo contradictorio que debe ser revisado con urgencia

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, tiene toda la razón al cuestionar los alcances del fallo proferido por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, no solo por ser evidentemente contradictorio, sino porque produjo un efecto político desestabilizador en toda la región.

De tal manera que las consecuencias políticas del tsunami producido por el veredicto apenas comienzan a sentirse, hasta el punto de que la misma soberanía nacional sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconocida por ese mismo tribunal en 2007, también empezó a generar una especie de mar de leva entre altos funcionarios del Estado, como la canciller María Ángela Holguín, quien sostiene que es necesario que el país se retire del Pacto de Bogotá -que reconoce la autonomía jurídica de La Haya para resolver litigios fronterizos- pues pondría al país en condiciones de desigualdad de cara a futuras reclamaciones, sean estas de la misma Nicaragua como de otros países del área.

Pero, además, el fallo es contradictorio puesto que si bien es cierto que reconoce la soberanía colombiana sobre todo archipiélago, al ajustar la línea de delimitación separó los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo, con lo que rompió la unidad que el mismo fallo reconoce. Es obvio que al menos esa interpretación del alto tribunal merece que Colombia exija la revisión del mismo, tal y como la Canciller Holguín y su equipo de asesores, entre ellos Julio Londoño Paredes, han expresado, pues afecta directamente la soberanía nacional. De ahí la expresión empleada por Santos de que la Corte cometió “graves errores”.

Ojalá que el ‘espíritu caribe’ del alto gobierno sea perdurable

El fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha despertado un fervor nacionalista que debe servir para que el Gobierno Nacional fije sus ojos en las costas atlántica y pacífica, cuya suerte ha sido ignorada por décadas. La administración excesivamente centralista ha hecho que Colombia se gobierne de espaldas a sus mares y ello se ha traducido en una especie de desprecio bogotano hacia todo aquello que provenga de las costas.

El campanazo del fallo de La Haya despertó “un espíritu caribe” en el alto gobierno que esperamos que perdure en el tiempo y no sea algo pasajero, producto del efecto demoledor del veredicto. Pese a esa indiferencia centralista, los habitantes de San Andrés mantienen intacto su amor por Colombia y su respeto por las instituciones, como quedó demostrado en la multitudinaria manifestación del pasado viernes en contra del fallo proferido por el alto tribunal internacional. Al archipiélago de San Andrés no hay que mirarlo solo en época de crisis.

¿Quién responde por los efectos de las exploraciones petroleras?

Durante el debate que se llevó a cabo la semana pasada en el Congreso de la República, luego de que se conociera el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, la senadora Alexandra Moreno Piraquive denunció que mucho antes de que el veredicto se hiciera público, Nicaragua había expedido licencias a multinacionales para que llevaran a cabo exploraciones petroleras en el área entregada por el alto tribunal al país centroamericano.

En plata blanca lo anterior significa que los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y cayos Este y Sudeste, cuya soberanía fue reconocida por La Haya, sufrirán los efectos de la exploración petrolera y por consiguiente todo el entorno medio ambiental se verá gravemente afectado. ¿Quién garantiza que Nicaragua o las multinacionales que obtengan las licencias para la exploración petrolera respetarán el hábitat marino? ¿Tiene el alto tribunal cómo garantizar que ello ocurra? Lo que está en juego es ni más ni menos que una enorme franja rica en diversidad animal y de suma importancia para el aprovechamiento de la pesca, que le brinda el sustento a todos los habitantes del archipiélago. De tal manera que el polémico fallo compromete la suerte de miles de personas que residen en la zona y que pagarían las consecuencias de la exploración petrolera.

Más de cuatrocientas especies de peces están en peligro

Ante las impredecibles consecuencias que tendrá el fallo de La Haya para los habitantes del archipiélago es necesario que las Naciones Unidas garanticen que la Reserva de la Biósfera Seaflower se mantenga intacta, pues de la misma depende no solo la seguridad alimentaria de los habitantes del archipiélago, sino de los países que hacen parte de la Cuenca del Caribe, como denunciaron las Autoridades Ambientales del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano. No se trata de una preocupación menor, pues fue el mismo embajador de Nicaragua en Holanda quien afirmó, después del fallo, que a su país le interesaba el subsuelo del área reconocida por el Tribunal Internacional “donde puede haber petróleo y quién sabe que otro tipo de minerales y riquezas”. De manera que todas las especies marinas de Seaflower están en peligro. Se trata de más de 400 tipos de peces y de todo un ecosistema interconectado que hoy está seriamente amenazado.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/politi ... ncia-90683

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María Ángela Holguín.

Por José Granados Fernández

Otro duro pronunciamiento contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, esta vez en boca de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, hizo ayer en Gobierno por la decisión que le entregó a Nicaragua cerca de 100 mil kilómetros del mar territorial de San Andrés.

Durante una sesión de la Cámara de Representantes en la isla, Holguín, dirigiéndose al presidente de la Asamblea sanandresana, Arlinton Howard, le dijo que “el enemigo no está entre nosotros: el enemigo es la Corte” porque, a su juicio, “no falló en derecho y pasó por encima de los derechos fundamentales de un pueblo”.

Al igual que el presidente Juan Manuel Santos, la Ministra cuestionó la decisión de la CIJ. “Cuando uno lee ese fallo y ve los exabruptos jurídicos piensa que es increíble que los países elijan esos jueces para algo tan importante como la Corte Internacional de Justicia”, enfatizó Holguín.

