Para Elisabeth Ungar no es solo identificar la corrupción, sino combatirla con resultados.
Por José Granados Fernández
Con base en encuestas y estudios con empresarios, académicos y analistas de riesgos, entre otros, Transparency International elaboró el Índice de Percepción de Corrupción 2012 en el que a Colombia no le fue nada bien, tanto en el sector público como privado. Ocupó el puesto 94 entre 176 naciones evaluadas.
En entrevista con EL HERALDO, Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, dijo que como la corrupción echó raíces con urgencia se debe reformar la justicia para hacerle frente, pues los corruptos siguen cometiendo sus actos porque saben que poco o nada les va a pasar:
¿Qué lectura hacen ustedes de este resultado?
Básicamente que en el país se sigue percibiendo que los niveles de corrupción son bastante altos y esa percepción nos ubica en un escenario preocupante. Si bien es cierto que este es un fenómeno que viene desde atrás y no es del último año; que el Gobierno actual ha tomado medidas con reformas institucionales, promoviendo proyectos de Ley como el Estatuto Anticorrupción, y que el Gobierno ha denunciado algunos de los mayores hechos de corrupción, es igualmente cierto que la gente no percibe que estos cambios institucionales y las normas estén dando resultados lo suficientemente rápido. Y lo más grave es que la ciudadanía no percibe que los hechos de corrupción denunciados estén siendo investigados y sancionados con celeridad y firmeza.
Hay quienes dicen que la percepción no es corrupción...
Eso es totalmente cierto. Este Índice no mide corrupción, entre otras cosas porque es imposible medirla, particularmente en contextos tan complejos como el nuestro, donde la corrupción está relacionada con el narcotráfico, la captura del Estado, la minería ilegal, las bandas criminales, la contratación irregular etc. Esto es mucho más que el soborno, que se da en otros países. Pero ¿por qué es tan importante la percepción? Porque los ciudadanos no se inventan las cosas. Incluso, los más críticos dicen que los ciudadanos están influenciados por los medios de comunicación, pues los periodistas no se inventan los escándalos de corrupción.
Uno entiende que los Gobiernos no van a aceptar esta situación. Fíjese que recién comenzaba, Santos sorprendió al país al denunciar que se habían saqueado 1,5 billones de la salud en 2010 (gobierno de Álvaro Uribe). Hace mes y medio, la Contralora dijo que se saquearon 1,5 billones más pero en 2011 y Santos no dijo nada.
Esto lo que refleja es que el problema de la corrupción es estructural. Echó raíces. Cuando uno trata de erradicar la maleza de un terreno, es difícil hacerlo si no la saca de raíz. Con la corrupción sucede algo similar: si no se erradica de raíz, se va a seguir reproduciendo. En el asunto que usted menciona se constata que el mayor enemigo de la lucha contra la corrupción en Colombia, específicamente, es la impunidad.
Cuando usted dice que la corrupción es estructural y que el problema echó raíces, ¿qué hacer para erradicarla?
Hay que trabajar fuertemente en la prevención, tanto a nivel de las entidades estatales como del sector privado. Cuando digo que es un fenómeno estructural significa que esto no es sólo un problema del Estado: también lo es de la sociedad y del sector privado, porque es que para sobornar se necesitan dos —claro que en esta país para el cohecho se necesita uno, según lo demostró el caso Yidis— entonces el sector privado tiene una enorme responsabilidad en el fenómeno de la corrupción y por eso hablo de la prevención.
Pero, ¿cómo prevenir si la máxima institución fiscal del país, las contralorías, sólo puede vigilar los recursos públicos en un control posterior, es decir que cuando se dan cuenta de algo ya la corrupción se devoró los presupuestos?
Exactamente. Ese es uno de los temas que hay que resolver, sin lugar a dudas, y nosotros, desde Transparencia por Colombia, lo hemos señalado así. Fíjese lo que pasó con InterBolsa donde no funcionó el control previo. Ni la Superfinanciera ni la reguladora ni la Bolsa de Bogotá ejercieron control, entonces la bola de nieve se crece y después es mucho más complejo detenerla.
¿Requiere el país una reforma constitucional para que el control fiscal sea en tiempo real?
