El Departamento de Estado dio a conocer su decisión ayer, a través de su página web.
El gobierno de Estados Unidos certificó que Colombia ha cumplido con sus compromisos en materia de Derechos Humanos.
Esta certificación permite la continuidad de los recursos que el Gobierno de Estados Unidos entrega a las Fuerzas Militares de Colombia durante un año fiscal. Son cerca de 8 millones de dólares que recibirá, de un presupuesto de 50 millones de dólares que habían sido aprobado para el año 2013.
En el comunicado, el Departamento de Estado resalta los esfuerzos del gobierno de Juan Manuel Santos para mejorar la situación de derechos humanos, no solo al interior de las Fuerzas Armadas, sino en el resto del país.
Cita el lanzamiento de los diálogos de paz, el combate contra la corrupción y los grupos ilegales, así como la designación de magistrados adicionales para la aplicación las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras.
Sin embargo, el informe explica que frente a estas últimas leyes, todavía hay retos en seguridad para atender que son constantemente denunciadas por varias ONG.
También permanecen desafíos como “amenazas en contra de defensores de derechos humanos, activistas de restitución de tierras, líderes sindicales, periodistas y otros grupos vulnerables”.
El Departamento de Estado emitió la certificación reconociendo informes de distintas ONG de Colombia y Estados Unidos, pero cita algunas quejas de estos organismos frente a reformas constitucionales que, a su modo de ver, pueden resultar en formas de impunidad, como el Marco Jurídico para la Paz y la Reforma al Fuero Militar.
“Gran parte de la preocupación se centra en la premisa de que la enmienda de reforma de la justicia militar y la legislación de aplicación aprobada por el Congreso de Colombia, una vez completamente promulgada, podría permitir que el sistema de justicia militar asuma jurisdicción sobre algunos casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, que creen que eximiría de responsabilidad”, dice el documento publicado en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Agrega que el gobierno colombiano insiste en que la reforma, junto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantiza que los casos de derechos humanos permanezcan bajo jurisdicción civil.
En la actualidad, dice el documento, tanto la enmienda a la Reforma de la Justicia Militar y sus normas de desarrollo siguen siendo objeto de examen por la Corte Constitucional de Colombia, y el Departamento de Estado supervisará los resultados de estos procedimientos y la posterior implementación de las reformas.
Finalmente dice que el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional, trabajando juntos, pueden encontrar soluciones a los retos pendientes y construir una paz duradera en Colombia. Además, se compromete a mejorar, con el gobierno colombiano, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos el respeto a los derechos humanos en toda Colombia.
Fuente: http://www.elheraldo.com.co/noticias/na ... dhh-126352