Al termino de la sesión, en la que nuevamente representantes raizales cuestionaron a la Nación por el abandono en que ha mantenido al territorio insular en su conjunto, la Cámara de Representantes aprobó el Manifiesto del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el que los congresistas, además de apoyar el rechazo que hizo Santos del fallo, también lo cuestionan por “incongruente, inconsistente y antijurídico” y afirman que tiene “innumerables fallas que impiden su aplicación y acatamiento”.

La Cámara dice que con esta decisión la Corte de La Haya actuó “despreciando su propia jurisprudencia” y aunque rechaza el fallo no habla directamente de desacatarlo pero sí insta al Presidente a “seguir manteniendo la soberanía patria sobre toda la extensión de nuestro territorio”.

En diálogo con EL HERALDO, los congresistas sanandresanos Julio Gallardo y Jack Housni, pidieron que el Gobierno Nacional obedezca el clamor del pueblo isleño: no hay que darle aplicación a la decisión de la Corte porque “condena a la desaparición a una comunidad étnica” como la sanandresana.

Sobre el eventual desacato y retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que en 1948 reconoció la existencia de la CIJ, el director del Centro de Investigación de la Universidad Externado, Bernardo Vela, dijo a la agencia Efe que esas decisiones tendría un alto costo político para el país en el seno de la comunidad internacional y el Gobierno vería disminuida su legitimidad en los foros mundiales.

“Colombia se retiró”

Mientras la canciller María Ángela Holguín aseguraba que las fragatas colombianas siguen en la zona del conflicto, Nicaragua, a través del comandante del Ejército, general Julio Avilés, dijo que no ven en el área navíos de la Armada Nacional. “Estamos en los límites que la CIJ nos ha asignado. Hemos navegado al este del meridiano 82, los cayos Quitasueño, Serrana y el sur de San Andrés”, dijo.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... ller-91013

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La canciller Holguín explica la decisión, en la sede del Ministerio de Exteriores.

“CIJ hizo caso omiso de los derechos de San Andrés”: canciller Holguín

El presidente Juan Manuel Santos retiró ayer a Colombia de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, a la cual se había acogido el país en el Pacto de Bogotá en 1948, en protesta por el fallo de hace una semana en el litigio de límites con Nicaragua, que le quitó a las islas de San Andrés 200 millas de mar.

Al respecto, Santos señaló que “fue un fallo contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos”.

Posteriormente, la canciller María Ángela Holguín dijo que el fallo contiene “vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada” y que “hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago”.

Añadió Holguín que “estas líneas trazadas por la Corte, que para ellos son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para los habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento”.

Así mismo, la Canciller criticó el hecho de que La Haya “dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental”, declarada Reserva de la Biosfera y que ahora ha quedado dividida en dos y que sería usada por Nicaragua para la explotación petrolera.

Explicó además la alta funcionaria que para Colombia son los tratados bilaterales y no los fallos jurídicos los que constituyen “el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones”.

Por su parte, el diputado sanandresano Speve Jessie dijo a Caracol Radio que la retirada del pacto, nueve días después del fallo, “es un anuncio que para mi llegó tardío (...). Eso debió hacerse hace tiempo”.

También, la diputada de San Andrés, María Said, advirtió que Colombia “no debe acatar el fallo de La Haya. San Andrés es todo nuestro: los mares y los cayos”.

Varios países latinoamericanos han adoptado, en fechas recientes, decisiones similares a la que anunció ayer Santos y explicó Holguín.

El 25 de julio pasado Venezuela se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Inversiones del Banco Mundial, Ciadi. También Venezuela, junto con Bolivia, Ecuador y Nicaragua, confirmó en junio la decisión de abandonar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Tiar. También, el Congreso boliviano aprobó en junio de 2011 abandonar la Convención de la ONU contra las Drogas. Y Venezuela abandonó la CAN en 2006.

Hay un aspecto que poco se ha tratado y es el de los casos todavía no resueltos por la CIJ en los que Colombia tiene que ver, como una demanda presentada por Ecuador debido a las consecuencias que las fumigaciones con herbicida para erradicar cultivos ilícitos tienen en territorio ecuatoriano.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... guin-91132

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Le président colombien, Juan Manuel Santos, a annoncé que la Colombie se retirait du pacte de Bogota qui permet l'arbitrage des conflits territoriaux dans le cadre de l'Organisation des Etats américains.

Avec Marie-Eve Deteuf à Bogota

Rien ne va plus entre la Colombie et la Cour internationale de justice (CIJ). Mercredi 28 novembre 2012, le président Juan Manuel Santos a annoncé que son pays se retirait du pacte dit de Bogota de 1948 et cessait donc de reconnaître la compétence du tribunal de La Haye. C'est une décision de la Cour internationale – rendue publique le 19 novembre - qui modifie les frontières maritimes de la Colombie au profit du Nicaragua, qui a provoqué l'ire colombienne.

Le coup est rude pour les Colombiens qui viennent de viennent de perdre - au bas mot - 70 000 kilomètres carrés de mer Caraïbe, beaucoup de poissons et peut-être du pétrole. Une maigre consolation quand même: la Cour internationale de justice a reconnu que l’archipel de San Andres, au large des côtes du Nicaragua, et à l’origine du litige, appartient bien à la Colombie.

Le recul des frontières maritimes est vécu à Bogota comme un désastre national. Le Nicaragua avait saisi la cour internationale en 2001, il y a onze ans. Le gouvernement colombien actuel n’est donc en rien responsable de cette affaire mais il pourrait bien en payer le prix. Le président Santos le sait, qui doit se montrer ferme, prêt à tout pour défendre la patrie menacée par les juges de la Haye.