No sé si es una reforma legal o constitucional. En lo que sí tengo absoluta certeza es que esa reforma es indispensable. Se requiere una reforma de fondo a la Justicia, empezando por el tema del origen electoral de los altos magistrados de las Cortes. Recuerde que hace sólo cinco años todos nos sentíamos orgullos de la Corte Suprema que teníamos en ese momento y decíamos que, afortunadamente, Colombia tenía una Corte que tuvo el valor y la civilidad de investigar todos los graves temas, como la parapolítica. Hoy en día, todas las encuestas, como la de RCN hace un mes, la de Cifras y Conceptos, la de Datexco, ponen a la Rama Judicial en el mismo nivel del Congreso de la República en términos de credibilidad y legitimidad.
A propósito del Congreso, el secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán, dijo que la sensación de corrupción de lo que pasa en el Legislativo fue lo que “jaló para abajo” este Índice de Percepción.
Eso es impreciso. Eso es parcialmente cierto, es una verdad a medias o una mentira a medias, porque jalonó hacia abajo una de las siete fuentes del Índice, pero no las siete, lo que no le resta gravedad al asunto. En esas fuentes hay un indicador que se llama el Proyecto mundial de Justicia que, concretamente, en el tema de corrupción pregunta: ¿usted cree que los miembros de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, y Policía y Ejército abusan del poder para beneficio propio o para determinados intereses particulares? Fue la primera vez que se incluyó al Legislativo y efectivamente el indicador bajó sustancialmente frente a los resultados del año pasado. Hasta ahí la explicación de Galán es cierta. Lo que no es totalmente cierto es no decir que a las otras ramas del poder tampoco les va bien, no tan mal como al Congreso pero tampoco bien. Por eso digo que la interpretación de Galán es parcialmente cierta.
¿Y al sector privado cómo le fue?
Mal. Mal. El sector privado siente que tiene que sobornar, pagar coimas, para hacer negocios, pero aquí también hay unas inmensas responsabilidades; además hay una percepción de corrupción al interior del sector privado.
¿Todo esto indica que hay que hacer algo, muy urgente, para que los 134 artículos del Estatuto Anticorrupción, anunciado por el gobierno Santos con bombos y platillos, no queden en letra muerta?
Es ese otro tema. El Estatuto se aprobó hace ya dos años y no ha sido reglamentado…
¿Y eso, falta de voluntad?
Puede ser falta de voluntad, pero también pretender abarcar mucho pero a la hora de la verdad no tener resultados para mostrar. Porque si uno hace el inventario de lo que ha hecho el Gobierno, pues ha tratado de hacer mucho pero se queda a mitad de camino…
Sí, ha denunciado pero no se ven resultados. El caso del saqueo de la salud ha quedado en nada…
Eso ya no es culpa del Gobierno...
Pero, el Gobierno le puede decir a la Fiscalía: señores, qué pasó con esto.
No, ojo con eso... porque hay que mantener la independencia de poderes y el Gobierno no puede meterse, digámoslo así, en la casa de la Fiscalía y de la Justicia. En lo que sí tiene una responsabilidad muy grande el Gobierno es en no reglamentar el Estatuto Anticorrupción y de darlo a conocer. Mire, hicimos un ejercicio con empresarios, en varias ciudades, para identificar qué tanto conocen este Estatuto, si saben cómo los afecta, si saben que hay unas nuevas figuras penales frente al sector privado y fue aterrador saber que no tienen ni idea.
Le insisto, ¿qué hacer frente a la corrupción?
El asunto, sin duda alguna, es asumir unos compromisos concretos y cumplirlos. Debe ser un compromiso de todos, Gobierno, jueces, Fiscalía, Procuraduría, medios de comunicación y la sociedad en general. Este fenómeno nos daña a todos.
PROTECCIÓN A TESTIGOS
La directora de Transparencia por Colombia le reveló a EL HERALDO que el Gobierno Nacional está trabajando en una estrategia que calificó de “fundamental” para hacer frente a la corrupción. Es un “sistema efectivo de protección a testigos y denunciantes” de corruptelas, tanto en el sector público como privado.
El sistema incluirá un seguimiento para que los ciudadanos puedan exigir, a las autoridades competentes, cuando los casos que ellos denuncian no tengan una continuidad ni resultados.
Fuente: http://www.elheraldo.co/noticias/nacion ... ngar-93197
