Un menor trabaja limpiando vidrios a vehículos en una calle del norte de la ciudad.
Sólo el 10% de los menores trabajadores reporta que lo hace con el fin de ser más independientes.
Aunque existen dos tipos de trabajo infantil (formal e ilegal), ambos tienen efectos negativos sobre el crecimiento económico de largo plazo de un país. En Colombia, uno de cada 20 niños entre 5 y 14 años trabaja (más de 470 mil), así como la cuarta parte de la población de entre 15 y 17 años, que equivale a aproximadamente 650 mil.
En América Latina, según la OIT, 2 de cada 3 menores trabajadores son explotados (12,6 millones; 9,4% del total del continente). Los niños menores de 14 son los más afectados por el trabajo ilegal.
Si bien la mayor parte del trabajo adolescente es formal, este tipo de contratación es un incentivo para que los menores cambien sus estudios a cambio del sustento mínimo que reciben. Situación que en el futuro los afectará económicamente. Los salarios para jóvenes cuyo nivel educativo más alto es la secundaria tienden a disminuir con el tiempo, mientras que para aquellos con títulos superiores (universitario, técnico-tecnólogo) tienden a crecer.
La contratación formal de menores termina por ser fundamental en la decisión de permanecer en el sistema educativo para los niños que trabajan.
En Colombia, sólo el 10% de los menores trabajadores reporta que lo hace con el fin de ser más independientes y aprender habilidades técnicas, esto no requiere dejar los estudios. Mientras el 70% lo hace ya sea para ganar independencia monetaria o para ayudar financieramente a su familia, es decir por necesidad. Casi la mitad de los niños trabajadores (47%) no recibe remuneración alguna por su trabajo y solo 15% recibe más de medio salario mínimo por mes ($300 mil pesos).
De estos menores, 15% labora porque “deben ayudar con los gastos de la casa y ayudar a costearse los estudios”. Diversos estudios muestran que trabajar más de 15 horas semanales limita el logro educativo de los menores, pero sus ingresos pueden incrementar la probabilidad que sus hermanos asistan a la escuela.
En términos generales la mayor parte de estos niños se dedica a actividades que requieren mano de obra poco calificada y, por tanto, barata. Entre estos están: los sectores agrario y de comercio, hoteles y restaurantes. Este último sector, que emplea a 30% de los menores, es el más cíclico en términos de empleo. Las personas que laboran en este suelen ser más vulnerables al desempleo, entre otras cosas por su incapacidad de moverse a sectores con mayor estabilidad y mejor remuneración.
Para Dann Payares, profesor del IEEC, “estos jóvenes que el día de hoy dejan de estudiar alimentan la masa disponible de mano de obra poco capacitada, lo cual estanca las dinámicas de crecimiento en el futuro”.
Según la Unesco, en países de ingreso medio como Colombia, los hombres que han finalizado la secundaria ganan, en promedio, el doble que muchos de sus pares que sólo alcanzaron la educación primaria y 36% más que aquellos con secundaria incompleta.
La mayor parte del empleo infantil formal es causado por la pobreza de las familias. Por ejemplo, en América Latina los niños provenientes de hogares pobres tienen entre 3 y 4,4 veces más probabilidad de desertar del sistema educativo que sus pares más acomodados.
Cómo combatirlo. A 2012, la tasa de trabajo infantil ampliada para las 23 principales ciudades del país se ubicó en 10,1%. En la región Caribe, los datos varían desde un mínimo de 6,3% en Barranquilla hasta 14,8% en Sincelejo. Esto indica que la política nacional de erradicación del trabajo infantil debe tomar un enfoque diferenciado entre ciudades.
Generalizar las políticas de erradicación del trabajo infantil puede ser un camino poco efectivo para eliminarlo, y además puede causar más daño al reducir el ingreso de los hogares o puede llevar a que estos niños se vean forzados a buscar formas ilegales de empleo.
Entre las muchas formas de trabajo ilegal, el gobierno nacional se enfoca en la erradicación total de las “peores formas de trabajo”, que incluye la prostitución y el reclutamiento forzado, así como la disminución del número de trabajadores menores de 15 años en general.
Iniciativas nacionales como la Red Unidos, buscan fortalecer la institucionalidad para tratar el problema. Apuntan a intensificar los esfuerzos locales e incrementar la responsabilidad de los padres de familia; así como inducir a los menores a vincularse al Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT). En este programa, el Estado invierte en promedio más de $1,1 millones por familia, con una inversión total de $215 mil millones en 2013.
Fortalecer la estrategia
José Luis Ramos, profesor del IEEC de Uninorte, dice que la existencia de trabajo infantil de explotación se debe a problemas de índole institucional, dado que para luchar contra este fenómeno el país tiene una institucionalidad débil, desequilibrada, desorientada y desigual. Es débil, dice Ramos, porque los entes territoriales, encargados de aplicar la política nacional, no poseen los recursos para implementarlas. Desequilibrada, porque mientras el gobierno nacional destina 10% del presupuesto a esfuerzos de guerra, menos del 2% son asignados a políticas de promoción de la seguridad infantil.
“Está desorientada, pues se enfoca en los niños únicamente, cuando según datos y tendencias, debería enfocarse en crear planes que otorguen herramientas para crear capacidades en las familias. Y es desigual porque no toma en cuenta diferencias entre características físicas y socioeconómicas de los menores”, agrega.
Fuente: http://www.elheraldo.co/economia/trabaj ... nal-148433