Contester leur compétence future en quittant le pacte de Bogota ne change rien à la situation actuelle. La décision de la Cour sur le nouveau tracé des frontières est irréversible. Mais le gouvernement colombien veut calmer son opinion publique, au risque d’essuyer les critiques de la communauté internationale.

Source : http://www.rfi.fr/ameriques/20121129-co ... res-santos

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Por Emilio Sardi

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites con Nicaragua refleja no sólo posibles arbitrariedades e inconsistencias de ella sino también las costosas y eternas carencias y debilidades de nuestra política exterior y de nuestra Cancillería. Al litigio no se le dio la trascendencia que tenía. En ninguno de los tres últimos Planes de Desarrollo aparecen entre las prioridades de dicha política las acciones o estrategias para resolver el diferendo de límites con Nicaragua, aunque estaba en juego la soberanía sobre el Archipiélago y sobre una parte inmensa de nuestro mar territorial. De hecho, desde 1980, cuando los sandinistas negaron la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, el tema nunca fue objeto de la discusión nacional que merecía.

Un gobierno nombró y dos mantuvieron en oficio un equipo defensor evidentemente inferior y menos dedicado que el que sí pudo nombrar Nicaragua, un país de 5 millones de habitantes con el ingreso per cápita más bajo de Centroamérica. Ese equipo centró su actuación en la defensa de unos islotes que eran claramente nuestros, mientras que el nicaragüense fijó sus miras en las aguas. ¡Y hoy se sorprenden de que la CIJ le dio a cada cual lo que buscó! Y la Canciller, a quien debieran aconsejarle que hable menos, felicita al equipo que produjo esos resultados al tiempo que confiesa que el escenario actual “nunca se contempló” y que no estaba en los cálculos, como si no se hubieran conocido las pretensiones de Nicaragua. ¡Si contemplar todos los escenarios es la esencia del estratega, y no recibir sorpresas es la del buen administrador! Claro, si el resultado no estaba en los cálculos, mucho menos estaba el camino para actuar a tiempo y con solidez.

El país sabe ahora que faltó firmeza para haber defendido la validez plena de nuestros tratados limítrofes. No se adoptaron decisiones soberanas oportunas para impedir que ese tema fuera a consideración de la CIJ, teniendo en cuenta que nuestras fronteras eran un asunto para nosotros resuelto. Fue un caso más de la diplomacia vergonzante que caracteriza a Colombia y que nos genera más daños que beneficios en diversos temas. Ese es el costo de no tener un cuerpo diplomático con una visión realista y previsiva y con una actitud menos confiada y pusilánime. No se puede tener uno que, salvo honrosas excepciones, entiende la diplomacia como un ejercicio de genuflexión ante los otros países, actitud que se extiende aún a negociaciones comerciales en las que, con postura abyecta y mendicante, unos burócratas sacrifican en los escritorios a sectores económicos vitales para regiones enteras del país.

Por décadas hemos estado sin Cancillería. Este fallo es una alerta más sobre la necesidad de tener una y de revisar nuestra política exterior. El país debe conocer los errores y sus responsables, para asegurar hacia adelante una permanente gestión previsiva, ajustada a los más altos intereses nacionales. A este Gobierno le cabe responsabilidad en los hechos, por haber mantenido ese equipo defensor y por su manejo de las audiencias de descargo, pero hoy le toca enfrentar el futuro. El Jefe de Estado debe adoptar decisiones que lleven a una Cancillería seria y capaz de defender eficazmente los intereses del país. Y debería explicarle a la Canciller que las renuncias no se ofrecen, se presentan.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... eria-91271

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Por Heriberto Fiorillo

Si alguien pescó en el mar revuelto por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, ese ha sido Nicaragua, y no lo digo por su nuevo derecho a pescar en el Caribe sino por los noventa mil kilómetros de ese mismo mar que le entregaron, incluido el acceso a la riqueza de nuestro subsuelo.

La idea no fue suya, pero la acogió de inmediato por el tesoro petrolero garantizado. Nicaragua necesita, al parecer, mucho dinero y no parece interesada, como Colombia, en dar prioridad a la protección del medio ambiente.

Hace dos años se confirmó que había petróleo en el subsuelo del archipiélago de San Andrés, cuyas comunidades han vivido, en general, del turismo y de la pesca. Entusiasmado por la noticia, el Gobierno colombiano estudió la posibilidad de explotar el combustible sin producir daños.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) otorgó a Ecopetrol, a Repsol y a YPF licencias de exploración y explotación de dos sitios del archipiélago, una en Quitasueño y otra en Providencia, un área más grande que la superficie de Bogotá.

“¡No queremos manchas negras en nuestro mar de siete colores!”, gritaron entonces en sus pancartas de protesta los sanandresanos, haciendo alusión a los múltiples derrames de petróleo en los océanos del mundo.

En 2002, el archipiélago de San Andrés fue declarado por la Unesco (perteneciente a la ONU) importante Reserva Mundial de la Biosfera. Su riqueza pesquera y coralina es inmensa, incomparable, además de necesaria para la supervivencia de sus miles de habitantes.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del archipiélago interpuso una acción popular de tutela contra las acciones de la ANH, y esta suspendió las actividades. El 18 de enero del 2001, el Gobierno colombiano firmó con la comunidad de San Andrés un pacto social, ante el Director de la Unesco (perteneciente a la ONU), para promover y establecer una relación equilibrada entre el ambiente natural y la sociedad, como reserva de la biosfera.

