Por José Granados Fernández
Las cifras son escandalosas en lo social: 51.182 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en 2010.
Por eso, contra el que es considerado “uno de los peores flagelos sociales del país”, de acuerdo con lo expresado ayer a EL HERALDO por la alta consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, el gobierno nacional anunció cuatro decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008, con miras a darles a las víctimas “herramientas efectivas e importantes” para que defiendan sus derechos fundamentales.
En el componente que es responsabilidad del Minjusticia —Decreto 4799— se estableció que a la mujer maltratada le deben dar inmediata protección, a través de la Policía si fuere necesario, y desalojar de la casa al agresor. A este no se le permitirá acercársele y deberá pagar los tratamientos médicos y psicológicos de la víctima.
El Mineducación —Decreto 4798— deberá esmerarse en crear ambientes escolares protectores que ayuden a eliminar la violencia contra las niñas, adolescentes y las jóvenes.
En materia laboral —Decreto 4463 a cargo del Mintrabajo— habrá beneficios como rebajas del 200% del impuesto de renta a los empresarios que den empleo a las mujeres afectadas por este tipo de casos. Tal favorecimiento “aplicará cuando sea contratada una mujer a la que le hayan dictado medidas de protección como víctima de maltrato”, aclaró Plazas.
Cuando se establezca una situación de riesgo especial, que signifique una nueva afectación física o mental, o que estas se agraven, el Minsalud —Decreto 4796— podrá llevar a un sitio seguro y correr con los costos de alojamiento, alimentación y transporte de la afectada. “Los recursos para esos gastos ya están presupuestados a nivel nacional”, destacó la Consejera Presidencial. Si la víctima no está afiliada al régimen de salud, la Alcaldía de su jurisdicción debe tramitarle de inmediato la vinculación.
Por buen camino
Las respuestas a dichas normas no se hicieron esperar. En Barranquilla, donde se han conocido escalofriantes casos, como la reciente fuetera con una correa de taches que recibió Yuris Cantillo, quien después perdonó a su marido Samir Yepes, y la golpiza que el policía Nelson Palmera le dio a su mujer Silvia Payares, estas medidas fueron catalogadas como “esperanzadoras”.
Rafaela Vos Obeso, vicerrectora de investigaciones de Uniatlántico y coordinadora del Grupo de investigación mujer, genero y cultura, dijo que los decretos son un “avance importante” en el proceso de validación de los derechos de las mujeres. Tras valorar que son “normas de importancia trascendental”, llamó la atención sobre su socialización.
La Red de mujeres contra la violencia, a través de su directora Emma Doris López, consideró las normas “una ganancia”. “Se comienza a romper el imaginario de que las mujeres solo deben cumplir el rol de reproductoras en nuestra sociedad”, dijo.
La controversia frente a los decretos surgió para el caso de los médicos y enfermeras, quienes deberán denunciar el maltrato de las mujer que vayan conociendo. La senadora Dilian Francisca Toro, quien es médica, advirtió que esto no será posible porque se obligaría a sus colegas a violar el secreto profesional. Propuso que la violencia contra la mujer sea catalogada un problema de salud pública, para que a través de un formulario se reporten obligatoriamente los casos que lleguen a hospitales o clínicas.
Compromiso social
Al Ministerio de Trabajo le fue conferida una tarea especial: crear el ‘Sello de Compromiso Social con la Mujer’ como reconocimiento a los empresarios que le tiendan la mano a las víctimas de la violencia de género. Esas buenas prácticas laborales les significarán ventajas competitivas en los mercados nacionales e internacionales en aspectos comerciales, dijo el Gobierno.
Fuente: http://www.elheraldo.co/local/mujeres-c ... ncia-54706
