El crimen sí paga

Por Javier Darío Restrepo

Hubo un tiempo en que se decía (y era verdad) que el crimen no paga. El asesino, el violador, el ladrón, el atracador eran perseguidos, capturados, juzgados, sentenciados y encarcelados.

Hoy el crimen paga. Da para contratar abogados caros que hacen aparecer lo malo como bueno y al ladrón como hombre de negocios. También da para disfrutar después de pagar una pena de prisión. El crimen se ha convertido en una condición para hacer negocios y firmar contratos. Según una encuesta de Transparencia Internacional de hace dos años, 6 de cada diez empresarios colombianos lo admiten: sin soborno no hay contratos.

Con angustia, la ciudadanía se entera un día sí y otro también de las incontables acciones exitosas de los corruptos y se pregunta: ¿por qué hay corruptos?

Los abogados, con recursos sofisticados, o con maniobras tramposas, o los fiscales y jueces que colaboran con los corruptos, todos ellos han tejido una red protectora tan espesa alrededor de los corruptos, que estos han llegado a creer en su derecho a la impunidad.

Esa red se refuerza cuando es la sociedad la que apoya la corrupción como una norma social. Entonces desaparece la sanción moral que, tiempos ha, los corruptos encontraban. Entonces se clasificaban como dineros manchados los que se obtenían con esas práctica y a la riqueza súbita se le averiguaba el ADN antes de admitirla socialmente. En vez de esa defensa, la sociedad le ha abierto la puerta a la corrupción, vista como una fatalidad necesaria. Con un discutible pragmatismo, el presidente Turbay habló de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, que era lo que muchos estaban pensando.

Esa aceptación de la corrupción hizo más confusos los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Exigir una comisión por un contrato que se otorga o que se facilita, ¿es incorrecto, o es la justa proporción? La ‘vacuna’ que exigen los malosos al tendero, ¿es una contribución obligada, o es parte del juego de protección? Al borrarse la frontera entre lo bueno y lo malo, los buenos se sienten malos y los malos reclaman como buenos.

Cuando lo bueno y lo malo se diferencian, la sociedad se apoya en sus instituciones creadas para defender lo bueno y castigar lo malo. Borrada la frontera, las instituciones participan de esa confusión. Los escándalos que hoy abruman a la Policía, al Ejército, a las cortes, a los jueces pueden ser causa del fortalecimiento de la corrupción, o efectos de su avance destructor.

El ciudadano que se sentía protegido por las instituciones, cuando las vio y sintió tomadas por los corruptos debió pensar que le quedaba la política como recurso para reformar o limpiar las instituciones, pero la política ya había sido corrompida. Fueron sintomáticas las informaciones en 2011 sobre los 544 municipios con riesgo de fraude en vísperas de las elecciones, o el dato sobre los 56 municipios en que los inscritos para votar fueron más que sus habitantes.

No es, pues, caprichoso el resultado de las encuestas que dan los últimos lugares de credibilidad a los partidos políticos, al sistema judicial, al Congreso y a la Corte Suprema, según la medición de Gallup en el pasado mes de mayo.

Ante este crecimiento de la corrupción, el Gobierno reforzó los controles: firmas, sellos, certificados, autenticaciones, huellas, que llevan un mensaje al ciudadano honesto: usted es delincuente mientras no demuestre lo contrario. Y los controles se volvieron otra fuente de corrupción. Así se demostró que la solución no está en los controles sino en un cambio de la conciencia de cada ciudadano, y esto no lo saben hacer los gobiernos.

Fuente: http://www.elheraldo.co/columnas-de-opi ... aga-117439