En una visita al archipiélago, en octubre de 2011, el presidente Santos aseguró a sus habitantes que no habría exploración ni explotación de hidrocarburos, sentando un precedente extraordinario: a partir de esa declaración suya, cualquier proyecto de explotación energética en Colombia deberá comprobar su compromiso a fondo y de manera perdurable con los más altos estándares del medio ambiente.

Todas las multinacionales del petróleo tomaron nota.

En su reciente y polémico fallo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya confirmó que los siete cayos del archipiélago son de Colombia, pero fijó nuevos límites marítimos entre nuestro país y Nicaragua. Mejor dicho, nos despojó de noventa mil kilómetros de mar Caribe y se los entregó a los nicas, con acceso directo a las riquezas del subsuelo. “Fue un recorte de nuestra zona económica”, confirmó la Canciller.

Siguiendo la política de su Presidente, Colombia buscará un acuerdo de pesca con Nicaragua, en beneficio de ambos países. A pesar de la soberbia de Ortega, esta meta es factible de lograr. Lo improbable será que los nicas acepten firmar y cumplir un acuerdo de no exploración ni explotación de hidrocarburos en la zona.

Me temo que, previo al fallo de la Corte, personal multinacional estuvo visitando Managua y La Haya e hizo, en ambas ciudades, el lobby necesario para enterrar, en algún pedazo de subsuelo Caribe, sus ávidas mangueras de succión.
Estaremos atentos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... lero-91257

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Por Édgar Polo

El tarascazo a la integridad del país por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, nos dejó muy mal parados frente a los hermanos de San Andrés y a nosotros mismos. No tiene sentido un juicio de responsabilidades para establecer la culpa de tamaño descalabro. No nos vuelve a la situación anterior ni aclara el futuro de los isleños hoy, los más desprotegidos del mundo.

Para qué plantear que fue una metida de pata descomunal habernos convertido en parte en un proceso en el que teníamos “mucho por perder a nada por ganar”, según palabras del ex Canciller Londoño, un coronel de Artillería convertido en limitólogo por obra de la burocracia oficial y jefe del ‘eminente equipo jurídico’ que defendió los intereses nacionales ante La Haya; para qué resaltar que el paralelo 82 no era límite por culpa del Gobierno colombiano, que lo desconoció cuando Nicaragua quiso plantearlo en el intercambio de instrumentos para la protocolización del tratado Esguerra-Bárcenas en el año 30; tampoco, que no atendimos las recomendaciones de retirarnos del ‘Pacto de Bogotá’ para quedar por fuera de las decisiones de la CIJ, “ala, cómo se les ocurre si fue firmado en el Gimnasio Moderno”, dijo algún expresidente bogotano; que tenemos la cancillería menos profesional del continente; que una decisión por ser salomónica se aparta del derecho; que el tema fue manejado en forma secreta y excluyente hasta de los mismos sanandresanos, quienes hoy se deben sentir perdidos en el mar de confusión de su exuberante paraíso.

El país no ha tenido una política coherente hacia el conjunto insular, por el contrario, ha tomado decisiones infortunadas como la de declararlo puerto libre con el desarrollo del contrabando y la invasión a la isla de foráneos que desplazaron y redujeron al nativo en su propio terruño.

¿Qué hacer en este momento? La CIJ –con una composición sui géneris en la que cada miembro permanente del Consejo de Seguridad impone un magistrado así no acepte la jurisdicción del tribunal– ha producido un fallo contradictorio y confuso que compromete derechos de otros estados, que desconoce tratados internacionales vigentes y en consecuencia está viciado en su razonamiento jurídico; que vulneró los derechos fundamentales de los isleños; que además, desconoce que una nación es su gente y su territorio y que este es inalienable. Todo confluye a que la sentencia es inejecutable.

En el momento en que Colombia dé un paso en el sentido de acatar este fallo mediante allanamiento o negociando con Nicaragua soberana el uso del área marina para los sanandresanos, se inicia la pérdida de San Andrés. Los insulares que sufren el despojo y miran a Colombia como el estado que lo permitió, aceptarán los coqueteos del sátrapa de Nicaragua que tiene más que ofrecerles y cómo ganarse su voluntad y el dominio de esa importante área del Caribe. Por mucho menos perdimos a Panamá.

La única salida, si queremos mantener en alguna forma nuestra soberanía en el archipiélago y su área de influencia económica, es precisamente ejercerla a plenitud con presencia efectiva, sin permitir deslices como el de maniobras de guerra que, autorizadas por Nicaragua, terminan menguando nuestros derechos. Simultáneamente poner en marcha un verdadero Plan de Desarrollo para el Archipiélago y su área económica. Después, si la vía diplomática lo permite, negociar un acuerdo de solución conjunta para la explotación económica del área, y entonces, habremos perdido un poco menos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... acto-93384

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Por Álvaro De la Espriella Arango

Tenemos la sensación íntima de que Colombia está haciendo el ridículo internacionalmente con su actitud desobligante posterior al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites con Nicaragua. Y parece ser que esa sensación que sentimos, ese pálpito, lo estamos compartiendo con eminentes juristas del país, algunos de ellos brillantes especialistas en Derecho Internacional.

Además, nos estamos convenciendo de que tratadistas de fondo como Alfonso López Michelsen, Diego Uribe Vargas, Julio Holguín o Rafael Nieto Navia no estarían o están obser­vando con buenos ojos la forma soberbia, arrogante y desafiante como está enfrentando el país la pérdida de 75.000 kilómetros de aguas territoriales. Podríamos pensar que en el fondo del telón la causa suprema de esta derrota jurídica y diplomática la tiene el país por su autosuficiencia sostenida e insoportable, en todos los aspectos de la vida, en donde nos creemos lo mejor del mundo, lo óptimo, la última palabra, lo máximo en todas las actuaciones, siempre poseedores de la verdad, mirando por encima del hombro a todo el mundo.

Y se nos olvida que siempre hay gente que sabe más que uno, que siempre tendremos entidades, gobiernos, instituciones, personas que son mejores que nosotros. Pero no, cuando asumimos una posición en determinada dirección, y nos sucede todos los días en todos los niveles, ya creemos que estamos por encima de todo y de todos. Los demás son una caravana de imbéciles, pero los mejores, los más inteligentes, somos los colombianos.

Si nosotros firmamos el Pacto de Bogotá recién muerto Gaitán en 1948, aquí en nuestra capital, ¿cómo vamos a desconocer la soberanía y la competencia de la Corte Internacional? Si lo firmamos es porque aceptábamos esa competencia y su jurisdicción. Pero no podemos ahora salir con la actitud absurda de que obedecemos el fallo si nos favorece o lo desconocemos si nos perjudica. ¿Cuál es entonces y dónde está nuestra tradición legalista de siglos que tantos orgullos nos ha deparado? Cuando estuvimos en el cuerpo diplomático nos llenaba de satisfacción en varios países observar el respeto y la aceptación que Colombia tenía y tiene internacionalmente en cuanto al Derecho Internacional tanto público como privado. El caso de Haya de la Torre y su asilo en Perú, en nuestra Embajada, fue un ejemplo para imitar en América Latina, que elevó nuestro pedestal jurídico, como decía el internacionalista español Francisco Suárez “hacia alturas donde no lo podrá derribar ni la ignomi­nia ni la ignorancia”.

El error garrafal fue acudir a la Corte Internacional. Se hizo, sí, de buena fe, pero no había necesidad. Mientras teníamos el control de la situación podíamos manejarla, pero depositándola en el escritorio ajeno teníamos automáticamente que someternos al acatamiento. Por eso resulta sorprendente y absurdo observar personalidades del país invitando a desobedecer esta sentencia, e inclusive algunos a invitar a una acción bélica. ¡Qué barbaridad!

Cuando la revista Semana tituló su edición hace algunas semanas como “Dolor de Patria” tenía toda la razón. Ahora la sugerencia sensata de muchos, a la cual nos adherimos, es que el Gobierno voltee los ojos hacia las islas, a las que ha ignorado históricamente y solo las tenía para el contrabando de turno o las vacaciones pertinentes. Un respaldo a la inversión social poderoso en nuestras queridas islas y empezar a buscar con inteligencia convenios con Nicaragua, que no son ningunos monstruos infernales, es la mejor de las sugerencias.

Fuente: http://www.elheraldo.co/opinion/columni ... agua-95597

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Por Tomás Betín del Río

Diez meses después del fallo de la Corte de La Haya que le entrega 75 mil kilómetros cuadrados de mar sanandresano a Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos advierte que esa sentencia “es inaplicable sin un tratado”.

La estrategia del Gobierno frente a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, comprende cuatro puntos fundamentales.

Inaplicabilidad. Santos cita el artículo 101 de la Constitución, que dice que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente”.



Por lo tanto, el fallo de La Haya no será aplicable hasta que no se celebre “un tratado que proteja los derechos de los colombianos”.

En consecuencia, el Gobierno demandará el llamado Pacto de Bogotá –que reconoce la jurisdicción de La Haya– ante la Corte Constitucional, con el fin de que se reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados por un fallo de la CIJ.

Zona Contigua Integral. Santos anuncia que expidió un decreto donde se establecen “los derechos de jurisdicción y control que nos reconoce el derecho internacional” sobre el mar territorial y la zona contigua, que son las áreas marítimas fundamentales de las islas, y que “no pueden ser desconocidas”.

Así mismo, se establece una Zona Contigua Integral, a través de la que se unen las áreas de todas las islas y cayos, lo que permitirá una administración adecuada del archipiélago y sus aguas aledañas como archipiélago y no como territorios inconexos.

Seaflower. El presidente anuncia que se acudirá “a todos los medios jurídicos y diplomáticos” para reafirmar la protección de la reserva Seaflower, por “el gran valor ecológico para el archipiélago y para el mundo de esta área que fue declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera”.

Recordó Santos que Nicaragua pretendió que la Unesco le reconociera mayores derechos sobre la reserva, a lo que Colombia se opuso, y finalmente la Unesco dijo que no le correspondía dirimir sobre el tema.

Unión de plataformas. Ante las “pretensiones expansionistas de Nicaragua”, que pedirá a La Haya que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente de San Andrés, lo que llevaría su jurisdicción hasta solo 100 millas de Cartagena, el jefe de Estado exclamó: “¡no lo vamos a permitir de ninguna manera!”.

Anunció que junto con otros países vecinos de Nicaragua “que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas”, como Panamá, Costa Rica y Jamaica, se suscribirá una carta de protesta al secretario general de la ONU.

Recuerda Santos además que el fallo de La Haya desconoce tratados de límites entre Colombia y estos países, “los cuales estamos obligados a cumplir y ese es otro motivo que no nos permite aplicarlo”.

Así mismo, se reafirma que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas, se une con la plataforma continental de la costa Caribe, que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas: “esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la que Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que otorga el derecho internacional”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... tos-123953

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El presidente Juan Manuel Santos, la noche del lunes, mientras explicaba la estrategia que implementará su gobierno para proteger el territorio nacional.

Por César Muñoz Vargas

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que no se acatará el fallo de La Haya que define los límites de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, se han escuchado muchas más voces a favor que en contra de la posición del gobierno.

La clase política, incluidos opositores, así como de la ciudadanía, han manifestado su apoyo a la decisión del Gobierno, por considerar que hay que “cerrar filas” para defender esa parte del territorio nacional.

Representantes de los partidos Conservador, Liberal, Verde, Cambio Radical, de La U y Polo Democrático Alternativo, el único que no hace parte de la llamada “unidad nacional”, expresaron su respaldo a la iniciativa a través de comunicados.

El presidente presentó una estrategia integral de cuatro pasos que parte de la determinación de que el fallo sobre los límites es “inaplicable” si no los establece un tratado y decreta una Zona Contigua Integral entre el archipiélago y la costa continental colombiana para definir su zona de jurisdicción.

Sin embargo, algunos expertos consideran que el fallo ya se está aplicando en la práctica, por más que el Gobierno intente asegurar lo contrario, mientras que otros sostienen que el establecimiento de una zona contigua integral ayudará a proteger la reserva marina del archipiélago de San Andrés.

Ante el júbilo y la incertidumbre que ha despertado el anuncio gubernamental, EL HERALDO consultó varias fuentes que permitan entender un poco más el contexto del fallo de La Haya y la decisión de Santos frente al diferendo limítrofe que por casi un siglo han mantenido Nicaragua y Colombia.

Para la internacionalista y politóloga Laura Gil, el fallo de la CIJ no puede ser revisado por la Corte Constitucional, porque el meridiano 82 nunca fue un límite, pues se trata de un mar que no era de nadie y que no se había delimitado.

En su concepto, no hubo errores de gobiernos anteriores porque los intentos de negociación resultaban sumamente peligrosos por las pretensiones de Nicaragua de apropiarse del archipiélago de San Andrés.

Una cosa es lo que dice el Gobierno —agrega Gil— y otra muy distinta la que está sucediendo en el mar, donde el fallo de La Haya sí se está aplicando con la explotación económica y las faenas de pesca que vienen realizando los nicaragüenses, mientras Colombia no tiene presencia militar en esa zona. Es decir, en la práctica se está acatando el fallo.

Para Laura Gil, lejos de una insensata posición guerrerista, lo que debe hacer el gobierno colombiano es buscar un acercamiento con su similar de Nicaragua en el sentido de establecer un tratado que ponga fin a la controversia limítrofe.

En ese tratado, entre otros temas, Colombia debe mantener la protección ambiental de la reserva de la biósfera Seaflower, y que se acaben las pretensiones nicaragüenses sobre el territorio insular de San Andrés.

Para el abogado y representante a la Cámara Germán Navas Talero, el fallo de La Haya existe y es un hecho indiscutible que deslegitima el triunfalismo de quienes creían que las diferencias limítrofes con el país centroamericano ya estaban superadas.
Navas Talero dice que lo que viene ahora es evitar las agresiones y buscar un nuevo y permanente tratado en el que, por supuesto, se ratifique lo pactado en el Esguerra Bárcenas.

Gobernadora de San Andrés se pronuncia. En entrevista con EL HERALDO, la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, manifestó que los isleños siempre han dicho que la sentencia de la CIJ es inaplicable porque se genera un enclave en dos de los cayos del archipiélago, se afecta la reserva de la biósfera Seaflower y se desconocen tratados internacionales con otros países.

La mandataria considera imposible un enfrentamiento con Nicaragua y que los nativos, como todo el país, está a la espera de una reacción del vecino país.

De hecho, agrega, las dos naciones no han desarmado sus relaciones diplomáticas manteniendo en sus oficinas a los respectivos embajadores.

La Defensoría del Pueblo, que también dio su visto bueno a los cuatro puntos de la estrategia, advirtió por su parte que los lugareños deben ser consultados antes de poner en marcha cualquier “solución jurídica”.

Congresistas y canciller

Cinco congresistas colombianos y la canciller María Ángela Holguín visitarán esta semana la isla de San Andrés.

Fuentes de la Comisión Segunda del Senado, que trata asuntos de índole internacional, informaron a Efe que el viaje está previsto para mañana, aunque aún no está confirmado. La Cámara de Representantes citó para hoy a la canciller Holguín “de manera extraordinaria y urgente” para que explique en una sesión plenaria los alcances de la estrategia del Gobierno.

Esta delegación de representantes fue designada hace meses para verificar la situación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, afectado por la sentencia que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictó el 19 de noviembre de 2012.

El objetivo es conocer los planes del Gobierno en las islas.

Fuente: http://www.elheraldo.com.co/noticias/na ... ndo-124104

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ofreció a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, elaborar un tratado que permita “implementar” el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que definió los límites entre ambos países en el Caribe.

“El único objetivo de un tratado (con Colombia) es que a través del mismo se les haga cumplir el mandato de la Corte”, señaló el mandatario nicaragüense en un mensaje dirigido a la nación en cadena de radio y televisión.

Ortega hizo la oferta un día después de que Santos tildara de “inaplicable” el fallo de la CIJ que otorgó a Nicaragua una porción del mar Caribe hasta ahora bajo soberanía colombiana, hasta que no se celebre un “tratado” que respete los derechos de su país.
“Estamos de acuerdo en que se pueda abrir un diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de Colombia, y que de esas negociaciones resulte un tratado que nos permita hacer la transición de forma ordenada de las limitaciones”, explicó Ortega.

El “tratado” planteado por el presidente nicaragüense a Colombia debe incluir convenios para la pesca, el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico “y todo lo que corresponda en esa zona, que ya ha sido resuelto por la Corte”, anotó el líder sandinista.

Ortega dijo estar “preocupado por el hecho de que se esté vulnerando el derecho internacional, porque es el instrumento que se creó para evitar las guerras por los territorios”, e insistió en que se deben respetar los fallos de la CIJ.

Durante su mensaje nocturno, Ortega aseguró que el propósito real de Nicaragua era recuperar el archipiélago de San Andrés y todo su entorno marítimo, y que pese a no lograrlo, Managua acató el fallo de la CIJ.

Fuente: http://www.elheraldo.com.co/noticias/na ... ega-124105

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La canciller María Ángela Holguín, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

El presidente Juan Manuel Santos presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.

Según Santos, “hay dos artículos de ese tratado (Pacto de Bogotá) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los limites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional”.

El tratado del Pacto de Bogotá, firmado en 1948, reconoce la jurisdicción de la CIJ y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 37 de 1962, según la Presidencia.

Sin embargo, el Gobierno lo ha cuestionado en los últimos meses a raíz del fallo del 19 de noviembre de 2012 por el que ese tribunal internacional redefinió los límites marítimos de Colombia con Nicaragua.

El pasado 28 de noviembre, diez días después del fallo, el Gobierno comunicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ, trámite de varios meses de duración.

A esa decisión se suma la de pedir que se declare la inconstitucionalidad de ese tratado, presentada ante la Corte.
Santos señaló ayer que la Constitución colombiana ordena claramente que “cualquier modificación de nuestros límites, de nuestras fronteras, tiene que surtir un procedimiento: un tratado que tiene que aprobarse en el Congreso de la República”.

Eso quiere decir “que no puede aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras, automáticamente en virtud de ningún fallo”, dijo el jefe de Estado al explicar la demanda presentada ante la Corte Constitucional acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

La decisión de denunciar la supuesta inconstitucionalidad del Pacto de Bogotá forma parte de la “estrategia integral” anunciada el pasado lunes por el mandatario en respuesta al fallo de la CIJ que otorgó a Nicaragua derechos económicos sobre 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe. Efe

Nicaragua no cree en demanda

Juristas nicaragüenses desestiman que la demanda del Pacto de Bogotá tenga algún efecto sobre el fallo de la CIJ que redefinió los límites entre Colombia y Nicaragua, y recomendaron al Colombia modificar su Carta Magna para aplicar esa resolución. “Es una acción que nace muerta. La Convención de Viena sobre el derecho internacional es clara en que no se puede alegar una norma de carácter interno para violentar el cumplimiento de una resolución internacional”, dijo ayer el jurista internacional y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia. Y añadió que “no tiene lógica que Colombia se coloque al margen del derecho internacional, porque el fallo de la CIJ es cosa juzgada. (...) Además, este juicio fue muy largo, en 11 años ambos países tuvieron todo el tiempo del mundo para presentar sus alegatos”.

Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... ica-124395

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Frente a los fallos judiciales solo hay dos alternativas posibles: acatarlos o desconocerlos. Cualquier otra cosa que se diga al respecto es un eufemismo, cuyo propósito es disfrazar la verdad. Eso de que Colombia va a “inaplicar” el fallo de la Corte de La Haya, con respecto al diferendo limítrofe con Nicaragua, es un parapeto que busca burlar una decisión judicial que hizo tránsito a cosa juzgada (pues no hay apelación posible), con la única intención de atajar la vertiginosa caída de Santos en las encuestas, exacerbando el nacionalismo trasnochado de la sociedad colombiana. Varios meses después de proferido el fallo y a poco tiempo de la justa electoral, es cuando el gobierno viene a reaccionar y a proponer semejante salida a la crisis. ¡Qué coincidencia!.

El presidente y todos sus asesores –incluyendo a los abogados ingleses que cobraron una millonada, para decir lo que ya todos sabíamos– tienen perfectamente claro que el fallo no tiene reversa y que, por más que se ‘meta al congelador’ o se implementen sofisticados ‘esguinces legales’, algún día habrá que cumplirlo. El Gobierno prefiere crearles falsas esperanzas a la ciudadanía antes que admitir con gallardía que perdimos y que el borracho que gobierna Nicaragua nos ganó. Y hacen las cosas así, porque resulta muy impopular e inconveniente, en medio de las actuales circunstancias, aceptar lo que a todas luces resulta evidente.

Es inaudito y vergonzoso que, después de reconocer la jurisdicción de La Haya con respecto al litigio territorial con Nicaragua, en virtud de tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, ahora se salga a decir que la decisión está viciada, que es injusta o abiertamente ilegal. Si el escenario hubiese estado determinado por el triunfo de Colombia, no alcanzarían los micrófonos y la tinta para reconocer las virtudes y la ponderación de esa instancia internacional de justicia. La clásica ‘colombianada’ : las instituciones y sus pronunciamientos son buenos, dependiendo de a quien le dan la razón.

Una democracia se caracteriza por el respeto a las reglas de juego establecidas, reflejadas en las leyes y normas de un país, de las cuales también hacen parte integral los tratados internacionales, que incluso tienen mayor jerarquía que las disposiciones jurídicas internas. No reconocer el fallo de La Haya nos muestra como una república bananera, parecida a Venezuela o a la misma Nicaragua. Acatar el fallo no es lo que más le conviene a Colombia, pero, sin duda, es lo correcto.

Justo es reconocer que el gobierno que menos responsabilidad tiene en el estropicio que nos ocupa es precisamente el de Santos. Cuando el actual presidente llegó al poder, ya prácticamente el daño estaba consumado. Los autores de la tragedia en la que se ha convertido el litigio con Nicaragua deben salir al ruedo y poner la cara. Santos no tiene por qué cargar con un muerto que encontró moribundo. Lo que me disgusta de la actitud presidencial es que se esté utilizando el tema con fines politiqueros. Un asunto tan serio y complejo no debe estar signado por los vaivenes electorales y las ambiciones subalternas.

No podemos retener a la fuerza, lo que no supimos defender en derecho.

Fuente: http://www.elheraldo.com.co/opinion/col ... ada-124594

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Por Tatiana Cabello Flórez

Otro cuello de botella para el presidente Santos. “Pues yo como digo una cosa digo otra, hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?” dice el viejo y conocido refrán. Muy apropiado en este momento. Después del último discurso de nuestro presidente, no me cabe la menor duda de que así como dice una cosa, dice otra. ¿Al jefe de Estado de verdad le interesa defender nuestros intereses ante el implacable deseo expansionista de Nicaragua?, ¿o a través de su “inaplicabilidad” del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya intentó dar pañitos de agua tibia a su desalentada imagen?, que, por cierto, con cada intervención va en decadencia. Y no lo digo yo, lo ratifica el país de las encuestas.

Leí la demanda que presentó el presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional en contra del “Pacto de Bogotá” que fue invocada por la Corte Internacional de Justicia para autoproclamarse competente para modificar los límites marítimos de Colombia con Nicaragua y despojarnos de 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe. Me parece grave lo que allí se sostiene: se reconoce que un fallo de esa Corte Internacional puede modificar automáticamente los límites del país y se reconoce que el Pacto de Bogotá “es un tratado multilateral vigente”. Dice el Presidente que según esa ley, hoy día Colombia está obligada a “someterse ipso facto a las jurisdicción de dicha Corte para decidir cualquier cuestión de derecho internacional, lo cual comprende las controversias sobre límite” y adicionalmente, a “ejecutar el fallo sin acudir a un procedimiento adicional, así la sentencia modifique los límites pactados en un tratado”. Muy desalentadoras y desafortunadas conclusiones proviniendo de quién provienen.

El presidente termina pidiéndole consejo a la Corte Constitucional, como si no estuviera ante un juez sino ante un consultorio jurídico, sobre el procedimiento a seguir frente a la “modificación automática” que sufrieron nuestros límites marítimos con el fallo. Incluso, en tono ‘lamentiquero’ sostiene que el Pacto de Bogotá no admite que los Estados celebren un tratado para resolver sus diferencias con posterioridad al fallo. ¿Es para eso que acude el presidente a la Corte, para que este tribunal lo apoye en su idea de buscar a Nicaragua e intentar un tratado que parta del reconocimiento del fallo?

Es obvio que partir de esa base es desastroso para los intereses nacionales. Es claro que lo que quiso el Gobierno con su demanda, lejos de ratificar la inaplicabilidad de la decisión de La Haya y lejos de garantizar la soberanía sobre el pedazo del país que está en juego, lo que pretendió fue mejorar su devaluada popularidad, al tiempo que diluye su responsabilidad, suplicando, tardíamente, “el concurso de las tres ramas del poder público”.

Y por esta razón estoy de acuerdo con el expresidente Andrés Pastrana: “A mí lo que me preocupa es Colombia (…) no le podemos dar municiones a Nicaragua, esto es muy grave”. Fueron sus palabras, y estoy convencida de esto. No solo levantar dichas actas es entregar munición a Nicaragua, también reconocer la validez del fallo de La Haya en su demanda.

Todo lo anterior cobra sentido con la decisión de la canciller de filtrar a los medios de comunicación algunos documentos reservados y confidenciales de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre la estrategia de defensa de Colombia ante el fallo de la CIJ. Es evidente que revelar las discusiones de los miembros de la Comisión, de las estrategias y de los procedimientos para afrontar el fallo de La Haya permitirá a Nicaragua anticipar y preparar su defensa ante las actuaciones de Colombia. ¿Cuál es el sentido de revelar la estrategia de ataque al adversario? Esperamos que la Corte Constitucional en vez de aconsejar al Ejecutivo para que busque un acuerdo con Nicaragua sobre el supuesto diferendo limítrofe existente, declare de una vez y para siempre que desde el año 1991 ninguna sentencia, nacional o internacional, puede modificar los límites del país. De lo contrario, no quedará más que sentarnos a esperar consecutivos “fallos salomónicos” que terminarán por dejarnos desmembrados.

Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Solo espero que no seamos los colombianos quienes perdamos con las decisiones de nuestro mandatario. No nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo. San Andrés, como punto álgido y todo el territorio marítimo que nos ganó Nicaragua son temas que más que preocuparnos, nos deprimen. Y es que no nos bastó Panamá para conocer las tristes mieles de las pérdidas.

Fuente: http://www.crm.elheraldo.com.co/opinion ... mar-124984